El proceso romano y su proyección en el proceso moderno

Proceso actual y proceso romano

Nociones básicas

El proceso consiste en una sucesión de actos jurídicos que se inicia con la acción y finaliza con la sentencia. Con la acción el actor o demandante inicia una serie de trámites con los que persigue obtener justicia mediante una sentencia favorable.

El proceso actual tiene su origen en el sistema romano de acciones.

El proceso civil está regulado por la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000 de 7 de Enero que se caracteriza por las notas de publicidad, audiencia contradictoria, concentración de actos, inmediación, oralidad, y predominio de la actividad de las partes en el llamado principio dispositivo. Todos estos principios tienen su origen en el proceso romano.

En el Derecho privado romano prevalece la consideración de la acción y del proceso.

Actualmente se distingue entre un Derecho procesal y un Derecho material. El Derecho privado actual consiste en un sistema de normas impuestas que declaran unos derechos subjetivos que debe defender el poder judicial. El Derecho privado Romano contiene una ordenación de acciones litigiosas personales para resolver los litigios entre particulares, aconsejados por juristas privados y decididos por jueces también privados (A. D'Ors).

El estudio del proceso romano tiene interés por las siguientes razones:

  1. Porque es la primaria regulación de un sistema de juicios.

  2. Porque tanto en la aplicación del principio de oralidad ofrece el modelo de las acciones de la Ley como en el de la escritura el más perfecto y clásico de procedimiento formulario.

  3. En el proceso clásico la tipicidad de las acciones y de las  fórmulas, tanto en las reclamaciones de derechos reales como en las obligaciones y contratos, ofrece un repertorio de medios técnico-jurídicos, donde el Derecho aparece fusionado con las acciones que los protegen y garantizan.

  4. En el procedimiento cognitorio oficial del Imperio aparecen los precedentes de los jueces designados por la autoridad imperial que forman un sistema jerárquico que posibilita las apelaciones que llegan hasta el emperador.

  5. En el proceso romano existen los dos sistemas que han influido en la historia posterior: el de los juicios privados designados por jueces particulares en la fase apud iudicem, y el de los juicios públicos ante los jueces funcionarios que determínana los plazos, deciden las citaciones y admiten o rechazan las pruebas.

  6. No solo el sistema de las alegaciones sino el de las excepciones ofrece modelos adecuados de defensa procesal de los demandados.

Actio y actiones

El significado de actio cambia en los distintos períodos del procedimiento romano: en las antiguas legis actiones eran las declaraciones formales y rituales de las partes ante el magistrado; en el procedimiento formulario, la petición de una concreta fórmula al Pretor; en el procedimiento cognitorio la facultad de demandar y de obtener la protección del representante del poder público.

Se distinguen las siguientes clases de acciones:

Acciones civiles y Pretorias

Todas las acciones son o civiles o Pretorias. Las primeras proceden del antiguo ius civile, las segundas provienen del poder jurisdiccional del Pretor y comprenden tres categorías:

  • Acciones ficticias o con ficción: son aquéllas en las que el Pretor ordena al juez que juzgue, fingiendo un hecho o Derecho que no existe o se da por inexistente aunque verdaderamente exista. De este recurso sólo dispone el magistrado o Pretor, en virtud de su imperium y lo utiliza para conseguir soluciones justas que de otra forma no podían ser alcanzadas. Cuando el Pretor extiende las acciones civiles a casos que no pueden ser comprendidos en ellas, también utiliza la ficción, pero en esta hipótesis las acciones Pretorias reciben el nombre de acciones útiles.

  • Acciones in factum: fueron creadas por el Pretor para reprimir conductas dolosas. Parte de estas acciones fueron decretadas caso a caso, por el Pretor, otras dieron lugar a una acción civil ex fide bona, cuyos ejemplos típicos son la acción de depósito y la gestión de negocios, que como muchas fueron incluidas en el edicto perpetuo.

  • Acciones con trasposición de personas: El Pretor utiliza la ficción en esta clase de acciones para que la condena afecte a una persona distinta de la que, en principio, debía afectar. A esta clase de acciones pertenecen las llamadas adyecticias, por las cuales responde el paterfamilias o el dominus de las deudas de los hijos y esclavos.

Acciones in rem y acciones in personam

Las primeras sirven para reclamar cualquier cosa (res); la acción se debe ejercitar contra la persona que detente la cosa. A esta clase pertenece la reivindicatoria o la actio conffesora.

Las segundas (in personam) sirven para demandar al deudor; debe ser ejercitada única y exclusivamente contra la persona del deudor.

Acciones de buena fe y de Derecho estricto

El Pretor ordena al juez que juzgue en términos de equidad. Los de Derecho estricto son aquéllos en los que el juez debe atenerse rigurosamente a la fórmula.

Acciones penales, reipersecutorias y mixtas

Son las derivadas de actos ilícitos. Las penales pueden ser civiles o Pretorias y tienen los siguientes caracteres:
  • Cumulatividad: si son varios los autores, deben pagar cada uno la pena entera.

  • Intransmisibilidad pasiva: porque solamente el responsable debe ser el autor del delito y no sus herederos.

  • Noxalidad: Cuando el delito ha sido cometido por una persona sometida a potestad. El paterfamilias o dominus puede liberarse de su responsabilidad entregando el cuerpo del hijo o del esclavo.

Las acciones penales van dirigidas a conseguir una poena consistente en una suma de dinero en concepto de resarcimiento, pero a diferencia de las acciones civiles, se da por valor doble, triple o cuádruple del daño. Por este motivo, el que dispone de acción civil y de acción penal ejercita preferentemente la última.

Las acciones reipersecutorias son las que persiguen la reintegración de la cosa, y se llaman mixtas las que permiten perseguir conjuntamente la cosa y la poena, es decir, que son acumulables.

Acciones temporales y perpetuas: la prescripción

Las acciones temporales son las que deben ser ejercitadas dentro de un plazo. Las Pretorias suelen tener el plazo de un año para que puedan ser interpuestas, mientras que las perpetuas no tienen plazo para su ejercicio. En el año 424, el Emperador Teodosio II estableció la prescripción de todas las acciones perpetuas, en caso de que no hubiesen sido ejercitadas, dentro de un plazo de treinta años.

lurisdictio, cognitio y iudicatio

El contenido de la iurisdictio está comprendida en las llamadas tres palabras solemnes: do, dico, addico.

  • Do (dare), designa la concesión de un juez o árbitro, contra el que se resiste obstinadamente, como acontece con la acción ejecutiva, en la del fiador por lo que ha pagado, en la de daño injusto de la Ley Aquilia o en la de legados por damnación.

  • Dico (ius dicere), alude a todas las declaraciones que el magistrado pronuncia, en relación con el Derecho que debe ser aplicado.

  • Addico (addicere), comprende los actos que atribuyen derechos constitutivos a favor de una de las partes que actúan en el proceso.

En Derecho clásico, la iurisdictio la ejercía el Pretor urbano. La creación de esta magistratura suele referirse al año 367 a.C. por las leyes Liciniae Sextiae.

El Pretor peregrino se crea en el año 242 a.C, probablemente por la lex Plaetoria de iurisdictione para ejercer la jurisdicción entre peregrinos o entre ciudadanos romanos y peregrinos.

Además de la actividad jurisdiccional, el Pretor actúa con cognitio, o "conocimiento de la causa". Esta cognitio la realiza para dar o denegar una acción, examinar su propia competencia, dar o denegar la posesión de los bienes o decidir sobre cualquier otro recurso que se le solicite.

Distinta de la iurisdictio del Pretor es la iudicatio del juez. Iudex es la persona que decide y emite la sentencia (iudicatum). Su actuación comienza en la fase apud iudicem en los juicios privados del ordo iudiciorum privatorum.

En el procedimiento extraordinario y en el cognitorio postclásico, el juez funcionario realizará todos los actos de cognición y de juzgar.

Las partes

Se denomina demandante al que ejercita la actio, y demandado, aquél contra el que se dirige.

También se llaman actor y reus, respectivamente. Puede suceder que las partes que acuden a un proceso no tengan intereses contrapuestos; por ejemplo, en las acciones divisorias (actio familiae erciscundae communi dividundo y finium regundorum), mediante las cuales sólo se pretende la división del patrimonio familiar.

Las partes podían actuar en el proceso representadas por otras personas: el cognitor o el procurator. El primero sustituye realmente a la persona del demandante a su favor, es la legitimación activa; ser demandado por haber perturbado un Derecho real o no cumplir como deudor se considera legitimación pasiva. En Derecho justinianeo la distinción de ambas figuras quedó eliminada, y solamente subsistió la figura del último.

Caracteres generales

El procedimiento se entiende como una sucesión de actos jurídicos, que se inicia con el ejercicio de la acción y conduce a la sentencia.

Los procedimientos civiles romanos son tres:

  1. Procedimiento de las acciones de Ley (legis actiones), cuya vigencia se remonta a los orígenes del proceso arcaico y se utiliza hasta la mitad del siglo II a.C.

  2. El procedimiento formulario (per formulas) fue usado desde la mitad del siglo II a.C. hasta el siglo III d.C. Este y el anterior son los dos procedimientos que constituyen el ordenamiento de los juicios privados (ordo iudiciorum privatorum).

  3. El procedimiento extraordinario, (extraordinaria cognitio), cuando el Emperador faculta a un cónsul o a un magistrado para que intervenga en determinados asuntos, que considera de particular interés.

En la época de Septimio Severo, la cognitio extraordinaria se implanta definitivamente. El procedimiento formulario fue suprimido por una Constitución de los emperadores Constancio y Clemente, del año 342, que considera   las fórmulas alambicadas y sutiles.

El procedimiento de las acciones de Ley y el formulario conservan la característica esencial de la división del proceso en dos fases: una, in iure, ante el magistrado, y otra posterior, apud iudicem, que tiene lugar ante el juez. Por el contrario, el proceso extraordinario o cognitorio se desarrollaba íntegramente ante un magistrado, funcionario público.

Otra característica de los juicios privados es la convencionalidad: Iniciativa pactada de las partes en la ordenación del proceso. La elección podía ser de un juez o de un árbitro individual o perteneciente a un colegio como los recuperatores.

Pertenece a la esencia del proceso civil romano la publicidad. Las actuaciones procesales se celebraban en lugar público, el foro, etc…

Los centumviri se reunían en la basílica Julia. Se desplazaban a las ciudades en determinadas fechas del año (conventus agere). En la última época imperial los procesos tenían lugar en secretarias en las cuales solamente eran admitidos las partes litigantes y sus abogados.

Hasta el siglo IV d.C. la justicia se administraba únicamente en los días hábiles o fastos y quedaban excluidos los días nefastos, eran los dias dedicados a solemnes fiestas políticas y religiosas, o aquéllos en que los particulares tenían tareas que realizar; así se consideraban los días de mercado o las épocas de la vendimia. El idioma procesal aunque ya en el siglo IV comenzó a usarse el griego.

El demandante o actor debía ejercitar su acción ante un magistrado competente. La competencia de un magistrado venía determinada, en principio, por la pertenencia a la circunscripción territorial del demandado, lugar de nacimiento o domicilio de éste.

En la extraordinaria cognitio, los contumaces perdían el litigio si después de tres citaciones o notificaciones no se defendían en el proceso. Por otra parte, la competencia del magistrado podía haber sido expresamente convenida por las partes, siempre que supieran que no estaban sometidas a otra jurisdicción.

El demandante también accionaba ante un magistrado competente, cuando lo hacía en el lugar en que se hubiera realizado un contrato o donde éste debiera ser cumplido, pero esta posibilidad aparece tardíamente (es el llamado forum contractus). También corresponde al Derecho postelásico el forum rei sitae, a tenor del cual la competencia del magistrado viene determinada por el lugar donde se encuentre la cosa inmueble en los litigios que versen sobre esta clase de cosas.

Proceso arcaico y legis actiones

En los pueblos primitivos las contiendas se dirimían haciendo uso de la violencia. Más tarde, en una segunda etapa, las creencias mágico-religiosas imponen una violencia sometida a ciertos ritos y ceremonias en los duelos u ordalías.

En la prehistoria romana existió también, en una primera fase, la venganza privada. La reacción se limitó después por la llamada Ley del Talión, que autorizaba a imponer al ofensor la misma lesión o daño causado a la víctima. Esta podía renunciar al ejercicio de la venganza mediante el pago de una composición, que primero fue voluntaria y después fue impuesta por la Ley.

El término de legis actiones, utilizado por Gayo para designar el primitivo procedimiento, responde a su último fundamento en las leyes, especialmente en la Ley de las XII Tablas, pero también a la rigidez del procedimiento. Hubo, según Gayo, cinco clases de legis actiones: las tres primeras eran contenciosas, mientras que las dos últimas son ejecutivas.

Se deducen los marcados caracteres de:

  • Solemnidad verbal.

  • Utilización exclusiva del procedimiento por ciudadanos romanos.

  • Las legis actiones solamente sirven para ejercitar acciones del antiguo ius civile.

  • Rigor y formalismo en el procedimiento.

Acción de apuesta sacramental (Legis actio sacramento)

La legis actio sacramento consistía en una apuesta sacramental, y el que resultase vencido perdía el dinero de dicha apuesta (sacramentum) en favor del pueblo.

La legis actio sacramento tenía dos modalidades:

  • Actio legis sacramento in rem, que servía para reivindicar una cosa propia

  • Legis actio sacramento in personam, utilizada para afirmar un Derecho de obligación.

Acción de Ley por petición de juez o arbitro (Legis actio per iudicis arbitrive postulationem)

Aparece mencionada en las XII Tablas para reclamar deudas nacidas de una sponsio y estipulación, y para pedir la división de la herencia (mediante el ejercicio de la actio familiae erciscundae). Una Ley Licinia del 210 a.C la admitió para el ejercicio de la acción de división de la cosa común (actio communi dividundo).

Rasgo esencial del procedimiento es la desaparición del sacramentum, así como la necesaria indicación de la causa.

Acción de Ley por condicción (Legis actio per condictionem)

Es la más moderna de las legis actiones. Esta acción concurrió con la legis actio sacramento in personam y con la acción de Ley por petición de juez.

Fue establecida:

  • Por una lex Silia (siglo III a.C.) para reclamar deudas ciertas de dinero (certa pecunia).

  • Por una lex Calpurnia (de mediados del siglo II a.C.) para reclamar cualquier otra cosa cierta (alia certa res).

El demandante no tenía obligación de expresar la causa de su reclamación, y se limitaba simplemente a solicitar la comparecencia del demandado a los treinta días con objeto de elegir el juez.

La sentencia y su ejecución (Legis actio per manus iniectionem)

Consiste en un procedimiento ejecutivo, que procedía cuando un deudor no cumplía la sentencia dictada por el juez, o en el caso del confessus, ya que su confesión equivalía a una sentencia; y también en algunos casos era concedida por leyes especiales.

Sólo podía ser ejercitada pasados treinta días, a partir del pronunciamiento de la sentencia.

El demandante tenía que solicitar del magistrado in iure la entrega del deudor para llevárselo a su casa preso, si es que no presentaba un fiador, un vindex.

Las XII Tablas y una exposición de Aulo Gelio refieren que el ejecutante podía tener al condenado, o confessus, preso en su casa, durante sesenta días, y encadenado. El peso de las cadenas no podía exceder de quince libras; debía suministrarle alimentos, al menos una libra diaria de harina, si el prisionero no se alimentaba con sus recursos. Durante estos sesenta días debía llevarlo en tres días sucesivos de mercado al comitium y proclamar en público la existencia de la deuda y la cantidad a que ésta ascendía. Si nadie había pagado la deuda, transcurridos los sesenta días, el ejecutante podía venderlo como esclavo (trans Tiberim, es decir, en el extranjero) o darle muerte.

La Iex Poetelia Papiria, del 326 a.C., abolió la prisión por deudas, incluso en el caso de ejecución de sentencia. La Iex de la colonia Genetiva Julia, del año 44 a.C, regula todavía en el capítulo 61 la posibilidad de llevar a prisión al deudor.

En contraposición a la llamada manus iniectio pro iudicato, y para distinguirla de ella, se hablaba de manus iniectio pura. Con este nombre se conoce una ejecución concedida en épocas anteriores, en la que se permite que el deudor pueda desasirse de la manus por si mismo, sin necesidad de vindex e incluso pueda litigar para determinar la legitimidad del apoderamiento.

Acción de Ley por toma de prenda

La legis actio per pignoris fue establecida para ciertos casos por las costumbres, para otros por la Ley. Consiste en el apoderamiento de algunos bienes del deudor, sin necesidad de una previa condena, y constituye un procedimiento ejecutivo.

Los casos en que puede ser utilizada esta legis actio especial tienen un marcado origen sacral y público, que se remonta a la XII Tablas.

Éstas establecían la pignoris capio:

  • contra el que habiendo comprado una res para sacrificarla a los dioses no pagó el precio.

  • contra el que no paga el alquiler de una caballería, siempre que tal alquiler se hubiese destinado a un sacrificio a los dioses.

Por las costumbres dice Gayo se estableció la toma de prenda para los casos militares:

  • El soldado que no recibía sus haberes podía tomar en prenda un objeto del que tenía que pagarle; el dinero de los haberes se llamaba "metal militar" (aes militare).

  • El soldado podia tomar en prenda un objeto del que tenía que pagarle para comprar el caballo, dinero que se llamaba "metal equestre" (aes equestre).

  • Cuando al soldado no se le pagaba el dinero para comprar el forraje del caballo, que se llamaba "metal de forraje" (aes hordearium).

En todos estos casos, para la toma de prenda se pronunciaban determinadas palabras, y por eso se estimó, generalmente, que también ésta era una acción de la Ley.

El procedimiento formulario

Origen y evolución histórica

Los factores prácticos que pueden considerarse como antecedentes del agere per formulas, comienzan a influir a partir de la creación de la pretura peregrina, hacia el año 242 a.C.

A medida que Roma fue convirtiéndose en el centro mercantil y cultural del mundo mediterráneo, los negocios con los extranjeros se multiplicaron.

La jurisdicción internacional del Pretor peregrino tendría un carácter arbitral ya que al ser distintos los ordenamientos jurídicos de los litigantes.

Si nos remontamos a la institución procesal más antigua, la reciperatio, y al órgano más antiguo, el colegio de recuperatores, vemos que ejercían también una jurisdicción arbitral.

Desde finales del siglo III a.C. los recuperatores decidían ya los litigios entre los ciudadanos de dos estados diferentes, recurriendo al arbitraje. En este procedimiento se encuentran los gérmenes del proceso clásico.

Los ciudadanos se veían atraídos por el nuevo procedimiento, más simple y menos arriesgado, y el mismo Pretor urbano tendía a imitar a su colega peregrino, mediante la práctica de los arbitrio, honoraria.

El procedimiento formulario se regula en dos leyes:

  • Una Ley Ebucia, aproximadamente del año 130 a.C, introdujo el procedimiento formulario, aunque circunscrito exclusivamente a las reclamaciones que podían tramitarse por condictio. Para las restantes del ius civile entre ciudadanos romanos, seguía vigente el procedimiento de las legis actionis al menos, en la forma de ficción de que había tenido lugar una legis actio.

  • Dos leyes Julias de juicios públicos y privados, promulgadas por Augusto en el año 17 a.C. La Ley Julia de juicios privados (lex lulia iudiciorum privatorum) reconoció la legalidad del procedimiento formulario para toda clase de reclamaciones, y las legis actiones quedaron abolidas. También confiere al juicio formulario el carácter de iudicium legitimum.

En resumen:

  1. Los precedentes del procedimiento formulario se encuentran en la jurisdicción arbitral, especialmente en la peregrina.

  2. Como consecuencia de la mayor sencillez del nuevo proceso el Pretor urbano, se sirve de ellas como arbitrios honorarios.

  3. La Ley Ebucia legitima las fórmulas de la condictio, que eran las más utilizadas.

  4. A partir de la Ley Ebucia, el Pretor crea nuevas fórmulas, o bien como arbitrio honoraria, o bien mediante ficciones a imitación de las acciones de Ley.

  5. Las leyes Julias abolieron las acciones de la Ley y legitimaron los antiguos arbitrio honoraria, con lo que el procedimiento formulario queda definitivamente implantado.

Las características del procedimiento formulario son:

  • Una mayor actividad del magistrado.

  • La tipicidad de la fórmula escrita para cada supuesto: "tal es la fórmula, tal es el Derecho".

  • La creación de la exceptio: medio procesal que tiene el demandado para alegar un hecho que destruye la alegación del demandante. El magistrado puede negar la actio y también puede denegar la exceptio. Si la acepta, formará parte de la fórmula.

  • La condena es pecuniaria: consiste en una suma en dinero.

La tramitación del procedimiento formulario. Fase ante el magistrado (in iure)

Editio actionis extraprocesal

En los textos de Ulpiano, el demandante debía poner en conocimiento de su futuro adversario la acción que contra él tenía pensado ejercitar antes de iniciar el litigio.

El demandado debía quedar totalmente enterado y poder preparar su defensa, o avenirse y ceder. La editio actionis extraprocesal exigía que el demandante mostrara todos los documentos y pruebas que iba a hacer valer en el juicio (instrumenta). Así el demandado sabía perfectamente a qué atenerse.

Citación ante el Pretor (in ius vocatio)

El demandado debe comparecer ante el magistrado, y solamente algunas personas, en razón del cargo o de la inoportunidad del momento, pueden no ser citados a juicio, como son: el Cónsul, el Prefecto, el Pretor, el Procónsul y los demás magistrados con imperio o las personas que se consideraban en circunstancias especiales.

La in ius vocatio debía realizarse siempre fuera de los casos expresados. Sin embargo, podía suceder que el llamado se ocultase, con objeto de eludir la citación. En el siglo II a.C. el Pretor y la jurisprudencia arbitran medios contra esta ocultación. Estos medios son:

  • La puesta en posesión de sus bienes (missio inpossessionem).

  • La posterior venta de esos bienes (venditio bonorum).

La comparecencia

Presentes ya las partes ante el Pretor, el demandante solicita del mismo la concesión de la acción: editio y postulado actionis. El magistrado verifica la capacidad de los litigantes y de su legitimación activa y pasiva, así como de su propia competencia. Pero antes de la postulatio, el demandante puede interrogar al demandado acerca de alguna circunstancia que podría modificar la petición de su acción e incluso excluirla. Son las interragationes in iure.

Éste deberá contestar forzosamente. Por su parte, el demandado también tiene un Derecho a deliberar, antes de oponerse formalmente al actor en el proceso.

A continuación el Pretor concede o deniega la acción y si el demandado pone una excepción también la concede o deniega. El Pretor también puede exigir promesas de ambas partes, con la finalidad de asegurar el proceso.

El procedimiento formulario también podía terminar en la fase in iure, por algunas de las causas como son:

  • La transacción (transactio) y el pacto entre los litigantes.

  • Confessio in iure o allanamiento del demandado a la acción del demandante. Equivale a la sentencia condenatoria, y si no se cumple conduce directamente a la ejecución mediante:

    • la entrega de la cosa en las acciones reales, por una addictio del magistrado;

    • la concesión de una actio ex confessione que permite la valoración pecuniaria, cuando la deuda no consiste en dinero;

    • la concesión de una acción ejecutiva, cuando la deuda consiste en una cantidad cierta de dinero.

  • El juramento necesario (iusiurandum in iure) lo puede solicitar el demandante del demandado en alguno casos, principalmente en los que se ejercita la condictio. Mediante este juramento se remite la decisión del litigio al resultado del mismo, en lugar de someterlo a la sentencia del juez.

La fórmula

Características:

  1. En primer lugar, la fórmula es un acto de las partes. Resume las dos declaraciones de las partes; se ponen juntas en un documento, en el que se funden sin complementarse.

  2. En segundo lugar, es una instrucción del magistrado dirigida al juez. Es orden del magistrado que fija la función del juez.

  3. En tercer lugar, existen dos actos del Pretor conexos a la fórmula, sin la que ésta no podría darse: son el iudicium dare y el iudicare iubere. Estos dos actos sancionan y dan eficacia práctica a la fórmula. Con el iudicium dare la fórmula encuentra su reconocimiento y efectos, y con el mandato de juzgar (iussum iudicandi) su definitiva sanción en cuanto se envía al juez con orden de aplicarla.

En cuanto a las partes de la fórmula se diferencian las partes ordinarias, que son aquéllas que normalmente se encuentran en las fórmulas, y las extraordinarias o accesorias, que son las que pueden agregarse a cualquier clase de fórmula.

  • Partes ordinarias:

    • Nombramiento del juez elegido o de los jueces recuperadores.

    • Intentio. Es aquella parte de la fórmula en la que se expresa el Derecho que pretende el demandante.

    • Demonstratio o designación. Es aquella parte de la fórmula que se inserta siempre al principio de la misma, para designar el asunto de la demanda.

    • Condemnatio. Es aquella parte de la fórmula en la que se otorga al juez la facultad de condenar o de absolver. En el procedimiento formulario la condemnatio consiste siempre en una cantidad de dinero. Pero había casos de una condemnatio en cantidad incierta (incerta pecunia) (Gayo, 4.49), que el juez debe determinar según las pautas que le ordena el magistrado en la fórmula y mediante una estimación (litis aestimatio).

    • Adiudicatio. Es una parte de la fórmula en la que se permite al juez adjudicar algo a alguno de los litigantes.

      • Gayo. (4.42) trata de la adjudicación en las acciones divisorias, que él mismo cita como ejemplos: si se litiga entre coherederos para la división de la herencia (actio familiae erciscundaé), o entre los socios para dividir el bien común (aedo communi dividundo), o entre vecinos para delimitar las fincas (actio finium regundorum). En estos casos se dice en la fórmula: "Que el juez adjudique a Ticio cuanto deba ser adjudicado".

      • En estas acciones, el juez atribuye partes a los litigantes con arreglo a la equidad y condena al que salió ganando en la adjudicación, a que pague al otro una cierta cantidad.

  • Partes extraordinarias de la fórmula:

    • Excepción, exceptio, es una parte de la fórmula que permite al demandado oponer a la acción del demandante una alegación, de hecho o de Derecho, que la rechaza o la paraliza. Gayo presenta la división de las excepciones en dos clases:

      • Excepciones perentorias o perpetuas: son las que desvirtúan totalmente la acción.

      • Excepciones dilatorias: son las que tienen una validez temporal.

    • Praescriptio, destinada a limitar o concretar el objeto del litigio. Se inserta al principio de la fórmula. Así, para pedir y reducir en juicio la prestación del dinero debido por años o por meses, habrá que pedir, al terminar cada período, el dinero correspondiente a ese tiempo.

La litis contestatio y sus efectos

Los litigantes ya no pueden introducir variaciones en las posiciones adoptadas. Las partes han aceptado el iudicium concedido por el magistrado y se han sometido a la futura decisión del juez o jueces. Los efectos son:

  1. A partir de la litis contestatio, la cuestión objeto del litigio se convierte en res in iudicium deducta; es decir, en una cuestión pendiente de juicio. El actor no puede ejercitar la misma acción contra el demandado hasta que el juicio en curso no sea resuelto.

  2. Las cosas objeto del litigio no pueden ser vendidas. El que vende una cosa, una res litigiosa, obra con dolo malo y el comprador estaría asistido por una excepción.

  3. El efecto más importante de la litis contestatio es la consumición de la acción. La acción no puede volver a ejercitarse cuando es personal (in personam), con fórmula in ius (basada en el ius civile) y se trate de un juicio legítimo (iudicium legitimum).

Fase ante el juez (apud iudicem)

Las dos partes deben estar presentes ante el juez y seguir actuando.

En esta fase tienen lugar los debates, siempre orales de los abogados, cuya misión principal consiste en la exposición pormenorizada de los medios de prueba que puedan aducir sus defendidos. Las pruebas pueden consistir en:

  • Declaraciones de las partes o confesiones.

  • Testigos.

  • Documentos (instrumenta): estipulaciones, contratos y los documentos testamentarios, tienen creciente importancia a lo largo de toda la época clásica. También se utilizan los libros de cuentas de los banqueros (rationes).

En la época clásica comienzan a existir los documentos oficiales: en Egipto había una especie de registro inmobiliario, y a partir de Augusto el registro de nacimientos exigía la declaración de los mismos, dentro de los treinta días de haberse producido. El que se negaba a aportar un documento podía ser obligado a hacerlo mediante la concesión de la actio ad exhibendum al adversario.

Se utilizan, la inspección ocular del juez y la prueba de peritos.

Los principios que rigen en época clásica en materia de prueba son:

  1. La prueba versa siempre sobre hechos.

  2. Corresponde a las partes la carga de la prueba.

  3. El juez valora libremente los medios de prueba aportados por las partes.

La sentencia

En el procedimiento formulario, el juez puede abstenerse de juzgar, como sucedía ya en las legis actiones, si no ha llegado a formarse una idea clara acerca del asunto litigioso. El juez no está capacitado para corregir las posibles inadecuaciones o errores de la fórmula. Por ello:

  • Si el demandante hubiese reclamado más de lo realmente debido, su intentio sería errónea por incurrir en pluris petitio, y el juez tendría que absolver al demandado. El demandante habría consumido su acción en el acto de la litis contestatio y no podría volver a ejercitarla. Los casos de petición excesiva o pluris petitio pueden referirse: a la cosa misma; al tiempo; al lugar; a la causa; o si habiendo estipulado un género pide luego una especie.

  • En cambio, es lícito pedir menos de lo debido.

  • La sentencia es la verdad para las partes, puesto que libremente se han sometido a la decisión del juez (res iudicata pro veritate habetur).

  • El asunto debatido en el litigio ahora es cosa juzgada (res iudicata).

Si el demandante quisiera entablar un nuevo litigio sobre el mismo asunto, el demandado puede oponer siempre la excepción de cosa juzgada (exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae).

Cuando la fórmula contiene una adiudicatio la sentencia constituye los nuevos derechos de las partes adjudicadas y se denomina constitutiva. El resto de las sentencias son declarativas: condenan o absuelven. Si condenan, contienen una pena pecuniaria.

En el procedimiento formulario las sentencias son inapelables y al tratarse de un juez electivo o de un árbitro no existe un juez superior.

Ejecución de la sentencia

Los litigantes vienen obligados a cumplir la sentencia. Debe ser cumplida aun en contra de la voluntad del demandado y condenado. La ejecución de la sentencia es personal; en principio se puede ejercitar la actio iudicati, tanto si se trata de sentencias recaídas en virtud de una actio in personam o del ejercicio de una actio in rem.

La actio iudicati es concedida por el Pretor contra el condenado; el demandante debía solicitarla en el término de treinta días.

Si el demandado se opone a la actio iudicati, se tramita un nuevo proceso cuya pérdida le condenaría al doble (in duplum).

El Pretor decreta la missio in bona y el acreedor es puesto en posesión de los bienes del ejecutado. Pero esta missio in bona sólo tiene por objeto la conservación y administración del patrimonio (missio in bona rei servandae causae).

El decreto del Pretor se publicaba con el fin de poner en conocimiento de los posibles acreedores del ejecutado la ejecución patrimonial a que estaba sometido.

Una figura decisiva en la ejecución patrimonial es el magister bonorum. Su misión consiste en redactar la lex bonorum vendendorum, que contiene las condiciones de venta de los bienes. Una vez aprobada por el Pretor, se fijaba en lugares públicos. El patrimonio se vendía en subasta pública y el magister bonorum adjudicaba los bienes al mejor postor. El que los había adquirido (bonorum emptor) debía pagar a los acreedores; y en primer lugar, a los hipotecarios. El bonorum emptor es considerado como sucesor del ejecutado, y el Pretor le concede un interdicto para reclamar las cosas del deudor. Además, el Pretor concede al bonorum emptor dos acciones: la acción Ruriliana si el ejecutado vive; la Serviana si ha fallecido.

El deudor al que se le embargue, goza, sin embargo, del beneficium competentiae durante un año. El beneficium competentiae consiste en una condena según las posibilidades del deudor.

La distractio bonorum, o la venta de los bienes por partes, comenzó a admitirse en algunos casos, como el del pupilo que no tiene tutor y es heredero del ejecutado, o en el caso del furiosus o del pródigo.

A estas personas se les nombraba un curator bonorum para la administración y venta separada de los bienes. El procedimiento ejecutivo de la distractio bonorum evitaba, además, la missio in bona y la nota de infamia.

La cessio bonorum: Una Ley Julia de César o de Augusto introdujo la posibilidad de que cediera los bienes el deudor (cessio bonorum) que se encontraba en una situación de insol vencía sin culpa. Esta cesión evitaba el procedimiento altamente perjudicial de la venditio bonorum, así como la nota de infamia. Es el deudor quien debe solicitar la cessio bonorum.