La jurisdicción como presupuesto procesal

La Jurisdicción como presupuesto procesal

Principio por el que los órganos jurisdiccionales español no son competentes para conocer de todos y cada uno de los asuntos que puedan presentarse ante ellos. No hay asuntos vedados a los órganos jurisdiccionales españoles. Se han de tener en cuenta las conexiones del asunto o del litigio con el territorio español para saber si territorialmente esos órganos jurisdiccionales españoles pueden conocer de un asunto que desde el punto de vista material no les está vedado. Desde el punto de vista material la jurisdicción española no tiene límites, desde el punto de vista territorial esa jurisdicción está limitada por el juego lógico de las conexiones territoriales o por lo que los procesalistas llaman el fuero (vinculación de un litigio a un determinado territorio). Pero con independencia de estos principios, la jurisdicción española tiene los límites lógicos que entran en los supuestos de inmunidad de jurisdicción y de ejecución establecidos por las normas de Derecho internacional público.

Los límites de la Jurisdicción española: Principios generales y fueros exclusivos

La atribución de la competencia jurisdiccional internacional por medio de fueros implica a exclusión de esa misma competencia para otras materias. Los fueros siempre son excluyentes, pues si la ley española atribuye la competencia jurisdiccional internacional a los jueces españoles en unos casos, está necesariamente excluyendo del ámbito competencial todas aquellas materias que no tienen vinculación con el territorio. El legislador determina la competencia jurisdiccional en forma positiva, utilizando para ello criterios de exclusividad o de generalidad; fueros exclusivos (determinados litigios sólo podrán ser conocidos y resueltos por los órganos jurisdiccionales españoles, con exclusión de cualesquiera otros) y fueros generales (conflictos para los que

determina que tienen competencia jurisdiccional internacional los jueces españoles. Pueden ser resueltos, igualmente de forma válida y eficaz, por otros jueces y tribunales de otros países extranjeros. La sumisión no es un fuero, sino un modo de atribuir la competencia a un juez o a un tribunal que de acuerdo con las normas generales legales es incompetente territorialmente. Que los fueros sean exclusivos significa que cualquier sentencia o resolución dictada por órganos no competentes, es decir por órganos extranjeros, carece de cualquier eficacia en España. La exclusividad determina la imposibilidad de reconocer y ejecutar las sentencias extranjeras que hayan decidido cualesquiera de las materias litigiosas que están reservadas a los jueces españoles.

Pero también significa que el órgano judicial debe abstenerse de conocer cuando se le presenta una materia que esté atribuida de manera exclusiva a la jurisdicción de otro país.

La competencia jurisdiccional española en el orden civil

Atribución con carácter general. Supuestos en los que los Jueces y Tribunales españoles tendrán competencia jurisdiccional en el orden civil. Los Jueces y Tribunales españoles serán competentes jurisdiccionalmente, con carácter general, cuando exista sumisión expresa o tácita o cuando el demandado tenga su domicilio en España. La sumisión es contemplada como una forma de atribuir la competencia jurisdiccional internacional a los jueces españoles. No es posible admitir la sumisión en aquellos litigios en los que, en el campo interno, no se permite la sumisión como criterio de atribución de la competencia.

Atribución con carácter exclusivo. Supuestos en los que la jurisdicción española es exclusiva. La determinación de la competencia exclusiva viene dada por razones de diverso tipo. Adaptación perfecta de nuestra legislación a lo establecido en la legislación comunitaria. En los demás supuestos, creemos que el legislador ha seguido un camino equivocado, pues ni la importancia objetiva de las materias, ni su incidencia en la práctica procesal internacional le obligan a hacer una tan larga enumeración de materias.

La competencia jurisdiccional española en el orden penal

Dos fueros principales: el del lugar de comisión de los hechos delictivos y el de la nacionalidad de acusado; y distintos fueros especiales. La jurisdicción española también será, pues, competente para el conocimiento de las causas por delitos y faltas cometidos en territorio español o cometidos a bordo de buques o aeronaves españolas, y para conocer de las causas por delitos, aun cuando el hecho se haya cometido en el extranjero, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hayan adquirido la nacionalidad española con posterioridad a los hechos, y siempre que se produzcan las siguientes circunstancias: que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, que el agraviado o el Ministerio Fiscal hayan denunciado o hayan interpuesto querella ante los tribunales españoles y que el delincuente no haya sido absueltos, indultado o penado en el extranjero y que, en éste último caso, no haya cumplido la pena.

La competencia jurisdiccional española en el orden contencioso-administrativo

Los órganos judiciales españoles conocerán en el orden contencioso-administrativo sólo y exclusivamente en aquellos casos en los que se dilucida la nulidad de actos administrativos provenientes de los órganos administrativos españoles.

La competencia jurisdiccional española en el orden social

Tres sectores dentro de la legislación laboral que son tenidos en cuenta a la hora de establecer fueros: la Ley establece el fuero del lugar de prestación de los servicios o el del lugar de celebración del contrato. Igualmente se establece el fuero del domicilio, agencia, sucursal, delegación o cualquier otra representación del demandado en España, y como excepción cuando el trabajador y el empresario tengan nacionalidad española; en materia de convenios colectivos, serán competentes los Jueces y Tribunales españoles cuando aquellos se hayan celebrado en España o cuando los conflictos colectivos se hayan promovido en territorio español; en materia de pretensiones contra la Seguridad Social siempre serán competentes los Jueces y Tribunales españoles cuando se trate de la Seguridad Social española o cuando, siendo aquélla extranjera, tengan domicilio, agencia, delegación o cualquier otra representación en España.

Los conflictos jurisdiccionales

El esquema de la división de poderes del Estado, el reconocimiento constitucional de la jurisdicción militar, así como las diversas manifestaciones de la jurisdicción ordinaria pueden dar lugar a situaciones de conflicto.

Por conflicto jurisdiccional cabe entender el surgido entre dos órganos del Estado como consecuencia de que ambos deciden o rehúsan simultáneamente conocer de una determinada materia, por lo que debe un órgano superior, mediante una decisión declarativa, afirmar a cuál de ellos le corresponde su conocimiento. De lo que se infiere que pueden ser positivos (cuando reclaman el conocimiento) o negativos (cuando ninguno quiere conocer del asunto).

Los conflictos jurisdiccionales

Los conflictos jurisdiccionales transcurren entre órganos del Poder Ejecutivo y del Judicial. Se rigen por los arts. 38 a 41 LOPJ y por la LO 2/1987.

Conflictos entre la Administración y la Jurisdicción

Todos los juzgados y tribunales (menos el de paz) y todos los órganos que ostenten la representación de la Administración pública concernida pueden plantear entre ambos órdenes el pertinente conflicto positivo o negativo. Las actuaciones se remiten al Tribunal de Conflictos Jurisdiccionales, integrado por el Presidente del TS y 5 vocales.

Conflictos entre la Jurisdicción Ordinaria y la Militar

Si el conflicto transcurriera entre un órgano del Poder judicial y otro de la jurisdicción castrense, oídos el MF ordinario y el militar, elevarán las actuaciones al tribunal de conflictos, en este caso, integrado por el Presidente del TS, dos Magistrados de la Sala del TS del orden en conflicto y dos Magistrados de la Sala de lo Militar.

Conflictos entre la Jurisdicción contable y la Administración o la Jurisdicción militar

Si se tratara de un conflicto entre la jurisdicción contable y la administración el órgano competente es el TCJ; pero, si transcurriera entre la jurisdicción contable y la militar, el tribunal competente es la "Sala de conflictos" del art. 39.1 LOPJ.

Los conflictos de competencia

Por conflictos de competencia entiende el art. 42 LOPJ los que puedan suscitarse entre juzgados y tribunales de distintos órdenes jurisdiccionales, pero pertenecientes todos ellos al Poder Judicial, si bien no se pueden plantear, debido a su carácter preferente, frente a los órganos jurisdiccionales penales.

Una vez oídas las partes y el MF, el órgano judicial requiere al del otro orden jurisdiccional, quien, si rechazara el requerimiento, ha de comunicárselo al requirente y ambos elevan entonces las actuaciones a la Sala Especial de Conflictos, integrada por el Presidente del TS y dos magistrados, uno por cada orden jurisdiccional en conflicto.

Las cuestiones de competencia

Las cuestiones de competencia son conflictos que pueden surgir entre órganos jurisdiccionales del mismo grado y pertenecientes a un mismo orden jurisdiccional. Entre órganos de distinto grado no pueden plantearse conflictos: resuelve el superior.

Tales cuestiones normalmente plantean problemas de competencia territorial, pero pueden contener conflictos de competencia objetiva. Las resuelve siempre el órgano jurisdiccional superiormente jerárquico con arreglo a la Ley procesal aplicable en su orden jurisdiccional.