Las personas jurídicas

Introducción

La organización social de nuestros días presupone que existe una enorme y variopinta serie de entes u organizaciones a los que reconoce autonomía y capacidad de autoorganización, al tiempo que se les atribuye facultad de relacionarse con los demás miembros de la colectividad.

La actual realidad cotidiana acredita la existencia de una serie de organizaciones supraindividuales que ocupan incluso un lugar preeminente en la sociedad, en el tráfico jurídico‐económico, respecto de las personas naturales o seres humanos; por tanto, son igualmente consideradas como sujetos de derecho dentro de su esfera propia de actuación. Si tales organizaciones no pudieran gozar de capacidad de obrar y de personalidad jurídica , dejarían de ser tales (organizaciones) para convertirse en una suma de seres humanos.

Tales organizaciones, tendentes a un fin protegible por el Ordenamiento jurídico y dotadas de capacidad de obrar en el tráfico, se denominan personas jurídicas.

El fundamento y la admisibilidad de las personas jurídicas

La doctrina ha debatido ampliamente, sobre todo durante el s. XIX, el fundamento y la admisibilidad de las personas jurídicas, girando básicamente entre la tesis de considerarlas una ficción del Derecho o realidades preexistentes a las normas jurídicas que las reconocen y perfilan en sus derechos y obligaciones.

La persona jurídica como persona ficta

En la época medieval, el ensombrecimiento de la distinción entre el Dº público y el Dº privado y la aparición de numerosos "entes intermedios" entre la persona y la estructura política, constituye un caldo de cultivo adecuado para el desarrollo de la personalidad propia e independiente de aquellos entes.

Mediados del s. XIII: el Papa Inocencio IV impone en el Concilio de Lyon la después llamada "teoría de la ficción" para evitar que las ciudades puedan ser objeto de una excomunión general y colectiva como había defendido el Dº canónico. Por otro lado, las "causas pías" y las colectividades religiosas deben considerarse también como "persona ficta".

A partir de ese momento, en cuanto "personae fictae", las agrupaciones o entidades que se consideran dotadas de una cierto interés público, actúan en el tráfico como personas independientes de los miembros que las forman, siempre y cuando cuenten con el debido reconocimiento o autorización del poder secular o eclesiástico correspondiente.

Esta situación continúa hasta la consolidación de las Monarquías absolutas, cuando se replantea la tensión entre el Estado y los individuos particulares. Pero para entonces ya ha calado en la sociedad civil la idea de persona jurídica y, además, ha sido objeto de elaboración por los juristas bajo medievales y modernos.

De otra parte, aparecen ya en el s. XVI (en estado embrionario) las sociedades anónimas que conocen un triunfo sin precedentes.

La limitación de la responsabilidad patrimonial pasa a ser una de las notas características de la persona jurídica y el motor de arranque del triunfo de las sociedades anónimas que, en los s. XIX y XX, se convierten en el parámetro general y en el espejo del desarrollo de todo el conjunto de las personas jurídicas.

En el s. XIX, la construcción teórica de SAVIGNY refuerza la teoría de la ficción, calificando a las personas jurídicas de "ficticias" y señalando las barreras entre los tipos básicos de personas jurídicas de interés básico para el Derecho civil: las asociaciones y las fundaciones.

La concepción antropomórfica

Finales s. XIX: OTTO VON GIERKE publica una obra sobre la materia en la que propone el abandono de la teoría de la ficción, demostrando que las personas jurídicas son una serie de organismos o entidades que realmente tienen una innegable presencia social, una vida propia e independiente de los seres humanos que las conforman. El Derecho pues, se limita a reconocer su existencia y a establecer el régimen jurídico que les es aplicable, fijando su ámbito de actuación, pues deben ser consideradas también sujetos de derechos.

Esta propuesta supone una respuesta más perfilada a la naturaleza de las personas jurídicas. Desde su formulación se ha enterrado doctrinalmente la teoría de la "persona ficta" aunque a veces nuestro T. S. recurra a ésta en algunos fallos.

El reconocimiento de la personalidad y la doctrina del "levantamiento del velo"

La doctrina más moderna (ya en el s. XX) se ha preocupado de manifestar que el problema de la persona jurídica debe analizarse considerando las condiciones de admisibilidad de los distintos tipos de persona jurídica reconocidos por el propio sistema jurídico. El sustrato antropomórfico es un punto de partida imprescindible pero es igualmente necesario un acto de reconocimiento legislativo.

Incluso una vez creada la persona jurídica y reconocido su ámbito propio de autonomía, no puede dejar de pensarse en la posibilidad de controlar la actuación concreta de las personas jurídicas.

Las sociedades anónimas constituyen finalmente el paradigma de la persona jurídica. Los abusos llevados a cabo bajo el amparo del "hermetismo de la persona jurídica" han sido tantos que, los tribunales han debido atender a la realidad subyacente en los casos más patentes de actuación fraudulenta.

El capitalismo salvaje y la idea de enriquecimiento rápido ha provocado traspasos millonarios de sociedades matrices a sociedades filiales (o a la inversa), dejando a los acreedores con dos palmos de narices, pues la limitación de la responsabilidad amparaba ese resultado. Para evitar ese desenlace se recurre a la idea figurada de "levantar el velo" o de "desentenderse de la personalidad jurídica" y analizar el fondo de cuestión para alcanzar soluciones justas.

La doctrina del "levantamiento del velo" supone un punto de llegada que, desde la práctica doctrinal americana ha pasado a Europa. Nuestro T.S. ha considerado imponible la separación de personas y patrimonios cuando ella se alega de mala fe. La doctrina jurisprudencial del "levantamiento del velo" concluye que " si la estructura formal de la persona jurídica se utiliza con una finalidad fraudulenta y de forma desajustada respecto a la que constituye la justificación de dicha figura, los Tribunales podrán descartarla con la correlativa separación entre sus respectivos patrimonios".

Las personas jurídicas en el CC

Nuestro CC utiliza expresamente la denominación de “personas jurídicas”, en plural, como rúbrica del capítulo II del Título II del Libro primero.

La estructura básica de asociaciones y fundaciones

En nuestro sistema jurídico existen tres tipos de personas jurídicas:

  1. Corporaciones

  2. Asociaciones

  3. Fundaciones

Asociación es un conjunto de personas unidas por la consecución de un fin; la fundación es un conjunto de bienes (un patrimonio) adscrito a un fin.

Las corporaciones: las personas jurídicas públicas

La agrupación de personas con un fin común puede encontrar origen o fundamento en actos de muy diversa naturaleza:

  • En la libre iniciativa de sus propios componentes personales, quienes voluntariamente deciden dar cuerpo a una determinada persona jurídica, que se identificaría con la asociación.

  • En el dictado de la Ley, en cuyo caso se daría cuerpo a las corporaciones, requeridas por la propia estructura socio‐política del sistema social y que, por tanto, se incardinan dentro de las Administraciones públicas (el propio Estado, las CCAA, la Provincia, el Municipio, las Universidades, los colegios profesionales, las Federaciones Deportivas…)

El Código utiliza el término corporaciones para referirse a todas las personas jurídico‐públicas que deben su nacimiento al propio impulso de la Administración pública y de los diferentes organismos políticos.

El interés público de asociaciones y fundaciones

Lo dicho no significa que las asociaciones y las fundaciones dejen de ser personas jurídico‐privadas en sentido genuino, sino sólo que los fines perseguidos por ellas han de ser de interés general. En principio, las asociaciones y las fundaciones han de ser consideradas privadas, en el sentido de que, una vez permitidas legalmente, la iniciativa de su creación o constitución corresponde, por principio, a los particulares.

Asociaciones y sociedades: el interés particular

Una vez enunciado el requisito del interés público de las asociaciones, el art. 35 del CC, reconoce como personas jurídicas a las asociaciones de interés particular, complicando de forma absoluta el panorama.

En realidad, tales asociaciones de interés particular constituyen un subtipo de la figura de la asociación propiamente dicha: las sociedades, que tienen por objeto conseguir un lucro o ganancia repartible entre los socios.

Sin embargo, ha de considerarse que dicho interés particular no es antagónico al denominado interés público (generación de riqueza, creación de empleo, ampliación de mercados, etc.).

Régimen básico de las personas jurídicas

Personalidad y capacidad de obrar

Las personas jurídicas regularmente constituidas adquieren capacidad jurídica y de obrar desde el mismo momento de su constitución. El Código reenvía las reglas de adquisición de la personalidad jurídica de corporaciones, asociaciones (entre las cuales se entienden incluidas las sociedades) y fundaciones a la regulación concreta de cada una de ellas: Ley de Régimen Local, Leyes de creación de Universidades o Colegios profesionales, Ley de Asociaciones, Leyes de sociedades anónimas y limitadas, legislación sobre fundaciones, etc.

Art. 38 del CC: “las personas jurídicas pueden adquirir y poseer bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales”.

Domicilio de las personas jurídicas

“Cuando ni la ley que las haya creado o reconocido, ni los estatutos o las reglas de fundación fijaren el domicilio de las personas jurídicas, se entenderá que lo tienen en el lugar en que se halle establecida su representación legal, o donde ejerzan las principales funciones de su instituto”.

Según ello, el domicilio de las personas jurídicas será el establecido en su momento constitutivo y, en caso de faltar éste, debería atenderse al lugar en que se encuentra fijada la representación legal de la persona jurídica en cuestión o donde ejerzan sus funciones principales.

El art. 51 de la LEC establece que “salvo que la ley disponga otra cosa, las personas jurídicas serán demandadas en el lugar donde la situación o relación jurídica a que se refiera el litigio haya nacido o deba surtir efectos, siempre que en dicho lugar tengan establecimiento abierto al público o representante autorizado para actuar en nombre de la entidad”.

Nacionalidad de las personas jurídicas

El art. 9.11 del CC dispone que “la ley personal correspondiente a las personas jurídicas es la determinada por su nacionalidad y regirá en todo lo relativo a capacidad, constitución, representación, funcionamiento, transformación disolución y extinción”.

Ahora bien, ¿cómo se determina la nacionalidad?: el CC atribuye la nacionalidad española a las personas jurídicas que, además de haber sido reconocidas por la ley, se encuentren domiciliadas en España. Esto es, el domicilio resulta determinante en relación con la nacionalidad, pues en definitiva es el criterio de imputación que verdaderamente conlleva la atribución de la nacionalidad española de las corporaciones, asociaciones o fundaciones.

¿Vecindad civil de las personas jurídicas?

Existen en España diversas disposiciones autonómicas relativas a las fundaciones con rango de Ley, dictadas unas por o para “Comunidades Autónomas forales” (Navarra, Cataluña, Galicia) y otra aplicable en las Islas Canarias. En general, todas las CCAA se encuentran habilitadas para regular aspectos relativos a las asociaciones en materias concretas sobre las que aquéllas tengan competencia exclusiva (p.e. asociaciones estudiantiles, de consumidores, culturales, etc.).

El sometimiento a las disposiciones autonómicas relativas a las personas jurídicas depende en definitiva de la vecindad administrativa en cualquiera de las CCAA y no sólo en las “forales”.