El personal jurisdiccional

Los jueces y magistrados

El juez diseñado por nuestra Constitución no puede ser otro que el "independiente y sometido al imperio de la Ley" (art. 117.1 CE). En la medida en que el estatuto de los jueces y magistrados está dirigido a garantizar esta independencia judicial y un nivel técnico de conocimientos en Derecho suficiente para asegurar la imparcial aplicación del Derecho, el art. 122.1 CE ha consagrado la más estricta reserva de Ley Orgánica del Poder Judicial.

Estatuto jurídico y ámbito de aplicación

Concepto y regulación. Art. 117.1: la justicia se administra por jueces y magistrados independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley, garantías que conforman un status propio de los integrantes del Poder Judicial en el concierto de los servidores públicos. Jueces y magistrados de carrera formarán un cuerpo único. Toda la vida administrativa de los jueces y magistrados, las normas que regulan sus vicisitudes profesionales desde el ingreso a la jubilación, y las posibles contingencias en su vida funcionarial, deberán contenerse en la LOPJ.

Ámbito de aplicación. Junto a los jueces y magistrados de carrera, el estatuto judicial es de aplicación también a quienes, sin pertenecer a la carrera judicial, de un modo provisional o temporal ejercen jurisdicción, sean los jueces de provisión temporal, los sustitutos o los magistrados suplentes, sean los jueces de paz.

El art. 122 CE, en una norma impropia de un texto constitucional, ha sentado la exigencia de que los jueces y magistrados de carrera formen un cuerpo único, dentro del cual se podrá conseguir la oportuna promoción. La Carrera Judicial consta de tres categorías: Magistrado del TS, magistrado y juez.

También ejercen funciones jurisdiccionales sin pertenecer a la carrera judicial, con sujeción al régimen establecido en la LOPJ, sin carácter de profesionalidad y con inamovilidad temporal, los magistrados suplentes, los que sirven plazas de jueces como sustitutos, los jueces de paz y sus sustitutos.

Los "jueces sustitutos" son nombrados para suplir la falta de titular de un juzgado determinado, que sea único juzgado en la localidad o cuando exista incompatibilidad de señalamientos por la existencia de vacantes numerosas o por otras circunstancias análogas. Estos nombramientos tendrán carácter excepcional y su necesidad deberá ser debidamente acreditada o motivada. Estos jueces sustitutos, que tienen la misma jurisdicción que el titular, se designan de la misma manera que los magistrados suplentes.

Los "magistrados suplentes" y los jueces sustitutos ejercen funciones jurisdiccionales cuando son llamados para ello. El nombramiento se efectuará por el CGPJ para un año judicial y sólo podrá recaer en quienes reúnan los requisitos exigidos para el ingreso en la carrera judicial.

Los "jueces en régimen de provisión temporal" ocupan las plazas de esta categoría que hubieran resultado desiertas en los concursos, mediante este régimen extraordinario y hasta tanto sean cubiertas por los procedimientos ordinarios. Podrán participar quienes reúnan los requisitos exigidos para el ingreso en la carrera judicial.

Los "jueces de adscripción territorial" son designados por el Presidente del TSJ "como refuerzo de órganos judiciales o en aquellas plazas cuyo titular se prevea que estará ausente por más de 3 meses o, excepcionalmente, por tiempo superior a un mes" (art. 347 bis).

Los jueces de paz, y sus sustitutos cuando fueren llamados, como titulares de los Juzgados del miso nombre, ejercen la potestad jurisdiccional, pero tampoco tienen carácter profesional y su inamovilidad es temporal. Han de reunir los requisitos exigidos en la LOPJ para el ingreso en la carrera judicial, salvo la licenciatura de Derecho. Serán elegidos por el Pleno del Ayuntamiento, con el voto favorable de la mayoría absoluta de sus miembros. Serán nombrados para un periodo de cuatro años por la Sala de Gobierno.

El ingreso en la carrera judicial

Requisitos de capacidad

Se exige ser español, mayor de edad y licenciado en Derecho, así como no estar incurso en alguna de las causas de incapacidad o de incompatibilidad que establece la Ley.

Modalidades de ingreso

Puede tener lugar a través de tres vías:

  1. La oposición libre permite, una vez superados los ejercicios y el curso correspondiente, el ingreso en la carrera judicial por la categoría de juez. Los aspirantes que superen la oposición seguirán un curso en el Centro de Selección y Formación de Jueces y Magistrados.

  2. Mediante concurso-oposición, para las categorías de juez, o concurso, para las categorías de magistrado y Magistrado del TS. Los requisitos son distintos. Una cuarta parte de las plazas que se convoquen se reservarán para ser cubiertas por este turno. Es preciso contar con seis años, al menos,de ejercicio profesional como jurista. Superado el concurso-oposición los aspirantes habrán de seguir en la Escuela Judicial un curso del mismo modo que quienes superaron la oposición. El ingreso por la categoría de magistrado puede hacerse en virtud de concurso. Es preciso ser jurista de reconocida competencia con más de diez años de ejercicio profesional. También puede ingresarse en la carrera judicial por la categoría de Magistrado del TS mediante concurso entre abogados y otros juristas de prestigio con méritos suficientes a juicio del CGPJ y más de quince años de ejercicio profesional.

  3. Magistrados de los TSJ. Se integran de un modo sui generis en la carrera judicial. Un jurista de reconocido prestigio con más de diez años de ejercicio profesional.

Traslados, promoción y situaciones administrativas

Traslados y ascensos. Las plazas que resulten vacantes en los distintos órganos jurisdiccionales se ofertarán en un primer momento para su provisión a los jueces y magistrado, sin perjuicio de la reserva para juristas que puedan ingresar en la judicatura. Los concursos para la provisión de los Juzgados se resolverán a favor de quien, ostentando las categorías necesarias, tenga mejor puesto en el escalafón.

Al existir sólo tres categorías en la carrera judicial, los ascensos pueden darse desde la de juez ala de magistrado y desde ésta a la categoría de Magistrado del TS. Para ascender a la categoría de Magistrado la LOPJ ha establecido dos mecanismos: la antigüedad y las pruebas selectivas o la especialización, según los casos. De cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de Magistrado dos se cubrirán con los jueces que ocupen mejor puesto en el escalafón. La tercera, por medio de pruebas selectivas o de especialización entre jueces. La cuarta, como se dijo antes, por concurso entre juristas de reconocida competencia. Cuatro de cada cinco plazas de Magistrado del TS se han de cubrir entre miembros de la carrera judicial con la categoría de Magistrado. De ellas corresponderán dos a los magistrados que hubiesen ascendido mediante pruebas selectivas o especialización, y otras dos se proveerán entre magistrados atendiendo solamente al criterio escalafonal.

Situaciones administrativas. Diferentes situaciones administrativas en la carrera judicial:
  • servicio activo (cuando se ocupa una plaza correspondiente a la carrera judicial o cuando estén pendientes de la toma de posesión de otro destino);

  • servicios especiales;

  • situación de excedencia forzosa (cuando se suprime la plaza de que son titulares, con el obligado cese en el servicio activo);

  • excedencia voluntaria ( se concede a los jueces y magistrados que lo solicitan por razones de interés particular, siempre que hubieran completado tres años de servicios efectivos en la carrera judicial, y en esta situación no se podrá permanecer más de diez años continuados ni menos de dos años);

  • suspensión (supone la privación temporal del ejercicio de las funciones de juez o magistrado, y puede ser provisional o definitiva).

Incompatibilidades y prohibiciones

Causas de incapacidad: los impedidos física o psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso hasta tanto no hayan sido rehabilitados, los procesados o inculpados por delitos de esta naturaleza hasta que sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento; los que no se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles.

Incompatibilidades. Del cargo del juez o magistrado: ejercicio simultáneo de funciones jurisdiccionales y el desempeño en el mismo tribunal o en la misma población de otros cargos. La infracción de incompatibilidades establecidas en la LOPJ constituye una falta disciplinaria muy grave. El cargo de juez o magistrado es incompatible con el ejercicio de funciones jurisdiccionales en órganos ajenos al Poder Judicial; con cualquier cargo de elección popular o designación política;con empleos o cargos dotados o retribuidos en cualquiera de las Administraciones Públicas, con el ejercicio de la abogacía, con los empleos de todas clases en tribunales de cualquier orden.

Prohibiciones. No podrán los jueces o magistrados en activo pertenecer a partidos políticos o sindicatos. Línea de garantizar la independencia de los jueces y magistrados.

El asociacionismo judicial: Como contrapartida por la prohibición constitucional de que los jueces y magistrados pertenezcan a sindicatos, el propio art. 127.1 de la CE prevé que la ley establezca el sistema y modalidades de asociación profesional. Las asociaciones no podrán tener vinculaciones con partidos políticos o sindicatos. Exige su previa inscripción en el Registro. Las asociaciones profesionales deberán tener ámbito nacional y sólo podrán formar parte de ellas los jueces y magistrados en activo. Podrán tener como fines lícitos defender los intereses profesionales de sus miembros en todos los aspectos, así como realizar actividades encaminadas al servicio de la Justicia.

Los Secretarios Judiciales

Funciones

Los secretarios judiciales son técnicos superiores de la Administración de Justicia que ostentan el carácter de autoridad y a quienes la LOPJ les encomienda, bajo los principios de legalidad, autonomía e imparcialidad, el ejercicio de la fe pública judicial, las potestades de documentación, archivo y custodia de las actuaciones procesales, ordenatoria y resolutoria en materias de conciliación, ejecución y jurisdicción voluntaria, la indagación del domicilio real del demandado, la tramitación de la reconstrucción de autos, el impulso procesal y la suspensión del proceso y de las vistas, la designación del magistrado ponente, señalamientos de vistas de conformidad con el presidente y de nuevos señalamientos por imposibilidad de los intervinientes en ella, por recusación sobrevenida o por interrupción de la vista, la policía de vistas en las que deba intervenir exclusivamente, la función de dación de cuenta de las peticiones que exijan el pronunciamiento de los tribunales, la dirección técnica de la oficina judicial, la colaboración en la gestión tributaria y la confección de la estadística judicial.

Los Secretarios como funcionarios de la Administración de Justicia

Los secretarios pertenecen a la llamada "administración de la Administración de Justicia" cuya competencia retiene el Ministerio de Justicia. Son un órgano de colaboración con carácter de funcionarios de la Administración Pública.

El Secretario como depositario de la fe pública judicial: la potestad de instrumentación

El secretario, en la medida en que ejercita la fe pública, levantando actas o dictando diligencias, es una "autoridad imparcial" y su estatuto se asemeja al del juez. Los secretarios ejercen, con absoluta independencia, la "potestad de instrumentación" que tiene por objeto otorgar el carácter de documento público con autenticidad formal intrínseca, de manera que las actas y diligencias, en las que intervienen, producen constancia fehaciente de los actos procesales intervenidos. Esta potestad de instrumentación se extiende también a la formación de autos y expedientes y a la de su archivo y custodia.

La potestad ordenatoria y resolutoria del Secretario

El secretario judicial también ejercita una potestad resolutoria que incide en la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

Las diligencias de ordenación son resoluciones del secretario en materias objeto de "providencia", "auto" o "sentencia" y que tienen por objeto la impulsión del procedimiento. La LOPJ denomina "diligencias" a las resoluciones del secretario, y pueden ser "de ordenación", "de constancia", "de comunicación" y "de ejecución".

Los decretos son resoluciones motivadas, similares a los autos, que el secretario podrá dictar en determinadas materias, y que decidirían puntos esenciales o pondrían fin al procedimiento.

El Secretario judicial como órgano de comunicación

El secretario es un órgano de comunicación entre el tribunal y las partes, de un lado, y con las demás autoridades y órganos jurisdiccionales, de otro.

El Secretario director de la oficina judicial

El secretario dirige la oficina judicial, donde puede impartir órdenes e instrucciones al personal colaborador integrante. A tal efecto, actuará bajo los principios de unidad, dependencia jerárquica, división de funciones y coordinación, encontrándose sometido a las órdenes o directrices de su Secretario de Gobierno, del secretario coordinador y de las diversas autoridades que ostenten competencias.

La Ley 13/2009 instauró las "Oficinas de Señalamiento Inmediato", que se establecen en todos los partidos judiciales que tengan especializados los juzgados de primera instancia y los de Instrucción. Tienen carácter de servicio común procesal para todos los juzgados en todo lo referente a las funciones de registro, reparto, señalamiento de vistas y comparecencias.

Otras funciones

También al secretario judicial le corresponde la gestión de los tributos que le sea encomendada en la normativa específica. La LEC le encomienda la "tasación de costas". También le incumbe la confección de la estadística judicial.

Estatuto

Los secretarios judiciales ingresan a través del sistema de oposición o concurso-oposición, que convoca el Ministerio de Justicia. En el ingreso se exigen los mismos requisitos de acceso a la carrera judicial y la superación de un curso de formación en el Centro de Estudios Jurídicos.

Las incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones, jubilación, y situaciones administrativas de los secretarios son idénticas a las de los jueces y magistrados, lo que, unido a su condición de depositarios de la fe pública judicial, permitiría encuadrarlos dentro del Poder Judicial.