Disolución de la sociedad de gananciales

La disolución de la sociedad legal de gananciales

La disolución significa la pérdida de vigencia de dicho régimen económico-matrimonial, ya sea por voluntad de los propios cónyuges, que deciden sustituirlo por otro régimen, sea por circunstancias sobrevenidas en relación con el matrimonio por cualquier otra causa prevista legalmente como motivo suficiente para que cualquiera de los cónyuges puedan solicitarla.

Disolución de pleno derecho

Art. 1.392 "La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho [o ipso iure]:

  1. Cuando se disuelva el matrimonio [por voluntad de los cónyuges].

  2. Cuando sea declarado nulo [decisión judicial].

  3. Cuando judicialmente se decrete la separación de los cónyuges.

  4. Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en el CC.

En relación con cualquier crisis matrimonial: la sentencia firme producirá, respecto de los bienes del matrimonio, la disolución del régimen económico-matrimonial.

La disolución del matrimonio

La disolución del matrimonio tiene lugar por la muerte o declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges o por el divorcio (art. 85).

La nulidad matrimonial

En este caso, la vigencia del régimen económico-matrimonial carece de sentido, dado el valor retroactivo de la eventual declaración de nulidad. Sin embargo, hay que tener en cuenta el art. 1395 (matrimonio putativo) "cuando la sociedad de gananciales se disuelva por nulidad del matrimonio y uno de los cónyuges hubiera sido declarado de mala fe, podrá el otro optar por la liquidación del régimen matrimonial según las normas de esta Sección o por las disposiciones relativas al régimen de participación, y el contrayente de mala fe no tendrá derecho a participar en las ganancias obtenidas por su consorte".

La separación matrimonial

La separación decretada judicialmente conlleva la disolución de la sociedad de gananciales, entendiendo que un régimen como el de gananciales, inspirado en la comunidad de vida y ganancias, no concuerda con la situación de separación acordada judicialmente.

La separación de hecho, aunque tenga indicios de estabilidad para el futuro o de continuidad no genera automáticamente la disolución, ya que según el art. 1.372 y 1.392, en caso de separación de hecho, no bastará el mero acuerdo de los cónyuges, documentado de manera privada, para entender que se ha llevado a efecto la disolución de la sociedad de gananciales preexistente, pues se requiere otorgamiento de escritura pública.

La modificación del régimen económico-matrimonial

Los cónyuges pueden convenir la modificación del sistema de bienes, sin causa concreta alguna, en cualquier momento de su convivencia matrimonial.

La disolución judicial

Se habla de disolución judicial, ya que es la resolución judicial el acto que pone fin a la sociedad de gananciales.

Art. 1393 "También concluirá por decisión judicial la sociedad de gananciales, a petición de uno de los cónyuges [esto es, sólo a instancia de parte], en alguno de los casos siguientes:

  • Haber sido el otro cónyuge judicialmente incapacitado, declarado pródigo, ausente o en quiebra o concurso de acreedores, o condenado por abandono de familia.

  • Para que el Juez acuerde la disolución bastará que el cónyuge que la pidiere presente la correspondiente resolución judicial.

  • Venir el otro cónyuge realizando por sí solo actos dispositivos o de gestión patrimonial que entrañen fraude, daño o peligro para los derechos del otro en la sociedad.

Llevar separado de hecho más de un año por acuerdo mutuo o por abandono del hogar.

Incumplir grave y reiteradamente el deber de informar sobre la marcha y rendimientos de sus actividades económicas.

En cuanto a la disolución de la sociedad por el embargo de la parte de uno de los cónyuges por deudas propias, se estará a lo especialmente dispuesto en este Código".

Las operaciones de liquidación

El inventario y avalúo de los bienes

Art. 1.396 "Disuelta la sociedad se procederá a su liquidación, que comenzará por un inventario del activo y pasivo de la sociedad". El activo y el pasivo están referidos única y exclusivamente a la sociedad de gananciales y no a los bienes privativos de los cónyuges, pero hay que tener en cuenta la posible existencia de reembolsos o reintegros entre la masa ganancial y los patrimonios privativos de cada uno. Según el art. 1.397, el activo comprende:

  1. Los bienes gananciales existentes en el momento de la disolución.

  2. El importe actualizado del valor que tenían los bienes al ser enajenados por negocio ilegal o fraudulento si no hubieran sido recuperados.

  3. El importe actualizado de las cantidades pagadas por la sociedad que fueran cargo de sólo un cónyuge y en general las que constituyen créditos de la sociedad contra éste.

Según art. 1.398 el pasivo comprende:

  1. Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.

  2. El importe actualizado del valor de los bienes privativos cuando su restitución deba hacerse en metálico por haber sido gastados en interés de la sociedad. Igual regla se aplicará a los deterioros producidos en dichos bienes por su uso en beneficio de la sociedad.

  3. El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno solo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad y, en general, las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.

Ambos preceptos se refieren siempre a bienes existentes y deudas pendientes, así como al importe actualizado, sin que se proporcione regla para la valoración, ni sobre si debe referirse a la fecha de la disolución de la sociedad o a la de efectiva liquidación. STS de 23/12/1993 "si bien la fecha de disolución de la sociedad de gananciales es la correspondiente a la de la sentencia firme, la de la liquidación de la misma será aquella en la que efectivamente se produzcan las operaciones antes indicadas, y será a esta fecha a la que habrá de realizar la valoración de los bienes".

La liquidación: el pago de las deudas

Una vez concluida la fase de inventario, corresponde proceder a la satisfacción de las deudas existentes a cargo de la comunidad, para llegar, tras la correspondiente deducción, al haber de la sociedad, es decir, al remanente de bienes y derechos susceptibles de división y adjudicación entre los cónyuges y/o sus herederos. A tal operación se le denomina liquidación.

Según el Código primero habrán de ser satisfechas las deudas de la sociedad representadas por derechos de terceros (los acreedores de la sociedad de gananciales). Después, los reembolsos o reintegros a que tengan derecho cada uno de los cónyuges frente a la masa ganancial.

Las denominadas deudas alimenticias. Art. 1.399.1 "Terminado el inventario se pagarán en primer lugar las deudas de la sociedad, pero comenzando por las alimenticias, que en cualquier caso tendrán preferencia".

No responden a créditos de terceros, sino a la idea de alimentos del art. 1.408, estableciendo que "de la masa común de bienes se darán alimentos a los cónyuges y los hijos mientras se haga la liquidación del caudal inventariado y hasta que se les entregue su haber [el remanente]". No son obligaciones o deudas alimenticias, sino simplemente una imputación contable con carácter de anticipo del haber ganancial que pueda corresponder a los cónyuges y/o hijos, y que, en el futuro, le será adjudicado.

Por eso el art. 1.408 precisa que "se les rebajarán de este haber en la parte que tal cantidad exceda de la que les hubiese correspondido en razón de frutos y rentas" de los bienes gananciales que definitivamente les corresponda.

La protección de los acreedores de la sociedad de gananciales. Art. 1.402 "los acreedores de la sociedad de gananciales tendrán en su liquidación los mismos derechos que le reconocen las leyes en la partición y liquidación de las herencias". Ello implica que: los acreedores de la masa ganancial pueden instar o promover la liquidación de la sociedad de gananciales, si así les conviniere.

Art. 1401.1 "mientras no se hayan pagado por entero las deudas de la sociedad, los acreedores conservarán sus créditos contra el cónyuge deudor. El cónyuge no deudor responderá con los bienes que le hayan sido adjudicados, si se hubiere formulado debidamente inventario judicial o extrajudicial".

Art. 1400 "cuando no hubiera metálico suficiente para el pago de las deudas, podrán ofrecerse con tal fin adjudicaciones de bienes gananciales, pero si cualquier partícipe o acreedor lo pide se procederá a enajenarlos y pagar con su importe".

Los reintegros en favor de los cónyuges. Art. 1403 "Pagadas las deudas y cargas de la sociedad, se abonarán las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge hasta donde alcance el caudal inventariado, haciendo las compensaciones que correspondan cuando el cónyuge sea deudor de la sociedad.

Si como consecuencia de ello resultare haber pagado uno de los cónyuges mayor cantidad de la que le fuere imputable, podrá repetir contra el otro".

Distinto es el supuesto considerado en el art. 1405 "si uno de los cónyuges resultare en el momento de la liquidación acreedor personal del otro, podrá exigir que se le satisfaga su crédito adjudicándole bienes comunes, salvo que el deudor pague voluntariamente".

La división y adjudicación de los gananciales

La última operación consiste en la división de los gananciales remanentes y en la adjudicación de los correspondientes lotes, por partes iguales, a cada uno de los cónyuges o, en su caso, a sus herederos (art. 1404).

La división por mitad no está referida a todos y cada uno de los bienes, sino a éste en su conjunto y presupone, con la intervención técnica de los correspondientes peritos en Derecho, que los interesados en la adjudicación llegan al pertinente acuerdo.

Los arts. 1.406 y 1.407 otorgan a cada uno de los cónyuges (no a los herederos) el derecho de atribución o adjudicación preferente en relación con una serie de bienes gananciales, aunque no quepan en su lote respectivo, y por tanto, generen las correspondientes compensaciones en metálico.

Art. 1.406 "Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance:

  1. Los bienes de uso personal [excepto, las ropas y objetos de uso personal que no sean de extraordinario valor].

  2. La explotación económica que gestione efectivamente.

  3. El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión.

  4. En caso de muerte del otro cónyuge, la vivienda donde tuviese la residencia habitual.

Art. 1407 "En los casos de los núm. 3 y 4 del art. 1406 podrá el cónyuge pedir, a su elección, que se le atribuyan los bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario, deberá éste abonar la diferencia en dinero".

En cambio, respecto de los bienes de uso personal y de las explotaciones económicas propias, el ejercicio efectivo de la adjudicación preferente al cónyuge solo resulta posible si la valoración de tales bienes cabe dentro de su haber, pues el cónyuge no podrá imponer la compensación en metálico.

La liquidación de varias sociedades de gananciales

Estamos ante casos en los que la liquidación de la sociedad de gananciales no se liquida y se complica con el hecho de que el cónyuge supérstite contraiga un nuevo matrimonio que también queda sometido al régimen de gananciales. Art. 1.409 "Siempre que haya de ejecutarse simultáneamente la liquidación de gananciales de dos o más matrimonios contraídos por una misma persona para determinar el capital de cada sociedad se admitirá toda clase de pruebas en defectos de inventarios. En caso de duda se atribuirán los gananciales a las diferentes sociedades proporcionalmente, atendiendo al tiempo de su duración y a los bienes e ingresos de los respectivos cónyuges".

Según STS 8/3/1995, en estos casos, debe también liquidar la sociedad de gananciales del primer matrimonio, como trámite previo a la del segundo, con intervención para ello de los partícipes (herederos) en cada caso.

En cuanto a la regla de la proporcionalidad, entra en juego cuando no se puede determinar la naturaleza de los bienes matrimoniales y ha de ponerse en conexión con la presunción de gananciales del art. 1.361. Se comienza por determinar los posibles bienes privativos de los cónyuges tanto del primer matrimonio como del siguiente (o siguientes). Después se determina la naturaleza ganancial de los bienes comunes que puedan ser objeto de prueba y, para los restantes, serán de aplicación las reglas de presunción de ganancialidad y de proporcionalidad establecidas en los arts. 1.361 y 1.409.

La comunidad postmatrimonial o postganancial

Consideramos el supuesto de que, aunque hubiera quedado disuelta la primera sociedad de gananciales, no se proceda a su liquidación, pese a haberse constituido una (o varias) posterior sociedad de gananciales.

Descripción del fenómeno

El caso es corriente sobre todo cuando, fallecido uno de los cónyuges, los hijos del matrimonio deciden, asumen o respetan la idea paterna de dejar las cosas tal como están hasta que el cónyuge supérstite fallezca, procediendo entonces a partir hereditariamente el conjunto de los bienes familiares entre ellos. Una consecuencia, entre otras, es el ahorro del impuesto de sucesiones del caudal relicto del primero de los progenitores fallecidos, por prescripción.

Naturaleza jurídica

Aparece el problema de identificar la naturaleza jurídica de la sociedad disuelta o del patrimonio ganancial pendiente de liquidación, pues resulta necesario determinar las normas aplicables a esta situación, denominada comunidad postmatrimonial y postganancial.

Algunas Resoluciones de la DGRN admitieron la titularidad del cónyuge viudo sobre la mitad de cada uno de los inmuebles gananciales y su legitimación para enajenarlos, admitiendo así la existencia de tantas comunidades ordinarias como bienes hayan de considerarse integrados en el patrimonio ganancial en liquidación. Dicha tesis ha sido abandonada. Mientras se mantiene la situación de indivisión del patrimonial ganancial, no cabe defender la existencia de derechos concretos sobre todos y cada uno de los bienes que integran aquél. Por ello se ha generalizado la opinión de que la llamada comunidad postmatrimonial debe configurarse como un patrimonio colectivo en liquidación, con la lógica indeterminación de la titularidad sobre los bienes concretos. La jurisprudencia prefiere hablar de conjunto de bienes en cotitularidad ordinaria.

Régimen normativo básico

Se puede deducir que la comunidad de bienes no se rige por las normas de la sociedad de gananciales, dado que ha quedado disuelta, sino por la normativa propia de la comunidad ordinaria contenida en los arts. 392 y ss.

Por otra parte, teniendo en cuenta lo establecido en el art. 1.410 ("En todo lo no previsto en este capítulo sobre formación de inventario, reglas sobre tasación y ventas de bienes, división del caudal, adjudicaciones a los partícipes y demás que no se halle expresamente determinado, se observará lo establecido para la participación y liquidación de la herencia"), suele reclamarse lo establecido para el régimen de la comunidad hereditaria en situación de indivisión, ya que es un supuesto similar al de la comunidad postmatrimonial.

Podemos resaltar algunos aspectos básicos del régimen normativo de la comunidad postganancial :

  1. La comunidad indivisa no se ve aumentada por las rentas de trabajo ni con las de capital privativo, que serán en todo caso privativas, excepto los frutos de los bienes privativos que estuvieran pendientes en el momento de la disolución, a los cuales habrá de aplicar analógicamente las normas referentes a la liquidación del usufructo. Por supuesto, ingresan en el patrimonio común los frutos de los bienes comunes.

  2. El patrimonio de la comunidad indivisa sigue respondiendo de las obligaciones que pesaban sobre la sociedad, pero las que contraiga con posterioridad cualquier titular recaen sobre su propio patrimonio; los acreedores podrán pedir el embargo de la cuota abstracta que su deudor tenga sobre el patrimonio común, que quedará especificada en bienes concretos al producirse la división y adjudicación.

La liquidación del régimen económico-matrimonial según la LEC de 2000

Los arts. 806 a 811 [LEC] regulan un procedimiento concebido para servir de cauce a la liquidación judicial del régimen económico matrimonial. Es un procedimiento especial y sencillo, respecto del cual la LEC se preocupa, además de la competencia territorial, de regular la formación del inventario.

Realizado el inventario, la liquidación del régimen económico-matrimonial se llevará a cabo conforme a las reglas establecidas en el art. 810, que prevé tres posibilidades en relación con la propuesta de liquidación que, en su caso, presente uno solo de los cónyuges:

  1. Que haya acuerdo entre los cónyuges sobre la propuesta de liquidación;

  2. que el otro cónyuge no comparezca, caso en el cual la propuesta se tendrá por conforme; y

  3. que, en caso de desacuerdo, el apartado 5 remite a las normas de división de la herencia.

Liquidación del régimen económico-matrimonial. Art. 810 LEC 2000:

  1. Concluido el inventario y una vez firme la resolución que declare disuelto el régimen económico-matrimonial, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar la liquidación de este.

  2. La solicitud deberá acompañarse de una propuesta de liquidación que incluya el pago de las indemnizaciones y reintegros debidos a cada cónyuge y la división del remanente en la proporción que corresponda, teniendo en cuenta, en la formación de los lotes, las preferencias que establezcan las normas aplicables.

  3. Admitida a trámite la solicitud de liquidación, se señalará, dentro del plazo máximo de 10 días, el día y hora en que los cónyuges deberán comparecer ante el Secretario Judicial al objeto de alcanzar un acuerdo y, en su defecto, designar contador y, en su caso, peritos, para la práctica de las operaciones divisorias.

  4. Cuando, sin mediar causa justificada, alguno de los cónyuges no comparezca en el día señalado, se le tendrá por conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido. En este caso, así como cuando, habiendo comparecido ambos cónyuges, lleguen a un acuerdo, se consignará éste en el acta y se dará por concluido el acto, llevándose a efecto lo acordado conforme a lo previsto en los dos primeros apartados del art. 788 de esta Ley.

  5. De no lograrse acuerdo entre los cónyuges sobre la liquidación de su régimen económico-matrimonial, se procederá, mediante providencia, al nombramiento de contador y, en su caso, peritos, conforme a lo establecido en el art. 784 de esta Ley, continuando la tramitación con arreglo a lo dispuesto en los arts. 785 y siguientes.