Estructura económica, social y administrativa de Hispania

La vida económica

Los romanos llegaron a lugares en Hispania con diferente desarrollo económico: próspero en el sur y levante y pobre en el interior y norte, además de las diferencias existentes entre regiones.

A lo largo de la dominación romana la economía hispana se desarrolló mediante la aplicación de formas económicas capitalistas y dentro de ellas, de economía de libre competencia (especialmente durante la República y el Principado). Ello supuso que la Península quedara insertada dentro de la unidad económica mediterránea, con un papel de cierta importancia, y que a partir del siglo III, evoluciona hacia formas de intervensionismo estatal, que se manifestaron en una regulación de precios, en el aumento de los monopolios de explotación y en la centralización de las transacciones mercantiles.

La romanización fue ante todo un proceso de absorción económica en el que los romanos aprovecharon al máximo los recursos económicos, humanos y estratégicos de las provincias hispanas, que eran un conjunto territorial más amplio que cualquiera de los conquistados hasta entonces, al que se proponían someter, sin incorporarlo, para la creación de una gran zona económica dotada de un sistema de seguridad que permitiese la circulación de bienes.

Se distinguen tres etapas en la evolución de la economía:

  1. En la que la producción se desarrolla únicamente en función de la necesidad de abastecer el ejercito romano destacado en Hispania.

  2. De explotación propiamente dicha. A partir de la aniquilación de Numancia (133 a.C.) el aprovechamiento de recursos se intensificó a fin de compensar la menor producción de algunas provincias romanas de oriente sumidas en guerras.

  3. De depresión económica. A partir del siglo III, la Península cayó en la tónica de la depresión general del Imperio. Roma desplegó en la Península una táctica económica orientada para resolver los problemas inmediatos que planteaba una empresa de signo colonialista, dirigida exclusivamente a obtener de las provincias hispanas materias primas y alimentos para ser suministrados a precios módicos a los romanos, al tiempo que constituía un foco de demanda de las manufacturas producidas en la península itálica.

La estructura económica de la España romana dependió esencialmente de sus propias fuentes de riqueza, cuya exposición será aquí estructurada en los sectores de agricultura, ganadería, minería, industria y comercio.

Sector agropecuario, industria, comercio y minería

Agricultura y ganadería

La economía agropecuaria y los productos derivados de la agricultura constituyeron los pilares fundamentales de la explotación económica de la España romana. La tríada mediterránea (cereales, vid y olivo) permitió a España ser abastecedora de cereales en grandes proporciones, y por ello calificada por los romanos como provincia frumentaria, desde la que se exporta trigo a Roma, principalmente desde la Bética y la Tarraconense.

Durante la etapa de dominación romana no hubo grandes cambios en cuanto a productos autónomos, pero si se incrementó la producción debido a los progresos de la técnica agrícola (introducción del arado romano, uso de los abonos o perfeccionamiento de los sistemas de riego).

El dominio del terreno provincial pertenecía al Estado romano, que en nombre del pueblo romano (verdadero propietario), bien lo desplaza a las ciudades conquistadas para que lo siguiera aprovechando (en los casos en que la anexión se hubiera producido de forma pacífica) bien, en los casos de deditio, pasaba a integrar el ager publicus en algunas de sus modalidades más frecuentes, ager compascus, ager colonicus, saltus o fundus.

En las provincias hispánicas la apropiación del suelo por parte del Estado romano se ajustó en la mayoría de los casos al segundo sistema (ager colonicus) que siempre exigía el pago de un canon denominado vectigal al fisco en forma de contribución territorial, en reconocimiento de dominio.

En el caso de los colonos llegados de Roma para asentarse en el suelo provincial pagaban un canon simbólico a cambio de un aprovechamiento del suelo que se asimilaba más a una propiedad del mismo, sin serlo. Aunque jurídicamente se trataba únicamente de una propiedad de hecho, estos poseedores disfrutaban de una cobertura legal tan amplia respecto a sus posesiones como si se tratara de una verdadera posesión.

Las antiguas comunidades indígenas, una vez desprovistas de suelo quedaron también en la possessio de las tierras que habían sido su propiedad, de manera de habían de pagar al fisco una contribución territorial, viéndose obligados a menudo a tomar  sus tierras en arriendo a los otros colonos a los que hubiesen sido asignadas.

Durante la colonización, la roturación y el cultivo de la tierra habían sido realizados directamente por emigrantes, a quienes había correspondido la primera estructuración del sistema de fundi y villae en la zona mediterránea, donde lo predominante fue la pequeña o mediana explotación cultivada por su poseedor con su familia y esclavos. Tenían su centro en la villa, que fue la unidad de explotación más común en el siglo I.

El propietario de fundus (1000-1500 ha), a veces encomendada a un villicus (o procurador) su cuidado. Pero al hacerse más extensos los fundi, por la acumulación de tierras y la escasez de mano de obra, poco a poco se fue recurriendo cada vez más al sistema de ceder el cultivo de los predios mediante simple cesión rescindible en cualquier momento (precarium) o en régimen de aparcería, a arrendatarios libres, por medio de contratos diversos como la precaria o la colonia partiaria.

Los arrendatarios de estas tierras eran en su mayoría campesinos libres que transmitían hereditariamente su condición de precaristas o aparceros a sus hijos con la conformidad de los señores. Aunque su status jurídico era de hombres libres, su situación de hecho era en realidad muy modesta y de dependencia, que fue empeorando progresivamente.

Simultáneamente, hasta la época del Principado la compra y posterior arriendo de fincas rústicas había sido considerada una operación de renta módica pero segura, que permitía la obtención de beneficios independientemente del resultado de las cosechas, por ello pasa a ser uno de los sistemas habituales de inversión de capitales.

En cuanto a ganadería la explotación ganadera gozó de ventajas de seguridad política.

El abigeato (hurto de ganado) se redujo a proporciones desconocidas y los pastos comunales eran utilizados sin necesidad de escoltas militares, pero la comercialización de la ganadería ofrecía dificultades que el mundo antiguo no pudo superar, por la precariedad de los transportes.

La raza equina es ensalzada por las fuentes, también fue importante el ganado bovino ya que la mayor parte del transporte se realizaba mediante carros tirados por bueyes, pero también era importante la producción de carne, lana y huevos.

Industria, comercio y minería

Durante la etapa de hegemonía romana hubo un gran desarrollo de la industria, fundamentalmente derivada de la transformación manufacturada de productos agropecuarios y orientada preferentemente a mercados extrapeninsulares.

La organización industrial contaba con la existencia de obreros artesanos libres (por cuenta ajena o propia) esclavos o libertos que trabajaban en las ciudades o en los latifundios. Todos avanzaron hacia el emprobrecimiento en el Bajo Imperio, ya que cada vez les eran impuestas más obligaciones por parte del Estado y por las ciudades, en el sentido de obligarles a prestar sesiones de trabajo gratuitas, llegando a darse, igual que en la agricultura, la adscripción al oficio.

Los trabajadores de la industria romana se asociaban en colegios profesionales (collegia) a los que inicialmente se les dio libertad de colegiación, pero que desde el siglo III se transformaron en un instrumento del Estado para regular la vida de sus miembros, imponiéndoles la adscripción al oficio y la hereditabilidad de la profesión, así como el pago de los impuestos propios de sus miembros y los munera.

En la España romana se dieron variadas formas de comercio (fijo o ambulante), a partir de la comercialización internacional y también interna de los productos agrarios e industriales. El comercio se vio favorecido por el establecimiento de un sistema de comunicaciones terrestres, fluviales y marítimas en gran escala y por un sistema unitario, para todo el mundo romano, de pesos y medidas.

El pequeño comercio era gestionado por pequeños comerciantes llamados mercatores y se centraba en el mercado de las ciudades y en las ferias, periódicamente celebradas, existiendo también establecimientos permanentes. Los grandes comerciantes, llamados negotiatiores, solían actuar en las hispanias como agentes de grandes empresas mercantiles romanas, y al igual que en Roma, como los trabajadores industriales, también se agruparon en colegios profesionales, en los que se practicó durante la época de la República la libertad de colegiación pero que en el Bajo Imperio llegaron a convertirse en instrumentos de adscripción y heredetabilidad del oficio.

En un principio hubo libertad económica y monetaria que desplegó formas acabadas de capitalismo, pero fue evolucionando hacia un intervensionismo estatal cada vez mayor.

En el siglo IV hubo un renacimiento en Hispania de las actividades agrarias en detrimento de las que se realizaban preferentemente en los núcleos urbanos e industriales y comerciales.

El régimen económico de la Península varió notablemente durante los seis siglos de dominación romana. Hasta el siglo III la actividad económica aumentó y se fue monetizando (aplicando moneda) en todas las regiones para entrar plenamente en un régimen de economía mundial. Las ciudades constituyeron el centro de una actividad económica de libre competencia orientada al lucro. Hasta el siglo III las principales riquezas fueron la agricultura, la industria y la minería, que proporcionaron una fluida actividad comercial dentro y fuera de la Península. En el Bajo Imperio hubo decadencia general: las ciudades tendieron a independizarse de su entorno, y la economía se ruralizó, centrándose en la activada agraria y bajando el comercio. El Estado intentó solucionar la crisis con medidas coercitivas destinadas a fracasar.

Cuando llegaron los romanos ya había en la Península tradición minera, reactivada mediante nuevas técnicas que permitieron una explotación con vistas a la exportación, lo que posibilitó grandes rendimientos, mediante el desarrollo de formas capitalistas y esclavistas que, por otra parte, ocasionaron una destrucción de recursos naturales y humanos sin precedentes.

El subsuelo de Hispania tiene toda clase de metales preciosos y minerales en gran cantidad (oro, plata, hierro, cobre, mercurio, plomo, estaño). El interés por los minerales fue la base de muchas de las guerras (por ejemplo las cántabras). El trazado de las vías romanas en Asturias estuvo en función de las explotaciones mineras y la llamada calzada de la Plata responde a un trazado que probablemente aseguraba el control de las regiones productoras de estaño.

Los yacimientos de mineral y metales preciosos más importantes estaban en Cartagena, Sierra Morena, Riotinto, Asturias, León y Aljustrel (Portugal).

Al ser el Estado romano el verdadero propietario del suelo provincial, las minas se explotaban de acuerdo con este planteamiento (por razón de propiedad y no por monopolio) y por ello se le aplicó el derecho minero general para todo el Imperio.

Durante la República, la propiedad del subsuelo pertenecía generalmente al Estado como parte del ager publicus. A consecuencia de ello la explotación de los yacimientos solía ser arrendada por cinco años a empresas concesionarias (publicani) aunque también existían algunas minas explotadas por particulares en su calidad de poseedores del terreno en que se hallan enclavadas. Se trataba por tanto de un régimen de explotación no excesivamente vigilado por el Estado.

En la primera época del Imperio el Estado romano tomó un interés más directo del control de las zonas de intensa producción minera. Según ese interés las provincias hispanas fueron reagrupadas internacionalmente en el reinado de Augusto (13 a.C.) para facilitar el control administrativo. Así la provincia Citerior fue ampliada hacia el norte con la recién conquistada región asturiana, hacia el sur a costa de la Ulterior, y hacia el oeste a costa de Lusitania para poder englobar dentro de los límites de una sola unidad administrativa (dependiente del Emperador, no del Senado) las zonas de Sierra Morena y del Alantejo portugués, ricas en yacimientos.

Los grandes distritos mineros fueron en esta época explotados bajo un sistema de concesión de arrendamiento a particulares o empresas vigiladas por el Estado, como verdadero propietario. El régimen jurídico de estas explotaciones nos llegó a través de los bronces de Vipasca II, que contiene una lex metallis dicta general para todos los distritos mineros dependientes del Fisco imperial en las distintas provincias del Imperio. Según esta fuente de conocimiento – en impresión de D´Ors – la explotación del yacimiento no era hecha directamente por el emperador, sino que concedía esa facultad al ocupante del terreno quien contraía la obligación de entregar al Fisco imperial la mitad del mineral que extrajera, antes de fundirlo. El emperador ponía al frente de cada distrito a un funcionario (procurator metallis) encargado de organizar la explotación en sus aspectos económicos y técnicos, con amplias competencias político-administrativas y jurisdiccionales.

En el Bajo Imperio los arrendamientos de minas fueron sometidos a plazos más cortos y los arrendamientos a estrecha vigilancia, quedando la explotación minera mayormente en manos del Estado.

El rendimiento de las minas hispanas fue enorme, al ser empleados sistemas de explotación variados que estuvieron siempre en función de la materia prima. Aunque, desde el punto de vista técnico, el empleo de varias técnicas supuso indudablemente grandes avances que repercutieron en la intensificación de la producción, desde el punto de vista social arrojaron altísimos costes, ya que como característica común las explotaciones se realizaron con una mano de obra autóctona esclavizada o procedente de condenas a trabajos forzados (frecuentemente hasta el siglo IV, cristianos) o legionarios,   adscritos al trabajo minero, aunque también era posible la presencia de hombres libres que trabajaban mediante sistema de arrendamiento de servicios (locatio conductio operarum).

Explotaciones agrarias y origen del régimen señorial

La transición de la pequeña y mediana propiedad a la gran propiedad se inició en Italia en el siglo I y desde allí se extendió a las provincias. Consistió básicamente en el movimiento de absorción por el que la pequeña y mediana propiedad fueron englobadas en la propiedad (en Hispania se vio favorecido por la estructura latifundista de la propiedad prerromana) y que se tradujo en la creación de grandes latifundios de tipos diversos (imperiales, de la Iglesia, privados) a cuya formación contribuyeron varias causas, como la disminución de las guerras de conquista del Imperio, que llevó a la reducción de esclavos (el principal instrumento de la explotación) y provocó que muchos pequeños propietarios hubieran de vender sus tierras a propietarios más ricos al no poder explotarlas ni competir, pasando a ser arrendatarios y a cultivar como tales esas mismas tierras que antes habían sido de su plena propiedad.

La generalización del régimen de arrendamiento pactado a largo plazo llegó a generar verdaderos vínculos de clientela entre trabajadores y latifundistas, debido a que una parte, denominada terra dominicata, se explotaba directamente para el beneficiario directo e inmediato del propietario, mientras que otra parte, terra indominicata, se explotaba indirectamente mediante la cesión en formas diversas de arrendamiento, obligando a pagar una renta al propietario y además a realizar prestaciones personales consistentes fundamentalmente en la realización de trabajos de cultivo en la terra dominicata, bajo la vigilancia del villicus o procurator.

En el Bajo Imperio apareció la tendencia a desarrollar entre propietarios y arrendatarios, relaciones más amplias que las meramente económicas, que comenzaron caracterizándose por una amplitud temporal (perpetuidad) de los contratos agrarios que posteriormente derivaría en la adscripción de los arrendatarios a la tierra, o en el establecimiento de relaciones de encomendación y patrocinio. En algunos latifundios se crearon regímenes de gobierno interno que llegaron a ser casi autosuficientes. Pero a pesar de ello, no llegaron a independizarse.

Los dueños de los grandes latifundios, aunque jurídicamente su situación se redujera a una posesión del terreno, fueron acaparando la economía y la administración de estos latifundios y de las gentes que los habitaban, no sólo a efectos comerciales, sino también a efectos tributarios y de administración de justicia, invadiendo con ello el espacio reservado al Estado y estableciendo un sistema de autarquía casi completa. Esto será el sustrato del posterior régimen señorial, al ser un sistema de funcionamiento basado en que la acción del terrateniente (propietario o señor) rebasaba de hecho el ámbito jurídico-privado suplantando de algún modo al Estado al ejercer funciones de naturaleza jurídico-pública.

Estructura social

Clases sociales

El elemento predominante de la población de la Hispania romana continuó siendo la población indígena, en tanto que la emigración de ciudadanos romanos no fue considerable. En el Alto Imperio tiende a fundirse por el avanzado e intenso grado de romanización, dando lugar a la constitución de una sociedad hispanorromana a partir del siglo II, cuyas estructuras fueron el resultado de la diversificación jurídica y económica que afectaba a sus habitantes y de la adaptación a la estructura social romana.

En las provincias hispanas se diferencian dos grandes grupos: libres o ingenuos y esclavos o siervos.

En la Roma republicana entre los libres se diferencian dos clases diferentes: patricios (senadores, dueños de grandes propiedades) y plebeyos (con condición jurídica libre, como artesanos y pequeños comerciantes urbanos; y gentes con libertad restringida, como libertos y encomendados) y entre ambas clases los equites (orden ecuestre) formada por ciudadanos acaudalados que en principio podían costearse el servicio militar a caballo y que están llamados a convertirse en una clase social dinámica, dedicada preferentemente a actividades mercantiles y a la magistratura.

En la etapa del Alto Imperio la sociedad tuvo una notable evolución debido a la fusión de la nobleza senatorial con la de los equites y la asimilación a la misma de los grandes propietarios territoriales, y sobre todo a la formación (desde tiempos de Augusto) de una clase media desarrollada principalmente en las ciudades provinciales que se convertirán en el principal soporte socioeconómica del Principado.

Desde el Imperio la sociedad romana se jerarquizó en un sistema de castas (estratificación social en función del poder económico) que diferencia a los llamados honestiores (senadores, ilustres y especiales) de los humiliores (plebe y semilibres) y de los mediocres (grupo compuesto por sacerdotes, decuriones, militares, negotiatores).

En el Bajo Imperio estas diferencias se radicalizaron, aparecen dos grandes grupos antagónicos: honestiores (aristocracia senatorial y burocrática, los grandes propietarios y la burguesía ciudadana) y los humiliores (plebe urbana: artesanos y comerciantes, y rural: pequeños poseedores y colonos).

Esta organización vertebró a grandes rasgos la estructura social de la Península Ibérica donde al ponerse en contacto la población indígena con la clase romana de los equites, también se fusionó con las clases inferiores (cultivadores y plebe urbana y los esclavos de uno y otro pueblo).

Al quedar la península pacificada en tiempos de Augusto los senadores y los equites habían sido ya sustituidos en su influencia por las clases medias, en las que estos se apoyaron firmemente.

En el Bajo Imperio quedó constituida en las provincias hispanas una sociedad formada por dos únicas clases: superior y poderosa (senadores, latifundistas, grandes funcionarios de la administración imperial, que evolucionará hacia la desaparición de los equites) y una clase media urbana (empobrecida y que había perdido ya toda su función rectora) o rural (en la que había disminuido ya el número de los pequeños propietarios).

Por debajo de estas dos capas sociales estaba el pueblo formado por individuos de condición jurídica libre o con libertad restringida por situaciones como la de liberto, cliente, patrocinado o encomendado (situaciones en que frecuentemente incurrieron los colonos y pequeños propietarios a los que se impedía abandonar la tierra que cultivaban) que según habitase la ciudad o el campo constituía la plebe urbana o la plebs rústica.

Por otra parte había también un número considerable de esclavos que no tenían consideración jurídica de persona sino de cosa, siendo objetos del derecho, no sujetos, es decir, estaban bajo la potestad de su dueño (que podía ser un particular, una institución o una ciudad) que ejercía sobre ellos todas las facultades inherentes al derecho de propiedad, pudiendo venderlos o transmitirlos. En la condición de siervo se incurría por haber nacido de padres siervos, por cautiverio de guerra, por la entrega voluntaria del individuo en servidumbre o por pena o deuda en cumplimiento de una obligación contraída. Podían abandonar dicha condición mediante la manumisión, que hacía del siervo un liberto.

Además estaban los grupos de judíos (que desde la constitución de Antonio Caracalla del 212 tuvieron una situación jurídica especial) y los extranjeros (bárbaros) cuyas relaciones con el Imperio se enmarcaban dentro de acuerdos políticos (foedera), establecidos sistemáticamente desde el siglo IV, que les proporcionaban protección jurídica.

La crisis del imperio y sus repercusiones

El comienzo de la crisis está a finales del siglo II, una de las consecuencias de la anarquía militar. A partir de este período la organización del Imperio sufriría una crisis que afectaría de manera global a todas las instituciones, al resquebrajarse el sistema o modo de producción esclavista sobre el que se habían asentado.

Las interpretaciones más conocidas de la crisis del Imperio han recurrido para su explicación fundamentalmente a causas de índole social y económica. Rostovzeff consideró que la clase media no fue lo bastante fuerte para sustentar el peso del Estado y cuando los órdenes superiores (senadores y equites) se hicieron cada vez más exclusivos y la sociedad del Imperio se fue separando cada vez más (honestiores y humiliores) surgió un antagonismo que se manifestó en diferencias sociales insalvables, que llegaron a bloquear las estructuras del Imperio.

Walbank situó la causa de la crisis en el hecho de que el crecimiento fabril e industrial no estuvo a la altura del crecimiento demográfico. No hubo progreso técnico acorde con las necesidades, porque la manufactura estuvo en manos de obreros, en su mayoría esclavos, que practicaron técnicas rutinarias, no innovadoras (no basadas en la investigación sino en la repetición) que acabaron por empobrecer socialmente tal actividad y encuadrarla entre las vergonzantes. El trabajo quedó relegado en los estratos más bajos de la sociedad por la falta de innovaciones técnicas.

También tradicionalmente la crisis ha sido atribuida a las invasiones de los pueblos bárbaros, que ejercieron sobre la realidad del mundo romano un efecto desestabilizador.

Pero en realidad el desmoronamiento del Imperio se debiò a sus propias contradicciones internas y a la acción sinérgica (suma de efectos individuales) de una serie de concausas que fueron el exponente del declive de una potencia que había dejado paso a otras fuerzas emergentes.

La crisis se inicia en el 301 con la promulgación por Diocleciano del edicto de pretiis rerum venali (edicto del precio máximo de las cosas) que suponía un intento de fijar el precio máximo al que podían venderse las cosas. Igualmente significativo fue el período transcurrido desde el 364 al 410, ocupado por sucesivas invasiones de bárbaros que culminan con el saqueo de Roma por el visigodo Alarico I en el 410.

La adscripción a los oficios

Desde el punto de vista social y jurídico, el significado de crisis se sintetiza en torno al fenómeno de la adscripción de las personas a la tierra, el cargo o el oficio. Al intento de Diocleciano de fijar el precio de las cosas para evitar el desmoronamiento de los precios, siguió el intento de fijar a las personas. Así, los colonos, aparceros y arrendatarios en general quedarían adscritos a la tierra que cultivaban, para asegurar con ello la permanencia en las tierras de mano de obra y la continuidad del cultivo aun en el caso de que fuera transferida. También significaba, por una parte, que las personas al quedar  privadas de su libertad de movimiento pasaban a una situación similar a la esclavitud, aunque formalmente participasen del status jurídico de libertad. Por otra parte, significa que al ser el Estado, incapaz de proteger a las pesonas, resultará suplantado por otrasinstancias intermedias que desempeñan su papel en la relación general que le une con los súbditos.

A corto plazo esta situación aseguraba la continuidad de los que explotaban una tierra ajena y evitaba el deterioro de sus condiciones de vida, ya que, en el caso de que se produjera un cambio de manos, el nuevo propietario compraba ya la tierra con la mano de obra adscrita. Pero a medio plazo la adscripción a la tierra generaba irremisiblemente una cosificación creciente de las personas afectas, motivada por la escasez de mano de obra esclava, que provocó el endurecimiento de las condiciones de vida de los adscritos, que pasaron a ser los obligados exclusivos de los trabajos que requería el cultivo de la terra dominicata.

De esta manera, los colonos quedaron adscritos al trabajo de la tierra y al predio mismo que cultivaban y también quedaron adscritos al campo los hombres libres, antiguos poseedores de pequeñas tierras, que se habían visto obligados a cederlas a un latifundista al que con frecuencia se encomendaron a cambio de protección. La condición de no poder abandonar los campos hacía que estos colonos y su descendencia pasara de hecho a una situación de falta del libertad de movimientos muy próxima a la servidumbre, aunque jurídicamente fueran libres.

De igual manera la adscripción al oficio pretendía asegurar la producción en las ciudades y frenar la huida masiva de sus habitantes para establecerse en el medio rural, donde era más fácil esquivar la acción de los recaudadores de impuestos. Frente a esta situación, comerciantes, artesanos y oficiales de cualquier clase de profesión quedaron encerrados en sus propias corporaciones profesionales de forma vitalicia y hereditaria.

Como consecuencia de esta situación los sujetos muy frecuentemente tratarían de huir al campo fingiéndose esclavos, fugitivos, o forzando una situación de colonato.

También los cargos municipales se convirtieron en obligatorios e irrenunciables, y dada la dificultad para encontrar cobradores de impuestos, a partir de una medida de Diocleciano y Constantino los componentes de las curias municipales (decuriones) fueron obligados a responder con su propio patrimonio de las cantidades que se les asignaba recaudar. De esta forma, las magistraturas se convirtieron en una carga que obligó a los magistrados a corromperse, a entrar en lazos de clientela, o a huir al campo, siendo ésta otra de las causas de destrucción del Estado. Pero ninguna de estas medidas logró evitar el despoblamiento de las ciudades y el desmoronamiento de las instituciones del municipio, que pasaron de ser la base más sólida de la organización romana, a ser organizaciones de la administración centralizada del Imperio. La ciudad dejó de ser centro político y administrativo de su distrito rural, debido a que su territorio fue independizándose de las autoridades municipales, ya que la participación del pueblo en el nombramiento de los magistrados municipales fue sustituida por un sistema de elección directa, por parte de los senadores de la curia, todo ello dentro de un proceso parecido a los ya descritos.

El patronato

El desmoronamiento del poder político y la precariedad generalizada propiciaron la aparición con fuerza renovada de la institución prerromana de la clientela, que en la versión del Bajo Imperio se conoció como patronato, patrocinio o encomendación.

Se trata de la creación de un vínculo de dependencia entre un sujeto poderoso y otro menesteroso, por la cual el encomendado o patrocinado entrega al patrón una pequeña propiedad o una renta a cambio de protección y tutela. Ante su generalización, el patronato fue reiteradamente prohibido durante el bajo imperio, sin éxito.