Los abogados y procuradores

La postulación y los derechos a la tutela y de defensa

La recta utilización de la Administración de Justicia por el ciudadano exige encauzar su uso. De aquí que nuestro Derecho exija, para acceder a la Justicia, la capacidad de postular, de debatir o de solicitar. Normalmente el ciudadano no tiene esa capacidad de postular, por lo que de no suplir la por quien la tenga, no podrá acudir a los jueces y tribunales en busca de protección jurídica.

Sólo pueden suplir la incapacidad de postular aquellos que tienen y pueden tener los conocimientos técnicos necesarios para saber manejar los mecanismos procesales y discernir los supuestos en los que existe realmente un derecho violado. Profesionalización.

Por consiguiente, no parece haber más camino que concretar tal facultad de postulación en un grupo de profesionales, los que por su preparación y titulación es de presumir que tienen los conocimientos y la técnica necesarios para solicitar y acceder con garantías al mecanismo judicial de protección jurídica. Estos son los abogados y procuradores.

La postulación descansa en dos tipos de profesionales: el procurador y el abogado. El abogado es el que ejerce la dirección y defensa de las partes en toda clase de procesos. La comparecencia en juicio será por medio de procurador. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma del abogado.

Requisitos para acceder a las profesiones de procurador y abogado

Son procuradores quienes válidamente incorporados a un Colegio representan a los poderdantes ante los juzgados y tribunales. Para ser procurador se requiere ser español o ciudadano de la UE, mayor de edad, no incapacitado o inhabilitado, estar en posesión del título de licenciado o Graduado en Derecho y obtener el título de procurador que expide el Ministerio de Justicia.

Y para ser abogado se requiere ser español o ciudadano de la UE, mayor de edad, no incapacitado o inhabilitado, estar en posesión del título de licenciado o Graduado en Derecho y darse de alta, en calidad de ejerciente, en un Colegio de Abogados.

Además la Ley 34/2006 exige el título profesional de abogado y el título profesional de procurador de los tribunales, que será necesario para la colegiación. Para obtener este título deberán realizar un proceso de formación especializada de carácter práctico (al menos el 50% serán prácticas externas). Al final se realizarán las pruebas de aptitud profesional ante una Comisión de Evaluación que será única para los cursos realizados en el territorio de una misma comunidad autónoma.

La representación procesal: el Procurador

El procurador es el representante de la parte ante el juez, el que pide en nombre de la parte al juez y, por consiguiente, el que recibe actos del juez en nombre de su parte. El procurador es, pues,representante activo y pasivo de la parte en el proceso.

Sin embargo, esa representación no implica, ni mucho menos, que el procurador tenga la facultad o poder de postulación. El procurador en cuanto que representante de la parte, no puede actuar válida y eficazmente sin la asistencia del letrado o abogado. Nuestro ordenamiento jurídico impone que actuemos ante los órganos judiciales por medio de un profesional que llamamos procurador que es el representante legal procesal. Este profesional no puede hacer peticiones al órgano judicial, no puede actuar activamente en el proceso en representación de su parte, si las peticiones no provienen técnicamente de un abogado. Si el ciudadano formalmente necesita del procurador, sustancialmente su protección jurisdiccional depende del abogado. La actuación del procurador en nombre de la parte en el proceso no tiene sentido, ni eficacia, ni validez alguna sin que venga determinada, expresada y concretada por la actuación personal de un técnico que recibe el nombre de abogado. El abogado puede ser sustituido, el procurador no.

Derechos y deberes de los Procuradores

La relación procurador/cliente es un mandato voluntario, que se rige por la LEC y supletoriamente por el CC. El poder de representación precisa ser aceptado por el procurador, en cuyo caso se perfecciona el contrato y surgen los derechos y obligaciones entre mandante y mandatario: percepción de la "provisión de fondos" y pago de sus derechos arancelarios, pudiendo acudir, en caso de impago, al proceso de ejecución de "jura de cuentas". Y en cuanto a las obligaciones, obligación de secreto, formalización de los emplazamientos, información a la parte y al abogado de todas las vicisitudes procesales, comunicación diligente de todos los actos entre el abogado y el tribunal, etc.

Cesa por revocación del mandante y por renuncia del mandatario, fallecimiento de alguna de las partes y por finalización de la representación.

La defensa técnica: el Abogado

Pero el procurador, por sí solo no puede realizar válidamente actos procesales. Necesita la intervención personal del abogado, quien ostenta la defensa técnica y la dirección procesal.

El art. 31.1 LEC exige que "los litigantes serán dirigidos por abogados habilitados para ejercer su profesión en el tribunal que conozca del asunto. No podrá proveerse a ninguna solicitud que no lleve la firma de abogado".

Concepto y requisitos

Son abogados "quienes, incorporados a un Colegio español de Abogados en calidad de ejercientes y cumplidos los requisitos necesarios para ello, se dedican de forma profesional al asesoramiento, concordia y defensa de los intereses jurídicos ajenos, públicos o privados" (art. 9.1 Estatuto General de la Abogacía Española -EGAE-).

El abogado puede desempeñar su profesión en todo el territorio nacional y en el de los Estados UE. No pueden incurrir en las prohibiciones e incompatibilidades establecidas en los arts. 21 y ss EGAE, tendentes a garantizar la independencia y dignidad de la Abogacía. Puede ejercer tanto individualmente, como autónomos, contratados laborales o pasantes, en despachos colectivos, así como a través de agrupaciones de abogados que pueden asumir cualquier forma de sociedad mercantil.

Derechos y deberes de los abogados

Tienen la obligación de colaborar en la recta Administración de la Justicia, de actuar con probidad, veracidad y lealtad procesal, de secreto profesional, celo y diligencia en la defensa que le sea encomendada, de satisfacer las cuotas colegiales, de asesoramiento y defensa de oficio de quienes carezcan de recursos para litigar y de aseguramiento de la responsabilidad civil que pudiera contraer con ocasión de su profesión. Están sometidos a la responsabilidad disciplinaria de su Colegio.

Asimismo, le asiste el derecho a ejercer la defensa con libertad e independencia y con pleno respeto a su función cual implica un amplio ejercicio de la libertad de expresión, a ejercitar sus derechos sociales en el Colegio, vestir toga en estrados y sentarse al mismo nivel que el tribunal, sin dar la espalda al público y en condiciones de igualdad con el MF y el abogado del Estado y al pago de sus honorarios profesionales, que pueden ser libremente estipulados o sometidos a las normas de mínimos y orientadoras de los Colegios de Abogados.

La relación jurídica abogado-cliente

Tanto el abogado como el procurador son profesionales que cooperan con la Administración de Justicia sirviendo directamente los intereses de sus clientes. Está unido a las partes por un contrato de arrendamiento de servicios que les impone sujetar su actuación al principio de la buena fe, que les obliga a guardar secreto, en este caso profesional; que los hace responsables de los daños y perjuicios que puedan ocasionar a sus clientes por su actuación.

El instrumento de actuación procesal del procurador es el poder, que es aplicable a todos los órdenes jurisdiccionales. El otorgamiento del poder por la parte, y su aceptación por el procurador,supone que ante el órgano judicial el procurador aparece como representante legal procesal de la parte, lo que le legitima para realizar actos de parte y para recibir los actos que provengan del juez.

Con la aceptación del poder se establece una relación directa entre el órgano judicial y el procurador.

La relación entre el abogado y la parte se centra en el arrendamiento de servicios que une a uno y otro. La relación entre abogado y parte se resuelve en la de mandato, es decir en una relación intersubjetiva entre uno y otro. Por eso el abogado es un profesional que puede ser sustituido por cualquier otro a lo largo del proceso.

El procurador que acepta el poder está obligado, entre otras cosas, a seguir el juicio, a transmitir al abogado elegido por su cliente, o al cliente mismo, todos los documentos, antecedentes que se produzcan a lo largo del proceso, a recoger de poder del abogado las copias de los escritos y documentos y demás antecedentes, a tener al cliente y al abogado informados del curso del proceso,y a pagar (mejor sería decir adelantar), todos los gastos que puedan causarse a instancia de su cliente. El abogado está obligado frente a su cliente a realizar cuantos actos sean necesarios para la defensa del mismo en el proceso y a autorizar con su firma todas y cada una de las peticiones que se hagan en el proceso.

Exenciones a la necesidad de postulación

Existen procesos en los que, por estimar el legislador que no se ocasiona género alguno de indefensión, la intervención de procurador y abogado no resulta preceptiva. En tales casos, si hubiera una condena en costas, no se incluirá, salvo temeridad, en la tasación de honorarios y derechos del abogado y del procurador.

En el proceso civil

No es preceptiva la intervención de procurador: a) En los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900€ y para la petición inicial de los procedimientos monitorios, conforme a lo previsto en esta Ley; b) En los juicios universales, cuando se limite la comparecencia a la presentación de títulos de crédito o derechos, o para concurrir a Juntas, y c) En los incidentes relativos a impugnación de resoluciones en materia de asistencia jurídica gratuita y cuando se soliciten medidas urgentes con anterioridad al juicio.

No es preceptiva la intervención de abogado en: a) los juicios verbales cuya cuantía no exceda de 900€ y la petición inicial de los procedimientos monitorios, y b) los escritos que tengan por objeto personarse en juicio, solicitar medidas urgentes con anterioridad al juicio o pedir la suspensión urgente de vistas o actuaciones. Cuando la suspensión de vistas o actuaciones que se pretenda se funde en causas que se refieran especialmente al abogado también deberá éste firmar el escrito, si fuera posible.

En el proceso penal

Como consecuencia de la vigencia del derecho del imputado a defenderse por sí mismo o a contar con un abogado de su elección, ha de reconocerse la validez tanto de la defensa privada del imputado como de la pública de su abogado defensor. Por esta razón, la LECrim otorga plena validez a determinados actos procesales que, en el curso de una instrucción, puede el imputado realizar sin la asistencia de su abogado o procurador. Tales actos son: el derecho de "habeas corpus", el auto del juez elevando la detención a prisión provisional, la recusación de los peritos y el juicio de faltas, en donde no es preceptiva ni la intervención de abogado ni de procurador.

Por otra parte, en la instrucción del proceso penal abreviado, el abogado puede asumir también simultáneamente la representación procesal.

En el proceso contencioso-administrativo

La intervención de abogado y procurador es preceptiva con las siguientes especialidades: a) en el proceso abreviado y, en general, ante todas las actuaciones que transcurran ante los juzgados de lo contencioso-administrativo, puede el abogado asumir también la representación procesal; b) en los asuntos de personal o que promuevan los funcionarios y demás empleados sobre su relación funcionarial pueden comparecer personalmente sin la asistencia del abogado y del procurador.

En el proceso de trabajo

En la primera instancia no es preceptiva la intervención del abogado, ni del procurador, pero pueden las partes otorgar la representación procesal, a un procurador, a un abogado a un graduado social o a cualquier persona que esté en el pleno goce de sus derechos civiles. Si una de las partes compareciera mediante abogado, habrá de comunicárselo al juez de lo social para que se le traslade a la contraparte el ejercicio de aquél derecho en punto de poder comparecer también asistida de letrado.

En las demás instancias, es preceptiva la intervención del abogado.

Los Colegios de Abogados y de Procuradores

La colegiación de los abogados y procuradores será obligatoria para actuar ante los Juzgados y Tribunales. Se exceptúan los casos en que actúen al servicio de la Administración Pública por razón de dependencia funcionarial o laboral. Lo que la Ley Orgánica quiere es que no toda persona que reúna los requisitos subjetivos que están establecidos en esos Estatutos pueda ejercer la postulación en la posición de abogado o procurador; quiere que además estén inscritos en un Colegio, porque se piensa que de esa manera habrá un mayor control institucional de la capacidad y categoría profesional de aquellos que se dedican a ello. No parece inadecuado que existan controles para que la defensa y la representación estén sólo servidas por aquellas personas que realmente estén capacitadas; lo que en verdad se pone en duda es que el Colegio o la colegiación sea un instrumento válido para garantizar que en todo momento el ciudadano encontrará un profesional válido para la defensa de sus intereses.

Representación y defensa del Estado y demás entes Públicos

Los Abogados del Estado

La representación y defensa del Estado y de sus organismos autónomos, así como las defensa de los órganos constitucionales, corresponderá a lo letrados integrados en los servicios jurídicos del Estado. Igualmente las CCAA. El Abogado del Estado es, pues, un funcionario que ejerce la representación y defensa en el proceso del Estado y de estas Administraciones. En conclusión, el Abogado del Estado es el representante y el defensor de los intereses del Estado en los procesos civiles, administrativos y penales y laborales.

Los Letrados de las CCAA y de las Corporaciones Locales

Se rigen por lo dispuesto en el art. 551.2 LOPJ y su normativa específica RD 2568/1986. La defensa y representación en juicio de las Administraciones de las CCAA y de las CL corresponde a los letrados que sirvan en los servicios jurídicos de dichas entidades, a los abogados colegiados, cuyos servicios contrate expresamente para determinados asuntos o a la Abogacía del Estado, si requirieran de sus servicios.