La obligación en general

Introducción

La relación obligatoria

Tradicionalmente, la parte del Derecho civil dedicada al estudio de las relaciones jurídicas que sirven de soporte al intercambio de bienes y servicios entre las personas se ha denominado, en expresión sintética, “Derecho de obligaciones”.

Sin embargo, es comprensible que la dinámica social no puede estar compuesta sólo de “obligados” personas obligadas, aisladamente consideradas, sino que al mismo tiempo tales personas quedan obligadas frente a alguien o, incluso frente a “algo”.

Por consiguiente, queda claro que la idea de obligación requiere “ad initio” considerar la existencia de sujetos que ocupan posiciones contrapuestas.

En el caso de una situación jurídica o una norma jurídica propiamente dicha que impone a alguien una obligación al mismo tiempo que faculta a otro para exigirla o reclamarla.

Por ello, es claro que resulta mucho más correcto, por omnicomprensivo, hablar de “relación obligatoria” que, simple y llanamente de obligación. Ésta ofrece una visión parcial y unilateral del vínculo existente entre dos personas que ocupan posiciones contrapuestas mientras que, por el contrario, la idea de relación obligatoria está referida, conjuntamente, a la doble posición de personas vinculadas por dicha relación.

Sin embargo, pese a ser innegable lo anterior, la palabra obligación tiene tanta energía y expansividad, que resulta comprensible su frecuente utilización tanto en el sentido técnico, como en sentido coloquial. Por consiguiente, es evidente que no proponemos el abandono de la denominación clásica, sino describir de entrada que -en términos técnicos- es más correcto y adecuado hablar de relación obligatoria que de obligación a secas.

Por otro lado, -además de otras circunstancias aquí omitidas- los propios datos legales han favorecido la denominación clásica. Así lo evidencia la propia rúbrica del Libro IV de nuestro Código Civil “De las obligaciones y contratos”.

Como veremos, la existencia de cualquier contrato supone un entrecruzamiento de derechos y obligaciones entre las partes contratantes. Sin embargo, el propio CC prefiere optar por insistir en la idea de obligación en vez de resaltar la de derecho (derecho de crédito), aunque evidentemente se da por supuesto que la idea de obligación lleva inherente la existencia de un crédito frente al obligado.

El Derecho de obligaciones

En sentido amplio, la expresión “Derecho de obligaciones” comprende las obligaciones en general, la teoría del contrato, la regulación de las distintas figuras contractuales, el estudio de los cuasicontratos y la consideración de la responsabilidad civil. Dicha temática se encuentra regulada en nuestro CC en el libro IV, cuya rúbrica es precisamente “De las obligaciones y contratos” siguiendo la tradición romano-francesa de considerar las , obligaciones como uno de los medios de adquisición de la propiedad o el dominio.

Existen discrepancias por anteposición o posposición de materia de Derechos Reales sobre las Obligaciones y Contratos, aunque el autor prefiere anteponer el estudio de la propiedad, aunque lo ideal seria la técnica de estudio por medio de “círculos concéntricos”, académicamente se sigue el modelo de exposición del BGB.

La importancia práctica de la materia viene dada por la multiplicidad de relaciones obligatorias existentes en nuestra vida cotidiana, y, además, por la circunstancia de que la regulación general de las obligaciones y contratos prevista en el CC es, en general aplicable al tráfico mercantil, como reconoce el art. 50 del Código de Comercio.

Así mismo, hay que puntualizar la gran influencia que a tenido el Derecho Romano en esta materia, pero sin dejar de reconocer tal grandeza es innegable que la depuración técnica que acredita el estadio actual del Derecho de obligaciones hace que se haya avanzado y se hayan ido desterrando algunas ideas romanas, tales como la idea de obligación como “vinculum iuris” de estricto carácter personal entre acreedor y deudor.

La noción técnica de obligación

El Término obligación goza de una amplia multivocidad, pues es utilizado tanto por los textos legales como, en general, en el lenguaje jurídico, para describir las distintas situaciones en las que una persona puede ser constreñida en el ordenamiento jurídico a desarrollar una conducta determinada.

El deber jurídico en general y la obligación

Los mandatos normativos por los cuales una persona queda obligada a desarrollar una determinada conducta y cuyo incumplimiento puede ser objeto de sanción, son muy variados.

Como ejemplos instrumentales utilizamos:

  1. Art. 16.2 CE: “Nadie podrá ser obligado a declarar su ideología, religión o creencias”.

  2. Arts. 110-111 CC: "Los padres tienen la obligación de” velar por sus hijos...".

  3. Art. 1254: “El contrato existe desde que una o varias personas consienten en obligarse.. a dar una cosa o prestar algún servicio”.

  4. Art. 1902: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, esta obligado a reparar el daño causado” (responsabilidad extracontractual por daños).

La diferencia fundamental entre los dos primeros y los dos segundos es que, en los primeros, la obligación consiste en dar algo, prestar un servicio o reparar el daño causado: Que se traduce directa o indirectamente a un valor económico o patrimonial de carácter objetivo. Y en los segundos, exceden del valor patrimonial, aunque si puedan generar sanciones económicas.

La Tradición jurídica del Derecho privado ha reservado la calificación de “obligación” a aquellas situaciones de subordinación en las que la conducta del obligado es susceptible de una valoración patrimonial concreta, mientras que en caso contrario prefiere hablar de “deber” o de “deber jurídico” en general.

Si aceptamos tales premisas, la obligación aparece como una subespecie del deber jurídico caracterizada por el valor patrimonial de la conducta del obligado, con lo que se hablaría entonces de un “deber jurídico patrimonializado”.

La patrimonialidad de la obligación

Para los juristas clásicos y contemporáneos, la presencia o ausencia de patrimonialidad en una relación entre dos personas es un dato que, desde el punto de vista jurídico-privado, permite superar la ambivalencia o multivocidad del término obligación: los deberes jurídicos serían aquellas conductas exigidas a una persona por el ordenamiento jurídico, con carácter general, en cuanto la misma se encuentre en una determinada situación contemplada por el Derecho, que no son susceptibles de directa valoración patrimonial. Como por ejemplo, basta ser español para “tener el deber” de conocer el castellano (art. 3 CE), o hallarse en territorio español para estar “obligado” a observar las leyes penales (art. 8.1 CE).

Por el contrario, obligación en sentido propio o técnico, como subespecie del deber jurídico, se caracteriza por la nota de patrimonialidad de la prestación, de la conducta debida por el obligado (Savigny).

Pero lo dicho anteriormente no encuentra apoyo textual en el CC. El art. 1088 se limita indicar que “toda obligación consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa” sin que la nota de patrimonialidad sea necesaria.

Ante ello, algunos autores han querido defender la idea de patrimonialidad de la prestación en el art. 1271 CC, ya que sostienen que puede ser contrato todas las cosas que no estén fuera del comercio con los hombres, aun las futuras.

Para el autor, sin embargo es desafortunado por varias razones:

  1. Porque el objeto del contrato, rectamente entendido no debe confundirse con la prestación propiamente dicha.

  2. Las obligaciones no se generan exclusivamente “ex contractu”, muchas reparaciones extracontractuales proceden de lesiones corporales y es innegable que la integridad física no está en el comercio de hombres.

El fundamento de la patrimonialidad de la prestación esta en una serie de principios inspiradores del conjunto normativo regulador de la relación obligatoria. Y que el incumplimiento de las obligaciones conlleva como mecanismo de reparación del acreedor insatisfecho la indemnización de daños y perjuicios y esta si llegara a imposibilidad de reparación “in natura” acaba generalmente por reconvertirse en una reparación pecuniaria.

La estructura general de la relación obligatoria: nociones instrumentales

Los sujetos de la obligación

La relación obligatoria vincula al menos a dos personas. La razón de ello es clara, ya que el Derecho es un instrumento de resolución de conflictos. Por el contrario, en términos jurídicos, nadie puede estar obligado consigo mismo, sino siempre respecto a otra persona.

Conforme a ello, la relación obligatoria requiere estructuralmente la existencia contrapuesta de dos personas, que ocupan posiciones distintas en dicha relación:

  1. Sujeto activo: Legitimada para exigir una conducta de forma activa. Es mas usada por los autores modernos con el termino legal de acreedor. La razón de ello radica en que dicho término, por si mismo, acredita a dicha persona que ostenta la titularidad de un derecho de crédito que puede ejercitar, cuando y como corresponda, frente al deudor.

  2. Sujeto pasivo: Persona obligada por la relación obligatoria a observar la conducta prevista en la obligación, cumplir cuanto debe. Persona obligada a dar, hacer o no hacer. También el deudor.

La prestación

La conducta del deudor puede ser de distinta naturaleza, dependiendo del origen y del tipo de obligación de que se trate.

Por economía gramatical, la conducta debida por el obligado se denomina genérica y técnicamente prestación.

Por lo que la prestación constituye el elemento objetivo de la relación obligatoria, según los términos del art. 1088: (puede consistir en “dar, hacer o no hacer alguna cosa”).

El derecho de crédito: diferenciación de los derechos reales

El poder o facultad para reclamar la prestación que se reconoce al acreedor se denomina derecho de crédito, también denominado derecho personal. Se hace referencia a esta denominación (personal) para diferenciarlo de los derechos reales, pues la posición de titular de unos y otros marca una notable diferencia.

Diferencias:

  1. El Derecho Real otorgan a su titular señorío (total o parcial) o facultad concreta sobre las cosas en sí mismas consideradas e independientemente de su titular o poseedor actual. El titular real puede dirigirse directamente contra las cosas afectadas por el derecho real.

  2. Por otra parte, los derechos reales son derechos absolutos con eficacia “erga omnes”, mientras que los de crédito o personales sólo se hacen valer frente al obligado, por lo que se califican como derechos relativos.

  3. Con respecto al problema de distribución estática de la riqueza, los reales son derechos tendencialmente derechos permanentes (mientras no se modifiquen), mientras que los de crédito (relaciones jurídicas- obligatorias de que dimanan) atienden fundamentalmente al intercambio de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas que no se pueden resolver con el mero señorío sobre las cosas. Por lo que hay que afirmar que los derechos de crédito son derechos transitorios con vocación de autodestrucción si el deudor lleva a cabo su prestación.

  4. Esa tendencial permanencia de los derechos reales, sobre todo cuando estos recaen sobre bienes inmuebles, requiere que el ordenamiento jurídico les exija mayores requisitos de forma para los actos de constitución, modificación o extintivos de los derechos reales (art. 1280 CC).

  5. La general susceptibilidad de posesión de los derechos reales conlleva la posibilidad de usucapión o prescripción adquisitiva, a lo que los derechos de crédito están excluidos.