La Administración de Justicia, la Hacienda, el Ejercito y la Iglesia (Hispania)

La Administración de justicia

Jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales

La organización judicial de las provincias hispanas discurrió por los mismos cauces que la organización administrativa. Así la administración de justicia correspondía al gobernador provincial y a los magistrados de las ciudades. El gobernador provincial actuaba como juez ordinario en cada provincia investido de jurisdicción civil y criminal y normalmente asesorado por un consejo. Con frecuencia el gobernador provincial delegaba sus funciones judiciales en legados que administraban justicia en su nombre (legati iuridici).

Durante la etapa del Imperio, en las provincias imperiales administraban justicia los legados nombrados por el Emperador, cuyas sentencias podían apelarse ante él mismo, mientras que en las provincias senatoriales lo hacían los pretores.

En el Bajo Imperio los gobernadores provinciales siguieron siendo los jueces ordinarios, pudiendo ser apeladas sus sentencias ante el vicario en la diócesis, como juez territorial y representante del prefecto de las Galias y, en última instancia, ante el Emperador.

En las ciudades la administración de justicia correspondía a los magistrados municipales que ejercieron algún tipo de jurisdicción civil y criminal en los municipios, aunque las autoridades romanas intervenían por delegación como jueces locales (pedanei) en los asuntos más importantes. En el Bajo Imperio se institucionalizó en el ámbito local un juez de paz (assertor pacis) para velar por el orden público y el defensor civitatis, cuyo cometido protector implicaba algún tipo de jurisdicción.

Existieron además jurisdicciones especiales como la militar, la mercantil, la financiera, la señorial (por la progresiva sustitución de la administración de justicia por los señores de los grandes dominios) y la eclesiástica (a partir de Constantino)

Los distritos judiciales o conventi juridici

Desde el siglo I las provincias hispanas quedaron divididas en distritos o circunscripciones administrativas denominadas conventus para una mayor eficacia administrativa. La práctica administrativa resultaba más ágil con la creación de unidades más reducidas, subordinadas a la jurisdicción superior del gobernador residente en la capital de la provincia.

El término conventus debe ser asociado a la práctica de los gobernadores civiles de reunir en determinados días y lugares a la población para impartir justicia, dar a conocer novedades respecto a la administración o para recibir legaciones de cortesía.

Estas reuniones quedarían regularmente instituidas en determinadas ciudades dentro de la provincia respectivas, terminando por fijarse los límites correspondientes a cada distrito y por considerar capital a las ciudades donde se habían realizado las reuniones.

Las nuevas circunscripciones recibieron el nombre de conventos jurídicos o unidades administrativas de justicia. Así Hispania Citerior fue dividida en 7 conventos juridicos; la Lusitania en 3; la Bética en 4, etc, tomando cada una el nombre de la capital correspondiente.

El conventus constituyó una realidad institucional a media distancia entre la provincia y la ciudad, que contó con una entidad propia, resultado de la constancia de las relaciones judiciales, económicas y religiosas. Esta institución desaparece con la reforma de Diocleciano, dejando de representar el lazo material y moral entre la provincia y la ciudad que había constituido en el Bajo Imperio.

La Hacienda hispanorromana

Los órganos financieros

En Hispania se practicó un reflejo de la política económica general de Roma. La Hacienda provincial dependía en todo momento de la Hacienda romana.

En la etapa republicana la Hacienda romana se fundamentó en los bienes públicos y los ingresos del Estado procedían esencialmente de las tierras que pertenecían al ager públicus explotadas directamente o mediante arrendamientos. Las necesidades del Estado se cubrían mediante entregas extraordinarias - no de impuestos - que los ciudadanos aportaban desde la consideración de que esas contribuciones eran un privilegio exclusivo de los ciudadanos romanos (igual que la participación de los beneficios del Estado) y un deber público. Los territorios de las provincias fueron gravados desde el primer momento con tributos y cargas diversas, en principio para reducir las aportaciones de los ciudadanos romanos. Posteriormente este planteamiento republicano acabaría por desvirtuarse y el Estado romano recurrió a gravar sistemáticamente a los ciudadanos romanos con diversas cargas tributarias. En el suelo provincial desde el principio si estuvieron los ciudadanos romanos sujeto a cargas tributarias (esencialmente simbólicas) por entender que como possessores los colonos habían de pagar al Estado un canon por el uso del suelo.

Una vez pacificadas las tierras el Estado reestructuró un territorio que tenía la consideración de ager públicus y como tal sería administrado, y a continuación se analizarían las instituciones indígenas para conocer su grado de aprovechamiento y para otorgarles el modelo impositivo más adecuado.

La división de pueblos y culturas hispanas invalidó desde el primer momento el proyecto de aplicación de un esquema financiero homogéneo. Mientras que las regiones suroccidentales de la Península y los pueblos que las habitaban si poseían las instituciones mínimas para posibilitar el nexo con Roma y su fácil acomodo a la nueva contribución, los pueblos del centro, meseta y sur presentaban, en cambio, los máximos problemas en relación a su adecuación a las pautas financieras romanas al no existir en ellos desarrollo urbano.

El tratamiento regular de las cuestiones financieras en las provincias era competencia del cuestor, funcionario que acompañaba al cónsul o al procónsul, convirtiéndose en el brazo ejecutivo de las tareas económicas dentro de la provincia. El cuestor como jefe del aerario municipal consignaba la distribución del ager públicus a efectos de recabar las rentas por concepto de posesión a los beneficiarios de las parcelas de terreno. Contaba con el apoyo de la legión para mayor seguridad y tramitaba el envío de todo lo recaudado a la caja central (o tesoro público), única en esta época, es decir, al Aerarium Populi Romani o Aerarium Saturni, administrado por el Senado.

En la etapa del Principado y el Alto Imperio el Estado se propuso obtener unas finanzas provinciales más saneadas mediante la restauración de la administración de la Hacienda republicana y la creación de nuevas instituciones a efecto.

A partir del Principado existieron dos cajas o tesoros públicos: el antiguo erario (Aerarium Saturni) del pueblo romano, donde se ingresaban los impuestos que administraba el Senado, y la caja del Emperador o Fisco (Fiscus Caesaris) para canalizar las fuentes financieras de las provincias imperiales. Por otra parte, como intento de reflejar fielmente la realidad económica de las ciudades y de los ciudadanos, se regularizó la confección de los censos, cada 5 años y realizada por el censor.

Con Augusto se llevó a cabo una reforma de la Hacienda dirigida fundamentalmente a ampliar la base impositiva y a unificar financieramente las provincias imponiendo la centralización, tanto en la administración como en el recaudación de los ingresos del Estado.

La hacienda imperial provincial respetó el libre desarrollo de la hacienda municipal, pero organizó su control mediante un acusado y creciente centralismo.

En el Bajo Imperio, el empobrecimiento progresivo de la Hacienda romana motivado porque los gastos eran mayores que los ingresos, hizo que su organización experimentara profundos cambios que alcanzaron a las provincias.

Desde las reformas de Diocleciano, tres órganos centrales organizaron los servicios de Hacienda: el officium; la res privata (que administraba la fortuna privada del Emperador); y el arca de la prefectura pretoria (para la administración de las nuevas rentas privadas). El Estado solía fijar la cantidad que necesitaba recaudar atendiendo únicamente a sus necesidades, sin tener en cuenta las posibilidades económicas de los súbditos.

Diocleciano reformó también otros aspectos fundamentales de la Hacienda: dividió todo el Imperio en unidades impositivas de valor caput y iugum aplicadas cada 5 años para calcular el capital inmobiliario, la naturaleza del terreno, el número de esclavos y colonos que se poseían. También los impuestos indirectos fueron designados con nuevas denominaciones.

Aparecieron también en esta etapa los curatores republicae o agentes imperiales desplazados a los municipios cuyas haciendas presentaban problemas. También se tomaron las mismas medidas contra el patrimonio privado de los decuriones.

Los ingresos de la Hacienda: impuestos y su recaudación

Los impuestos constituían la partida más importante de los ingresos ordinarios del Estado que recaía sobre las provincias del Imperio, y podían ser directos e indirectos.

Los principales impuestos directos fueron:

  • Etapa republicana: el stipendium, pagado por los peregrinos por la posesión del suelo.

    • Lo calculaba globalmente el Estado, no siempre según las posibilidades reales de las provincias. La tributación sobre bienes inmuebles era regulada y modificada periódicamente por los gobernadores de las provincias según los resultados de los censos.

  • Etapa imperial:

    • Bajo Augusto, se reformó y centralizó la recaudación y administración de tributos. Se establecieron el llamado tributum soli, impuesto real que gravaba fundamentalmente la tierra, y el tributum capiti, impuesto personal que gravaba la riqueza.

    • Con Diocleciano (finales del siglo III) se crea un impuesto combinado que grava tanto a las personas como a su actividad: capitatio-iugatio o también capitatio humana , terrena et animalia, en referencia a unidades de tierras, de esclavos y de animales que poseía un sujeto, probablemente porque a los propietarios se les sumaban todos esos elementos contributivos para calcular la cantidad que habían de pagar al Estado. Al mismo tiempo muchos impuestos individuales de la etapa anterior fueron desapareciendo debido a una acusada simplificación por parte del Estado.

Entre los impuestos indirectos están:

  • El portorium, que gravaba el tráfico de mercancías en puntos determinados y que venía a ser un impuesto de aduanas que se cobraba en las fronteras provinciales y en las imperiales,

  • La vicesima libertatis o gravamen del 5% sobre las manumisiones,

  • La vicesima quinta venalium mancipiorum, o gravamen del 5% sobre el precio de venta de los esclavos.

  • La vicesima heretidatium que gravaba con el 5% el valor de las herencias. Al pago de estos dos últimos impuestos, establecido en tiempos de Augusto, estaban obligados los ciudadanos romanos que empezaron así a verse involucrados en el pago de tributos ordinarios.

  • También entre los individuales estaban la centesima rerum venalium, que grababa con el 1% las ventas en pública subasta.

  • La quinta et vicesima venalium gravaba todas las cosas que se vendían.

  • El aurum coronarium que pagaban los decuriones de los municipios cada vez que era nombrado un nuevo emperador.

El Estado romano contaba también con ingresos extraordinarios como los procedentes de las confiscaciones de bienes anejos a determinadas sanciones penales, o de los bienes sin dueño que se atribuían al fisco.

La recaudación de impuestos fue durante la época republicana generalmente arrendada a sociedades capitalistas, cuyos miembros recibían el nombre de publicanos (publicani), nombre que servía para todo aquel que contrataba con el Estado una obra o empresa cualquiera. Durante el Imperio cambió el sistema y se atribuyó primero la cobranza de los impuestos directos a los municipios o a los propios funcionarios del Estado, más tarde todos los impuestos indirectos – excepto el portorium - fueron sustraídos al arrendamiento. La curia municipal se hizo cargo de la recaudación del impuesto territorial dentro del ámbito urbano. Y, en términos generales, todas las recaudaciones comenzaron a hacerse en especie.

Las ciudades indígenas latinas conservaron su primitiva organización financiera hasta convertirse en municipios latinos y romanos. Las ciudades con organización romana gozaban de autonomía, tenían su propio tesoro, recaudaban impuestos y sometían a sus habitantes a prestaciones personales y patrimoniales denominadas munera, que comenzaron a ser exigidos por el Estado al margen de los demás impuestos cuando la crisis económica requirió la aportación de las ciudades.

Los llamados munera sordida (prestaciones vulgares o serviles) no afectaban a los curiales ni a los miembros de los grupos sociales elevados. Existían además munera patrimonii, los munera personales y los munera mixta. Estaba excluidos de ellos los menores de edad y los ancianos, pero en las provincias el arco temporal en que un sujeto se veía obligado a pagar o realizar munera tendió a ampliarse, en aplicación al criterio de que los hispanii debían proporcionar los máximos beneficios al Estado romano.

El ejército en Hispania

En la etapa republicana

La voluntad de los romanos de permanecer en la Península Ibérica quedó manifestada en el envío de dos propretores para hacerse cargo de las dos circunscripciones administrativas en que quedó dividida: Hispania Citerior e Hispania Ulterior. Estos dos gobernadores fueron provistos de cuerpos del ejército que apoyaron las tareas de administración y la explotación de los territorios conquistados y que estaban constituidos por una legión, formada por los ciudadanos romanos ordenados en cohortes y un contingente variable de jinetes encuadrados en alas. Así, cada ejército pretoriano contaba con un total de unos 12.000 soldados que se incrementaban en cada campaña con elementos indígenas de caballería e infantería ligera, los auxiliares, alistados en orden a los pactos suscritos por Roma con tropas aliadas o conseguidos mediante reclutamiento voluntario, y que eran disueltos al finalizar cada campaña. Los efectivos militares se doblaban si el gobernador era cónsul.

En el 107 se incrementan las tropas proporcionadas a los gobernadores para la gestión de su cargo provincial, siendo muy frecuente que la Península Ibérica mantuviera en su suelo unas fuerzas muy superiores a lo establecido.

Lograda la paz peninsular en tiempos de Augusto, éste replanteó el ejército de ocupación quedando reducido en sus efectivos hasta alcanzar una cifra ya variable durante todo el Alto Imperio.

El ejército en la Península Ibérica durante la República fue un elemento político fundamental cuyo fin era mantener la paz en los territorios bajo dominio romano para permitir su explotación y cumplirla en lo posible. Fue un importante factor de romanización.

El ejército romano nació como una milicia ciudadana. La pertenencia al cuerpo de ciudadanos romanos de pleno derecho conllevaba la obligación de prestar servicio militar en las legiones, y el reclutamiento estaba basado en el censo de bienes, por lo que quedaban excluidos los proletarios (proletarii). Sobre este planteamiento Roma realizó su expansión por el Mediterráneo en la primera mitad del siglo III a.C. y ello repercutirá en la estabilidad social de este cuerpo de ciudadanos-propietarios-soldados debido a su participación en las conquistas. Pero las transformaciones económicas de Roma modificaron la base del ejército al convertirse el servicio en un medio para una vez licenciados, conseguir tierras, con las cuales asentarse como propietarios y asegurar su posterior vida como civil.

Hacia el 90 a.C., ante la falta de efectivos, comenzaron a ser incluidos los indígenas dentro de la estructura militar romana, tratando de hacerles atractiva su pertenencia al ejército concediéndoles privilegios, como por ejemplo conseguir la ciudadanía. Los auxiliares hispanos ocuparon a partir de entonces un lugar imprescindible en los ejércitos romanos, especialmente los del interior de la Península Ibérica. La concesión de la ciudadanía a muchos de ellos los transformó en un importante elemento de romanización, al llegar a sus lugares de origen con la ciudadanía.

La romanización tuvo pues una doble vertiente: la colonización agraria de los soldados veteranos y la inclusión de elementos indígenas en sus cuadros legionarios y auxiliares.

Durante el principado y el alto imperio

Según Augusto, Roma y las provincias más romanizadas debían quedar protegidas, las fronteras afianzadas por la presencia de un ejército permanente para mantener la paz, para ello los cuerpos militares fronterizos (limitanei) estarían supeditados al emperador. También fue mantenido el principio de un ejército profesional abierto a toda la población libre del Imperio y reclutado mediante voluntariado o enganches (salvo en momentos de excepción) aunque manteniendo la división jurídica entre ciudadanos romanos y peregrinos, mediante su inclusión en cuerpos diferentes.

Aunque las tropas auxiliares (auxilia) seguían adscritas a las legiones, sufrieron un rápido proceso de independización con campamentos propios. El auxiliar recibía (de forma sistemática) una serie de privilegios jurídicos al licenciarse, de los cuales el más importante era la ciudadanía romana para él y para sus hijos, y el reconocimiento como connubium del matrimonio que ya hubiese realizado.

La organización militar de la Península se completaba con una serie de milicias al margen del ejército regular denominadas milicias provinciales o municipales.

Organización del ejército hispano durante el bajo imperio

Las reformas de Diocleciano y Constantino condujeron a la creación de un limex o frontera del Imperio e hicieron presentes dos grandes tipos de ejército que se complementaban: los limitanei, acantonados en lugares fortificados que extendían sus acuartelamientos a lo largo de la línea fronteriza, y los comitatenses, cuerpos movibles que desde las fronteras podían acudir a cualquier punto del interior del Imperio y que estaban a las órdenes de un comes. Estos cuadros quedarán disueltos con las invasiones bárbaras.

A lo largo del tiempo aparecen en el ejército romano una serie de contingentes proporcionados por tribus aliadas –foederati- que normalmente sólo participaban en las guerras que tenían lugar en los territorios vecinos, pero podían ser llamados para proporcionar contingentes para guerras en frentes alejados. Esto duró hasta fines del siglo IV, en que con la irrupción de los godos en el interior del Imperio se vació de efectivos el  ejército romano de Oriente y el emperador Teodosio I hubo de firmar un tratado con los godos, por el cual se les concedió a los bárbaros un lugar de asentamiento dentro de las fronteras del Imperio a cambio de proporcionar contingentes militares a las órdenes de sus propios jefes para ayudar al ejército romano. Este fue el comienzo de los foederati.

La organización eclesiástica

Uno de los factores influyentes en la romanización fue el arraigo y difusión del culto imperial y de las instituciones que fueron su corolario.

Las razones de su triunfo fueron su carácter de culto estatal y el apoyo que le prestaron dos clases sociales: la aristocracia municipal (cuyos miembros podían coronar su carrera política con el sacerdocio augustal) y los libertos enriquecidos, que al ser designados servi augustales satisfacían su apetencia de honores y conseguían destacarse de las filas de la plebe. A la práctica del culto se le unió la celebración de juegos y fiestas populares que atraía a la masa urbana. El culto al emperador fue fomentado por los emperadores como medio de cohesión política a través de asambleas populares.

La paulatina cristianización de la Península Ibérica no tropezó con grandes dificultades, sino que se propagó intensamente. A ello ayudó el sistema de vías públicas que facilitó el tránsito y las comunicaciones. Como dificultad tuvo el surgimiento de un considerable número de herejías como el Priscilianismo.

Políticamente, el cristianismo chocaba con los principios religiosos romanos volcados en torno al culto al emperador y en una concepción religiosa centrada en lo jurídico-público. Pero la Iglesia comenzó a poseer una organización de naturaleza jurídica y un derecho (no público) desde los primeros momentos de su fundación. Cuando las comunidades cristianas fueron aumentando, tanto en las ciudades como en el campo, contando con un obispo al frente, constituyen la base de la posterior organización diocesana (dividida en distritos religiosos o diócesis) típica de la Iglesia.

Constantino con los Edictos de Milán (313-314) proclamó el catolicismo como religión oficial del Imperio y reconoció a la Iglesia católica un ámbito de actuación jurídico-público. Con esta medida se deja de perseguir cristianos y se les devuelve el patrimonio confiscado. El patrimonio eclesiástico (basado en donaciones de fieles) comenzó a formarse a gran escala. El emperador buscaba apuntalar la estructura institucional del Imperio, sirviéndose de la organización de la Iglesia y del apoyo y sumisión de sus numerosos súbditos cristianos.

La Iglesia comenzó a poseer una organización de naturaleza jurídica y un derecho (no público) desde los primeros momentos. Las diócesis, a cuyo frente había un obispo, fueron las unidades básicas de organización eclesiástica, y se integraban en provincias religiosas, con una capital cuyo obispo era llamado metropolitano. Este estaba a su vez bajo la primacía del Obispo o Primado de Roma. Las diócesis engloban a las parroquias, en torno a las cuales se agrupan las comunidades cristianas.