La Constitución como norma jurídica

El carácter normativo de la Constitución Española de 1978

En las primeras Constituciones sólo tiene carácter normativo la parte orgánica, es decir, lo relativo a la composición y funcionamiento de los órganos políticos y las relaciones entre ellos; mientras que la parte dogmática –el conjunto de derechos y libertades- venía a ser una mera declaración programática carente de ese carácter normativo, al no contar con un sistema de garantías que hiciera eficaces esos derechos y libertades.

Sin embargo, las Constituciones actuales informan todo el Ordenamiento Jurídico, convirtiéndose en compilaciones de las normas básicas reguladoras del Estado y la sociedad.

Introducción

La mayoría de los textos constitucionales europeos del siglo XIX y del siglo XX hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo con la doctrina, no tenían carácter normativo, no eran consideradas como Derecho aplicable por los Jueces y Tribunales.

Esta opinión es matizable. En efecto, la parte orgánica de dichos textos, las normas reguladoras de la formación y funcionamiento de los órganos políticos y de las relaciones entre ellos, sí era considerado Derecho.

La parte dogmática, donde se recogen los principios programáticos y una relación de derechos y libertades, no se tenía por Derecho. Servía de orientación a los poderes públicos, al Gobierno y al Parlamento, pero no era vinculante. Los primeros constituyentes la protección de las libertades (negativas) estaba garantizada por la división de poderes.

Además las primeras constituciones no pretendían ir más allá de la racionalización del poder político que, sí, es una garantía de la libertad, pero sin eficacia jurídica de la parte dogmática.

Por el contrario, las constituciones europeas actuales, bien por haber sido promulgadas recientemente o a través de reformas, son muy diferentes. Primero, porque son actos de verdadera autodeterminación política en su elaboración y aprobación, el constituyente no es una parte reducida del pueblo o nación. Segundo, porque no se limitan a regular la organización estatal y las relaciones entre el Estado y los particulares: ordenan gran parte de los ámbitos de la vida social. Son la base de los ordenamientos civiles, mercantiles, penales, procesales y administrativos; se crean instituciones como el Defensor del Pueblo y los Tribunales Constitucionales. Someten a su imperio a una serie de valores incluso, como hace nuestro texto vigente, de modo expreso.

En resumen, las constituciones han dejado de ser exclusivamente el marco jurídico de los poderes públicos y se han convertido en compilaciones de las normas básicas reguladoras del Estado y de la sociedad.

Carácter normativo de la Constitución de 1978

Nuestro texto responde a esa naturaleza omnicomprensiva de las constituciones contemporáneas: contiene la Constitución política y, junto a ella una económica, una social, una cultural y presidiéndolo todo una impronta del Derecho Natural.

Los constituyentes evitaron una introducción ideológica y programática, toda la Constitución es netamente normativa: es de obligado cumplimiento. Así, el art. 9.1 establece:

Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.

El mandato anterior se ve reforzado por el art. 53.1, que prescribe que los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo II (Derechos y libertades) del Título I (De los derechos y libertades fundamentales) vinculan a todos los poderes públicos:

Artículo 53

1. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo segundo (Derechos y libertades) del presente Título (De los derechos y deberes fundamentales) vinculan a todos los poderes públicos. Sólo por ley, que en todo caso deberá respetar su contenido esencial, podrá regularse el ejercicio de tales derechos y libertades, que se tutelarán de acuerdo con lo previsto en el artículo 161.1.a) (Recurso de inconstitucionalidad).

El Tribunal Constitucional (TC) ha ratificado en dos ocasiones, ambas en 1982, el carácter jurídico de la CE:

La CE, lejos de ser un mero catálogo de principios de no inmediata vinculación y de no inmediato cumplimiento es una norma jurídica, y sus preceptos pueden ser alegables ante los Tribunales.

La CE es precisamente nuestra norma … no una declaración programática.

La Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, dictada por el legislativo abunda en la misma idea:

Artículo 5 (LPPJ)

1. La CE es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos.

No obstante lo anterior, a la vista de su contenido variopinto, no se puede evitar pensar cómo es posible predicar la fuerza vinculante de todos sus preceptos. Para empezar, los valores y principios, desde el rigor científico, no pueden predicarse como normas jurídicas, ya que ni los unos ni los otros presentan la estructura típica de las normas jurídicas.

En efecto, cualquier norma jurídica se compone del supuesto de hecho y la consecuencia o efecto jurídicos, ligados a dicho supuesto. Los principios, sin embargo, se caracterizan por carecer de supuesto de hecho, y de una dudosa consecuencia jurídica.

Dichas dudas han sido superadas recurriendo a la peculiar naturaleza normativa de la Constitución. El TC dejó claro desde el principio que la CE es una norma cualitativamente distinta de las demás, precisamente porque incorpora el sistema de valores esenciales que ha de constituir el orden de convivencia política y ha de informar todo el ordenamiento jurídico.

Un problema similar se plantea ante otros preceptos exentos de carga valorativa, cuyo incumplimiento continuado no produce consecuencias jurídicas. Un ejemplo del mismo es el mandato del art. 6, según el cual “la estructura y funcionamiento de los partidos deben ser democráticos.”

Por último, está el problema de la eficacia: la idoneidad para constituir situaciones y relaciones jurídicamente relevantes, a su obligatoriedad o carácter vinculante. La improbable realización de los fines constitucionales y/o el aplazamiento “sine die” de algunos de sus mandatos acaban por necrosar los preceptos que los enuncian. Un ejemplo es el “derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado”. El legislador puede elaborar leyes para paliar la satisfacción de la pretensión constitucional, pero durante muchos años pueden depender de circunstancias concretas de la realidad.

Problemas que suscita el carácter normativo de la Constitución española

El carácter normativo de la Constitución de 1978, aparece reconocido inmediatamente en el artículo 9.1 al afirmar que «los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del Ordenamiento Jurídico», y ha sido ratificado en diversas ocasiones por el Tribunal Constitucional y por el legislador ordinario.

Sin embargo si partimos del concepto de norma jurídica y de la estructura de la misma, esto es, de la contemplación de un supuesto de hecho (acción u omisión) y el efecto jurídico atribuido al mismo, se hace difícil reconocer esa estructura en algunos artículos del texto constitucional. ¿Qué ocurre con aquellos artículos en los que se propugnan valores o principios?, ¿se les debe atribuir el carácter de norma?. El Tribunal Constitucional y la doctrina entienden que la Constitución es una norma única, cualitativamente diferente a las demás.

El carácter supremo de las Constituciones

La consideración de la Constitución como norma jurídica suprema aparece ligada a la evolución del constitucionalismo inglés y norteamericano y se afianza tras la aprobación de la Constitución federal de 1787.

Dado que de la Constitución derivan todos los poderes del Estado, incluido el legislativo, toda norma contraria a la Constitución debe ser declarada nula.

Los orígenes de la legalidad superior de la Constitución

La atribución de valor superior a la Constitución, sobre las leyes ordinarias, judicialmente titulado es una creación del constitucionalismo norteamericano, con algunos precedentes ingleses.

La idea de un Derecho superior, equiparado a la razón o a la justicia, es muy vieja. Entre los precedentes se acostumbra a citar la supremacía, en Inglaterra, del common law sobre los actos del Parlamento, pudiendo estos ser considerados inválidos.

Los norteamericanos, en los años anteriores a su independencia, recurrieron a veces a la Constitución británica, para declarar nulas y sin efecto determinadas leyes del Parlamento inglés, dada su naturaleza ofensiva a lo que consideraban sus derechos.

THOMAS JEFFERSON17 y otros criticaron el poder legislativo del Parlamento británico, que no conocía límites, advirtiendo del peligro implícito en la potestad legislativa de cambiar mediante leyes los principios más fundamentales del gobierno. Preconizaron una Constitución que se situara por encima del Gobierno.

HAMILTON18, en El Federalista, propuso que ningún acto legislativo a la Constitución puede ser válido. Negar esto supondría que el mandatario (el representante) sería superior al mandante (el pueblo). Debe preferirse la intención del segundo a la del primero.

La supremacía de la Constitución de los EE UU de 1787 fue el resultado de la concurrencia de tres factores de distinto orden:

  1. El peso de la doctrina y la jurisprudencia anteriores y simultáneas a elaboración del texto constitucional.

  2. El hecho de que la Constitución es el acto fundacional de los EE UU.

  3. La combinación de su forma escrita y solemne con la consagración en el art. VI “This Constitution, and the Laws of the United States which shall be made in Pursuance thereof; and all Treaties made, or which shall be made, under the Authority of the United States, shall be the supreme Law of the Land.

El control de la constitucionalidad en los Estados Unidos de Norteamérica

Este principio de «revisión judicial» surge en los Estados Unidos de Norteamérica, a partir del litigio Marbury contra Madison (1803), en el que el Juez Marshall reconoció el poder de los Tribunales para inaplicar las leyes que contradigan la Constitución.

Vicisitudes del caso.

Ampliación del control de constitucionalidad a los actos de los poderes ejecutivo y judicial, Federal y de los Estados miembros.

Exposición de las características del sistema norteamericano del control de constitucionalidad.

El control de constitucionalidad es un invento norteamericano. El caso Marbury vs. Madison (1803) es el primer litigio en el que se declara la inconstitucionalidad de un precepto, por contradecir lo dispuesto en la Constitución de los EE UU.

Pocos días antes de finalizar su mandato como Presidente de los EE UU, John Adams nombró 42 jueces de paz para el Distrito de Columbia. El Senado ratificó el nombramiento, pero el Secretario de Estado no llegó a enviarlos todos antes del traspaso de poderes al nuevo Presidente Thomas Jefferson. El nuevo Secretario de Estado, James

Madison, siguiendo instrucciones de su Presidente no envió el resto de nombramientos.

Uno de los jueces afectados, William Marbury demando a Madison ante el Tribunal Supremo, invocando el Judiciary Act de 1789.

El Juez John Marshall, presidente del TS, reconoció el derecho de los nombramientos, y que el remedio adecuado para obligar a Madison a enviarlos era el mandamiento judicial, pero afirmó que el TS no tenía jurisdicción para expedir el mandamiento solicitado. La Judiciary Act autorizaba al TS a expedir tal tipo de órdenes, pero según Marshall esta ley había ampliado indebidamente las competencias originarias del TS, tal como aparecían enunciadas en la Constitución, por lo que de acceder se actuaría en contra de ésta.

Marshall empleó el resto de la sentencia a exponer la doctrina de que los tribunales pueden anular una ley que infrinja la Constitución, sancionando una práctica que ya tenía bastantes precedentes en los tribunales de los Estados y que más tarde se denominaría judicial review, según la cual una ley que repugna la Constitución es nula.

the Lewis and Clark Expedition (1804–1806).

De esta forma Marshall asumió como competencia propia del Tribunal Supremo un poder que no aparecía explícito en la Constitución norteamericana: el poder último de aplicar la Constitución aunque haya leyes del Congreso que la contradigan.

Este control de constitucionalidad se extendió años después a cualquier acción gubernamental de los poderes ejecutivo y judicial, tanto federal como de los Estados miembros de la federación.

El hecho de que el Juez Marshall entendiera que el poder judicial podía decidir la compatibilidad de una ley con la Constitución es bastante dudoso; más razonable es que el autorizado para la interpretación de la Constitución hubiera sido el Congreso, más legitimado por la elección popular, siendo su opinión vinculante para los tribunales, y no a la inversa.

La superior legalidad de la Constitución española de 1978

La explicación del valor superior de la constitución española. Opiniones de la doctrina.

La CE, como se ha indicado anteriormente, no sólo es una norma jurídica, sino la norma suprema, de acuerdo con su art. 9.1. Desde el propio universo jurídico no se puede explicar su valor supremo, ya que sería necesario acudir a una norma superior a la propia Constitución.

Desde la óptica de la teoría política si es posible dar una respuesta: es cualidad suprema se atribuye a la CE precisamente por la fuente de la que dimana, que es el poder constituyente del pueblo. La Constitución tiene un valor superior porque expresa la voluntad originaria de autoorganización política del pueblo.

El Profesor Manuel Aragón distingue, además, entre supremacía y supralegalidad, aunque estos términos suelen usarse como sinónimos. Supremacía es la cualidad política de toda Constitución, como conjunto de reglas esenciales para la perpetuación de una forma política. Supralegalidad es la garantía jurídica de la supremacía.

La superior legalidad de la CE resulta de forma derivada, de la interpretación que de la misma ha venido haciendo el TC que la ha calificado repetidamente como norma suprema; norma del poder constituyente que se impone con fuerza general vinculante; de ley superior en rango a todas las que forman el ordenamiento jurídico.

Consecuencias de la supremacía de la Constitución española de 1978

Se distinguen dos planos:

  1. Formal: la Constitución determina qué órganos pueden elaborar y aprobar normas jurídicas, el cómo, y cuál es el orden de prelación entre ellas. También establece los principios para asegurar la eficacia de las mismas

  2. Material: referente a que el contenido y la interpretación de toda norma debe ser coherente con el contenido de la Constitución. La interpretación debe ser conforme con la Constitución.

La doctrina ha agrupado en dos planos estas consecuencias:

  • En el plano formal, como fuente del Derecho, como fuente de fuentes, la CE establece quién (las Cortes, las Asambleas de las CCAA, el Gobierno) y cómo se elaborarán las normas; el procedimiento que debe seguirse y la forma de la disposición (ley orgánica, decreto-ley, etc.). La CE delimita también las materias sobre las que se pueden normas, cuál es la ordenación entre ellas, y cuáles son los principios para su eficacia: la publicidad y la irretroactividad de las normas sancionadoras. Por último, para garantizar su perdurabilidad, se ha dotado de una rigidez considerable ante la reforma.

  • En el plano material, el contenido de las normas, así como su interpretación y aplicación, no pueden ir en contra de los preceptos de la CE. La garantía de este plano material se encuentran en el control de la Constitucionalidad.

El control de la constitucionalidad en España

En España junto al control diario llevado a cabo por los Jueces y Tribunales ordinarios al aplicar la ley a cada caso concreto, se reconoce la competencia exclusiva del Tribunal Constitucional para declarar la inconstitucionalidad de las leyes y expulsarlas, así, del Ordenamiento Jurídico.

Órganos y procedimiento.

La CE resuelve el problema de la compatibilidad de las leyes y otros actos públicos y privados con la Constitución mediante el siguiente sistema:

  • La potestad de verificar la constitucionalidad de las leyes, reglamentos y todo tipo de actos jurídicos, públicos y privados, corresponde a los Tribunales ordinarios, así como la potestad de no aplicarlos, si los consideran inconstitucionales.

  • La potestad de rechazar las leyes que estime inconstitucionales y cuyo enjuiciamiento le haya sido planteado (vía recurso de inconstitucionalidad o vía cuestión de inconstitucionalidad) compete en exclusiva al Tribunal Constitucional.

  • Compete también al Tribunal Constitucional la potestad de verificar la constitucionalidad y rechazar, si procede, las normas de rango inferior a la ley y actos jurídicos en general. En unos casos la potestad es de ejercicio posterior a la del mismo tipo ejercible por los Jueces y Tribunales (como en el recurso de amparo), y en otros su competencia es alternativa a la de los órganos del poder judicial (como cuando el Estado, por ejemplo, decide plantear un conflicto de competencias contra un reglamento de una Comunidad Autónoma, porque invade sus competencias, en vez de impugnarlo ante la jurisdicción contencioso-administrativa).

De la naturaleza de norma suprema que la CE tiene se deriva además otro efecto de gran alcance: todas las normas, sea cual sea su rango o su ámbito de vigencia, deben interpretarse de acuerdo con la Constitución. La STC 19/1982 exige la elección de la interpretación de acuerdo a la Constitución de todas las interpretaciones posibles. Se repite de nuevo el art. 5.1 de la LOPJ:

Artículo 5 (LPPJ)

1. La CE es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el TC en todo tipo de procesos.

Y la LOTC, que califica al TC como interprete supremo de la CE, confiere a dicha interpretación un valor virtualmente normativo: situado entre la CE y la propia ley. Esta faceta del TC, como interprete de las normas, lo hace invadir, no sólo el ámbito del poder judicial (la función de los Tribunales ordinarios), sino además le hace entrar en el terreno propio de creación de las normas (propio del poder legislativo)19.

El Contenido de la Constitución española de 1978

Aunque sigue una estructura semejante a sus predecesoras, destacan, además de su mayor extensión, el carácter intervencionista del Estado, la aparición de nuevos órganos y estructuras territoriales, y un importante conjunto de valores y principios.

Ello ha llevado a que la doctrina considere la Constitución como un texto jurídico con gran diversidad de normas, y que en base a ello, aparezcan distintas clasificaciones del contenido de la Constitución.

La estructura de la Constitución Española de 27 de diciembre de 1978 es la siguiente:

Su diseño no se aparta en exceso del esquema de las constituciones clásicas salvo por tres detalles reveladores:

  1. Su extensión, muy superior a la que hubiera tenido de limitarse al reconocimiento de una serie de derechos y a establecer la organización de los poderes.

  2. Las rúbricas “principios rectores de la política social y económica”, y “economía y hacienda” muestran la intención del constituyente de crear un Estado social intervencionista. Esta CE se aparta de la idea clásica de Constitución como mero freno y contención del poder político.

  3. La introducción, novedosa hasta cierto punto, de las Comunidades Autónomas y el Tribunal Constitucional.

Se ha incluido también un conjunto de valores, inédita en las constituciones de la misma época, y un buen número de principios, muestra la gran diversidad de normas que se han incluido. Se ha importado el modelo alemán de Bonn, así como las pautas interpretativas del Tribunal Constitucional federal alemán.

La CE es una norma que contiene otras normas, habiendo elaborado la doctrina española varias tipologías, dada la dificultad de su tipificación, y de los criterios a los que se atienda.

La tipificación del Profesor RUBIO LLORENTE de 1979

Agrupó las normas constitucionales de creación de Derecho en cuatro grandes apartados, a los que añadió posteriormente más tipos de normas:

  1. Las relativas a derechos fundamentales. Las que recogen las garantías institucionales.

  2. Las que prevén la promulgación de nuevas normas que completen la estructura prevista en la Constitución (los mandatos constitucionales).

  3. Las que incorporan principios fundamentales del ordenamiento jurídico-político o establecen metas a la acción del Estado.

  4. Por último incluyó las siguientes normas: las orgánicas y dentro de ellas las que versan sobre la composición de órganos, las procedimentales, las atributivas de competencias y las normas de relación.

La tipificación del Profesor IGNACIO DE OTTO de 1987

Más simplificada, distinguía:

  1. Las normas de contenido (la parte dogmática de la Constitución).

    • Los valores constitucionales

    • Los derechos fundamentales

    • Las garantías institucionales

    • Las prescripciones de tipo finalista u obligaciones impuestas a los poderes públicos de perseguir ciertos fines.

  2. Las normas de organización y procedimiento (la parte orgánica de la Constitución).

    • Las referentes a la estructura territorial y orgánica del Estado

    • Todas las reguladoras de los órganos de los tres poderes clásicos, del Tribunal Constitucional, de las Comunidades Autónomas, de la reforma constitucional y de otras instituciones y órganos.

La tipificación del Profesor J. ALFONSO SANTAMARÍA PASTOR de 1988

Partiendo de la enorme heterogeneidad normativa del contenido de la CE presenta una tipología más compleja en cinco grandes grupos:

  1. Normas principales (básicamente del Título preliminar)

  2. Normas directivas de la actividad de los poderes públicos: mandatos al legislador, reservas de ley y directrices materiales de la actuación de los poderes públicos.

  3. Normas organizatorias, de constitución de órganos y de sus competencias.

  4. Normas materiales: las que regulan el sistema de fuentes, las que reconocen derechos constitucionales y las que establecen “regulaciones materiales típicas”.

  5. Normas garantizadoras, para asegurar el respeto constitucional y del ordenamiento general.

En cualquier caso, a pesar de las distintas clasificaciones, existe una conformidad plena de los intérpretes y de los aplicadores del Derecho con el carácter jurídico-normativo de la totalidad de los preceptos constitucionales.

Breve excursus sobre las garantías institucionales

Por garantías institucionales se entiende la protección, vía Tribunal Constitucional, de determinadas entidades arraigadas en la sociedad que se consideran necesarias para la convivencia político-social (como la familia, la propiedad, el pluralismo informativo, etc.).

La noción de garantías institucionales, de origen alemán, fue introducida en España por el Profesor Luciano Parejo, en 1981, en la obra Garantía Institucional y Autonomías Locales.

La STC 32/1981 la incorpora al léxico jurídico-constitucional español.

La garantía institucional es una protección constitucional que se otorga a determinadas instituciones, organizaciones o entidades, no esenciales, pero sí típicas, y por lo tanto necesarias en la organización político-administrativa. Dicha protección es frente al legislador democrático, limitándole su entrada en la variación de su contenido esencial.

Según la doctrina las garantías institucionales amparan entidades como la familia, la propiedad, la herencia, el matrimonio, la libertad de empresa, el pluralismo informativo, los partidos políticos, la autonomía local y el régimen foral. Pero no es fácil completar la lista.

La doctrina de las garantías institucionales supone un desapoderamiento del legislador a favor del TC, en cuanto fuente primaria del Derecho, y conlleva una transformación de la estructura del ordenamiento, que pasa de ser un derecho de normas a un derecho de conceptos y principios.

Conceptualmente hay un solapamiento entre las garantías constitucionales y los derechos fundamentales; ambos tienen una finalidad protectora.

La transformación de la idea de Constitución y la Constitución española

Los primeros textos constitucionales se limitaban a la regulación del poder político, su organización y su relación con los gobernados. Sin embargo, las Constituciones contemporáneas realizan una regulación global de todos los ámbitos jurídico-sociales.

Ello hace que por un lado la Constitución establezca los límites de lo permitido, pero, por otro lado, al pretender tratar todas las materias, su amplitud e inconcreción hacen necesaria la intervención del Tribunal Constitucional para definir e interpretar los principios constitucionales que fundamentan las diferentes disciplinas.

De esta forma la certeza y seguridad jurídicas, que se consideraban pieza clave de todo Estado de derecho, desaparecen para quedar en manos de la interpretación que de cada concepto y en cada momento realice el Alto Tribunal.

El concepto de Constitución a principios del siglo XX se fijaba en la organización mediante la limitación del poder político y en la relación entre éste y los gobernados. G. JELLINEK, en 1990, definió la Constitución como un ordenamiento que contiene las normas jurídicas que caracterizan los órganos supremos del Estado, que establecen la forma de crearlos, sus relaciones recíprocas, y sus áreas de influencia, además de la posición fundamental del individuo respecto del poder estatal. Este concepto de Constitución no se corresponde con su noción actual.

Hoy, la Constitución ha ‘invadido’ el resto del ordenamiento jurídico y la sociedad. Ha pasado a considerarse norma jurídica fundamental: contiene el orden jurídico básico de los diversos sectores de la vida social y política; configura un ‘modelo de sociedad’.

Se pretende ver en la Constitución una norma que ya no señala al poder público los límites de lo permitido, sino que le impone también el deber positivo de crear un orden. La Constitución se convierte toda ella en programa, y la legislación no es el instrumento de acción política libre, sino que es ‘desarrollo’ del programa de la Constitución. Contiene los principios que ordenan todas las ramas del Derecho: administrativo, finanzas públicos, laboral, de libertades públicas, penal, civil, comercial, e internacional. El Derecho constitucional se vuelve de manera natural en el Derecho-madre, el Derecho común de los derechos.

La consideración de la Constitución como ordenamiento global de todas las relaciones existenciales resulta preocupante, porque suena a ‘totalitarismo constitucional’. Ese riesgo de imperialismo constitucional existe desde el momento en que se afirma el carácter de Derecho aplicable de la Constitución y se constitucionaliza, no sólo la actividad política, sino también la esfera social (económico, laboral, cultural, familiar, de ocio, etc.).

Se produce, no obstante, una enorme paradoja, ya que se juridifica el texto constitucional, dotando de obligatoriedad a todos sus preceptos, previendo incluso procedimientos jurisdiccionales que aseguren su cumplimiento (el control de constitucionalidad), la redacción de algunos de ellos posee una enorme indeterminación y amplitud que hacen difícil la captación de su esencia normativa.

Desde otra óptica la Constitución puede verse como pacto entre fuerzas políticas y sociales enfrentadas, que permite interpretaciones distintas del texto y, por lo tanto, opciones políticas varias, defiriendo en el TC la labor de protagonista último de la acción política.