Capacidad, discapacidad y cargos tuitivos

Capacidad e incapacitación

La Ley 13/1983, y la nueva redacción del Código Civil

La Ley 13/1983, de reforma del Código Civil en materia de tutela, ha modificado profundamente la redacción originaria del CC:

  1. Las causas de incapacitación, genéricamente, se identifican con “las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, que impidan a la persona gobernarse por sí misma”.

  2. Además de la tutela y de la figura del defensor judicial, introduce un nuevo órgano tuitivo de la persona: la curatela.

  3. Abandona el sistema de tutela de familia y adscribe los órganos tuitivos de la persona a la autoridad o control del Juez (tutela judicial o de autoridad).

  4. Permite incapacitar a los menores de edad, cuando se prevea razonablemente que la causa de incapacitación persistirá después de la mayoría de edad. En tal caso, superada la mayoría por el incapacitado, se originará la patria potestad prorrogada, y, cuando ella resulte imposible, la tutela.

La Ley 41/2003, de protección de las personas con discapacidad

La Ley 41/2003, de protección patrimonial de las personas con discapacidad y de modificación del CC, de la LEC y de la normativa tributaria, tiene por objeto regular nuevos mecanismos de protección de las personas discapacitadas, centrándose en un aspecto esencial, como es el patrimonial. Para ello regula específicamente una masa patrimonial especialmente protegida, la cual queda inmediata y directamente vinculada a la satisfacción de las necesidades vitales de la persona con discapacidad.

Regula por primera vez la figura de la autotutela, consciente en habilitar a las personas capaces para adoptar las disposiciones que considere oportunas en previsión de su propia incapacitación.

Así, se regulan las facultades parentales respecto de la tutela y se altera el orden de renuncia de la misma.

Las ideas de persona con discapacidad y de persona judicialmente incapacitada no tienen por qué coincidir, pues como es obvio existen grados de minusvalía que no deben dar origen a declaración judicial de incapacitación alguna.

La declaración judicial de incapacitación

Se comprenderá que privar de la capacidad de obrar a una persona que, en principio y como regla, goza de ella, es una cuestión sumamente grave. Por consiguiente, es cuestión que queda única y exclusivamente encomendada a la autoridad judicial: sólo el Juez, tras el correspondiente proceso y mediante sentencia.

Aspectos fundamentales de la Ley 13/1983:

  • La incapacitación declarada por la sentencia puede ser total o parcial. Es graduable.

  • La sentencia por la que se declara la incapacitación es revisable, ya que no tiene eficacia de cosa juzgada, dado que las condiciones físicas o psíquicas del incapacitado pueden varias (mejorando o empeorando).

El internamiento del presunto incapaz

Como regla, el internamiento requiere la previa autorización judicial, a cuyo efecto el Juez debe examinar personalmente al presunto incapaz y oír el dictamen de un facultativo por él designado. Excepcionalmente, la autorización judicial puede darse a posteriori. Dicha excepcionalidad vendrá dada por razones de urgencia (locos furiosos, esquizofrenias agresivas, etc) que avalen el inmediato internamiento, del que se dará cuenta al Juez antes de transcurrir 24 horas.

La prodigalidad

Se trata de una conducta personal caracterizada por la habitualidad en el derroche o disipación de los bienes propios, malgastándolos de forma desordenada.

Actualmente, no constituye una causa de incapacitación. En los trabajos parlamentarios estuvo a punto de ser suprimida del CC. Finalmente, se optó por mantenerla, si bien limitando notoriamente la posibilidad de reclamarla: sólo podrán promover el correspondiente juicio el cónyuge, los descendientes o ascendientes que (por no poder atender su propia subsistencia) perciban alimentos del presunto pródigo. En caso de que tales familiares no existan o, existiendo, no tengan derecho a alimentos, cada uno es libre de gastar o malgastar cuanto le venga en gana.

El pródigo, no es técnicamente un incapacitado, ni se encuentra sometido a tutela, sino a curatela. El pródigo no se ve privado de la capacidad de obrar ni actúa a través del curador sino que sencillamente ha de contar con la asistencia de éste para realizar aquellos actos determinados en la sentencia. Los demás actos podrá realizarlos por sí mismo.

Los cargos tuitivos o tutelares

Art. 215 CC: "la guarda y protección de la persona y bienes o solamente de la persona o de los bienes de los menores o incapacitados, se realizará, mediante:

  1. La tutela

  2. La curatela.

  3. El defensor judicial".

El tutor es el representante legal del menor o incapacitado con carácter estable; el curador, gozando igualmente de estabilidad, limita sus funciones a complementar la capacidad del sometido a curatela, sin sustituirlo, por tanto, ni ser propiamente su representante. El defensor judicial es asimilable tendencialmente al del curador, aunque se caracteriza por su ocasionalidad.

Lo dicho requeriría múltiples precisiones, ya que la Ley 13/1983 se caracteriza por una enorme ductilidad en la fijación de funciones a los diversos cargos tuitivos o tutelares.

Ante la flexibilidad de la citada Ley, trataremos de señalar algunos extremos generales antes de considerar brevemente y por separado los distintos cargos tuitivos:

  1. Los cargos tutelares son de carácter obligatorio, aunque se prevén legalmente circunstancias que permiten excusarse del desempeño de los mismos.

  2. El nombramiento de la persona a desempeñar el cargo tuitivo debe (salvo para el defensor judicial) y suele recaer en un familiar cercano.

  3. Las resoluciones judiciales sobre los cargos tutelares deberán inscribirse obligatoriamente en el Registro Civil, a efectos de que los terceros puedan conocer las condiciones de capacidad de las personas. Por consiguiente, quien contrate con un incapacitado o con un pródigo, no podrá verse perjudicado por la falta de capacidad de éste, si la declaración judicial no ha sido inscrita en el Registro Civil.

  4. Una vez inscrita la resolución judicial sobre capacidad, la realización de contratos por el afectado le conllevará las siguientes consecuencias:

    • Los celebrados por personas sometidas a tutela son nulos de pleno derecho, pues deberían haber actuado a través de su representante: el tutor.

    • Los celebrados por personas a quienes se ha asignado curador o defensor judicial son anulables.

    • Los actos y contratos celebrados por el tutor sin contar con la autorización judicial, cuando ésta sea preceptiva, serán radicalmente nulos.

La tutela

El nombramiento del tutor debe realizarlo el juez atendiendo inicialmente al orden de preferencia establecido, que ha sido ligeramente modificado en previsión de que una persona capaz decida quién debe asumir su tutela en caso de ser incapacitado en el futuro. Se preferirá:

  1. Al designado por el propio tutelado.

  2. Al cónyuge que conviva con el tutelado.

  3. A los padres.

  4. A la persona o personas designadas por éstos en sus disposiciones de última voluntad.

  5. Al descendiente, ascendiente o hermano que designe el juez.

La tutela puede ser desempeñada por una sola persona o por varias simultáneamente e incluso por las personas jurídicas que no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos fines figure la protección de menores e incapacitados.

Técnicamente se conocen con el nombre de causas de inhabilidad para la designación como tutor aquellas circunstancias que fija la ley como excluyentes del posible nombramiento.

La relación legal de las causas de inhabilidad es extensa y tediosa, al par que escasamente operativa, pues en definitiva requiere la determinación del Juez competente.

El interesado que alegue causa de excusa deberá hacerlo dentro del plazo de 15 días a contar desde que tuviera conocimiento del nombramiento. Sin embargo, si la causa de excusa fuera sobrevenida, podrá ser alegada en cualquier momento.

La llamada remoción de la tutela no equivale a extinción de la misma, sino sencillamente al cese como tutor de la persona que previamente había sido nombrada judicialmente.

El CC concede la legitimación activa en el procedimiento de remoción, además del Ministerio Fiscal, a cualquier persona interesada en acreditar que se ha producida cualquiera de las causas genéricas de remoción o sustitución necesaria del tutor.

La curatela: curatela propia e impropia

La institución resulta aplicable a supuestos tan diversos que conviene distinguir:

  1. Curatela propia: la correspondiente a los supuestos de hecho que determinan sólo el nacimiento de la curatela:

    • los emancipados cuyos padres fallecieren o quedaran impedidos para el ejercicio de la asistencia prevenida por la Ley.

    • Los que obtuvieren el beneficio de la mayor edad.

    • Los declarados pródigos.

    • En tales casos, las funciones del curador como órgano tutelar se deben considerar agotadas en la intervención del curador en los actos que los menores o pródigos no pueden realizar por sí solos. Esto es, el curador se debe limitar a prestar su asistencia en sentido técnico, pero no sustituye la voluntad de la persona sometida a curatela.

  2. Curatela impropia: La existencia de tutela o curatela en este caso no depende del supuesto de hecho, sino de la valoración judicial. En tal caso, el objeto del organismo tuitivo consistirá en la asistencia del curador para aquellos actos que expresamente imponga la sentencia.

    • Trátese de una y otra curatela, se les aplican a los curadores las normas sobre nombramiento, inhabilidad, excusa y remoción de los tutores.

Curatela y Convención de Nueva York: la STS 617/2012

En el caso, un varón joven (nacido en 1970), sometido a la curatela del Instituto Tutelar de Bizkaia, intenta la casación de la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia "por cuanto el consumo excesivo de alcohol no puede considerarse como elemento incapacitante, ni siquiera de forma parcial, para impedir al recurrente gobernarse por sí mismo". El TS rechaza la argumentación del recurrente; parte, en cambio, de los hechos probados ("que padece trastorno depresivo secundario y dependencia al alcohol..."); ratifica la necesidad de la curatela, precisamente "reinterpretada a la luz de la citada Convención, desde un modelo de apoyo y de asistencia y el principio del superior interés de la persona con discapacidad, que, manteniendo la personalidad , requiere un complemento de su capacidad, precisamente para proteger su personalidad, en palabras de la propia Convención".

El defensor judicial

Se caracteriza básicamente por ser un cargo tuitivo ocasional o esporádico y, al propio tiempo, compatible con la existencia de los restantes mecanismos tutelares e incluso con el ejercicio de la patria potestad por los progenitores del menor o incapacitado.

En caso de inexistencia de tutela, no se nombrará un defensor judicial, sino que la representación y defensa de la persona que debería haber sido sometida a tutela la asumirá directamente el Ministerio Fiscal, mientras en caso de que “además del cuidado de la persona hubiera que procederse al de los bienes, el Juez podrá designar un administrador de los mismos …”.

Supuestos en que se nombrará defensor judicial:

  • Cuando en algún asunto exista conflicto de intereses entre los menores o incapacitados y sus representantes legales o el curador.

  • Cuando por cualquier causa, el tutor o el curador no desempeñen las funciones que les son propias, hasta que cese la causa determinante o se designe otra persona para desempeñar el cargo.

El carácter esporádico u ocasional del defensor y el hecho de tratarse indiscutiblemente de un cargo de nombramiento judicial para un determinado asunto excluye la posibilidad de considerarlo propiamente como un representante legal del menor para la defensa y administración de su patrimonio.