El constitucioanlismo español

La Historia constitucional española (de 1812 a 1931)

Los vaivenes constitucionales por los que pasa la historia moderna de España tienen su origen en el desfase existente entre las ideas implícitas en un Derecho Constitucional de corte revolucionario y la realidad de la sociedad civil, que no se había transformado lo suficiente como para impulsar el progreso hacia unas relaciones sociales menos desiguales y hacia el establecimiento de una democracia constitucional.

Pero además, influyen otros factores como son: una estructura centralizada y centralista; el mantenimiento como forma de gobierno de la monarquía; y la aprobación, durante este periodo, de siete textos constitucionales. La Constitución era considerada por los partidos políticos como instrumento para llevar a cabo sus fines, y no como norma reguladora.

La historia constitucional española es la de la superficialidad, a falta de una auténtica revolución burguesa: la sociedad no estaba preparada. El régimen constitucional ha sido constantemente falseado por el caciquismo, los pronunciamientos y los pucherazos. La historia constitucional ha tenido tres grandes problemas: el Estado unitario, la monarquía, y el número elevado de constituciones (el partidismo).

A diferencia de otros países europeos en España no hubo una revolución burguesa, por lo que se creaban tensiones al querer imponer instituciones liberales ‘avanzadas’ en una sociedad conservadora, económica y socialmente atrasada. En el plano jurídico-político pasa lo mismo: se quieren implantar unas formas de organización políticas modernas sin una infraestructura social preparada para ello.

La primera Constitución de Cádiz, de 1812, es una muestra: las estructuras predominantes están lejanas de los principios políticos. Ahí comienza el falseamiento del régimen constitucional; la “superficialidad del movimiento constitucional”.

Pronunciamientos, caciquismo, manipulaciones del sufragio, son la muestra de la farsa con la que legaliza sus poderes la oligarquía.

Se apuntan a continuación algunos de los problemas de la historia constitucional española. Uno de ellos el la estructura política centralizada, sobre todo centralista. La centralización se impuso como una armadura a un cuerpo. España no fue nunca un Estado unitario, ni con los Reyes Católicos, ni con los Austrias, ni con los Borbones. Así no triunfaron ni las leyes de municipal y provincial de 1870, ni el proyecto de Constitución federal de 1873, ni la Constitución de 1931 que creaba un Estado integral.

Otro de los problemas de la historia constitucional española es la monarquía. Esta es una de las servidumbres de la fórmula política del siglo XIX. Es un constitucionalismo de corte conservador el que se tiene en las Constituciones de 1837, de 1945, y de 1876: la soberanía nacional reside en la Cortes, con el Rey. Es la Constitución histórica, la Constitución interna.

La soberanía nacional, la del pueblo, se reconoce en las Constituciones de 1812 y de 1869, una soberanía que emana del pueblo. Estas dos constituciones reconocen asimismo la división de poderes. Más democrática, aunque también de vida corta como las dos anteriores, es la Constitución de 1931, en la segunda república.

El tercer y último problema es el número elevado de Constituciones: siete, más varios proyectos que no llegaron a prosperar. Cada partido quería implantar la suya, a veces contra los demás. El partidismo daba lugar a que cada Constitución era un instrumento político, y no una norma reguladora, para el partido que la hacía, y la bandera enemiga para los demás.

La dictadura del General Franco (de 1939 a 1975)

Franco asumió la jefatura del Estado desde el comienzo de la guerra en 1936, y luego se erigió en el poder supremo del Estado en todos los ámbitos de gobierno. Ahora bien, a pesar del carácter personalista de la dictadura, Franco se valió del Ejército y de la Iglesia Católica.

La dictadura inicialmente totalitaria evolucionó hacia un sistema autoritario, en el que no había cabida para la división de poderes, ni para los derechos individuales de corte liberal.

Las Leyes fundamentales del régimen franquista no se pueden llamar Constitución. No había separación de poderes, concentrados en el Caudillo, ni garantía de derechos. Para ello Franco se apoyó en el partido único, el Movimiento (FET y de las JONS), en el Ejercito, y en la Iglesia. Los derechos no existían, o no estaban garantizados. La monarquía autoritaria que estaba prevista después de su muerte no triunfo al no existir un sucesor claro.

Si algunas de las constituciones del XIX no deberían llamarse así, desde luego no eran una Constitución las Leyes fundamentales del régimen franquista. Franco concentraba en la práctica todos los poderes del Estado: tenía el poder legislativo (leyes de 1938 y 1939), era el Jefe del Estado, el Caudillo del Movimiento (líder del partido único), el Jefe del Gobierno durante casi todo su mandato, el Jefe del Ejercito, controlaba el poder judicial, siendo su mandato vitalicio.

Para llevar a cabo su política personalista Franco contó durante la mayor parte de su mandato con la Iglesia (que calificó la Guerra Civil de cruzada) y todo el tiempo con el Ejercito. El Ejercito formaba parte de los Gobiernos, de las Cortes, y controlaba a la Guardia Civil y a la Policía Armada.

La Iglesia se alió con Franco ya durante la “cruzada”, y siguió participando en las Cortes y en el Consejo de Estado. Tenía privilegios económicos y en la enseñanza. Colaboraba asimismo en la censura que el régimen imponía sobre los medios de comunicación y la cultura.

El régimen franquista evolucionó a lo largo del tiempo, adaptándose, y creando instituciones o leyes que disimulaban hacia el exterior, desde un régimen dictatorial fascista a un sistema autoritario personal hacia el final. Para ello se sirvió del partido único: el Movimiento.

El Gobierno siempre fue controlado por el Caudillo, que fue su presidente hasta 1973. Las Cortes una asamblea que aprobaba los proyectos de ley del Gobierno con una representación orgánica. El poder judicial tenía una escasa independencia y las leyes que tenía que aplicar eran las del régimen.

Los derechos, los del Fuero del Trabajo y el Fuero de los Españoles, no estaban garantizados, y las libertades públicas eran prácticamente inexistentes. Un Tribunal de Orden Público se encargaba de perseguir los delitos políticos. Las libertades de expresión (prensa), de reunión o de asociación no existían; la alternativa era la represión cuando no la prisión.

La Ley de Sucesión de 1947 instaura la monarquía, a la muerte de Franco. Éste nombró en 1969 a Juan Carlos, nieto de Alfonso XIII, después de que jurara los principios fundamentales del Movimiento Nacional. El control de la monarquía posterior por su “sucesor” en potencia Carrero Blanco, nombrado en 1973 Primer Ministro, se vio frustrada por un atentado de ETA a los pocos meses.

La transición política a la democracia constitucional

Tras la muerte del General Franco surgieron numerosas dudas acerca de si se mantendría el mismo régimen a través del sucesor D. Juan Carlos de Borbón.

Habría que esperar al nombramiento de Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, para vislumbrar cambios hacia un sistema democrático.

En junio de 1977 se celebran las primeras elecciones generales libres desde 1936, a partir de las que se constató que España estaba ideológicamente dividida en una izquierda y una derecha de magnitudes similares.

La incertidumbre ante la muerte del Caudillo pareció dar inicialmente paso a la continuidad de Arias, pero sustituido por el Rey por Suárez se produjo una transición con el consentimiento de la clase política anterior y la moderación de la oposición. Se dio amnistía, se reconocieron los partidos, se aprobó la Ley para la reforma política, se legalizó al PCE y se convocaron elecciones libres constituyentes.

La incertidumbre que se produjo a la muerte de Franco en 1975, pareció en primer lugar una continuidad del régimen anterior con Carlos Arias Navarro continuando como Primer Ministro, acompañado de figuras representativas del franquismo.

El rechazo de los sectores opositores a sus vacilantes primeras reformas dio lugar a su sustitución en 1976 por Adolfo Suárez, que tenía intención de establecer un sistema democrático desde su primera declaración: amnistía a los presos políticos, conversaciones con lideres de la oposición, promulgación tras referéndum de la Ley para la Reforma Política (acta de defunción del régimen anterior, certificado de nacimiento de un régimen democrático de Derecho), restablecimiento de los derechos de asociación (política y sindical), Real Decreto-ley de normas electorales, y Real Decreto-ley de relaciones de trabajo.

Todo ello se hizo de acuerdo con las normas legales del anterior régimen, sin gran oposición de la clase política franquista, con la colaboración de las fuerzas opositoras y bajo la dirección del Rey, de Suárez, y de Torcuato Fernández Miranda (Presidente de las Cortes).

La legalización en 1977, un tanto dudosa por la ley vigente, del Partido Comunista fue uno de los momentos más delicados de la transición, pero fue un paso definitivo en la reforma del régimen.

Las elecciones de 1977, generales, libres (desde 1936) fue otro de los momentos destacables. Las Cortes constituyentes eran una muestra de una España dividida, pero políticamente. La Constitución resultante es una muestra de la transacción entre estas fuerzas políticas: una Constitución pretendidamente elástica.

La Constitución Española de 1978: características generales

El hecho de que la Constitución contara con el apoyo de la mayor parte de las fuerzas políticas del momento, se debió a que el texto definitivo fue el resultado del consenso entre todas ellas. Ello conllevó una serie de características del texto constitucional:
  • Es una Constitución ambigua: se utilizan términos que admiten distintas interpretaciones.

  • Es una Constitución plural desde el punto de vista ideológico.

  • Es una Constitución normativa y axiológica: lo que resulta de su artículo 9.1, y de las numerosas menciones de principios que contiene (arts. 9.3, 103.1, 117.5, etc).

  • Es una Constitución incompleta: distintas materias se dejan a un desarrollo normativo posterior mediante Ley orgánica.

  • Es una Constitución rígida: prevé mecanismos de reforma complejos.

  • Es una Constitución escasamente original: al tomar como modelos otras Constituciones anteriores, tanto extrajeras como españolas.

La Constitución de 1978 tuvo un proceso de consenso largo, más de un año. Esto dio lugar a las siguientes características: ambigüedad, pluralidad ideológica contradictoria, normativa y axiológica simultáneamente, inacabada o incompleta, rígida, y no original.

El Congreso de los Diputados encargó a una Comisión la elaboración de un proyecto de Constitución, que fue aprobado por las dos Cámaras el 31 de octubre de 1978 y votado en referéndum el 6 de diciembre.

El proceso constituyente duró desde julio de 1977 hasta octubre de 1978, muy largo, pero necesario para alcanzar un consenso (la palabra más repetida), con una participación en el referéndum no tan elevada, 2/3 de la población con derecho al voto aproximadamente.

El consenso explica algunas de las características de la Constitución de 1978:

  • Ambigüedad. Algunos de sus preceptos admiten varias interpretaciones. Ejemplos: el término nacionalidad del art. 2, para contentar a nacionalistas sin usar el término nación. La igualdad que en un artículo es “real y efectiva” como objetivo y en otro “ante la ley”.

  • Pluralidad ideológica, casi contradictoria. El Estado social y democrático de Derecho del artículo 1: se establece la libertad de mercado y de empresa, pero también la posibilidad de intervención estatal en la economía y en el mundo laboral.

  • Normativa y axiológica, a la vez. Así, el art. 9.1 establece que “los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento político”. Pero el art. 10.1 establece que “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social”.

  • Constitución inacabada o incompleta. Se dejan para su desarrollo mediante Leyes Orgánicas una serie de materias, necesitando dichas leyes un necesario consenso.

  • Rigidez. Los arts. 168, y especialmente el 169, establecen una serie de obstáculos para su reforma, son el deseo de que perdure, dada la dilatada historia de cambios de Constitución.

  • Falta de originalidad. No es una Constitución originaria, sino derivada (Lowenstein). Copia las constituciones alemana (1949), italiana (1947) y portuguesa (1976) entre otras.