Las Administraciones independientes

Idea general y concepto de Administraciones independientes

Al lado de la Admón institucional común, constituida por una constelación de organismos personificados, pero sujetos política y jurídicamente al control del Gobierno, que nombran y destituyen libremente a sus gestores, el ordenamiento regula otras organizaciones especializadas con pretensiones de independencia política y jurídica. Fuera de nuestras fronteras se han denominado “autoridades reguladoras” o “agencias independientes”.

La “independencia” es aquí respecto del poder ejecutivo, del Gobierno, se alcanza privándole o limitándole el poder de nombramiento o destitución de los directivos. Se trata de una cierta independencia orgánica, antesala a la funcional.

Técnicas limitadoras del poder absoluto de nombramiento:

  • exigencia de pluralismo en las instancias de nominación.

  • inclusión de cláusulas o requisitos para despolitizar los nombramientos de los directivos (exigencia de condiciones, particular capacidad profesional, etc).

  • Imposición del principio de colegialidad en la toma de decisiones.

  • Establecimiento de plazo de duración del mandato de los órganos directivos, o de una lista de motivos por los que puede acordarse la destitución.

En las administraciones independientes sus directivos están blindados frente a la jerarquía del gobierno y por ello pueden desconocer sus órdenes y directrices sin el riesgo de ser cesados.

Las limitaciones al poder gubernamental son, a veces, simple autolimitación del ejecutivo a favor de los titulares de los órganos (caso del Banco de España o de la Comisión Nacional del Mercado de Valores: respetar a los nombrados por un plazo de cuatro años). En otros casos la limitación beneficia al poder legislativo, al que se inviste de poderes de nombramiento que pierde el ejecutivo (caso del Consejo de RTVE); o al poder judicial, porque los nombramientos se reservan a quienes ostentan la condición de Jueces o Magistrados (caso de la Admón electoral), o, las favorecidas son otras Ad.P territoriales, CCA o Municipio, u otros entes a los que se llama a participar en un organismo fundamentalmente estatal (caso de las Autoridades Portuarias).

Desde una perspectiva material, no se trata de creer ingenuamente que allí donde la Ley condiciona el poder de nombramiento o destitución del Gobierno se opera por este solo dato la independencia respecto de éste (a tener en cuenta: afinidades con quien los nombra, influencia en los titulares de estos organismos “independientes”, ventajas con las que el gobierno puede seducirlos: promoción, etc.). “Independencia” quizás es una expresión excesiva para aplicarla a unos organismos y a sus titulares que no pueden ir muy lejos sin el concurso del Gobierno.

En España, el primer organismo al que la Ley llamó independiente, la Junta de Energía Nuclear, lo fue por razones de seguridad.

Administraciones independientes serían aquellas que correspondiendo por naturaleza a la órbita de las funciones o servicios del poder ejecutivo, sus cúpulas u órganos directivos son sustraídos a la dirección del Gobierno, al que se limitan los poderes de nombramiento o destitución de los gestores, creando un centro propio de imputación de responsabilidad y, al tiempo, liberando al Gobierno de su responsabilidad política.

El grado de “independencia” no debería tener relación con la aplicación de un régimen de Dº público o privado, pues la aplicación de éste no le presta una mayor neutralidad ni independencia. Sin embargo, es frecuente aprovechar la coartada de la necesidad de independencia funcional como excusa para huir del Dº público, en especial de los procedimientos de selección de contratistas y del régimen funcionarial, en beneficio de la contratación laboral del personal directivo con el fin de asegurar mayores retribuciones y discrecionalidad en los nombramientos.

La cuestión político-constitucional que plantean estos organismos es que no pueden considerarse al Gobierno políticamente responsable de su funcionamiento. Esta técnica organizativa es difícilmente compatible con el art 97 CE, que establece el control de toda la Admón por el Gobierno, imputándole toda la responsabilidad política por su funcionamiento.

Visto el fenómeno de otra manera: a estos organismos no les afecta directamente las elecciones: cambia el Gobierno y el nuevo puede cambiar los titulares de todos los órganos y entes que dependen de una Admón, menos los de aquellos que están blindados como agencias, autoridades o administraciones independientes.

Tipología y problemática general en España

La regla general, sobre todo a partir de la Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26/12/ 1958 es que, aunque los Organismos autónomos son definidos como “Entidades de Dº público creadas por la Ley, con personalidad jurídica y patrimonio propios”, “independientes de los Estados”, esta independencia se refiere a la personalidad jurídica, pero no a la política de sus órganos.

Las Leyes creadoras reservaron al Gobierno el poder de nombrar y destituir discrecionalmente a los cargos directivos, sin olvidar también, la generalizada tendencia de incluir en la organización suprema a los altos cargos del Ministerio al que están adscritos: Ministros, Subsecretarios y Directores generales forman parte de los Consejos u órganos directivos.

Esta descentralización no es solo una ficción, obediente al principio de que todas las administraciones dependen del poder ejecutivo, sino también una burla por la anomalía que supone la ocupación del nivel gubernamental y del Ente instrumental por los mismos personajes, trasladándose también a las CCAA.

También se dieron casos de una cierta independencia orgánica como las diversas Cámaras Oficiales que, posteriormente fracasaron. Antes podría citarse como Admón funcionalmente independientes las Reales Academias, integradas todas ellas en el Instituto de España (1945), cuya tradición se remonta al s. XVIII y en el que se da el máximo grado de independencia puesto que los titulares de sus órganos se eligen sin interferencia del Gobierno. También en la Universidad la potestad gubernamental de nombramiento y remoción de los cargos de los rectores aparecía condicionada no sólo por la necesidad de elegir un catedrático, sino por propuestas de los órganos de la propia Corporación.

En la Dictadura de Primo de Rivera se crean, además de las Confederaciones Hidrográficas, unos organismos consorciales, reguladores de sectores económicos y semi-independientes del Estado. Algunos supuestos pasados de jurisdicciones especiales deben verse como supuestos de Administraciones independientes por estar orientados al ejercicio de funciones arbitrales o cuasi judiciales.

Supuestos de Autonomía Institucional Constitucionalmente Garantizada

No todos los órganos que cita la Constitución, al margen del Poder Judicial y del Parlamento, pueden ser catalogados como Admón independientes.

El defensor del Pueblo o el Tribunal de Cuentas, cuya función es, justamente la de controlar a la Admón con clara vocación de dependencia del poder legislativo por expreso mandato de la CE. Por definición no puede postularse de ellos el control y la responsabilidad del Gobierno. Por ello quedan fuera.

También hay que marginar como Admón independiente al Consejo de Estado, según la CE: “supremo órgano consultivo del gobierno”, no diciendo nada sobre su independencia o neutralidad. La Ley Orgánica otorga al Gobierno las facultades de nombramiento del Presidente y de los Consejeros Permanentes y Electivos. A pesar de que el Presidente es destituido discrecionalmente por el Gobierno, es un órgano independiente porque los Consejeros Permanentes no pueden ser removidos de por vida ni los electivos en un plazo de cuatro años. No obstante, la consideración de que el Consejo es más un órgano de control que consultivo y que comparte poderes decisorios con el TS en materia de resolución de conflictos de atribuciones entre la Admón y los Tribunales, justificaría su incardinación en la categoría de los órganos constitucionales.

Consejo Económico y Social: previsto en el art 131 CE, podría cuestionarse si puede ser o no una Admón independiente. “El Gobierno elaborará los proyectos de planificación, de acuerdo con las previsiones que le sean suministradas por las CCAA y el asesoramiento y colaboración de los Sindicatos y otras organizaciones profesionales, empresariales y económicas. A tal fin se constituirá un Consejo, cuya composición y funciones se desarrollarán por Ley”.

Según la Ley de Creación del Consejo 1991, el Consejo se compondrá de 60 miembros y un Presidente nombrado por el Gobierno. Un tercio lo nombran a propuesta de los sindicatos y otro tercio las patronales. El mandato de cuatro años renovables. El carácter de órgano consultivo descarta su asimilación a las Admón independientes que, ordinariamente gestionan un servicio o ejercen funciones públicas con responsabilidad externa respecto de terceros.

Colegios Profesionales: (art 36 CE) se sitúan más cerca de las Admón independientes.

En materia de disciplina y organización profesional la CE ha optado, frente a la posibilidad de organismos controlados y dependientes de la Admón, por la independencia que comporta la Admón corporativa. Esta previsión constitucional descarta cualquier problema de constitucionalidad, al haber sido exonerada explícitamente de la obediencia directa del ejecutivo.

Universidades: art 27.10 de CE (“se reconoce la autonomía de las Universidades en los términos que la Ley establezca”), la LO de Universidades 2007 en cumplimiento de este art. , atribuye al Gobierno de cada Universidad a diversos órganos: Claustro Universitario, Junta de Gobierno y Rector, todos elegidos por los miembros de la comunidad universitaria (profesores, personal no docente y alumnos).

Los miembros son nombrados y cesados sin intervención del Gobierno ni del de las CCAA de que dependen la mayoría, salvo la UNED, competencia del Estado. A su vez, entre cada Universidad y el Gobierno de la Nación o de la CCA, se interponen los Consejo Sociales, con competencias para aprobar los presupuestos, programación y supervisión de las actividades de carácter económico y de rendimiento de los servicios.

El respeto a la autonomía universitaria ha llevado a crear una Admón independiente, el Consejo de Coordinación Universitaria, que la LOU la define como “máximo órgano consultivo y de coordinación del sistema universitario”. Presidido por el Ministro de Educación y Ciencia y compuesto por: responsables de la enseñanza universitaria de las CCAA, Rectores de las Universidades públicas y privadas y 21 miembros, nombrados por cuatro años entre personalidades de la vida académica, científica, cultural, profesional, económica y social, designados siete por el Congreso de Diputados, siete por el Senado y siete por el Gobierno. Entre los vocales designados por el Gobierno, podrán figurar también miembros de la Admón G. del Estado.

En lo expuesto se comprueba que la organización de cada Universidad responde a la idea del sindicalismo o corporativismo funcionarial con la idea de participación social a través de la representación de los usuarios (alumnos) en los órganos universitarios y de otras Corporaciones en los Consejos Sociales (p.ej. sindicatos). El Estado y las CCAA pagan pero no mandan, tampoco son políticamente responsables, lo que sitúa a la Universidad fuera del sistema de representación democrático.

En cuanto a la organización del sistema universitario, el Consejo de Coordinación podría calificarse de órgano consorcial obligatorio, pero sin personalidad, en el que participan el Gobierno, las Universidades, las CCAA, el Congreso y el Senado. En todo caso, el ejecutivo poco tiene que decir y responder por el funcionamiento de este organismo.

El Consejo de la Juventud de España: es otro supuesto de organización autogestionaria de un organismo público que pudiera tener un fundamento constitucional, creado por Ley 18/1983, que pretende desarrollar el art 48 CE (“los poderes públicos promoverán las condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo político, social, económico y cultural”). Este Consejo es una Entidad de Dº público con personalidad jurídica y patrimonio propio y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, que son el fomento del asociacionismo juvenil y en la colaboración con la Admón. Los órganos rectores, la Asamblea y la Comisión Permanente, están formados exclusivamente por los delegados de las diversas asociaciones (ninguno por el Gobierno), que pueden ser miembros del Consejo, en nº variable y según el grupo en que se clasifican y en función del nº de afiliados y ámbito de implantación.

Ente Público RTVE: modelo seguido por las televisiones autonómicas y cuyas singularidades organizativas se intentan justificar en el art 20.3 CE (“La Ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social dependientes del Estado o de cualquier Ente público y garantizará el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España”).

La intervención del poder legislativo en la organización y control ha resultado tan determinante que pudiera calificarse a RTVE como un servicio público parlamentario.

El Estatuto de Radio y Televisión (1980), configuró a RTVE como un órgano supremo del Ente al Consejo de Admón, formado por 12 miembros, elegidos por mitad y por mayoría de 3/5, el Congreso y el Senado. Consejo de Admón que también lo es de las Sociedades gestoras (RNE y TVE), ostentando sobre éstas y el Ente Público las más importantes facultades (presupuestos, Memoria anual, plantillas, etc).

La responsabilidad y presencia del Gobierno se articulaba a través de la facultad para nombrar al Director, que también ejercía funciones directoras sobre las sociedades gestoras. La Ley 17/2006 de la Radio y la Televisión estatal modifica la anterior y crea la Corporación RTVE, sociedad mercantil estatal que dispone a su vez de dos sociedades filiales mercantiles encargadas de la prestación directa del servicio público: la Sociedad Mercantil Estatal Televisión Española y la Sociedad Mercantil Estatal Radio Nacional de España. La gestión de la Corporación corresponde a una Consejo de Admón, con 12 miembros de designación parlamentaria: 4 por el Senado y 8 por el Congreso, de los que 2 serán propuestos por las centrales sindicales estatales más representativas y con representación en la Corporación y en sus sociedades.

Los miembros del Consejo contarán con la suficiente cualificación y experiencia para el desempeño sus responsabilidades, con mandato de seis años, salvo en su primera formación, con renovaciones trienales por mitades. Sometidos al Dº mercantil, salvo materias detalladas por Ley; con reglas especiales de responsabilidad, comprendida la posibilidad de cese en caso de gestión económica gravemente perjudicial.

El Congreso designará de entre los miembros al Presidente de la Corporación y del Consejo, quien desempeñará la dirección ejecutiva de acuerdo a las instrucciones establecidas por el Consejo. Con ello el Gobierno pierde la facultad de nombrar al director. Solamente se prevé un especial refuerzo del control parlamentario, lo que hace constitucionalmente inviable la actual fórmula, ya que dicho control no se compagina con el hecho de hacer a las Cortes la verdadera responsable de la gestión del Ente por nombrar a sus gestores, pues cualquier posterior censura sobre éstos en aras del control, se vuelve en autocensura de las Cortes por culpa in eligendo.

Este diseño organizativo no parece ser el querido por la Cº, que obliga únicamente al respeto del pluralismo de la sociedad en la acción gestora, lo que no es incompatible con la dependencia de un servicio del Gobierno.

Parece que se han seguido fórmula extranjeras de parlamentarización del servicio (italianas) sin reparar en el sentido de nuestro propio precepto constitucional. Nuestra Cº no atribuye al legislativo más nombramientos de titulares de organismos públicos a las Cortes que aquellos que el propio texto contempla directa o indirectamente (Consejo del Poder Judicial, Defensor del Pueblo y miembros del Tribunal del Cuentas implícitamente, como órganos auxiliares del Parlamento para el control del ejecutivo).

Administraciones Independientes no Previstas en la Constitución

Si los diseños del Consejo de la Juventud y de RTVE responden a diseños basados en interpretaciones contrarias a la Cº, otras Admón independientes se han constituido sin mención alguna en aquélla y sin reparar si es constitucionalmente lícito que se sustraigan al Gobierno los poderes de nombramiento y remoción de los titulares de sus órganos de dirección.

Consejo de Seguridad Nuclear: creado por Ley 15/1980, con competencias en seguridad nuclear y protección radiológica y en el que la pérdida del poder y responsabilidad gubernamental se hace en beneficio del poder legislativo.

Competencias: emitir informes con carácter preceptivo y vinculante para la denegación de concesiones sobre instalaciones nucleares y realizar toda clase de inspecciones sobre ellas.

La independencia de este organismo frente al Gobierno fue el eje de los debates en la tramitación parlamentaria. La responsabilidad el Congreso en la gestión y la correlativa pérdida del poder del Gobierno se concreta en la obligación de trasladar a la Comisión Parlamentaria de Industria y Comercio, las propuestas de designación de los Consejeros, necesitando la mayoría de 3/5 de los miembros de la Comisión.

La Comisión ha de emitir informe favorable para la destitución de los Consejeros por razón de incapacidad o por no atender con diligencia las responsabilidades del cargo.

Asegurando así, una cierta independencia y estabilidad de los directivos del Consejo de Seguridad Nuclear frente al Gobierno y se corresponsabiliza al órgano legislativo.

Además, el Consejo dispone de recursos propios y tiene competencias exclusivas en materia de seguridad nuclear, rindiendo cuentas de su actividad al Parlamento; no recibe instrucciones ni directivas del Gobierno, el cual no responde de los actos del Consejo ante el Parlamento.

Administración Electoral: organización sin personalidad jurídica, resultante de la Ley 19 junio 1985, cuyo cuadro orgánico es: Junta Central, Provinciales, de Zona o de CCA. Su misión es asegurar la objetividad de las consultas electorales, lo que ha llevado a jurisdiccionalizar y neutralizar su composición, la Junta Central está compuesta en su mayoría por magistrados profesionales (ocho vocales), nombrados mediante insaculación (voto secreto en urna) por el CGPJ, y por catedráticos de Derecho (cinco), por el Gobierno a propuesta de las organizaciones políticas (art 9).

Sus poderes son omnímodos durante el proceso electoral en todo lo relacionado con la campaña y la proclamación de candidatos y elegidos.

De la Junta Electoral Central depende la Oficina del Censo.

Banco de España: la autonomía respecto a la Admón del Estado le viene dada por la Ley 30/1980, como así lo hace la actual Ley vigente de 1994. La autonomía orgánica consiste en la inamovilidad del Gobernador, Subgobernador y los seis Consejeros, los cuales son integrantes del Consejo General del Banco, con mandato por seis años, una vez nombrados por el Gobierno, no pueden ser separados libremente por él, sino por “incapacidad `permanente para el ejercicio de sus funciones, incumplimiento grave, incompatibilidad sobrevenida o procesamiento por delito doloso”.

Se beneficia de ciertas garantías de independencia funcional, pudiendo elegir los medios necesarios para ejecutar los objetivos de política monetaria fijados por el Gobierno, entre otras, dictando las conocidas Circulares del Banco de España (normas precisas para el ejercicio de sus competencias), verdaderos reglamentos. Los actos advos que dicta en desarrollo de sus funciones, así como las sanciones impuestas como consecuencia de la aplicación de estas normas, ponen fin a la vía adva, a los efectos de ser recurridas ante la Jurisdicción Contencioso-adva. Los actos advos y sanciones en las restantes materias serán susceptibles de recurso ordinario ante el Ministerio de Economía y Hacienda.

Comisión Nacional del Mercado de Valores: creada por Ley 24/1988, modificada por la Ley 37/1998. A su Consejo “corresponde el ejercicio de todas las competencias establecidas en la Ley y las que le atribuyan el Gobierno o el Ministro de Economía y Hacienda”. Está integrado, aparte de por los Directores Gles del Tesoro y el Subgobernador del Banco de España, por el Presidente, un Vicepresidente y tres Consejeros, nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministerio de Economía y Hacienda, entre personas de reconocida competencia en materias relacionadas con el mercado de valores. El mandato es de cuatro años durante el cual solo pueden ser separados por incumplimiento grave, incapacidad permanente para el ejercicio, incompatibilidad sobrevenida o condena por delito doloso, previa instrucción de expediente, por el Ministerio de Economía y Hacienda.

Tribunal de Defensa de la Competencia: creado por Ley de 1963, sustituida por la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia y posteriormente, por la Ley 15/2007 que sustituye dicho Tribunal por la Comisión Nacional de la Competencia, definido como Ente de Dº público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, adscrita al Mº de Economía y Hacienda, que ejercerá el control de eficacia sobre su actividad y que actuará en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines con autonomía orgánica y funcional, plena independencia de las Ad.P y sometimiento a esta Ley y al resto del OJ.

El Presidente de la Comisión Nacional, que lo será también del Consejo, y los Consejeros, serán nombrados por el Gobierno a propuesta del Ministro de Economía por RD., entre juristas, economistas y otros profesionales de prestigio, previa comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso (valorar capacidades). El mandato será de 6 años sin posibilidad de renovación. Solo pueden ser cesados por renuncia, expiración del mandato, incompatibilidad sobrevenida, condena por delito doloso, incapacidad permanente o por acuerdo del Gobierno por incumplimiento grave, a propuesta de 3/5 partes del Consejo de la Comisión Nacional de la Competencia. A su vez, el Director de Investigación es nombrado y cesado por el Gobierno mediante RD, a propuesta del Ministro de Economía, previa aprobación por mayoría simple del Consejo de la Comisión.

Agencia Española de Protección de Datos: instituida por LO en 1992 y sustituida por LO 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal (con objeto de adaptar nuestro Dº a la Directiva 95/46/CE), para limitar el uso de la informática y otras técnicas y medios de tratamiento automatizado de datos de carácter personal para garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno ejercicio de sus Dº., sobre todo los registrados en soporte físico (art 2.1) estén o no informatizados.

La independencia de la Agencia radica en al inamovilidad de su Director, nombrado por el Gobierno entre los miembros del Consejo Consultivo, por mandato de 4 años en el que solo podrá ser cesado previa instrucción de expediente por incumplimiento grave, incapacidad sobrevenida, incompatibilidad o condena por delito doloso. El Director no está además sujeto a instrucción alguna. El Consejo Consultivo lo componen un Diputado y un Senador; tres representantes de las Ad.P., un representante de los titulares de ficheros privados, unos de las organizaciones de consumidores y usuarios, un miembro de la Real academia de Historia y un experto en la materia propuesto por el Consejo de Coordinación Universitaria.

Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones: creada por Ley 12/1997 sobre la liberalización de las comunicaciones; se rige por normas propias, en cuanto le aseguren su independencia funcional, y por las correspondientes a los Organismos públicos en todo lo demás (LOFAGE). Dicha Ley ha sido sustituida por la Ley 32/2003 General de las Telecomunicaciones, no afectando a su régimen jurídico que sigue rigiéndose por la anterior y, supletoriamente por la Ley 6/1997 de Organización y Funcionamiento de la Admón G. del Estado.

Está regida por un Consejo compuesto por un Presidente, un Vicepresidente y 7 Consejeros, nombrados por el Gobierno mediante RD a propuesta del Ministro de Fomento, entre personas de reconocida competencia del sector de las telecomunicaciones y la regulación de los mercados, previa comparecencia del Ministro ante la Comisión competente del Congreso de Diputados para informar sobre las personas a proponer.

El Consejo designa un Secretario no Consejero, con voz pero sin voto. Los cargos de Presidente, Vicepresidente y Consejeros se renovarán cada 6 años pudiendo ser reelegidos por una sola vez, gozando de inamovilidad, pues solo pueden cesar por renuncia, expiración del mandato o por separación acordada por el Gobierno, previa instrucción de expediente, por incapacidad permanente para el ejercicio,incumplimiento grave, condena por delito doloso o incompatibilidad sobrevenida.

Corresponde a la Comisión:

  • Otorgamiento de títulos habilitantes cuando no corresponda al Mº de Fomento, para la prestación a terceros, en condiciones de concurrencia, informando las propuestas de tarifas de los servicios de telecomunicación prestados en exclusiva y cuando exista una posición de dominio en el mercado.

  • Informará preceptivamente toda propuesta de determinación de tarifas o de precios de servicios vigilando su aplicación por los operadores.

  • Fijará los precios máximos de interconexión.

  • Controlará el cumplimiento de las obligaciones de servicio público que se impongan a los titulares de los servicios, dictando las resoluciones que procedan.

  • Podrá dictar instrucciones para las entidades que operen en el sector que serán vinculantes una vez publicadas en el BOE.

  • Interpretará las cláusulas de los contratos concesionales y ejercerá el control sobre los procesos de concentración de empresas, de las participaciones en el capital y de los acuerdos entre los agentes participantes.

Para cumplir con estas funciones, se atribuye a la Comisión una potestad arbitral sobre los conflictos entre operadores de redes y servicios que, según dice la Ley “no tendrá carácter público”, remitiendo el régimen de revisión, anulación y ejecución forzosa a los dispuesto en la Ley 36/1988 de Arbitraje.

Dichos acuerdos resultantes de la potestad arbitral son vinculantes y, no son más que actos advos dictados a través de un procedimiento advo ajustado a los principios esenciales de audiencia, libertad de prueba, contradicción e igualdad, e indisponible para las partes, cuya resolución final puede ser revisada en la Jurisdicción Contencioso-adva y no la civil. (La Comisión actúa de árbitro privado sólo cuando las partes se le someten voluntariamente a través del convenio previsto en la Ley de Arbitraje, pero faltando ese acuerdo, la potestad arbitral y la decisión que se dicte es plenamente pública y contra ella no habrá otro recurso que el Contencioso-advo).

Potestad sancionadora de la Comisión: para corregir el incumplimiento de las instrucciones dictadas, denunciando ante los servicios de inspección de las telecomunicaciones del Ministerio de Fomento las conductas contrarias a la legislación, cuando no le corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora, e instando la actuación de los órganos de defensa de la competencia. En tal caso, en los procedimientos que se inicien, el órgano instructor antes de pronunciar la propuesta de resolución, someterá el expediente a informe, vinculante para la propuesta de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.

La Comisión se configura también como órgano consultivo del Gobierno y del Ministerio de Fomento en los asuntos concernientes al mercado y a la regulación de las telecomunicaciones y de los servicios. Igualmente, podrá asesorar a las CCAA y a las Corporaciones locales a petición de sus órganos competentes. En particular, informará preceptivamente en:

  • Los procedimientos tramitados por la Admón G. del Estado para la elaboración de disposiciones normativas en materia de telecomunicaciones.

  • Especificaciones técnicas de equipos, aparatos, dispositivos y sistemas.

  • Planificación y atribución de frecuencias del espectro radioeléctrico.

  • Pliegos de cláusulas advas generales que hayan de regir los concursos para el otorgamiento de títulos habilitantes para la prestación de servicios.

La Comisión tendrá patrimonio propio, independiente del de el Estado, e integran sus ingresos:
  • Los bienes y valores que constituyan su patrimonio.

  • Los productos y rentas del mismo.

  • Las transferencias de los presupuestos.

  • Los ingresos obtenidos por la liquidación de tasas, cánones, precios públicos y sanciones, devengados por prestación de servicios y gestión del espacio público de numeración y, en general, de los derivados del ejercicio de sus competencias.

La recaudación corresponderá a la Comisión, sin perjuicio de los convenios que pudiera establecer con las Entidades y de la facultad ejecutiva que corresponda a otros órganos del Estado en el caso de ingresos de Derecho público.

Comisión Nacional de Energía: administración independiente que, según la Ley 34/1998 ejercita funciones similares sobre el sector energético que las de la Comisión N. del Mercado de las Telecomunicaciones. Asimismo, disfruta de un similar régimen patrimonial. La Comisión está regida por un Consejo de Admón, compuesto por:

  • Presidente: ostentará la representación legal.

  • Vocales: ocho.

  • Un Secretario: con voz pero sin voto.

El Ministro de Industria y Energía, el Secretario de Estado de Energía y Recursos Ministeriales, o alto cargo del Ministerio en quien deleguen, podrán asistir a las reuniones del Consejo de Admón, con voz pero sin voto, cuando lo juzguen preciso.

Nombramiento del Presidente y vocales: entre personas de reconocida competencia técnica y profesional, mediante RD, a propuesta del Ministro de Industria y Energía, previa comparecencia del mismo y debate en la Comisión competente del Congreso de Diputados. El mandato es de 6 años, renovables por igual período; solo podrán ser cesados por incapacidad permanente, incompatibilidad producida posterior a su nombramiento, o condena por delito doloso previa instrucción de expediente por el Ministerio de Industria y Energía, incumplimiento grave de obligaciones y cese por el Gobierno, a propuesta motivada del Ministro de Industria y Energía.

Autoridades Portuarias: diseñadas por Ley 48/2003 de Régimen Económico y de Prestación de Servicios de Puertos de Interés General. Pese a ser organismos estatales, el Estado tiene poco que dirigir en ellas, por estar encomendada la titularidad de sus órganos a personas designadas por otras Admón, CCAA y a diversas representaciones sociales.

Su órgano director es un Consejo de Admón, formado por:

  • El Presidente: de la Entidad y del Consejo. Nombrado y separado por la CCA o las Ciudades de Ceuta y Melilla

  • Dos miembros natos: el Capitán Marítimo y el Director.

  • Vocales: entre 15 y 22, a establecer por las CCAA o por las Ciudades de Ceuta y Melilla, y designados por las mismas.

La Admón del Estado solo está representada además de por el Capitán Marítimo, por 4 vocales, de los que uno será un Abogado del Estado y otro funcionario del ente público Puertos del Estado. Ni siquiera nombra ni separa al Presidente, ni al Director del Puerto (atribución del Consejo de Estado).