El convenio arbitral

Introducción

El arbitraje es entendido como el mecanismo de resolución de litigios o conflictos que los interesados en ellos, de común acuerdo, excluyen del conocimiento de los jueces y tribunales de justicia, por razones básicamente de operatividad y rapidez en la decisión.

Regulación normativa

La materia ha sido regulada, además de por los art 1820 y 1821 CC -hoy sin contenido-, por tres leyes especiales:

  1. La Ley de de Arbitrajes de Derecho Privado de 1953

  2. La Ley 36/1988 de Arbitraje

  3. La Ley 60/2003 de Arbitraje -vigente-

Cada una ha derogado a la anterior.

La Ley 60/2003 ha sido modificada por la Ley 11/2011 de Arbitraje y de regulación del arbitraje institucional en la Administración General del Estado. La LO 5/2011 modifica la LO 6/1985 en relación con el arbitraje.

El carácter contractual del arbitraje

La generalidad de los procesalistas impugna la naturaleza contractual o privada del arbitraje, recalcando que se trata de una institución de Derecho público y, en definitiva, de un apartado propio del Derecho procesal propiamente dicho.

Aprobada la LEC del 2000, son numerosos los comentaristas que consideran que esta nueva Ley acentúa el carácter jurisdiccional del arbitraje.

La línea jurisprudencial del Tribunal Supremo ha sido ratificada por el propio Tribunal Constitucional, que parte de la base de considerar que el arbitraje ha de derivar necesariamente de "un sometimiento libre y voluntario incompatible con cualquier condicionamiento de índole legal o simplemente ajeno a la voluntad de alguno de los contratantes, por proceder de formas de contratación anómalas".

La importancia del arbitraje

Hoy en día, la importancia del arbitraje es indudable, como mecanismo de resolución de conflictos jurídicos; donde los litigios patrimoniales de gran trascendencia económica y, sobre todo, los conflictos provocados por el comercio internacional suelen ser sometidos a arbitraje con preferencia a su conocimiento por los tribunales de justicia.

Pudiera pensarse que, con ello, se trata de burlar los mecanismos de justicia estatal o resquebrajar la autoridad debida a los tribunales de justicia, más en realidad, el planteamiento es exactamente el contrario, la propia legislación interna y los acuerdos internacionales son el punto de arranque y proyección de los mecanismos arbitrales como “ institución alternativa” al conocimiento jurisdiccional de los litigios.

El convenio arbitral

Concepto

Aunque la Ley vigente evita cuidadosamente hablar de “ contrato de arbitraje” utilizando en exclusiva la expresión “convenio arbitral” resulta innegable el carácter contractual de dicho convenio.

El convenio arbitral constituye un acuerdo de voluntades de naturaleza contractual cuyo objeto radica en someter cuestiones litigiosas a la decisión de uno o varios árbitros.

Tipo de arbitraje

El arbitraje puede ser a elección de las partes, de Derecho o en equidad.

  • Se entiende por arbitraje de Derecho el que ha de ser resuelto y fundamentado atendiendo al conjunto de normas jurídicas aplicables al caso debatido. Los árbitros han de ser especialistas en Derecho, pues la decisión arbitral ha de ser motivada. La vigente ley establece que “ cuando la cuestión litigiosa haya de decidirse con arreglo a Derecho, los árbitros habrán de ser Abogados en ejercicio, salvo acuerdo expreso en contrario” .

  • En el arbitraje en equidad los árbitros actuarán “según su saber y entender” resolviendo la cuestión litigiosa atendiendo a la justicia material del caso concreto planteado sin necesidad de fundamentar su decisión en norma jurídica alguna. “En el caso de que las partes no hayan optado expresamente por el arbitraje de Derecho, los árbitros resolverán en equidad”. Por consiguiente, en caso de duda, primará el arbitraje en equidad. (Según avisa el compañero Rubén Rodríguez: "según el Libro (Pag 394) y la Ley de Arbitraje (art. 34.1), sólo será de Equidad si las partes han decidido eso expresamente.")

Forma de celebración

La vigente Ley 36/1988 introduce como novedades el principio de libertad formal en el convenio arbitral, así como la consagración legislativa del principio de separabilidad del convenio arbitral accesorio de un negocio jurídico principal.

Se establece que “ convenio arbitral deberá formalizarse por escrito y podrá concertarse como cláusula el incorporada a un contrato principal o por acuerdo independiente del mismo”. Por consiguiente, basta la constancia por escrito de la voluntad de las partes de someter una cuestión determinada al procedimiento arbitral, siendo indiferente a efectos de su validez, que el pacto arbitral se haya instrumentado en documento privado o en escritura pública. “Se entenderá que el acuerdo se ha formalizado por escrito no sólo cuando esté consignado en un único documento suscrito por las partes, sino también cuando resulte de intercambio de cartas, o de cualquier otro medio de comunicación que deje constancia documental de la voluntad de las partes de someterse al arbitraje” .

Contenido

El contenido necesario del convenio se limita estrictamente a los siguientes extremos:

  • Voluntad inequívoca de las partes de someterse al arbitraje.

  • Determinación de la "relación jurídica" de la que resulten cuestiones litigiosas a resolver.

Existiendo tales elementos, las partes han de entenderse sujetas al arbitraje, aunque no existan en el convenio normas ad hoc para la designación de los árbitros o reglas relativas al procedimiento arbitral.

Objeto del arbitraje

La resolución de controversias o cuestiones litigiosas

El objeto propio del arbitraje consiste en el sometimiento a la decisión de los árbitros de “ cuestiones las litigiosas, surgidas o que puedan surgir, en materias de su libre disposición conforme a Derecho” .

Resulta indiferente que la controversia existente sea presente o futura, pues el convenio arbitral desarrolla la misma eficacia si se previó antes o después de haber nacido la controversia entre las partes. Naturalmente, la existencia de una verdadera controversia y el carácter propiamente jurídico de ésta excluye la existencia de una sentencia firme sobre el tema.

Ámbito material del arbitraje

Son materias susceptibles de arbitraje aquellas sobre las que las partes tengan “ libre disposición conforme a Derecho” .

La conclusión es que las personas interesadas pueden someter las cuestiones litigiosas al procedimiento arbitral siempre y cuando tengan reconocida capacidad suficiente y los litigios versen sobre materias disponibles para la autonomía privada. Por consiguiente, en general, el ámbito material del arbitraje puede seguir siendo identificado con el Derecho Privado, si bien cabe igualmente en ciertos aspectos regulados por disposiciones de Derecho Público. No es aplicable, en cambio, la Ley de arbitraje a los arbitrajes laborales, que habrán de someterse a su regulación propia.