La capacidad de obrar: la edad y el sexo

La mayoría de edad y la plena capacidad de obrar

Llegar a la mayoría de edad significa, de forma automática (por el mero transcurso del tiempo e inexistencia de enfermedades o deficiencias que impidan a la persona gobernarse por sí misma), adquirir la plena capacidad de obrar, o posibilidad de ejercitar por sí misma los derechos u/y obligaciones pertenecientes a la persona.

La mayoría de edad despliega su virtualidad propia de autogobierno y autorresponsabilidad de la persona en todas las ramas del Derecho y no sólo en la “vida civil”. Art. 322 CC: “… salvo las excepciones establecidas en casos especiales por este Código”. Con ello se indica que existen supuestos que requieren una edad superior, por lo que acaso cupiera hablar de una capacidad de obrar especial para casos específicos (p.e: para adoptar: 25 años).

Art. 315.1 CC: “la mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos”.

La minoría de edad

Tradicionalmente el menor de edad era total y absolutamente incapaz (término que conviene no confundir con incapacitado) para realizar actos con eficacia jurídica.

Dicho planteamiento fue objeto de crítica negando la “incapacidad general” del menor, y no casa muy bien con la realidad práctica, en la que los menores (al menos cuando dejan de ser niños, en sentido estricto) se desenvuelven por sí solos con relativa frecuencia en el tráfico, celebrando contratos de continuo (transacciones elementales: compra de chucherías y material escolar, transporte urbano) y nadie duda de su capacidad para entender su alcance y manifestar una voluntad libre y vinculante. A medida que la edad aumenta hasta aproximarse a los límites de la mayor edad, la gama de contratos realizados por el menor y su complejidad y cuantía económica aumenta.

La adquisición gradual de la capacidad: la Ley 11/1981

La citada Ley, modificó los preceptos del CC relativos al menor, reconociéndole una cierta capacidad, aunque limitada. El Derecho positivo ha acabado por reconocer que la adquisición de la capacidad de obrar es gradual y paulatina.

Recordar que:

  1. El menor puede realizar por sí mismo determinados actos, de acuerdo con las leyes y sus condiciones de madurez.

  2. El menor que haya cumplido dieciséis años podrá administrar por sí mismo los bienes que haya adquirido con su trabajo o industria.

  3. Los padres no podrán disponer de los derechos de que sean titulares los hijos, ni de sus bienes inmuebles, objetos preciosos o valores mobiliarios, salvo que cuenten con el consentimiento del menor que haya cumplido 16 años (expresado necesariamente en documento público) o con autorización judicial.

  4. Igualmente es necesario el consentimiento del menor que haya cumplido 16 años cuando sus padres pretendan emanciparle.

  5. La alteración del orden de los apellidos de los menores de edad requerirá su aprobación en expediente registral si tuvieren “suficiente juicio”.

La Ley de protección del menor

LO 1/1996 de protección jurídica del menor. Pretende fundamentalmente resaltar la adquisición gradual de la capacidad de obrar de los menores, llegando incluso a afirmar que “las limitaciones a la capacidad de obrar de los menores se interpretarán de forma restrictiva”.

Más profunda es la reforma en relación con una serie de extremos de gran importancia en relación con el menor, sobre todo desamparo, guarda y acogimiento de menores, así como la adopción y, en particular, la llamada “adopción internacional”.

La emancipación

Mayoría de edad versus emancipación

Emancipar o emanciparse equivale a independizar o independizarse, pese a no haber llegado aún a la mayoría de edad, de la patria potestad o tutela a la que en principio está sujeto el menor de edad. Según ello, la mayoría de edad no sería, propiamente hablando, una causa de emancipación, sino sencillamente el acceso a la plena y general capacidad de obrar, aunque con anterioridad se hubiera conseguido la emancipación. Sin embargo, la configuración del tema por parte del CC es diferente, pues entiende que la primera causa de la emancipación es alcanzar la mayoría de edad (art. 314.1º).

El planteamiento del Código es, sin embargo, erróneo e induce a la confusión.

Clases de emancipación

La emancipación puede tener lugar por diferentes causas: por matrimonio, por concesión de los padres o titulares de la patria potestad, con consentimiento del hijo, por solicitud del Juez por alguna circunstancia prevista en el CC, por desear salir de la tutela, y por emancipación tácita o vida independiente del menor. Clases de emancipación:

La emancipación por concesión paterna. Consiste en que los propios progenitores consideren oportuno conceder al hijo menor de edad la situación de emancipado, acto que debe instrumentarse en escritura pública o mediante comparecencia ante el Juez encargado del Registro.

Es requisito inexcusable que el menor tenga 16 años cumplidos y que preste su consentimiento a la emancipación (ante el Notario o Juez).

Tal emancipación sólo podrá inscribirse (como inscripción marginal de la de nacimiento) en virtud de escritura o de comparecencia ante el Encargado del Registro.

La emancipación por concesión judicial. Son los propios menores, siempre que hayan cumplido los 16 años, quienes se dirigen al Juez solicitando la concesión de la emancipación, ya estén sometidos a la patria potestad, ya a tutela. En el primer caso el CC habla de “conceder la emancipación”, mientras que en el segundo utiliza el giro de “conceder el beneficio de la mayor edad”.

Caso de que los menores se encuentren sujetos a tutela el CC no requiere presupuesto complementario alguno, aunque la solicitud debe ser fundada. Cuando están sujetos a la patria potestad, requiere que previamente se haya producido alguno de estos supuestos:

  1. Que el progenitor que ejerce la patria potestad contraiga nuevo matrimonio o conviva de hecho con persona distinta al otro progenitor.

  2. Que los padres vivan separados.

  3. Que, por cualquier causa, el ejercicio de la patria potestad se vea gravemente entorpecido (crisis matrimoniales: separación, divorcio…)

La emancipación por matrimonio. Art. 316: “el matrimonio produce de derecho la emancipación”, sin la necesidad de la concurrencia de requisito complementario alguno. “Quien por el matrimonio constituye una nueva familia, no ha de seguir sujeto a otra autoridad familiar”.

La emancipación por vida independiente. Art. 319: “se reputará para todos los efectos como emancipado al hijo mayor de 16 años que con el consentimiento de los padres viviere independientemente de éstos. Los padres podrán revocar este consentimiento”. La situación de independencia del menor es revocable, frente al resto de clases de emancipación que tienen naturaleza irrevocable. Se ahí que, en principio, la legislación del Registro Civil no considere la inscripción de la emancipación por vida independiente como posible.

Es evidente que esta situación requiere al menos una cierta autonomía económica del menor.

Efectos de la emancipación

Hasta que llegue a la mayor edad no podrá:

  • Tomar dinero a préstamo (pero sí prestar dinero o recibir en préstamo cualesquiera otros tipos de bienes distintos al dinero).

  • Enajenar o gravar bienes inmuebles o establecimientos mercantiles o industriales u objetos de extraordinario valor sin consentimiento de sus padres y, a falta de ambos, sin el de su curador (Regla especial: para que el casado menor de edad pueda hacer algo de esto que sea común, basta si es mayor el otro cónyuge, el consentimiento de los dos; si también es menor se necesitará, además, el de los padres o tutores de uno y otro)

La mujer y su actual equiparación con el hombre

Introducción

La gran mayoría piensa hoy que el hombre y la mujer son diferentes; pero no jerarquizables.

El enfoque actual del tema no puede ocultar algo tan evidente como que, durante siglos y siglos, la mujer ha desempeñado un papel secundario en la sociedad y que dicha realidad ha sido siempre objeto de expresa consideración por las normas jurídicas.

La Constitución de 1978 y su desarrollo en la legislación ordinaria

  • Art 14: “los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de…sexo…o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

  • Art 32.1: “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”

  • Art 35.1: “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por razón de sexo”.

En desarrollo del art. 32, se han promulgado dos leyes de gran importancia para la equiparación efectiva de marido y mujer dentro del matrimonio: la Ley 11/1981 (sobre filiación, patria potestad y régimen económico del matrimonio) y la Ley 30/1981 (reguladora del sistema matrimonial, popularmente “Ley del divorcio”).

Hoy en día la igualdad entre mujeres y hombres, así como la eliminación de desigualdades entre ambos géneros, es un principio fundamental en la Unión Europea y constituye un objetivo que debe integrarse en todas las políticas y acciones de la Unión y de sus miembros.

En desarrollo de este principio, la LO 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, aborda una acción normativa dirigida “a combatir todas las manifestaciones aún subsistentes de discriminación por razón de sexo y a promover la igualdad real entre hombres y mujeres, removiendo los obstáculos y estereotipos sociales que impiden alcanzarla”.