Las asociaciones

Asociaciones y derecho de asociación

La asociación puede definirse como un conjunto de personas voluntariamente organizado con vistas a la consecución de un fin de interés general y no lucrativo.

Legislación aplicable y clases de asociaciones

La antinomia entre la Ley 191/1964 y la Constitución

El explícito reconocimiento constitucional del Dº de asociación (art. 22 CE) es hoy día uno de los contenidos típicos de las Constituciones democráticas e incluso de los instrumentos jurídicos propios de los regímenes no democráticos. La diferencia fundamental entre unas y otros vendrá dada por el posterior desarrollo o limitación del principio asociativo, en el segundo caso en la evitación de toda agrupación de carácter político.

Ley de Asociaciones de 1964, vigente hasta el comienzo del siglo XXI, evidencia la precaución de cercenamiento del principio asociativo en el ámbito jurídico‐político.

La pluralidad normativa en el momento constituyente

Se ha producido en el Ordenamiento jurídico español un fenómeno sumamente llamativo: se mantiene la Ley General de Asociaciones, para “parchear” los problemas políticos de primera línea.

Los años de la transición conocen una inusitada actividad legislativa en relación con las asociaciones. Se aborda inicialmente la estructuración de las asociaciones políticas y de forma inmediata se comienzan los trabajos preparatorios de la legislación de los sindicatos.

La situación normativa actual: los tipos particulares de asociaciones

Publicada la Constitución, la falta del desarrollo del art. 22 y el formal mantenimiento de la Ley 191/1964, ha seguido siendo notorio y demostrativo de que, durante cinco lustros, se ha optado en definitiva por considerar que el derecho general de asociación no es óbice para puntuales especificaciones del mismo.

Andando el tiempo, la situación ha devenido absolutamente confusa desde el punto de vista normativo, pues algunas de las disposiciones han sido objeto de reforma o desarrollo antes de transcurrir un decenio desde la aprobación de la Constitución.

La LO 1/2002, reguladora del derecho de asociación

Parece razonable destacar la aprobación, por fin, de la LO 1/2002, de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación, que implica que el régimen general del derecho de asociación sea compatible con las modalidades especificas reguladas en leyes especiales, y en las normas que las desarrollan.

Vamos a optar por una exposición de carácter muy general, señalando los extremos fundamentales del régimen jurídico de las asociaciones, en el entendido que nos estamos refiriendo a las asociaciones en general y, por tanto, al régimen mínimo y común del que habla la Exposición de Motivos. Nos referiremos a ella como LO o como Ley de Asociaciones.

El desarrollo reglamentario de esta ley orgánica se ha llevado a cabo por el Real Decreto 1497/2003, de 28 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento del Registro Nacional de Asociaciones y de sus relaciones con los restantes registros de asociaciones autonómicos.

Constitución de la asociación

La pluralidad de personas

El presupuesto fundamental del nacimiento de la asociación viene representado por la unión o agrupación de un número plural de personas, las cuales precisamente se asocian entre sí para conseguir alguna finalidad que, por separado, sería imposible o inoportuna.

La constitución no precisa nada al respecto del número mínimo de asociados. Por tanto, bajo su vigencia, según la opinión mayoritaria, habría de considerarse bastante la existencia de dos o más personas. No obstante, la Ley orgánica 1/2002 establece que se necesitan como mínimo tres personas, físicas o jurídicas, como socios iniciales o fundadores.

Resulta, pues, indiscutible que en la actualidad incluso las entidades públicas con carácter general son titulares del derecho de asociación.

Quienes deseen constituir una asociación (o incorporarse a una ya existente) deben tener capacidad de obrar.

Conforme a ello, los menores de edad no podrían formar parte de asociación alguna, por carecer de tal capacidad. Sin embargo, dicha conclusión es dudosa si pensamos en la cantidad de asociaciones deportivas, culturales, etc., constituidas a propósito para la juventud y los estudiantes.

El acta fundacional

Quienes deseen constituir una asociación, como primer paso, habrán de llevar a cabo un acto dirigido a manifestar su voluntad de constituirla, al tiempo que habrán de redactar y aprobar uno estatutos que constituyen las reglas internas de funcionamiento. La Ley de Asociaciones habla de acta constitutiva o acta fundacional, que constituye el documento suscrito por los socios fundadores que deja constancia de la voluntad común y concorde de los asistentes de constituir una asociación.

Puede tratarse de un documento público (acta notarial) cuanto privado (la mayoría) que contenga los siguientes extremos:

  1. Nombre, apellidos y circunstancias de las personas intervinientes.

  2. Lugar y fecha de la reunión.

  3. Acuerdo constitutivo con indicación del nombre, domicilio y fines de la misma

  4. Aprobación de los estatutos.

  5. Apoderamiento a favor de una/varias persona/s para llevar a cabo las gestiones de puesta en marcha de la asociación.

Los Estatutos

Los estatutos, en cuanto reglas de autorregulación de la asociación, han de comprender los extremos requeridos por el funcionamiento de una organización (denominación, fines, domicilio, órganos directivos, etc.). Tienen una gran importancia práctica, ya que sus normas suplen en la mayor parte de las ocasiones la parquedad legal sobre la materia.

Tanto la ley derogada como la legislación actual establecen un contenido estatutario mínimo:

  1. La denominación de la asociación, que no podrá ser idéntica a la de otras previamente registradas.

  2. El domicilio así como el ámbito territorial en que haya de realizar principalmente sus actividades.

  3. La duración, cuando la asociación no se constituya por tiempo indefinido.

  4. Los fines perseguidos, que habrán de ser lícitos y determinados, así como las actividades previstas para su consecución. Los fines y las actividades deben ser descritos de forma precisa. En relación con la licitud de los fines, la CE se limita a declarar la ilegalidad de las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, y a prohibir las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar

  5. Los requisitos y modalidades de admisión y baja, sanción y separación de los asociados y las clases de éstos. Podrán incluir también las consecuencias del impago de las cuotas por parte de los asociados.

  6. Los derechos y obligaciones de los asociados y de cada una de sus distintas modalidades.

  7. Los criterios que garanticen el funcionamiento democrático de la asociación.

  8. Los órganos directivos y representación, su composición, reglas y procedimientos para la elección y sustitución de sus miembros, sus atribuciones, duración de los cargos, causas de cese, la forma de deliberar, y requisitos para que los citados órganos queden válidamente constituidos.

  9. El régimen de administración, contabilidad y documentación, y fecha de cierre del ejercicio asociativo.

  10. El patrimonio inicial y los recursos económicos de los que se podrá hacer uso.

  11. Causas de disolución y destino del patrimonio en tal supuesto, que no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad.

La inscripción registral y la adquisición de la personalidad jurídica

Actualmente, el párrafo 3 del artículo 22 de la constitución establece que “las asociaciones deberán inscribirse en un Registro a los solos efectos de publicidad”

La CE potencia el dº de asociación y lo declara como dº fundamental de libre ejercicio, sin reconocimiento administrativo alguno. Otra cosa, sin embargo, es otorgar personalidad jurídica a las asociaciones como estructuras organizadas –cuando lo sean‐, para lo que se requiere la inscripción registral. Según ello “las asociaciones registradas gozarían de personalidad jurídica; las no registradas serían asociaciones sin personalidad”. Esto significa que hasta que una asociación no esté inscrita, no tendrá plena capacidad de obrar.

El art. 5 de la L.O. 1/2002 establece que con el otorgamiento del acta fundacional adquirirá la asociación su personalidad jurídica y la plena capacidad de obrar, si bien según su art. 10, “los promotores de asociaciones no inscritas responderán, personalmente de las obligaciones contraídas con terceros”. Las asociaciones inscritas responden de sus obligaciones con todos sus bienes presentes y futuros y los asociados no responden personalmente de las deudas de la asociación.

La condición de socio

Voluntariedad e intransmisibilidad de la cualidad de socio

Nadie puede ser obligado a pertenecer a una asociación (en contra de lo que ocurre respecto de las corporaciones), ni a seguir ostentando la cualidad de socio previamente adquirida.

La condición de socio tiene carácter personalísimo y es esencialmente intransmisible, ya sea intervivos o mortis causa. El socio carece de voluntad para subrogar en su posición a otra persona, aunque ésta reúna los requisitos exigidos o las condiciones establecidas estatutariamente para pertenecer a la asociación, imponiéndola al resto de los consocios.

Sin embargo, los estatutos pueden prever mecanismos de sustitución de socios u otorgar vías preferentes de ingreso a favor de ciertas personas, mediante el correspondiente acuerdo social (previsto en los estatutos), no por mera iniciativa o decisión.

Adquisición de la cualidad de socio

La cualidad de socio puede adquirirse desde el propio momento constitutivo, por haber participado en la generación del grupo social organizado (socios fundadores), o bien en cualquier momento posterior, por adhesión o incorporación a la asociación ya existente (socios ordinarios).

Estos últimos deben solicitar la incorporación a la asociación cumpliendo los requisitos estatutariamente fijados y dirigiéndose a los órganos directivos de la asociación. Normalmente, se requiere que los solicitantes cuenten además con una “carta de presentación” de uno o varios socios, que acrediten la conveniencia de la incorporación del solicitante.

Es frecuente que las asociaciones cuenten con patrocinadores, socios honorarios y honoríficos: se trata de personas que, aun sin ostentar la cualidad de socio, proporcionan lustre y esplendor a la asociación o le suministran apoyo y patrocinio.

Pérdida de la condición de socio

La condición de socio se pierde cuando el interesado manifiesta su voluntad en tal sentido, pues “los asociados tienen derecho a separarse voluntariamente de la asociación en cualquier tiempo”. Dicha libertad no puede verse limitada en modo alguno en los estatutos, cuyas previsiones no pueden pasar de establecer un plazo de preaviso para renunciar a la condición de socio.

Igualmente se extingue la condición de socio por la muerte o declaración de fallecimiento de este así como por la pérdida de condiciones o circunstancias personales requeridas para pertenecer a la asociación (ser vecino, por ejemplo). Los estatutos pueden establecer unas razones para causar baja en la asociación: impago de cuotas, actuación desleal, etc.

Derechos y deberes de los socios

Merecen especial atención los que pueden denominarse derechos “políticos” (asistencia a asambleas, voto, etc.) que no pueden restringirse estatutariamente y corresponden en pie de igualdad a todos los socios, sin que resulte admisible establecer diferencias entre ellos (entre socios fundadores y ordinarios, p.e.).

Los deberes consisten en contribuir económicamente, mediante la cuota, al sostenimiento de las actividades asociativas y procurar la consecución de los fines de la asociación a través de la participación activa en las actividades programadas por la Junta Directiva o el órgano de gobierno que cumpla sus veces.

Esquema organizativo y órganos directivos

La asociación funciona en base a los siguientes órganos:

  1. Asamblea General: órgano supremo; ha de convocarse una vez al año para la aprobación de cuentas y presupuestos, es el órgano competente para modificación de Estatutos, etc. Salvo que los Estatutos dispongan otra cosa, el quórum de constitución en 1ª convocatoria es la mayoría de socios (presentes o representados) y en 2ª, cualquiera que sea el núm. de asistentes a la sesión.

  2. Junta Directiva: órgano de dirección y gestión de la asociación.

  3. Presidente: representa a la asociación frente a terceros y preside tanto la Junta Directiva como la Asamblea General.

La vigente Ley sólo habla de un “órgano de representación que gestione y represente los intereses de la asociación”, de tal manera que, en adelante, dicho órgano lo mismo puede denominarse Junta Directiva que Consejo de dirección, Comisión permanente o cualquier giro similar.

El patrimonio social y la gestión económica

Patrimonio social y capacidad patrimonial

La LO 1/2002 habla directamente de “patrimonio inicial”. Esta última expresión sugiere claramente que para la ley debe fijarse el patrimonio inicial de la asociación, que sería el formado por el conjunto de bienes y derechos que los socios aportan a la asociación en el momento de su constitución.

Dicho patrimonio inicial puede verse posteriormente incrementado mediante las aportaciones o cuotas que acuerden los socios, las donaciones, subvenciones, legados, herencias, etc., que pudiera recibir de terceros.

Hoy día las asociaciones tienen derecho a adquirir y poseer toda clase de bienes y derechos sin necesidad de autorización administrativa alguna.

Pese a ello, conviene no olvidar que (en contra de cuanto ocurre en las fundaciones) para las asociaciones la dotación patrimonial tiene un carácter puramente instrumental, y por tanto, suele ser de escasa entidad e incluso prácticamente inexistente en ciertas ocasiones.

Disolución de la asociación y destino del patrimonio

La nueva LO 1/2002, considera que el destino del patrimonio “no podrá desvirtuar el carácter no lucrativo de la entidad”, al tiempo que se establece que “en todos los supuestos de disolución deberá darse al patrimonio el destino previsto en los Estatutos”.

Así pues, aun siendo cierto que la idea de lucro es extraña al régimen jurídico de las asociaciones y que, por consiguiente, la disolución de la asociación no debería tener como resultado el enriquecimiento de los asociados, la interpretación generalmente aceptada parece que seguirá siendo prever que en caso de disolución de la asociación el patrimonio restante podrá distribuirse entre los asociados.

La suspensión de las actividades de la asociación

Desde la Constitución, la suspensión de las actividades de la asociación sólo podrá llevarse a efecto mediante resolución judicial motivada, excluyendo la anterior potestad de la Administración. El artículo comentado ha dejado de tener vigencia por inconstitucionalidad sobrevenida. Por ello, la LO 1/2002 no hace referencia alguna a la suspensión de las actividades de la asociación.

La disolución o extinción de la asociación

Únicamente podrán ser disueltas las asociaciones ilícitas que tipifica el art. 173 del Código Penal, que son las siguientes:

  1. Las que tuvieren por objeto cometer algún delito o después de constituidas, promuevan su comisión.

  2. Las que aún teniendo por objeto un fin lícito, emplearen medios violentos para su consecución (bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas)

  3. Las organizaciones clandestinas o de carácter paramilitar.

  4. Las que promueven la discriminación racial o inciten a ella”.

Además de la disolución por ilicitud, la asociación se extingue por la voluntad de los socios, es decir, por el acuerdo de disolución y por expiración del plazo previsto al constituirla, por realización del fin social o por imposibilidad de acometerlo.