La administración de Justicia, la Hacienda, el Ejercito y la Iglesia (Visigodos)

La Administración de Justicia: jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales

La administración de la justicia visigoda sufrió una evolución que partiría de su impartición por la propia comunidad, de acuerdo con los criterios de una concepción privada de la justicia hasta llegar a su estabilización, lo que consolidó al monarca como el único con capacidad para administrar justicia. La jurisdicción ordinaria estuvo encabezada por el rey, si bien se pueden establecer diferencias entre la etapa del reino de Tolosa, en que el rey era a la vez juez de primera instancia y de apelación, y un momento posterior en el que se pasó a la concesión de competencias judiciales a funcionarios de la administración territorial y local (dux, comes y iudex), teniendo todos estos cargos competencias judiciales.

La relación que tuvo el iudex con el conde no está del todo clara, dada la aplicación genérica del termino iudex a todo aquel con atribuciones judiciales. En las ciudades sin comes, se le supone capacidad judicial al defensor civitatis.

El tema a discutir sobre la organización judicial es si existió una unidad de jurisdicciones o si eran distintos funcionarios los que administraban justicia a godos y a hispanorromanos, basándose en la figura del thiufadus que mencionan las fuentes.

  • Los que piensan que en un principio había jurisdicciones distintas para godos e hispanorromanos, aunque pronto desapareció la dualidad. Se basan en la consideración de que el thiufadus era el juez de los godos mientras que a los hispanorromanos les administraba justicia el iudex.

  • Los que consideran que la unificación de jurisdicciones se produjo en un momento tardío.

  • Los que creen que no hubo diversidad jurisdiccional en ningún momento (D´Ors) sino que el thiufadus siempre fue un funcionario militar sin competencias judiciales.

Jurisdicciones especiales

La legislación visigoda únicamente contemplaba la jurisdicción ordinaria del Estado, aunque en la práctica existieron otras jurisdicciones especiales.

  • La más característica era la militar al existir un derecho militar especial. Los jefes militares estaban facultados para la administración de justicia, llegando a imponer penas especiales para algunos delitos.
  • Otro tipo de jurisdicción fue la señorial, teniendo los grandes propietarios jurisdicción sobre los habitantes de sus tierras.
  • La jurisdicción eclesiástica entendía de la fe, disciplina y negocios civiles de los clérigos, desde una Constitución del 318 reconoció esta jurisdicción, y ordenó que los funcionarios civiles ejecutasen las sentencias provenientes de los tribunales eclesiásticos.

El privilegium fori consistía en la facultad de que los clérigos pudiesen acudir a sus obispos para que dictaminase en los asuntos civiles que les concernían, discutiéndose por la doctrina las causas criminales de los mismos. Esta jurisdicción era ejercida también en los casos de los delitos de superstición, idolatría e infanticidio.

Existe el derecho de asilo, que aparece recogida en el Breviario de Alarico.

Consistía en la extensión de la protección existente para las Iglesias a los que se cobijaban en el templo, en sus pórticos o jardines circundantes. Para ello era preciso que el que solicitaba el asilo hubiese abandonado las armas previamente. La violación de este derecho llevaba aparejada la pena de muerte.

  • Hay autores que consideran que en la época de los visigodos existió una jurisdicción fiscal a cargo de los numerarii y una jurisdicción mercantil encabezada por los telonarii (jueces especiales, que entendía en los litigios entre extranjeros).

La Hacienda visigoda: órganos e impuestos

La organización financiera

En el Concilio VIII de Toledo se hace distinción entre los patrimonios del Estado y del rey.

Existe una cierta unanimidad al pensar que la organización financiera se basaba en la hispanorromana, aunque hay autores como Pérez-Prendes, que señalan que aunque se mantuviera el sistema romano, ello no supone que se conservaran los principios que lo sustentaban, señalando así como principios del sistema fiscal visigodo, el principio de economía, el de imposición no agobiante y el de utilidad pública.

García Moreno considera que durante el reino de Tolosa perduró la organización del Bajo Imperio, pero desde Chindasvinto quedó en manos militares (dux).

Otro tema de discusión es sobre el sujeto impositivo. Algunos consideran que los godos estaban exentos del pago, otros que estaban sometidos a iguales cargas tributarias o que las desigualdades se producían por las condiciones sociales. También se duda si las iglesias y monasterios estaban o no exentos.

Como funcionarios fiscales podemos citar:

  • Comes patrimononiorum, jefe de la administración financiera (thesaurus publicus).

  • Tabularii, provinciales o locales, encargados de la contabilidad pública.

  • Numerarii, funcionarios fiscales con jurisdicción en provincias y ciudades.

  • Exactores y susceptores, encargados de la recaudación de los impuestos, sobre todo el tributum.

La separación entre los patrimonios de la Corona, administrado con criterios de utilidad pública, y personal del monarca, se pone de manifiesto en la existencia de un Tesoro Real.

Dentro del apartado de recursos fiscales, gastos e ingresos podían ser tanto ordinarios como extraordinarios. Los gastos ordinarios eran destinados al mantenimiento del ejército y al pago de los funcionarios. Mientras que los extraordinarios eran los destinados a edificaciones, donativos, regalos, donaciones, etc., realizados por los reyes.

Por su parte, los ingresos ordinarios procedían de los dominios fiscales, confiscaciones, impuestos indirectos y directos, regalías como la acuñación de moneda y penas pecuniarias.

La determinación de los impuestos dependía del rey y recaían sobre todo en las clases inferiores. En ocasiones su recaudación llegó a arrendarse a particulares. Hay que distinguir entre impuestos directos e indirectos:

  • Directos: capitatio, procedente de la antigua capitatio iugatio, impuesto personal-territorial, del que estaban excluidos los judíos que pagaban una capitatio especial.

    • También perduró la antigua collatio lustratis, ahora como solutio auraria.

  • Indirectos: los más importantes gravaban las aduanas y el tránsito, las ventas y la circulación de bienes.

    • Los ingresos extraordinarios procedían de donaciones y legados al monarca, regalos y botines de guerra.

El ejército y su organización: ejército popular y servicio militar

El ejército visigodo se basaba en la obligación y el derecho a servir en el ejército de todos los hombres con capacidad de llevar armas, es decir, existió una limitación de edad establecida entre los 20 y los 50 años para distinguir entre un ejército permanente, formado por la clase militar y otro para casos de necesidad, que se nutría en virtud del llamamiento realizado ocasionalmente. En este último no era el rey el que convocaba levas a través de unos agentes (compulsores exercitus), que reclutaban soldados por todo el reino.

A este llamamiento debían responder todos los hombres libres y señores, yendo estos últimos acompañado por sus siervos. Pero la práctica habitual fue que se incumpliese el llamamiento, y dada la cantidad de revueltas internas que se produjeron, y los ataques desde el exterior, Wamba promulgó una ley militar en el 673 en la que se ordenaba la movilización de todos los súbditos en un territorio de 100 millas a la redonda de la zona que en se presentase una situación excepcional de peligro, bajo pena de destierro (para obispos y sacerdotes), entrega en servidumbre y confiscación de bienes (para seglares) o destierro y pérdida del patrimonio, puesto que el incumplidor debía reparar los daños producidos por los enemigos. Dado que una de las penas que se imponía era la pérdida del derecho a prestar testimonio, se constató poco tiempo después que más de la mitad de la población no podía testificar en los tribunales con el consiguiente deterioro de la administración de justicia. Esto hizo que la ley de Wamba fuese modificada por Ervigio limitando el número de siervos que debía llevar el señor, e incluyendo a los siervos fiacales en la obligación de acudir a la llamada a las armas.

Como tipos de soldados las fuentes mencionan a fideles, gardingos, etc. que acompañaban a los grandes señores a la guerra, sustituyéndose en muchas ocasiones el deber de acudir a la llamada. Existían los bucelarii (hombres libres que luchaban al lado de un señor) y los sayones (que pasaban a ser propietarios de las armas que les proporcionaba el señor pero no del botín de guerra). La presencia de soldados privados se debió fundamentalmente a la obligación de los señores de llevar a sus hombres y esclavos a luchar.

Se discute la participación de soldados hispanorromanos en el ejército visigodo.

Entre ambas posturas (afirmándose y negándose) hay autores (Sánchez Albornoz) que indican que al principio no participaron, pero que, poco a poco, se fueron incorporando.

La organización militar se basaba en una estructura jerarquizada entre duces, comites, thiufadus acorde con las divisiones del ejército que eran realizados en base a múltiplos de 10, de forma que el decanus era el responsable de una docena de hombres, si bien se cree que con el tiempo formaron unidades territoriales. De entre estas figuras destacan el thiufadus que podían reunir en su persona las condiciones de jefe militar, recaudador y juez.

La iglesia visigoda

El peso de la Iglesia en la España visigoda fue importante, como demuestra su papel en la legitimación de la monarquía, la designación de los numerarii por los obispos, que podían asimismo denunciar las irregularidades de los funcionarios en su territorio.

Ante un juicio injusto podía acudir al obispo para que, junto con el juez, pronunciase nueva sentencia.

La organización de la Iglesia visigoda también se basó en la división provincial bajoimperial romana, constituyendo la unidad básica la diócesis, en cuanto a territorio a cuyo frente se situaba a un obispo que era elegido por el obispo metropolitano si bien cada vez fue mayor la intervención real en la designación. Cada diócesis se dividió en parroquias a cuyo frente había un párroco.

La jerarquía eclesiástica también provenía de tiempos anteriores, apareciendo tan solo algunos cargos nuevos.

Los obispos eran los que organizaban la vida espiritual de su diócesis en sínodos y asambleas provinciales, visitando también las parroquias de la misma. Eran auxiliados por los presbiteros. Tenían autoridad sobre las iglesias que existían en su diócesis, exceptuándose tan solo las llamadas iglesias propias o iglesias levantadas por los señores en sus terrenos, en las que éstos tenían facultades de administración, de control patrimonial, y de presentación al obispo para que eligiese al rector de la misma (antecendente del “derecho de patronato”).

El obispo metropolitano, primado de Toledo, ocupaba un puesto preferente sobre el resto de los obispos.

Con el tiempo se hizo necesaria la existencia de un órgano que aglutinase a los obispos de la misma provincia, surgiendo así los Concilios provinciales, cuya facultad esencial fue la de controlar a los funcionarios civiles y las cuestiones tributarias, siendo también tribunales eclesiásticos, pero, aunque estaba previsto que se reunieran cada dos años, no se logró que se reunieran con regularidad.

Junto a los anteriores también estaban los Concilios generales o nacionales, que se conocen como Concilios de Toledo.