La asistencia jurídica gratuita

La asistencia jurídica gratuita

Establece el art. 119 de la CE el derecho a la justicia gratuita; la justicia será gratuita cuando así lo disponga la ley y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

El art. 20 de la LOPJ recoge la declaración constitucional y la prohibición de exigir fianzas que por su inadecuación impidan el ejercicio de la acción popular; además, recoge el mandato de que una ley ordinaria regulará un sistema de justicia gratuita que dé efectividad a los derechos contemplados en el art. 119 y 24 de la CE. Ley 1/1996, de 10 de enero, sobre Asistencia Jurídica Gratuita.

Tienen derecho a la asistencia jurídica gratuita fundamentalmente los ciudadanos españoles, a los que se asimilan los ciudadanos de los Estados miembros de la Unión Europea y los ciudadanos de otros países, siempre que residan legalmente en España. En todo caso, han de acreditar la insuficiencia de recursos para litigar. Además de estas persona, pueden solicitar el derecho de asistencia gratuita en el orden jurisdiccional social, y sólo para lo que se refiere a la defensa enjuicio, todos los trabajadores y todos los beneficiarios del sistema de la Seguridad Social, con independencia de cuáles sean su ciudadanía y el régimen de residencia que tengan en España. En el orden jurisdiccional penal, tienen derecho a la asistencia letrada, defensa y representación gratuita todos los ciudadanos extranjeros, sin condicionamiento alguno.

Por último, en el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, y en materia de solicitud de asilo, tienen derecho a la asistencia letrada, a la defensa y a la representación gratuita, cualquier ciudadano extranjero sin condicionamiento alguno. Igualmente tienen derecho a la asistencia gratuita las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones inscritas en el Registro correspondiente.

Sujetos del derecho a la asistencia jurídica gratuita

Personas físicas

El art. 2 LAJG reconoce el derecho a la asistencia gratuita a "Los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar". 

Junto a los anteriores sujetos, también se reconoce el derecho, en el orden jurisdiccional social, "a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto para la defensa en juicio como para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales. Asimismo, el derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce a los trabajadores y beneficiarios de la Seguridad Social para los litigios que sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo".

Personas jurídicas

La LAJG extiende el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, previa acreditación de insuficiencia de recursos para litigar a:  "Las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, en todo caso. A las Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y a las Fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente".

Requisitos para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

STC: se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas cuyos recursos e ingresos económicos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, no superen el doble del salario mínimo interprofesional vigente al momento de efectuar la solicitud. La ley entiende que constituye la unidad familiar la integrada por los cónyuges no separados legalmente y por los hijos menores no emancipados; y la formada por el padre o la madre y los hijos menores de edad no emancipados. Cuando se trata de personas jurídicas el límite mínimo se establece en la Ley en una base imponible en el Impuesto de Sociedades igual o superior al triple del salario mínimo interprofesional.

Supuestos en los que, teniendo el justiciable unos ingresos superiores al mínimo establecido, sin embargo no tenga los medios suficientes para pagar los gastos de asistencia judicial (número de hijos, estado de salud, obligaciones económicas que pesen sobre él...). En estos supuestos el órgano encargado de reconocer la asistencia gratuita podrá concederla total o parcialmente.

La Ley establece que el derecho a la asistencia jurídica gratuita sólo podrá reconocerse en los supuestos concretos en los que la persona que los solicita piense litigar o litigue en defensa de derechos o intereses propios.

En los supuestos de sobreveniencia de una situación económica dentro de los límites establecidos en la Ley, una vez iniciado el proceso con la demanda o contestada ésta, se podrá reconocer el derecho siempre que la nueva situación económica se acredite convenientemente.

Contenido de la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita comprende las siguiente prestaciones:

  • Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso cuando se pretenda evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la pretensión.

  • Asistencia de abogado al detenido o preso que no lo hubiera designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano jurisdiccional, o cuando ésta se lleva a cabo por medio de auxilio judicial y el detenido o preso no hubiere designado letrado en el lugar donde se preste.

  • Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en los supuestos judiciales que la ley establezca o en los que se imponga por el órgano judicial.

  • Inserción gratuita de anuncios o edictos que deban publicarse en los periódicos oficiales, siempre dentro del curso del proceso.

  • Exención del pago de depósitos que algunas veces la ley exige para la interposición de los recursos.

  • Asistencia pericial en el proceso.

  • Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales.

  • Reducción del 80% de los derechos arancelarios que correspondan por el otorgamiento de escrituras públicas, por la obtención de copias y testimonios notariales.

El derecho de asistencia jurídica gratuita se otorga para todos los trámites e incidencias, así como instancias y recursos extraordinarios de un mismo proceso. Lo que quiere decir que no se tiene derecho en términos generales a la asistencia jurídica gratuita, en todo caso y por todo tiempo, sino que ese es un derecho circunscrito a un proceso determinado o a sus prolegómenos.

Procedimiento para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita

El derecho a la asistencia jurídica gratuita se reconoce en vía administrativa por unos nuevos órganos de la Administración denominado Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. Estas Comisiones tendrán su sede en cada una de las capitales de provincia, en Ceuta y Melilla y en cada isla en que existan uno o más partidos judiciales. Aunque el órgano decisor es la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, en el reconocimiento del derecho tiene una actuación muy importante el Colegio de Abogados, que es quien recibe la solicitud, quien ordena la subsanación del los posibles defectos de la solicitud y quien lo reconoce o lo deniega provisionalmente, dando lugar a la posterior actividad de la Comisión encargada de reconocer o negar definitivamente el derecho.

La solicitud de reconocimiento produce la suspensión del proceso que pueda estar en marcha a fin de evitar que el tiempo que necesariamente transcurre en la tramitación del procedimiento administrativo pueda perjudicar al derecho de defensa del solicitante.

La resolución, si es de reconocimiento, confirma los nombramientos provisionales de abogado y procurador que en su momento pudieron llevar a cabo los Colegios respectivos. Si es denegadora, las designaciones de abogado y procurador que eventualmente se pudieron haber hecho quedarán sin efecto, debiendo el solicitante abonar los honorarios que se hubieran devengado.

Los Colegios de Abogados están obligados a la organización, dentro de su sede, de los servicios de asistencia letrada. Corresponde al Estado, a través del Ministerio de Justicia, aportar los fondos necesarios para hacer frente a este servicio público. Los profesionales que intervienen en el servicio tienen derecho a no prestar el servicio para el que han sido requeridos siempre que estimen que el derecho que se pretende ejercitar por el justiciable no tiene fundamento alguno, o es insostenible el recurso que se pretende interponer.