La exclusividad de la jurisdicción

El principio de unidad jurisdiccional

Concepto y fundamento

Art. 117.5 de la CE: "El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los Tribunales."

Esta declaración vino a restablecer la norma, en contra de las "jurisdicciones especiales" del antiguo régimen. Una Jurisdicción está informada por el susodicho principio de unidad cuando la potestad jurisdiccional es encomendada exclusivamente a los jueces y magistrados. Las Jurisdicciones especiales se caracterizan y diferencian de los tribunales ordinarios por la concurrencia en ellas de dos notas esenciales: desde un punto de vista formal no se rigen por las disposiciones de la LOPJ, ni forman parte del Poder Judicial y, sobre todo, desde el material, carecen de independencia frente a los demás poderes del Estado y, de modo especial, frente al Ejecutivo. Las actuaciones que ante ellas transcurren no pueden merecer la denominación de proceso, sino la de un mero procedimiento, expresión formal de una solución autocompositiva.

El fundamento del principio de unidad, por consiguiente, es el mismo que el de la propia legitimación del oficio judicial: "la independencia y la sumisión a la Ley de los Juzgados y Tribunales". De nada serviría la proclamación de la sumisión del Estado al imperio del Derecho, y la exigencia democrática de que las leyes promulgadas por el Parlamento hayan de ser imparcialmente aplicadas a los casos concretos, si aquella potestad pudiera ser sustraída del Poder Judicial y encomendada a los funcionarios más sumisos del Poder Ejecutivo. El principio de unidad jurisdiccional es, en general, consustancial a todo sistema democrático.

Evolución histórica

El principio de unidad jurisdiccional no fue instaurado hasta la publicación en 1868 del Decreto de unificación de fuero. El referido principio experimentó sus primeras grietas como consecuencia de la expansión de jurisdicciones especiales más emprendedoras. Cuando el principio de unidad sufrió las mayores agresiones fue con el nuevo Estado, surgido tras la sublevación militar de 1936. El Tribunal de Orden Público, junto con la "jurisdicción militar", compartió la función de represión de los delitos políticos; la "jurisdicción eclesiástica" el derecho de familia. En el estado franquista se optó por la vía de extraer de la Jurisdicción determinadas materias con respecto a las cuales el Ejecutivo desconfiaba de la actuación imparcial de lo Tribunales. Con el advenimiento de la Monarquía parlamentaria afortunadamente se produce una política legislativa de signo inverso, tendente a la abolición de las jurisdicciones especiales.

Régimen jurídico vigente

Art. 3 de la LOPJ: "La jurisdicción es única y se ejerce por los Juzgados y Tribunales previstos en esta ley, sin perjuicio de las potestades jurisdiccionales reconocidas por la Constitución a otros órganos".

No se ha querido efectuar en nuestro ordenamiento una consagración rotunda y radical del referido principio de unidad. La existencia de otros órganos jurisdiccionales es la que ha motivado esta declaración flexible del principio de unidad.

Los únicos órganos judiciales que pueden instaurarse fuera del Poder Judicial son los expresamente previstos en nuestra propia Ley Fundamental, a saber: los "tribunales consuetudinarios y tradicionales", el Tribunal de Cuentas y el Tribunal Constitucional.

En los referidos órganos jurisdiccionales, sin embargo, el requisito de la independencia judicial concurre en su plenitud, aunque a través de una distinta regulación, razón por la cual deben ser conceptuados como Tribunales especiales.

La jurisdicción militar

Art. 117.5 de la CE: "la ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito castrense y en los supuestos de estado de sitio".

La jurisdicción militar es, sin duda alguna, la única jurisdicción especial que constitucionalmente legitima su subsistencia (art. 117.5 CE).

Concepto y fundamento

La jurisdicción militar, en un sistema democrático, tiene por finalidad asegurar la disciplina en una organización fuertemente jerarquizada. Ha de ceñirse a los delitos que atenten a la disciplina castrense, y por razón de lugar, a los cometidos dentro de los cuarteles y en actos de servicio, y por razón de las personas, tan sólo a los militares y nunca a los civiles. Un segundo requisito es la independencia y sumisión a la ley y al Derecho de conformidad con la jerarquía normativa y el sistema de fuentes.

Naturaleza y régimen vigente

En la actual Monarquía Parlamentaria cabe distinguir dos etapas diferenciadas: una, desde la promulgación de la CE al día 1 de junio de 1986, fecha de entrada en vigor del Código Penal Militar (LO 13/1985) y de la Ley de Régimen disciplinario de las fuerzas armadas (LO 12/1985), y otra, desde la promulgación de tales Leyes de 1985 hasta hoy.

La jurisdicción militar como "jurisdicción especial". Los Tribunales militares conformaban una auténtica jurisdicción especial, por cuanto carecían de toda independencia. Aun cuando los tres fueros (materia, lugar y personas) fueron ya proclamados, lo cierto es que la concurrencia de dichos criterios no era simultanea, sino alternativa. El TC se vio obligado, a golpe de sentencia, a intentar ceñir la jurisdicción militar, fundamentalmente por la vía de entender que todo acto emanado de la Administración Militar era susceptible de ser revisado ante los Tribunales Contencioso-Administrativos.

La jurisdicción militar como jurisdicción mixta. Los tribunales militares aparecen configurados como órganos jurisdiccionales mixtos, situados a mitad de camino entre lo que es una jurisdicción militar y lo que debe ser un tribunal ordinario, perteneciente, formal y materialmente, al Poder Judicial. Las reformas han estado orientadas a reducir fuertemente la competencia de dicha jurisdicción y a potenciar la independencia judicial dentro de las misma:

  • Mayor reducción del ámbito estrictamente castrense.La práctica totalidad de los delitos, que podríamos denominar comunes, cometidos por militares, son juzgados por los tribunales ordinarios, integrantes del Poder Judicial. Con todo, y sin negar la importantísima autorrestricción de la Jurisdicción militar, la reforma sustantiva adolece de un defecto importante y es el de considerar que la competencia de la Jurisdicción militar ha de efectuarse exclusivamente atendiendo a la naturaleza militar del delito.

  • Potenciación de la "independencia judicial". La LOCOJM de 1987 calificó la jurisdicción militar como "integrante del Poder Judicial del Estado". De secundar esta configuración legal de la jurisdicción militar, habría que reputar a sus Juzgados y Tribunales como órganos judiciales ordinarios "especializados".

El monopolio de la Jurisdicción

El monopolio jurisdiccional, se atribuye en nuestra Constitución a los Juzgados y Tribunales establecidos por las leyes (art. 117.3) y a tenor del cual, el art. 2.1 de la LOPJ proclama "el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando  y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan".

Se encuentra fundado en la prohibición que tienen los particulares de acudir a la "autodefensa" como medio para solucionar conflictos, y las coacciones contra las personas, de tal modo que no pueden los ciudadanos "tomarse la justicia por su mano", debiendo acudir a la tutela judicial.

A este principio de exclusividad (monopolio) no se opone la posibilidad de que determinados conflictos intersubjetivos puedan solucionarse extramuros de la Jurisdicción a través del arbitraje. Se encuentra fundado en el principio dispositivo (poder de disposición) que tienen los ciudadanos sobre determinados derechos subjetivos o relaciones jurídicas.

Viene regulado por la Ley de Arbitraje de 2003, la cual exige que "recaiga sobre materias de su libre disposición conforme a Derecho".

La legitimación estriba en la previa suscripción por las partes de un convenio arbitral, por el que someten al arbitro los litigios que pudieran surgir.

Los árbitros ostentan la potestad de juzgar, pero no la de hacer ejecutar lo juzgado. Sus decisiones definitivas, llamadas "laudos arbitrales", equivalen a una Sentencia. La parte interesada puede instar su ejecución ante el Juez de 1ª Instancia de la demarcación en donde se dictó el laudo, a través del procedimiento de ejecución de Sentencias.

La atribución de la potestad jurisdiccional a Juzgados y Tribunales

Dicho monopolio consiste en "juzgar y hacer ejecutar lo juzgado", lo que significa que ha de ser, tanto en la fase declarativa, como en la ejecutiva.

En la fase declarativa

Se establece que todos los litigios y conflictos sociales, que surjan, han de ser solucionados por el Juez legal, predeterminado por la Ley, conforme al principio de legalidad procesal.

En la fase de ejecución

Se encuentra implícito en la exigencia de que la tutela de los derechos e intereses legítimos se "efectiva". La resistencia a la ejecución del fallo permitirá al acreedor ejercitar el oportuno recurso de amparo.

Todos los ciudadanos y demás Poderes del Estado quedan obligados a cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes, y a prestar la colaboración en la ejecución de lo resuelto.

Con todo, todavía permanecen privilegios difícilmente justificables, tales como la expropiación de derechos reconocidos en la Sentencia, la novación y el aplazamiento del fallo.

La autotutela administrativa y la potestad sancionadora

La Administración Pública, para obtener el logro de sus fines constitucionales (art. 103 CE), ostenta las prerrogativas de la autotutela administrativa y la potestad sancionadora.

La autotutela administrativa

A la Administración Pública le corresponde dictar actos y Reglamentos administrativos, según la LRJPAC.

Ejercita funciones juzgadoras, declarativas y ejecutivas. El acto administrativo ha de ser congruente, motivado y fundado en Derecho, y es directamente ejecutivo, sin necesidad de acudir al proceso judicial de ejecución, a través de distintos medios (apremio, ejecución subsidiaria, multa coercitiva y compulsión).

Esto no supone una excepción al monopolio, ya que si el administrado estima que el acto no resulta acorde a Derecho, siempre puede obtener su revisión Jurisdiccional a través del recurso contencioso-administrativo.

La potestad sancionadora

La Administración ostenta la potestad sancionadora con dos limitaciones, negativa la una y positiva la otra: según la primera y de conformidad con el monopolio jurisdiccional de imposición de penas privativas de libertad, le está vedado a la Administración imponer dichas penas privativas de libertad, pudiendo solo irrogar sanciones privativas de derechos; de conformidad con la segunda, y al igual que cualquier acto administrativo, también puede el administrado recurrir su sanción mediante la interposición del recurso contencioso-administrativo.

Esto tampoco infringe el monopolio, ya que las sanciones administrativas son interinas, pudiendo ser revisadas por los Tribunales. O lo que es lo mismo "si bien el Poder Ejecutivo ostenta la primera palabra, la última corresponde siempre al Poder Judicial".

Funciones no jurisdiccionales atribuidas por la Ley a Juzgados y Tribunales

Si bien el art. 117.3 de la CE proclama la exclusividad jurisdiccional, el 117.4 dice del sentido negativo del mismo principio, "no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que le sean atribuidas por Ley", lo que refuerza la división de poderes.

Veamos que funciones, distintas  a la jurisdiccional, les son atribuidas por Ley a Jueces y Magistrados.

El Registro Civil

La LOPJ atribuye a los Juzgados y Tribunales la llevanza del Registro Civil.

El Registro Civil es institucionalmente único, se trata de un Registro de naturaleza administrativa, y se divide en cuatro Secciones:              

  1. Nacimientos y General

  2. Matrimonios

  3. Defunciones

  4. Tutelas y Representaciones Legales

Tales secciones integran el Registro Municipal. Independientemente se encuentran los Registros Consulares, donde se inscriben los españoles residentes en el extranjero y, por encima de ambos, el Registro Central que depende de la Dirección General de los Registros y del Notariado del Ministerio de Justicia.

La investigación penal

Antiguamente, en el siglo XIX, existía confusión en una misma persona de las funciones de investigación, acusación y decisión. En la actualidad, se asume en nuestro país el proceso penal de tipo acusatorio formal o mixto, en el que se separan los tres papeles y se atribuye su ejercicio a distintos órganos: la acusación pública al Ministerio Fiscal, la investigación al Juez de Instrucción, y la decisión a la Audiencia.

Sin embargo, la investigación de los delitos no es tarea que deba entenderse como función propia de los jueces y magistrados. La investigación de las infracciones penales debe sustraerse de las atribuciones de los Juzgados y Tribunales en razón del principio constitucional de exclusividad negativa. Por consiguiente, la investigación de los delitos y faltas debería encomendarse, con ventaja para todo el sistema, al Ministerio Fiscal.

La jurisdicción voluntaria

Otra función no jurisdiccional ha sido la de intervenir en los actos de jurisdicción voluntaria.

Los asuntos de jurisdicción voluntaria son aquellos en los que resulta necesaria o se solicita la intervención judicial sin estar empeñada ni promoverse cuestión o controversia alguna entre partes conocidas y determinadas, tales como la celebración de un matrimonio, la convocatoria judicial de Junta General o el expediente de dominio de la Ley Hipotecaria.

A estas alturas resulta conveniente el Proyecto de Ley de Jurisdicción Voluntaria, sin perjuicio de descongestionar a los Jueces de tales impropios actos procesales, incrementando la competencia de otros fedatarios públicos.

Otras funciones

El legislador ordinario delega "en garantía de cualquier derecho", funciones relevantes que no son estríctamente jurisdiccionales, atendiendo para ello a dos criterios:

Criterio objetivo

A fin de tutelar el derecho al sufragio, destaca la intervención de jueces y magistrados en los procesos electorales, a través de Juntas Electorales con hegemonía de judicatura.

A fin de tutelar el derecho a la propiedad, los "Jurados de Expropiación" estarán presididos por un Magistrados.

Criterio subjetivo

A fin de tutelar el derecho a la vida, sobre donación y transplante de órganos, exige la intervención del Juez encargado del Registro Civil para la prestación de consentimiento de un donante vivo, o caso de donante fallecido autorizar el transplante.

A fin de tutelar el derecho a la libertad, solo el Juez puede decretar el internamiento en un centro, de un extranjero con expediente de expulsión.