La independencia del poder judicial

El Poder Judicial. Evolución histórica

La Jurisdicción no ha permanecido la misma a lo largo de las sociedades y los tiempos, pudiéndose señalar cuatro etapas diferenciadas:

El antiguo régimen

En el antiguo régimen existía una confusión de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) en la persona del Monarca. Los jueces carecían de independencia y formaban parte de diversas "jurisdicciones especiales". Características:

  • no existía un Poder Judicial, sino una función judicial encomendada a funcionarios.

  • tales funcionarios carecían de independencia judicial.

  • inexistencia de los principios de unidad y exclusividad judicial

  • ausencia de control judicial de los actos dimanantes del Poder Ejecutivo.

El estado liberal

Tras la Revolución francesa de 1879 y, con ella, el establecimiento de la supremacía de la Ley, como expresión de la voluntad general y de la división de poderes, la Jurisdicción pasa a convertirse en el Tercer Poder dentro del Estado.

Para ello, era necesario en primer lugar, dotar a los jueces de "independencia", la cual se obtuvo mediante la "compraventa de oficios" y posteriormente con el de la "inamovilidad judicial".

Fue también necesaria la abolición de las jurisdicciones especiales y la instauración de los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional. La LOPJ de 1870 abolió la jurisdicción administrativa retenida y creó las Salas de lo contencioso-administrativo del TS, con lo que, a partir de entonces, los actos del Poder ejecutivo pudieron ser ya revisados por los tribunales.

Asimismo, se prohibe al Poder Ejecutivo inmiscuirse en la constitución y organización de los Tribunales. Se establece el Juez legal o del lugar de comisión del delito. Se establece el principio de jerarquía normativa. obligación de los Jueces de inaplicar los Reglamentos ilegales.

Esto permite afirmar que, tras la promulgación de la LOPJ de 1870, nace en España el Poder Judicial.

Los estados totalitarios

La aparición en Europa, en la segunda mitad del siglo XX, de los fenómenos totalitarios, supuso una derogación del modelo liberal de la jurisdicción como poder autónomo dentro del Estado, el cual fue objeto de control por el Ejecutivo.

En la Alemania nazi, el Juez se sustituye por un "Rechsfinder", el cual encontraba el Derecho en las ordenes emanadas del Führer.

En el régimen franquista, la Jurisdicción dejó de ser un Poder del Estado para convertirse en una función que residía en la Jefatura del Estado.

Los estados de derecho contemporáneos

Como consecuencia de la presión que, en los regímenes totalitarios, el Poder Ejecutivo efectuó sobre el Judicial, surgió un movimiento asociativo de la Magistratura, que reclamó una mayor autonomía del Poder Judicial y una potenciación, no solo de la independencia judicial individual, sino también colectiva de la propia Magistratura. Fruto de este movimiento fue la aparición de los sistemas de "autogobierno" de la Magistratura, hoy claramente hegemónicos en Europa.

El autogobierno del Poder Judicial

La promulgación de la CE de 1978 supone la creación de un auténtico "Poder Judicial", la abolición del sistema de designación, promoción y régimen disciplinario por parte del Poder Ejecutivo, y la instauración del régimen de autogobierno de la Magistratura.

El Consejo General del Poder Judicial

Máximo órgano de autogobierno de nuestra Magistratura, al que le corresponde realizar la totalidad de actos administrativos referentes al ingreso, formación, promoción o ascenso y régimen disciplinario de Jueces y Magistrados, así como la inspección de Juzgados y Tribunales.

En la actualidad estas competencias se encuentran desarrolladas por los arts. 558-561 y 595-602 del Libro VIII de la LOPJ (introducido por la LO 4/2013 de reforma del CGPJ), de cuyo régimen interesa destacar las siguientes atribuciones:

  1. Proponer el nombramiento del Presidente y del Vicepresidente del TS.

  2. Proponer el nombramiento de jueces y magistrados del TS.

  3. Proponer el nombramiento de dos Magistrados del TC.

  4. Ser oído por el Gobierno antes del nombramiento del Fiscal General.

  5. Interponer el conflicto de atribuciones entre órganos constitucionales del Estado.

  6. Participar en la selección de jueces y magistrados.

  7. Resolver lo que proceda en materia de ingreso, formación y ascenso de Jueces y Magistrados.

  8. Ejercer la alta inspección de tribunales, así como la supervisión y coordinación de la actividad inspectora ordinaria de los Presidentes y Salas de Gobierno de los tribunales.

  9. Impartir instrucciones a los órganos de gobierno de juzgados y tribunales en materias de la competencia de éstos, así como resolver los recursos de alzada que se interpongan contra cualesquiera acuerdos de los mismos.

  10. Cuidar de la publicación oficial de las sentencias y demás resoluciones que se determinen del TS y del resto de órganos judiciales.

  11. Regular la estructura y funcionamiento de la Escuela Judicial, así como nombrar a su director y a sus profesores.

  12. Regular la estructura y funcionamiento del Centro de Documentación Judicial, así como nombrar a su director y al resto de su personal.

  13. Nombrar al Vicepresidente del CGPJ, al Promotor de la Acción Disciplinaria y al Jefe de la Inspección de Tribunales.

  14. Nombrar al Director del Gabinete Técnico del CGPJ.

  15. Regular y convocar el concurso-oposición de ingreso en el Cuerpo de Letrados del CGPJ.

  16. Ejercer la potestad reglamentaria, en el marco estricto de desarrollo de las previsiones de la LOPJ.

  17. Elaborar y ejecutar su propio presupuesto.

  18. Aprobar la relación de puestos de trabajo del personal funcionario a su servicio.

  19. Ejercer con respecto a la Administración de Justicia las competencias propias de la autoridad de control en materia de protección de datos.

  20. Recibir quejas de los ciudadanos en materias relacionadas con la Administración de Justicia, que en ningún caso darán derecho a la incoación de un procedimiento.

  21. Elaborar y aprobar, conjuntamente con el Ministerio de Justicia y, en su caso, oídas las CCAA cuando afectare a materias de su competencia, los sistemas de racionalización, organización y medición de trabajo que se estimen convenientes para determinar la carga de trabajo que pueda soportar un órgano jurisdiccional.

Todo este listado de competencias no agota el marco constitucional, pues la materia "Administración de Justicia" aparece, en la actualidad, repartida entre el CGPJ (personal jurisdiccional), y el Ministero de Justicia y Consejerías de Justicia de las CCAA, que conocen de la denominada "Administración de la Administración de Justicia" (personal no jurisdiccional y colaborador y medios materiales).

Composición

Integrado por el Presidente del TS, que lo presidirá, y por 20 miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años, de los cuales 12 serán jueces o magistrados en servicio activo en la carrera judicial y 8 juristas de reconocida competencia.

La LO 4/2013 ha modificado sustancialmente el sistema de designación parlamentaria. El procedimiento vigente de elección de los 12 vocales procedentes de la Magistratura es el siguiente: cualquier juez podrá presentar su candidatura, bien con el aval de 25 miembros de la carrera judicial, bien con el de una asociación judicial legalmente constituida. Una vez proclamadas las candidaturas por la Junta electoral, las Cámaras legislativas procederán a la designación de los 12 vocales de procedencia judicial, debiendo designar, de entre ellos, a 3 magistrados del TS, 3 magistrados con más de 25 años de experiencia, y 6 jueces o magistrados sin sujeción a antigüedad.

El artículo 567 LOPJ contempla, a su vez, la elección de los 8 vocales de procedencia no judicial: cada Cámara elegirá 4 mediante el sistema de mayoría de 3/5.

Respecto al régimen de incompatibilidades, en la actualidad coexisten dos regímenes diferentes: la de los vocales que integran la Comisión Permanente, que pasarán a la situación de servicios especiales y asumen una dedicación absoluta, y la de los demás vocales, que "permanecerán en servicio activo si pertenecen a la Carrera Judicial o a algún cuerpo de funcionarios, y seguirán desempeñando su actividad profesional si son abogados, procuradores de los tribunales o ejercen cualquier otra profesión liberal". Pero todos ellos poseen inamovilidad, son incompatibles con cualquier otro cargo público, electivo o no electivo con la sola excepción en su caso del servicio en el cuerpo al que pertenezcan, no están vinculados por mandato imperativo alguno, se encuentran aforados al TS y no pueden ser promovidos a magistrados del TS o del TC, ni para cualquier otro cargo de la carrera judicial.

Estructura y competencias

El CGPJ está integrado por el presidente y 20 vocales. A efectos gubernativos cabe distinguir las competencias del presiente y vicepresidente, del Pleno y de las Comisiones que integran el CGPJ.

El Presidente y el Vicepresidente, son nombrados por el Rey a propuesta del Pleno del CGPJ, elegidos por mayoría de 3/5, normalmente en su primera reunión. El Presidente es la primera autoridad judicial de la Nación, dirige los debates del Pleno y propone los asuntos de su competencia. El Vicepresidente sustituye al Presidente en tales cometidos, por razones de enfermedad, vacante, ausencia y análogas.

El Pleno, formado por el Presidente y los Vocales, es el órgano más importante del Consejo, quedando válidamente constituido cuando se encuentren presentes un mínimo de catorce miembros, con asistencia del Presidente.

La Comisiones, previstas en la LOPJ son de carácter anual y están formadas por 5 miembros vocales del Consejo, elegidos por el Pleno por mayoría de 3/5.

La Comisión Permanente está compuesta por el Presidente y cuatro Vocales, dos pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de ella. Prepara las sesiones del Pleno y ejerce las competencias que les sean delegadas por el Pleno.

La Comisión Disciplinaria está integrada por cinco Vocales, tres pertenecientes a la Carrera Judicial y otros dos que no formen parte de ella. Deberá actuar en todo caso con la asistencia de todos sus componentes. Le corresponde la instrucción de expedientes e imposición de sanciones a jueces y magistrados.

La Comisión de Asuntos económicos, de duración anual (igual que la Permanente), está integrada por el vicepresidente del CGPJ, que la presidirá, y 4 vocales y le corresponde la realización de estudios y proyectos de carácter económico y financiero que le sean encomendados por el Pleno del Consejo, y el control de la actividad financiera contable.

La Comisión de Igualdad, también de duración anual, está compuesta por 3 vocales, siendo presidida por el de mayor antigúedad y le corresponde asesorar al Pleno sobre medidas necesarias para integrar el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el ejercicio de las atribuciones del CGPJ, y en particular, elaborar los informes previos sobre impacto de género de los reglamentos y mejorar los parámetros de igualdad en la Carrera Judicial.

Los Órganos de Gobierno Interno de los Juzgados y Tribunales

Las Salas de Gobierno

Existen Salas de Gobierno en el TS, AN y en los TSJ. Las del TS y las de la AN están compuestas por el Presidente del Tribunal, por los Presidentes de Sala, y por un número igual a ellos de Vocales elegidos por sus compañeros. Las de los TSJ están compuestas por su Presidente, por los Presidentes de las Salas, por los Presidentes de las AP de su territorio y un número igual de Vocales, de los cuales al menos uno será juez.

El Secretario de los respectivos Tribunales ejercerá de Secretario de las respectivas Salas de Gobierno.

Son órganos gubernativos, de gobierno interno, subordinados al CGPJ.

Los Presidentes de los Tribunales y de las Audiencias

El Presidente del TS -que preside también el CGPJ-, el de la AN, los de los distintos TSJ y los de las AP, son nombrados por el Pleno del CGPJ por un periodo de cinco años. Presiden también las respectivas Salas de Gobierno, fijan el orden del día de la misma, dirigen la inspección de tribunales y ejercen los poderes dirigidos al buen orden del tribunal respectivo. Asimismo, son competentes para la imposición de sanción de advertencia por faltas leves a los jueces y magistrados dependientes de ellos.

Todos los Presidentes podrán dirigir los Juzgados o Tribunales de su circunscripción, y dentro del ámbito de sus competencias gubernativas, las prevenciones que estimen oportunas para el mejor funcionamiento de los órganos jurisdiccionales.

Los Presidentes de las Salas de Justicia y los jueces

Tanto los Presidentes de las Salas de Justicia, que son los órganos colegiados que ejercen la potestad jurisdiccional, como los jueces, que son los titulares de los órganos jurisdiccionales unipersonales, tienen encomendada la dirección e inspección de todos los servicios y asuntos en su respectivo órgano.

Los Decanos y las Juntas de jueces y de magistrados

Los jueces decanos son elegidos por sus compañeros en aquellas poblaciones en donde existan más de 10 juzgados. En donde haya menos de diez pero más de 2 será decano el juez que mejor puesto ostente en el escalafón. Representan a los jueces en su población y presiden la Junta de Jueces.

En todo caso, corresponde a los jueces decanos: resolver en única instancia los recursos gubernativos que quepa interponer contra las decisiones de los Secretarios Judiciales en materia de reparto; poner en conocimiento de la Sala de Gobierno toda posible anomalía en el funcionamiento de servicios comunes procesales de su territorio; y, resolver cuantos recursos les atribuyan las Leyes procesales.

La Junta de Jueces puede ser convocada por el decano a instancia de 1/4 de los Jueces de la población. También puede convocarlas el presidente del TSJ, en cuyo caso se denominan "reuniones de jueces". Las ordinarias pueden ser "generales" para tratar asuntos que incumben a todos los jueces, "sectoriales" cuando abarcan sólo a los jueces de un determinado orden jurisdiccional y "provinciales" cuando abarcan a los jueces de toda una provincia.

También los magistrados pueden reunirse en Junta -convocada por el Presidente de Sala- para la unificación de criterios y la coordinación de prácticas procesales.

La inspección de los Tribunales

La inspección comprende el examen de todo cuanto resulte necesario para conocer el funcionamiento del Juzgado o Tribunal y el cumplimiento de los deberes del personal judicial, atendiendo en particular a la rapidez y eficacia en la tramitación de los asuntos.

El CGPJ ejerce la superior inspección y vigilancia sobre todos los Juzgados y Tribunales. Los Presidentes del TS, de la AN, de los TSJ, de las AP, los Presidentes de Sala y de Sección, e incluso los jueces sobre su Juzgado, dirigen la inspección ordinaria de sus respectivos ámbitos.