Principios y estructura del proceso

Los principios del proceso

Vamos a prescindir del examen de los principios del procedimiento (oralidad, inmediación, publicidad, concentración y preclusión), así como de los principios procesales referentes a la formación del material táctico (aportación e investigación) y su valoración (prueba libre y tasada).

Principios inherentes a la estructura del proceso

Los que son consustanciales a la idea misma de proceso, de tal suerte que si viene a faltar podrá hablarse de la existencia de una fórmula autocompositiva, de un mero procedimiento, pero nunca de un proceso.

Contradicción

La existencia de dos posiciones enfrentadas, la del actor que interpone su pretensión y la del demandado oponiéndose a la misma, constituye una nota esencial de todo proceso. No puede lograrse sino mediante la oposición entre dos ideas contrapuestas.

Notas esenciales:

El derecho de acceso al proceso

Tanto el actor/acusador como el demandado/imputado pueden libremente ejercitar sus respectivos derechos de acción y defensa y acceder al proceso. Constituye la primera manifestación de la tutela. Efectivo. Poner en conocimiento de la parte pasiva del proceso su existencia (citación personal). No existe en nuestro ordenamiento una obligación de las partes de comparecencia, sino una mera carga procesal.

La adquisición del "status" de parte

Pueden hacer valer con eficacia sus respectivas pretensiones y defensas. No se produzcan en el proceso situaciones materiales de indefensión. La parte pasiva puede conocer la pretensión a fin de poder contestar con eficacia.

El derecho a la "última palabra"

Significación especial en el proceso penal. Derecho de que nadie pueda ser condenado sin ser previamente oído. El acusado puede renunciar a él y ejercitar su no menor derecho constitucional al silencio.

Igualdad de armas

Ambas partes procesales ostentan los mismos medios de ataque y de defensa. Tienen idénticas posibilidades de carga de alegación, prueba e impugnación. Ha de estar presente en todas y cada una de sus instancias, hasta la obtención de una resolución definitiva y firme. Privilegios procesales de determinadas autoridades: inviolabilidad del Monarca, la inmunidad e inviolabilidad parlamentaria y determinados aforamientos.

Principios referentes al objeto procesal

El principio dispositivo

Entraña un poder de disposición por las partes del derecho de acción y del objeto del proceso.

Poder de disposición sobre el derecho material

Si los derechos e intereses jurídicos, que se pueden discutir en el proceso civil pertenecen al dominio absoluto de los particulares, a nadie se le puede constreñir a impetrar su tutela jurisdiccional o a ejercitar su defensa ante los Tribunales. Es un proceso regido por el principio dispositivo, no puede el juez de oficio entablar un proceso entre las partes. Las partes son dueñas de acudir al proceso o de solucionarlo fuera de él. Como excepción están los procesos civiles inquisitorios, esto es, los relativos al estado civil de las personas.

Poder de disposición sobre la pretensión

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Vinculación del Juez a la pretensión

Obligación de congruencia del juez con respecto a la pretensión del actor y la resistencia del demandado. Incongruencia suppra petita, citra petita y extra petita. El principio de congruencia también es reclamable a la impugnación. El tribunal ad quem no puede grabar más al recurrente de lo que ya lo estaba por la sentencia impugnada del tribunal a quo.

Prohibición de la reformatio in peius (reforma a peor).

El principio acusatorio

Si el principio dispositivo informa el objeto del proceso civil, el acusatorio cumple con similar función en el proceso penal. A través de él podemos determinar bajo qué distribución de roles y bajo qué condiciones se efectuará el enjuiciamiento de la pretensión penal. Notas esenciales:

Desdoblamiento de la función instructora y decisoria

Las funciones de instrucción, de un lado, y las de enjuiciamiento y decisión, de otro, han de estar encomendadas a dos órganos distintos: al Juez de Instrucción o Ministerio Público la primera, y al Jurado, Tribunal o Juez de lo Penal, la segunda. A fin de prevenir el prejuzgamiento y evitar que el acusado sea juzgado por un órgano falto de imparcialidad. La fase instructora es encomendada al MF, quien puede efectuar una investigación preliminar a la del Juez de Instrucción, a quien fundamentalmente se atribuye la fase instructora, en tanto que la fase de juicio oral y la sentencia es conferida bien a los Juzgados de lo Penal, bien a las Audiencias Provinciales.

Distribución de las funciones de acusación y de decisión

Nemo iudex sine accusator (nadie juzgado sin fiscal). Para garantizar una mayor imparcialidad en la decisión, la función de la acusación se otorgó a un órgano esencialmente imparcial, como lo es el Ministerio Fiscal, expresamente sometido al cumplimiento del principio de legalidad. Nuestra LECrim conoce la acusación particular en sus dos manifestaciones de popular, y privada.

Congruencia

Vinculación ente la pretensión y la sentencia penal. La vinculación del fallo a la pretensión penal lo es esencialmente a su fundamentación y, dentro de ella, al hecho punible.

Existirá una vulneración del principio acusatorio y del art. 24.2 de la CE, cuando la sentencia condene al acusado por un hecho punible que no haya sido objeto de acusación.

La estructura del proceso

El proceso es iniciado a instancia de parte. El órgano judicial no puede iniciar su actividad procesal hasta que alguien se lo pida en la forma establecida por la ley.

Dos principios:

  1. El sometimiento de los jueces únicamente al imperio de la Ley impone la aplicación ciega de ésta.

  2. El derecho a la tutela efectiva.

    • Es impensable que se ejercite por el órgano judicial que precisamente tiene el deber correlativo de tutelarlo y darle contenido. El proceso se ha iniciado siempre tras la incitación de alguien ajeno al órgano judicial, incluso en aquellos procesos en los que se ventilan derechos de carácter público, como es el caso del proceso penal cuyo objeto es la declaración del derecho de penar (de imponer sanciones de carácter penal), que en cuanto tal es un derecho exclusivamente del Estado.

El proceso de declaración

El proceso o fase declarativa está compuesto por un conjunto de actos procesales que tienden a lograr del tribunal la satisfacción de la pretensión, hecha valer en el proceso, mediante una resolución judicial de contenido determinado.

El proceso declarativo se estructura, a su vez, en las siguientes fases esenciales: alegaciones, prueba, conclusiones, sentencia e impugnación.

Fase de alegaciones

La fase de alegaciones tiene por finalidad introducir el objeto procesal con todos sus elementos esenciales. Dicho objeto está integrado por la pretensión, de cuyos elementos hay que destacar: a) subjetivos: la determinación del órgano jurisdiccional competente, de un lado, y la de las partes procesales, de otro y b) la petición y los hechos con relevancia jurídica que la fundamentan.

Los actos de alegación son actos de postulación en los que se introducen la pretensión y sus hechos que la fundamentan y que, si son controvertidos, se erigen en el tema de la prueba. En esta fase las partes deben introducir los hechos que sustancian sus pretensiones y proponer la prueba pertinente en relación con los hechos.

En el proceso civil, el acto de postulación más importante es la demanda, que supone ejercicio simultáneo del derecho de acción y de la pretensión. En el penal y en el contencioso-administrativo, dichos actos procesales aparecen distanciados: la acción se ejercita en el acto de iniciación del proceso penal o en el de la interposición del recurso contencioso-administrativo, en tanto que la pretensión sigue, en el proceso penal, un procedimiento escalonado, que empieza con la instrucción, pasa por el escrito de acusación y culmina con las conclusiones definitivas. En el proceso administrativo, la interposición de la pretensión se realiza, una vez superada la fase de admisión del recurso y recibido el expediente de la Administración, mediante el escrito de demanda.

Fase de prueba

Para que el proceso de declaración pueda cumplir con su finalidad (obtener una resolución), se ha de conceder a las partes la posibilidad de solicitar la apertura de la fase probatoria a fin de poder evidenciar al juez la concurrencia de los fundamentos fácticos, tanto de la pretensión, como de la defensa.

Como regla general, la actividad probatoria incumbe a los sujetos procesales y, de entre ellos, fundamentalmente a las partes. Como consecuencia del principio de aportación, a las partes les corresponde, no sólo la introducción de los hechos a través de la demanda y su contestación (proceso civil) y de los escritos de calificación (proceso penal), que son los genuinos actos de aportación fáctica en los que las partes delimitan el tema de la prueba, sino también la proposición y práctica de la prueba, mediante la instauración del contradictorio, en un juicio público en el que las partes con igualdad de armas han de convencer al tribunal. Los jueces pueden, de oficio, disponer la práctica de medios de prueba e intervenir formulando preguntas a las partes, testigos y peritos.

Fase de conclusiones y sentencia

El término "conclusiones" admite distintos significados en función del orden jurisdiccional ante el que nos encontremos. Así, en el proceso civil, las conclusiones, que sólo tiene sentido cuando en el proceso se ha propuesto y practicado prueba, consisten en un resumen de los hechos relevantes y en una valoración del resultado de las pruebas practicadas sobre tales hechos. Ahora bien, en esta fase no podrán alegarse hechos nuevos, sino únicamente precisar lo que, sobre los hechos relevantes ya aportados, consideren las partes conveniente alegar. Una vez expuestas sus conclusiones sobre los hechos controvertidos, las partes podrán informar sobre los argumentos jurídicos en que se apoyen sus pretensiones, que no podrán ser alteradas en ese momento.

En el proceso penal, las "conclusiones definitivas" son actos de postulación mediante los cuales las partes deducen definitivamente sus respectivas pretensiones con arreglo al resultado de la prueba y sin que puedan modificar su contenido esencial, pues, de lo contrario, se vulneraría el derecho de defensa. Formalizadas las conclusiones, cada parte fundamentará oralmente sus pretensiones, determinando los hechos probados, su calificación legal y la participación que pudiera tener el acusado.

Efectuadas las conclusiones, el órgano judicial pone fin al proceso mediante sentencia que resolverá el fondo del asunto.

Los recursos

La parte que se sienta perjudicada por la sentencia dispone de un conjunto de actos de postulación (recursos) para obtener su revisión, ya sea por el mismo órgano judicial que la dictó, ya sea por otro superior, y ello, con la finalidad de aumentar las garantías de justicia de las resoluciones judiciales.

En el proceso civil, el "derecho a los recursos" no es absoluto, por cuanto el Poder Legislativo es dueño de determinar, tanto el número y naturaleza de los recursos como los requisitos que, en un medio de impugnación determinado, posibilitan su admisibilidad, por lo que su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, cuya concurrencia debe ser valorada por el órgano judicial, sin que ni siquiera exista un derecho constitucional a disponer de tales medios de impugnación.

No sucede lo mismo en el proceso penal, en donde el "derecho a los recursos" se encuentra prevista en el art. 2.1 CEDH y en el art. 14.5 PIDCP: "toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo previsto por la ley". Dicha declaración, forma parte de nuestro ordenamiento (art. 10.2 CE) y viene a integrar el derecho al proceso debido del art. 24 CE.

El proceso de ejecución

En la ejecución es el órgano judicial quien tiene una mayor intervención en la realización de los actos ejecutivos. La ejecución requiere llevar a cabo aquellos actos que sean necesarios para suplir la falta de voluntad del ejecutado en cumplir lo ordenado en la sentencia. En Derecho privado y administrativo es el órgano judicial quien realiza todos y cada uno de los actos necesarios para hacer posible ese cumplimiento. En el campo de la ejecución penal, la necesidad del proceso de servirse de las partes es prácticamente inexistente.

El proceso o tutela cautelar, que también reconoce el art. 5 LEC ("se podrá pretender de los tribunales (...) la adopción de medidas cautelares") es la respuesta a una necesidad del proceso de declaración.

El proceso de declaración está estructurado en una serie de actos procesales. Esta actividad requiere tiempo para que la potestad jurisdiccional se ejercite con garantías de acierto. Pero para la parte activa, esta demora puede constituir un inconveniente, pues puede ser aprovechada por la contraparte para dificultar la efectividad de la tutela que pudiera ser concedida en la resolución.

Por ello, y con el fin de garantizar el derecho a la ejecución de las resoluciones en sus propios términos, ha de regir también el derecho a la tutela cautelar que asiste a las partes a obtener del juez o tribunal la adopción de las medidas que resulten necesarias para asegurar la efectividad del futuro pronunciamiento.