El poder real

Fundamentos y naturaleza del poder Real

Desde el siglo IX los reyes astur-leoneses reconocen en sus documentos que lo son “por la gracia de Dios”, fórmula que se repite a lo largo de la Edad Media con algunas variantes. El poder se remite siempre a Dios y los diplomas medievales expresan de diferentes formas ese fundamento sobrenatural y que en última instancia justifica el gobierno político. En un estudio sobre el pensamiento político medieval, José Antonio Maravall comenta un texto de un diploma navarro que sitúa al monarca Sancho “reinando nuestro señor Jesucristo y bajo su imperio”, por lo que Maravall entiende que “se trata de una fórmula de doble valor ya que se produce el reconocimiento de la fuente de que procede el poder que se tiene y de acatamiento de la superioridad de la misma.

La tesis de que el poder , originario de Dios, llega al rey por medio de la comunidad fue explícitamente formulada por Santo Tomás de Aquino en el S XIII y sentó las bases de una concepción democrática del orden político, porque si el pueblo confía el poder a una persona, esta también legitimado para quitárselo o para ejercer un adecuado control. Si, por el contrario, el monarca recibe el poder temporal del papa, vicario divino, aquél queda subordinado a éste y en términos generales el poder temporal depende del papa. Esta interpretación concuerda con la creencia de que el vicario de Cristo ha recibido ambas potestades, la espiritual y la temporal, de las que directamente ejerce la primera y delega la segunda. A consecuencia de ello, el papa puede deponer a un rey injusto y se justifica la intervención papal en los asuntos temporales, y como el caso de Sancho Ramírez, los propios monarcas se hacen vasallos del papa y feudatarios de la Santa Sede.

Si el rey recibe el poder directamente de Dios, cabe justificar la legitimidad del enfrentamiento al papa. Como las mismas Partidas señalan, los reyes “ son vicarios de Dios, cada uno en su reyno”.

El rey como titular del poder público y el rey como señor.

En la Alta Edad Media se distingue el poder general y político del rey –regnun- de aquel otro particular o dominical –ius regale- que el monarca ejerce en los territorios no sometidos a los señores. Resumiendo, el regnun es el poder público del rey sobre el reino, y el ius regale el específico del monarca como señor de los territorios no inmunes.

En la Baja Edad Media el panorama cambia. Los señores mantienen su jurisdicción y privilegios, pero el monarca suaviza el control del realengo otorgando una creciente autonomía a las ciudades que en él existen. Por ello, García-Gallo observa que la distinción entre regnun e ius regale se debilite hasta llegar a desaparecer. Ahora se habla de un señorío real, en el cual, corresponden al rey los poderes legislativos, ejecutivos y judiciales. Por el absolutismo regio consagrado en las Partidas, en cualquier caso, el rey siempre hizo uso de las pragmáticas como procedimiento legislativo indirecto de carácter personal y que no pudo ser evitado nunca. El rey, por tanto, es la máxima instancia en la administración de justicia y juez último siempre en apelación de cualquier sentencia dictada por los jueces del reino.

El ejercicio del poder y sus limitaciones

Limitaciones al poder real de acuerdo con el Derecho medieval de Castilla, Navarra y Aragón:

  • Limitaciones genéricas, contenidas en el ordenamiento jurídico y que se traducían en costumbres, leyes y privilegios generales, locales o de clase, continuamente confirmados.

  • Limitaciones específicas derivadas del juego de derechos y deberes recíprocos entre el rey y el reino, expresados en el contrapoder de las Cortes.

  • Limitaciones técnicas, o mecanismos por los que los súbditos podían imponer al monarca el reconocimiento de los derechos que él se comprometía a respetar: sobrecarta en Navarra, pase foral en Guipúzcoa, el contrafuero, el reparo de agravios o el derecho de resistencia. También estaban los procedimientos contra los abusos de los oficiales reales, como el juicio de residencia, la purga de taula, la visita o la pesquisa.

A pesar de las importantes limitaciones los poderes del rey eran muy amplios. Era el jefe del ejército, recaía en él la potestad legislativa, administraba justicia, y era la cabeza visible de la embrionaria administración del Estado y por ello nombraba a los oficiales públicos. Además poseía una serie de bienes privativos: las regalías.

El derecho de resistencia

El rey debe proteger la fe, gobernar con justicia y mantener la paz y es para ello que dispone de la fuerza de las leyes. Así como un buen monarca es el premio que Dios concede al pueblo, el malo, el déspota es por lo mismo un castigo divino que la comunidad ha de soportar por sus pecados. Ese rey aún no es un tirano; solo en el S XII como consecuencia de las influencias eclesiásticas,los textos atribuyen la condición de tirano al rey legítimo que usa del poder con exceso. Los monarcas intentaron hacer prevalecer la situación de estar por encima del ordenamiento jurídico aunque lo más normal fuera que las propias Cortes sujetaran al monarca al cumpliento de la ley, lo que, por cierto, se consigue cuando triunfan cuando triunfan las concepciones pactistas.

Ante los posibles abusos de poder del rey, que pudieran hacerle incurrir en tiranía, o gobernar injustamente, la doctrina bajo medieval de S. Isidoro de Sevilla y Juan de Salisbury reconocía el derecho de resistencia, aunque en España no llevó a una formulación teórica, que justificaba que el rey tirano pudiera ser depuesto o incluso muerto. Las Partidas condenaron la tiranía, contemplando que pudiera ser amonestado pero no justificaron su deposición.

La concepción pactista

El poder del rey se fundamentaba en el compromiso que aceptaba al ser investido con la potestad real de cumplir las leyes y costumbres del reino, mientras que el pueblo, por su parte, se comprometía a guardar al monarca fidelidad y acatamiento. De esta manera se entendió que el poder real se encontraba su fundamento en el compromiso o pacto contraído entre el rey y el pueblo.

De acuerdo con esta idea de monarquía pactista la sujeción de los súbditos al poder real era el resultado de un pacto (o contrato) tácito que supeditaba al rey el acatamiento de las leyes del reino, y que daba la posibilidad al pueblo de resistirse a los mandatos de un rey que las incumpliera.

Las tesis pactistas se concretan por primera vez en Castilla, en las Cortes de Valladolid de 1442, donde los procuradores logran cierta ley considerada como “ ley e pacto e contracto”, formulándose años después en las Cortes de Ocaña de 1469 en donde se contempla el carácter asalariado y mercenario del rey para que vele por la comunidad.

Esta concepción contractual de la monarquía estuvo más presente que en Castilla en Navarra, en Cataluña y Aragón, así como en Vascongadas, donde el poder de los reyes estuvo de hecho limitado por las normas morales impuestas por la Iglesia, por el derecho, y por la costumbre del país que protegía los intereses generales del pueblo y de los súbditos del reino. Allí el rey antes de ser investido con la potestad regia se comprometía a cumplir las leyes y fueros del reino y el pueblo a guardarle fidelidad.

El principio contractual se manifiesta en Aragón desde Jaime I, con la concesión de carácter hereditario a los dominios señoriales y la conversión del Justicia Mayor en instancia intermedia entre el Rey y la nobleza en las Cortes de Ejea en 1265 y la firma del Privilegio General en 1283. Sin embargo 4 años después, el Privilegio de la Unión rompe ese equilibrio en detrimento del monarca hasta la derrota y derogación del Privilegio en 1384 con lo que vuelve el régimen igualitario rey-reino.

La fórmula “si no, no”. Esta fórmula del pactismo aragonés será citada como expresión temprana del monarquismo democrático en Europa.

Los agravios y su reparación

El rey estaba obligado a respetar el ordenamiento jurídico vigente, de modo que sus mandatos contrarios a tal ordenamiento constituían una lesión, agravio, greuge o contrafuero. La subsiguiente reclamación para la reparación de los derechos subjetivos de los súbditos se denominaba reparo de agravios.

Contrafuero o agravio era la infracción de cualquier disposición de Derecho que lesionase la constitución del reino, fuera cometida por el rey o por sus oficiales o tribunales.

Los agravios mas comunes eran las llamadas “cartas desaforadas” (provisión de oficios, imposición de nuevos tributos, ...), que revestían especial gravedad cuando vulneraban el Derecho producido en las Cortes o los derechos de los municipios.

La denuncia del contrafuero debía realizarse ante las Cortes o su Diputación, o el Justicia Mayor de Aragón.

El reparo de agravios, consistente en la anulación de la disposición vulneradora, fue un procedimiento mas eficaz en Navarra, Cataluña y Aragón que en Castilla. En Navarra era exigido ante las Cortes, donde se hacía efectivo. En Aragón, desde el S. XIII fue competencia del Justicia Mayor, convirtiéndose en juez intermedio entre el rey y el reino, y pudiendo juzgar dentro o fuera de las Cortes. En Cataluña estimaba los agravios un tribunal especial de jueces de agravios nombrados por el rey y por las Cortes.

Lo mas habitual era que el rey anulase la disposición que había ocasionado el agravio dictando otra disposición reparadora que anulaba la primera y adquiría el rango de ley principal del reino.

La fórmula "obedézcase pero no se cumpla"

Obviamente la ley se dicta para cumplirla.

El autoritarismo real se manifestaba principalmente en la preeminencia de las pragmáticas sobre las leyes de Cortes, por un lado, y en la validez de las disposiciones del rey o de sus oficiales contrarias a los derechos vigentes, por otro.

En Castilla se admitió desde las Cortes de Briviesca en 1387 que la norma dictada por el rey o sus funcionarios que fuera lesiva de los derechos de un individuo o del reino en general, debía dejarse en suspenso, según el principio “obedézcase, pero no se cumpla”. De esta forma, la norma había de acatarse como mandato real que era, pero no cumplirse en la práctica en tanto no se subsanase lo que se consideraba un vicio intrínseco.

¿Qué es lo que tiene que ser obedecido pero no cumplido? García-Gallo se refirió a las leyes mismas que fueran ilegítimas o injustas. Sin embargo Lalinde entiende que debe ser aplicado a las meras disposiciones de gobierno y no a a las leyes y pragmáticas del soberano. Creemos que la fórmula no puede referirse a las leyes dictadas por el monarca con las Cortes, puesto que así se consagraría el más puro inmovilismo jurídico pero sí a esas pseudo-leyes que son las pragmáticas y a cualquier provisión de gobierno que atente al mismo.

En Castilla se consideraba que la disposición así afectada era anulable, pero si el rey, conocido el asunto, insistía en su cumplimiento, los súbditos habían de cumplirla. En Cataluña se consideraba que una ley del rey o sus funcionarios que fuera contraria al Derecho catalán era nula sin más. En caso de duda, decidía la Audiencia de Barcelona. En Aragón, el acusado carácter pactista llevó consigo un mayor compromiso del monarca de respetar leyes y fueros, entendiéndose que las disposiciones sujetas a la fórmula de la obediencia e incumplimiento eran nulas de pleno derecho.

En Navarra, la especial preocupación por evitar cualquier tipo de contrafuero, dio lugar a un estrecho control de la actividad regia. Según Salcedo, tras la incorporación de Navarra a Castilla, las Cortes de Pamplona lograron que las cédulas reales dictadas en agravio de las leyes del reino, fueran obedecidas pero no cumplidas. Estamos así ante el precedente del derecho de sobrecarta que aparece en la Edad Moderna como un sistema navarro peculiar para que las instituciones del reino vigilen la adecuación de las disposiciones al régimen jurídico allí vigente. Posteriormente la fórmula “odedézcase pero no se cumpla” fue introducida en el Fuero de Vizcaya y en las ordenanzas guipuzcoanas.

La pugna efectiva por el poder

Poder Real y poder señorial

El proceso de señoriolización mermaba los poderes del monarca, siendo frenado desde la recepción del Derecho Común. El avance imparable de la monarquía provocaba que la nobleza se considerara justificada para sublevarse con objeto de defender su estatus, amparada en la tradición jurídica y política.

En España esta situación se tradujo en un juego de apoyo/oposición mutuos entre nobleza y monarquía. Al final la corona acometió abiertamente una política de reducción de los señoríos fomentada por reiteradas peticiones de las Cortes, cuyas manifestaciones principales fueron:

  • La reducción de las concesiones.

  • La incorporación al realengo de territorios de régimen señorial por matrimonio o herencia, como por ejemplo Vizcaya, Canarias.

  • Medidas legislativas en contra de las enajenaciones del patrimonio de la corona.

Esta política no fue siempre observada por los monarcas. En Castilla, Enrique II, Juan II y Enrique IV hicieron importantes enajenaciones a costa del realengo. Los Reyes Católicos llevaron una política ambigua en este aspecto aunque lograron imponer la autoridad, revisando concesiones efectuadas y anulando muchas de ellas. En Aragón, el señorío jurisdiccional tuvo menos extensión y la nobleza vivió más pendiente de las rentas de la tierra, con lo que se hizo fácil la opresión contra los campesinos. El rey llevó a cabo este proceso gracias al apoyo de las ciudades.

Juntas, uniones y hermandades

En la Edad Media fueron frecuentes en toda Europa los fenómenos asociativos de tipo religioso, profesional, etc., como las cofradías y los gremios, las hermandades, juntas y uniones, que acabaron teniendo una jurisdicción especial que, aunque menor, era efectiva, sobre todo en el ámbito local.

Juntas, Uniones y Hermandades fueron las instituciones asociativas mas representativas. Fueron mas efímeras y débiles en Castilla que en Aragón y Navarra, pero en todos los reinos asumieron funciones jurídico-públicas. Estas, las Hermandades se erigen mediante un documento, “la Carta de Hermandad”en donde se recogen los fines y el régimen de gobierno.

  • Las Juntas eran asociaciones de municipios características de Aragón y Navarra.

    • La Junta de Obanos es la primera que con carácter político aparece en la Península.Fue formada durante el reinado de Sancho VII (1194-1234) con la finalidad de asegurar el orden frente a tropelías. Los infanzones, labradores y eclesiásticos, reunidos en Obanos, se dienten defensores de las libertades y derechos navarros frente a los reyes extranjeros, e imponen ya en 1237 a Teobaldo I una primera concordia cuyas diferencias habrá de resolver Roma. Eran presididas por un sobrejuntero y tenían jurisdicción sobre el territorio global de los municipios. Con la unión de Navarra a Francia la asamblea entra en alianza con diversas villas que a su vez se habían coaligado para defender sus fueros. El pacto entre la Junta de Obanos y las ciudades tuvo lugar en 1297 y reforzó su solidaridad frente al poder real diez años después por una Carta de Hermandad que el monarca aceptó en Cortes celebradas en Olite. Pese a que los reyes franceses la disolvieron, la Junta siguió actuando hasta el siglo XIV.

    • En la Baja Edad Media, aparece en Navarra la Hermandad del reino. Las Cortes de Olite de 1450 realizan una petición a fin de que los Estados puedan formar una Hermandad para perseguir a los delincuentes y para la paz y el provecho del reino. Esta Hermandad se articuló por merindades.

  • Las Uniones fueron asociaciones de ciudades y nobles unidos para la defensa de intereses comunes frente al monarca.

    • Especialmente importantes en Aragón desde el S. XIII, cuando Jaime I reconoce en las Cortes de Egea de 1265 a la Unión Aragonesa importantes privilegios políticos. La Unión Aragonesa logró muchísima fuerza con el Privilegio de la Unión de 1287 en donde se reconocen a la asamblea facultades como la de deponer al rey por lo que convierten a la Unión en un órgano supremo sobre las propias Cortes y el monarca. En toda la historia española no ha habido asociación española con semejante fuerza y poder político como el que tuvo esta Unión Aragonesa.

  • Las Hermandades castellanas. De naturaleza estrictamente política fue la Hermandad de 1295,constituida a la muerte de Sancho VII para salvaguardar los derechos de su hijo Fernando que era menor de edad. Con el mismo fin, las Cortes de Burgos de 1315 formaron una Hermandad de hijosdalgos y procuradores de las ciudades en defensa del rey niño, Alfonso XI, contra los “hombres poderosos”, con el fín de controlar los tutores regios.

La delegación del poder regio

Castilla y Navarra: validos y gobernadores

Al rey correspondía el ejercicio del gobierno, aunque podía delegar el poder temporalmente en otras personas.

La delegación del poder podía producirse por ausencia del rey del territorio, por una situación de minoría de edad o por la simple cesión de las tareas de gobierno a un Valido o Privado.

En ausencia del rey, su hijo primogénito, la reina o un herrmano se hacen cargo en Castilla del gobierno del reino. En Navarra, el alejamiento del rey fue frecuente debido a que los reyes navarros dispusieron de señoríos en Francia y que tenían que visitar y también, al depender Navarra de Francia durante algún tiempo, era habitual la ausencia del monarca. En estos casos era designado como gobernador del reino un magnate. Tal régimen de valimiento, en que el Valido llega a ejercer un verdadero monopolio del poder, adueñándose de la voluntad del rey, es característico de etapas posteriores, pero ya en la Baja Edad Media se manifestó puntualmente en Castilla en los S. XIV y XV. Así en el reinado de Pedro I, aparece como valido Juan Alfonso de Alburquerque con mucho protagonismo político actuando en representación del rey en las Cortes de Valladolid de 1351. Con Juan II es Alvaro de Luna quien controla el gobierno aunque es ajusticiado en Valladolid. En el siguiente reinado, de Enrique IV, el gobierno queda en manos de Beltrán de la Cueva.

En León y Castilla actuaba como gobernador en caso de ausencia real el primogénito del rey, la reina, algún pariente próximo o un magnate. Los delegados del poder real actuaban como representantes personales del rey y estaban investidos de amplias competencias.

Aragón: procuradores, lugartenientes y Gobernador General

En la Corona de Aragón la delegación del ejercicio del poder se hizo necesaria a partir del siglo XIII, dada la imposibilidad de que el rey estuviera en todos los reinos que la componían. Desde principios del siglo XIV las delegaciones del poder real en la Corona aragonesa quedaron unificadas en la persona del Procurador General, del Gobernador General y del Lugarteniente o Virrey:

  • El Procurador General tenía amplias competencias y jurisdicción en los territorios donde el rey residía con mas frecuencia.

  • El Virrey era nombrado discrecionalmente por el rey y ostentaba en su ausencia la plenitud de la potestad regia: jurisdicción civil y criminal, mero y mixto imperio. Los territorios mas alejados eran confiados a Lugartenientes o Virreyes como Valencia y Mallorca.

  • Junto al Virrey, como segunda autoridad del gobierno delegado, surgió la figura del Gobernador General, representando la jurisdicción ordinaria cercana al pueblo y canalizando la lucha contra el rey y su representante, el virrey.