Competencias y régimen de las corporaciones locales

La autonomía municipal

Antecedentes

La autonomía de los Entes locales no puede confundirse con la independencia o a la soberanía, ya que en cada territorio o población también tienen competencias y responsabilidades el Estado y otros Entes territoriales superiores. Históricamente no puede hablarse en España, que sigue el modelo francés, de una verdadera autonomía de los Municipios y Provincias, tanto por la falta de un núcleo de competencias exclusivas y privativas, como por el excesivo grado de control y tutela del Estado.

En España, el Municipio del Antiguo Régimen ocupaba sus energías en la admón. de los bienes de propios y los del común, de asegurar los abastecimientos, siendo el Alcalde la autoridad real que ejercía funciones judiciales e incluso penales, de primera instancia. La Cº de Cádiz abordó la cuestión de las competencias locales en los términos más ambiciosos poniendo a cargo de los Ayuntamientos la policía de salubridad y seguridad de las personas y bienes de los vecinos, la conservación del orden público, la admón. e inversión de los caudales de propios y arbitrios, el repartimiento y recaudación de las contribuciones, el cuidado de escuelas, de hospitales, hospicios, casas de expósitos y de beneficencia, construcción y reparación de caminos, calzadas, puentes y cárceles y de todas las obras públicas, promoción de la agricultura, comercio e industria, y cuanto les fuera útil y beneficioso.

Fuera de la Cº gaditana y del demagógico Proyecto de Cº de la República Federal Española 1873, que atribuyó al Municipio su parte de soberanía incluida “La Admón. de justicia civil y criminal que les compete”, restantes Cº españolas pasaron de la cuestión.

Regulación tras la Constitución de 1978

La Cº de 1978 no estableció una tabla de competencias locales, sino que todas las competencias públicas las repartió entre el Estado y las CCAA. Establece que los Municipios y demás Entes territoriales, gozan de autonomía para la gestión de sus intereses respectivos (art 137), remitiendo al legislador ordinario la determinación de la competencia de las Entidades locales, sin llegar a definir constitucionalmente ningún ámbito material.

En definitiva, las competencias locales se continúan definiendo en el Dº español desde la legislación estatal o autonómica, cuya idea matriz, en la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, es la asegurar una cuota de participación competencial en las competencias atribuidas a órganos superiores.

Salvo algunas excepciones, son raras las materias que en su integridad pueden atribuirse al exclusivo interés de las Corporaciones locales; también son raras aquellas en las que no existe interés predominantemente local en juego, de ahí que la cuestión de los ámbitos competenciales deba tener en cuenta una composición equilibrada de los siguientes factores:

  • La necesidad de la garantía suficiente de la autonomía local.

  • Armonización de esa garantía general con la distribución territorial de la disposición legislativa sobre las distintas materias o sectores orgánicos de la acción pública.

  • La imposibilidad material de las competencias locales en todos y cada uno de los sectores de intervención de la Admón local, desde la legislación de régimen local.

Como dice el TC, la delimitación de competencias nunca será cabal y suficiente, por lo que deberá completarse con las competencias que las leyes sectoriales reserven a los Municipios, y en su caso a las Provincias, al regular específicos ámbitos de intervención adva cuando en ellos se reconozcan intereses locales.

Regulación de las Competencias en la Ley de Bases de Régimen Local

La vigente Ley de Bases establece la legitimación o capacidad del Municipio “para promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”.

Competencia de Participación: la ley alude a ella en los términos de la legislación del Estado y de las CCAA en las materias que enumera: seguridad en lugares públicos, programación de la enseñanza, tráfico, protección civil, incendios, urbanismos, patrimonio histórico-artístico, medio ambiente, abastos, matadero, ferias, mercado, defensa de usuarios y consumidores, salubridad pública, promoción y reinserción social, suministro de agua y alumbrado, , transporte público, actividades o instalaciones culturales y deportivas, ocupación del tiempo libre y turismo (art 25).

En estas materias la ley estatal o autonómica determinará las competencias municipales, “atribuyéndolas según procedan en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de las Entidades locales, de conformidad con los principios de descentralización y de máxima proximidad de la gestión adva a los ciudadanos”.

Competencias obligatorias mínimas: el art 26 identifica una serie de funciones a prestar por los Municipios por sí o asociados con otros:

  • En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado y acceso a núcleos de población, pavimentación y control de alimentos y bebidas.

  • En Municipios con población superior a 5.000 habitantes: además parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos.

  • Población superior a 20.000 habitantes: además protección civil, prestación de servicios sociales, prevención y extinción de incendios, instalaciones deportivas públicas y matadero.

  • Población superior a 50.000 habitantes: además transporte colectivo urbano y protección del medio ambiente.

Ante un eventual incumplimiento de estos servicios mínimos, la Ley establece en su art. 26 que la Comunidad Autónoma dispensará los servicios mínimos cuando por sus características peculiares resulte imposible o muy difícil cumplimiento al prestación por los Ayuntamientos; por otra parte, establece la ayuda de las Diputaciones Provinciales a los Municipios para el cumplimiento de estos servicios mínimos.

Al margen de estas competencias, los Municipios pueden realizar actividades complementarias propias de otras Ad.P, y en particular, las relativas a la educación, la cultura, la promoción de la mujer, la vivienda, la sanidad y la protección del medio ambiente (art 28). En estas materias y en la asistencia social, se produce una mayor descoordinación de los Municipios con las Administraciones superiores y un riesgo de mayor solapamiento y endeudamiento.

La Garantía Constitucional de la Autonomía de los Entes Locales y su Defensa ante el Tribunal Constitucional

Cada vez es más teórico que real el judicializado control de las Admón superiores sobre los Entes locales, abriéndose el proceso inverso de control de éstos sobre la legislación estatal y autonómica. De acuerdo con el art 11 de la Carta Europea de Autonomía Local, una LO modificó la Ley Orgánica del TC para que puedan ser objeto de impugnación ante éste, por parte de los entes locales, aquéllas leyes del Estado o de las CCAA que pudieran resultar no respetuosas de dicha autonomía.

Para plantear el conflicto están legitimados los Municipios o Provincias que sean únicos destinatarios de la ley, si ésta no es particular sino general, estarán legitimados:

  1. Únicamente 1/7 del nº de Municipios del territorio al que afecte (siempre que represente al menos 1/6 de la población oficial del ámbito territorial afectado).

  2. O, la mitad de las Provincias en el mismo ámbito (siempre que representen la mitad de la población oficial del ámbito territorial afectado).

Para plantear el recurso se necesita el acuerdo del órgano plenario de las Corporaciones locales recurrentes con el voto favorable de la mayoría absoluta del nº legal de miembros de las mismas, y además, con carácter preceptivo no vinculante, un informe del Consejo de Estado u órgano consultivo de la CCA.

Planteado el conflicto, el Tribunal podrá acordar:

  1. Inadmisión del recurso: mediante auto motivado, por falta de legitimación u otros requisitos exigibles y no subsanables, o cuando fuera infundada.

  2. Admisión a trámite, en el término de 10 días, dando traslado a los órganos legislativos y ejecutivos de la CCA de la cual emanó la ley, y en todo caso a los del Estado. Plazo de 20 para personación y formulación de alegaciones.

La Sentencia: declarará si existe o no vulneración de la autonomía local que garantiza la Cº, resolviendo lo que proceda sobre las situaciones de hecho o de Dº, creadas en lesión de la autonomía local.

Las competencias municipales: régimen de las competencias propias y delegadas

Competencias propias de los Municipios: se ejercen con autonomía, sin sujeción a controles ni tutelas y bajo la propia responsabilidad, atendiendo a la debida coordinación en su programación y ejecución con las demás Ad.P. Cuando coopera con Administraciones superiores en convenios mantiene su autonomía y poder decisorio, pero se pierde cuando se somete a técnicas más imperativas: la planificación sectorial.

Competencia Participada: ante la posibilidad de que el ejercicio de la competencia participada ente Admón. superiores y los Municipios no sea factible de divisiones y ejercicio coordinado, la Ley de Régimen Local autoriza a resolver mediante procedimientos conjuntos en los que sólo uno de los Entes ostenta la potestad decisoria final, dando participación a los Entes interesados mediante informes, propuestas, etc.

Competencias atribuidas por delegación: técnica apenas utilizada y condiciona a que se mejore la eficacia de la gestión pública y se alcance mayor participación ciudadana.

Se ejercerán en los términos que prevén las fórmulas de dirección y control de oportunidad del delegante, habiendo de respetar la potestad de autoorganización de los servicios de la entidad local. La disposición o acuerdo de delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración, así como el control que se reserve a la Admón. delegante y los medios personales, materiales y económicos que ésta le transfiera. En todo caso, además:

  1. La efectividad de la delegación requerirá la aceptación del Municipio interesado, y en su caso, la previa consulta e informe de la CCA, salvo que por ley se imponga obligatoriamente, en cuyo caso habrá de ir acompañada de la dotación o incremento de medios económicos para desempeñarlos.

  2. La Admón. delegante podrá dirigir y controlar los servicios delegados, emanar instrucciones técnicas de carácter general y recabar información sobre la gestión municipal, enviar comisionados y formular requerimientos para la subsanación de deficiencias observadas. En caso de incumplimiento o negativa a cualquiera de estas medidas, podrá revocar la delegación o ejecutar por sí misma la competencia delegada en sustitución del Municipio.

  3. Los actos de Municipio se ajustarán a la legislación del Estado, CCA o reglamentación de la Entidad local delegante, pudiendo ser recurridas ante los órganos competentes de éste. (art 27).

Las competencias provinciales

Ha sido una cuestión aún más compleja que las competencias municipales, derivada de la evolución de la Provincia, en la que los planos estatal y local se han entremezclado, no siendo otra cosa la Provincia y su órgano de gobierno (Diputación provincial), que un nivel de organización de las competencias del Estado y un instrumento del control de los Municipios por los Gobernadores civiles en el diseño de la Cº de Cádiz.

La Ley de Bases de RL crea un nuevo nivel de Admón. territorial: la CCA, de forma que la Provincia tiene que atender a los Municipios que la integran, asegurando la prestación íntegra y adecuada de los servicios de competencia municipal. Además, la Provincia es el enlace entre los Municipios de su territorio y las otras Admón. superiores, participando en la coordinación de la Admón. local con la de la CCA y la del Estado. Dicha Ley de Bases de RL sigue las mismas pautas que para la definición de las competencias municipales:

Competencias de Atribución o Propias: las que le asignen las Leyes del Estado y de las CCAA sobre cualquier campo de actuación pública. En todo caso, en las materias:

  • Coordinación de servicios municipales entre sí para la garantía de su prestación integral y adecuada.

  • Asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente a los de menor capacidad.

  • Prestación de servicios de carácter supramunicipal, y en su caso, supracomarcal.

  • Coordinación en el fomento y desarrollo económico y social, y en la planificación en el territorio provincial, de acuerdo con las demás Ad.P.

  • En general, el fomento y la admón. de los intereses peculiares de la Provincia.

A estos efectos la Diputación:

  • Aprueba un plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios.

    • Podrá financiarse con medios propios de la Diputación, aportaciones municipales y subvenciones que acuerden la CCA y el Estado, con cargo a sus respectivos presupuestos. La CCA asegura la coordinación de los diversos planes provinciales, y ésta como el Estado pueden sujetar sus subvenciones a criterios y condiciones de uso.

  • Asegurará el acceso de la población de la Provincia al conjunto de los servicios mínimos de competencia municipal y la mayor eficacia y economía en su prestación, mediante cualquier fórmula de asistencia y cooperación municipal.

    • Para ello podrán otorgar subvenciones y ayudas con cargo a sus fondos para la realización y el mantenimiento de obras y servicios municipales, que se instrumentarán a través de planes especiales.

Delegación: La provincia puede ejercer por delegación competencias que corresponden al Estado y a las CCAA siempre que sean de “mera ejecución”. La delegación deberá ser aceptada por la Diputación Provincial y se acompañará de los medios personales, materiales y económicos necesarios, correspondiendo a la Admón. delegante dirigir y controlar el ejercicio de los servicios delegados, crear instrucciones técnicas, recabar información y revocar la delegación en caso de incumplimiento. (art 37).

Gestión Ordinaria de las Competencias Autonómicas: es el último supuesto de la actividad de las Diputaciones, y el más problemático y equívoco, realizándolo “en los términos previstos en los Estatutos y la legislación de las CCAA” (art 8 y 37). Supuesto que, a diferencia de los de delegación, se impone obligatoriamente y que, además, plantea numerosos problemas, comenzando por el de su constitucionalidad, pues no resulta sencillo cohonestar el principio de la autonomía local con la posibilidad de apropiación forzosa de los aparatos burocráticos de las Provincias por las CCAA; tampoco se sabe cuál es la respuesta que ha de darse a la imputación de los costes de la actividad, el grado de dependencia de la Provincia y, sobre todo, a las consecuencias en caso de negativa a ejercitarlas o mala gestión. Todo esto ha llevado a que sea una vía inexplorada.

El control sobre los entes locales

La autonomía de los Entes locales no sólo depende de las competencias que se le asignen, sino también (claro está, de los medios o recursos económicos) del grado de independencia con que se ejerzan frente al Estado u otras colectividades territoriales. Si los controles y tutelas son muy fuertes, la autonomía desaparece.

El Control del Estado Liberal sobre los Entes Locales

En el Estado liberal y centralista (importado del modelo francés) que llega hasta la Cº 1978, las relaciones de las Entidades locales con el Estado, se expresan por una subordinación de aquéllas a éste. Su filosofía política: el Estado encarna la soberanía nacional y no concibe otras voluntades parciales que puedan enfrentárseles. Esta superioridad de las Admón. del Estado garantiza la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y los servicios públicos (esencial al Estado centralista unitario) y le permite asumir el papel de defensora de los Dº de los ciudadanos contra eventuales excesos de los poderes locales.

Otra razón que explica esta sumisión: la extrema indigencia en medios personales y materiales para la gestión de los servicios de los más de 9.000 Municipios que surgen en el s XIX., situación de real incapacidad para cumplir con obligaciones más elementales.

Los Alcaldes tienen una doble condición: Jefe de la Admón. municipal, así como representante del Estado en el término municipal, lo que justifica que su nombramiento se reserve al Estado (entre los Concejales o cualquier otra persona ajena a la Corporación). En el nivel provincial, la Presidencia de la Diputación se atribuyó al Gobernador civil, completando los poderes de tutela sobre el gobierno local, la posibilidad de la sustitución o destitución de Alcaldes y Concejales y la disolución de toda la Corporación.

El control sobre la legalidad y oportunidad de la actividad de los Entes locales se ejercía a través de la llamada trilogía de las formas de tutela:

  1. Tutela de anulación: efecto suspensivo del acto o actividad controlada, podía ejercerse de oficio o a través de resoluciones de recursos interpuestos por particulares.

  2. Tutela de sustitución: permitía al Estado reemplazar la actividad de los órganos ejecutivos de las Entidades locales por la suya propia, cuando aquéllos se negaban o retrasaban el cumplimiento de obligaciones legales.

  3. Tutela de aprobación: en determinadas materias las autoridades locales debían actuar con el visto bueno de la Autoridad estatal. Fue particularmente útil en el control de la actividad económica, cuyos presupuestos, actos de disposición de bienes, nombramiento de funcionarios, etc. se fiscalizaban con la exigencia de su aprobación por el Estado.

La Tutela Municipal por el Tribunal Constitucional

La Cº de 1978 supuso una condena de las técnicas de tutela, que la Sentencia del TC declaró contrarias a la autonomía local, anulando buena parte de la regulación de la Ley de Régimen Local de 1955. El Tribunal afirmó “la autonomía locas es compatible con la existencia de un control de legalidad sobre el ejercicio de las competencias, si bien no se ajusta a tal principio la previsión de controles genéricos e indeterminados que sitúen a la Entidades Locales en una posición de subordinación o dependencia cuasi-jerárquica de la Admón. del Estado u otras entidades territoriales… ”. El TC, en ésta y otras sentencias, ha concretado así sus criterios:

  • Es inconstitucional (in-Cº) la potestad de suspender o sustituir de sus cargos a Presidentes y miembros de las Corporaciones, en caso de mala conducta, o por motivos graves de orden público, dado el carácter representativo de los mismos.

  • Es incompatible con la autonomía local la sustracción de la potestad del Municipio de aprobación de los presupuestos, sin embargo, es constitucional la posibilidad de limitar la asunción de obligaciones.

  • Es in-Cº la regla que dice que en las materias no confiadas a la exclusiva competencia de Municipios y Provincias, ambos actuarían bajo la dirección adva del Mº de la Gobernación (ahora Mº del Interior), pues otorga potestad de dirección genérica a la Admón. de Estado opuesta al concepto de autonomía.

  • Es constitucional la suspensión provisional por el Subdelegado del Gobierno de las ordenanzas y reglamentos locales incursas en infracción legal, por tratarse de un control de legalidad de alcance limitado, ya que la suspensión es provisional hasta que decida la Jurisdicción Contencioso-Adva.

Judicialización de la Relaciones de Control y Tutela

La Ley de Bases de RL de 1985 tiene en cuenta la dura condena por el TC de los controles y tutelas sobre las Entidades Locales, regulando estas técnicas bajo los genéricos e inexpresivos términos “Relaciones inter-adva” e “Impugnación de actos y acuerdos y ejercicio de acciones” (Capítulo II y III del Título V).

Como primera condición requiere asegurar a la instancia controladora una adecuada información:

  • Impone a las Entidades Locales la obligación de remitir a las Admón. del Estado y de las CCAA copia de los actos y acuerdos.

  • Faculta a las Admón del Estado y de las CCAA para solicitar ampliación de la información concreta sobre la actividad municipal (recabando incluso exhibición de expediente y emisión de informes. (art 64 Ley de Bases RL).

Curiosamente, no se prevén sanciones efectivas ante eventuales incumplimientos.

La Ley contempla dos supuestos de Control Gubernativo Directo.

Disolución de los órganos de las Corporaciones locales: facultad extraordinaria que se admite sólo en el caso de “gestión gravemente dañosa para los intereses generales que supongan el incumplimiento de obligaciones constitucionales”.

Facultad atribuida al Consejo de Mº, a iniciativa propia y con conocimiento del Consejo de Gobierno de la CCA correspondiente, o a solicitud de ésta, requiriéndose el previo acuerdo del Senado (Ej disolución Ayto Marbella). La disolución supone convocatoria de elecciones parciales para la constitución de una nueva Corporación en el plazo de 3 meses, salvo que por la fecha en que ésta debiera constituirse el mandato debiera resultar inferior a un año. Mientras actuará una Comisión Gestora designada por la Diputación Provincial o, en su caso, por el órgano competente de la CCA, designando el Alcalde de entre sus miembros.

La Ley Orgánica 1/2003 para la Garantía de la Democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de los concejales, ha calificado de decisiones gravemente dañosas para los intereses generales los acuerdos o actuaciones de los órganos de las Corporaciones Locales que den cobertura o apoyo expreso o tácito, de forma reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las víctimas o a sus familiares. En este caso la Diputación Provincial (u órgano competente de la CCA), asumirá directamente, tras su disolución, la gestión ordinaria hasta la finalización del mandato, no pudiendo adoptar acuerdos para los que se requiera una mayoría cualificada.

Sustitución de la actividad del Ente Local por la Admón. del Estado o de las CCAA: cuando una Entidad Local incumpliere las obligaciones impuestas directamente por la Ley, de forma que afectase al ejercicio de competencias de la Admón. del Estado o de la CCA, y cuya cobertura económica estuviere legal o presupuestariamente garantizada. La Admón. del Estado o la autonómica deberán recordar a la Entidad local su cumplimiento, concediendo el plazo necesario (no inferior a un mes), y si persistiese se adoptarán las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación, a costa y en sustitución de la Entidad Local.

Control de legalidad ante la Jurisdicción contencioso-Adva:

  • Cuando el acto del alguna Entidad local infrinja el ordenamiento jurídico: la Admón. del Estado o de la CCA le requerirá para que anule dicha acto o acuerdo, de forma motivada y expresando la normativa que se considera vulnerada; o bien, sin necesidad de requerimiento, impugnar directamente ante la Jurisdicción Contencioso-adva.

  • Cuando el acto o acuerdo de la Entidad local menoscabe la competencia del Estado o de las CCAA, interfiera su ejercicio o se exceda en la propia competencia: cabe la impugnación en plazo de 15 días, precisando la extralimitación competencial y normas vulneradas. En caso de que además la impugnación solicitase la suspensión del acto o acuerdo, el Tribunal, si la estima fundada, acordará la suspensión. No obstante, a instancia de la Entidad local, y oyendo a la Admón. demandada, podrá alzar la suspensión decretada en caso de que de ella derivase perjuicio al interés local no justificado por las exigencias del interés general o comunitario.

  • Cuando el acto o acuerdo atente gravemente al interés general de España: en este caso, el Delegado del Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Corporación, y en el caso de no ser atendido en 5 días, podrá suspender el acuerdo y adoptar las medidas pertinentes a la protección de dicho interés en el plazo de 10 días. Acordada la suspensión, el Delegado deberá impugnarlo dentro de 10 días desde las suspensión, ante la Jurisdicción Contencioso-Adva. (Ley de Modificación de las Bases de Régimen local).

El estatus de los miembros de las corporaciones locales

La Ley de Bases RL pretende profesionalizar a los miembros de las Corporaciones, mediante dos tipos de medidas:

  1. Facilitando el acceso de los vecinos a los cargos mediante:
    • La reserva de sus puestos, en el sector público o en el privado.

    • Se establece el pase a situación de servicios especiales de los miembros de las Corporaciones cuando sean funcionarios de la misma, o de carrera de cualesquiera otras Ad.P.

    • Retribución y dedicación exclusiva.

    • En ambos casos, las Corporaciones abonarán las cotizaciones de las mutualidades obligatorias y de las clases pasivas.

    • A los miembros que no tengan dedicación exclusiva, se les garantiza en el período de su mandato la permanencia en sus centros de trabajo, públicos o privados, en que trabajaran cuando fueron elegidos, sin que puedan ser trasladados u obligados a concursar a otras plazas vacantes en distintos lugares.

  2. Retribución del puesto. Existen reglas básicas en cuanto a retribuciones:
    • Los miembros de las Corporaciones percibirán retribuciones pro ejercer su cargo si lo desempeñan con dedicación exclusiva, dándolos de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. La Corporación asume el pago de las cuotas empresariales que correspondan. Tales retribuciones serán incompatibles con cualquier retribución con cargo a los presupuestos de las Ad. Públicas y de los Entes, organismos y Empresas de ellos dependientes.

    • Los miembros de las Corporaciones locales podrán percibir indemnizaciones en la cuantía y condiciones que acuerde el Pleno de la Corporación.

    • Los miembros de la Corporación sujetos al Estatuto de los Trabajadores, tendrán Dº a obtener el tiempo indispensable para asistir a los Órganos colegiados o delegaciones de las que forme parte. Se entiende por tiempo indispensable, el necesario para asistir a sesiones del Pleno de la Corporación o de las Comisiones y atención a las Delegaciones de que forme parte o desempeñe el interesado.

Registro de Intereses: para asegurar la ética e imparcialidad en el comportamiento de los miembros de las Corporaciones, se crea un Registro de Intereses de cada Corporación, obligándoles, antes de la toma de posesión o cuando se produzcan variaciones en su mandato, formular declaración de sus bienes y actividades privadas que les proporcionen ingresos económicos o afecten al ámbito de competencias de la Corporación. La LO para la Garantía de la Democracia de los Aytos y la Seguridad de los Concejales prevé que los miembros de las Corporaciones que consideren por su cargo amenazada su seguridad personal o la de sus bienes o negocios, la de sus familiares, socios, empleados o personas con quien tuviera relación económica o profesional, podrá hacer las declaraciones de interés ante el secretario de la Diputación Provincial, o en su caso, ante el órgano competente de la CCA correspondiente. Estas declaraciones reinscriben en el registro Especial de Intereses, creado al efecto por la Diputación o la Comunidad.

Abstención por incompatibilidades, los miembros de las Corporaciones deben abstenerse de participar en deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto cuando concurra alguna causa de incompatibilidad contemplada en la Ley de Régimen J. de las Ad.P. y PAC o la de Contratos de las Ad.P., no obstante, la participación de un miembro incompatible no llevará necesariamente consigo la invalidez del acto, acuerdo o contrato, sólo se producirá cuando su actuación haya sido determinante para el acuerdo adoptado.

Responsabilidad, La ley de Bases recoge la regla general: los miembros de los órganos colegiados son responsables de actos y acuerdos que hayan votado favorablemente.

  • Responsabilidad civil y penal frente a particulares por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de sus cargos y exigible ante los Tribunales ordinarios.

  • Responsabilidad disciplinaria, se faculta a los Presidentes de las Corporaciones para sancionar con multa a sus miembros, por falta no justificada de asistencia a sesiones o por incumplimiento reiterado de sus obligaciones en los términos que determine la Ley de la CCA y, supletoriamente, el Estado.

Régimen de funcionamiento de las corporaciones locales

La Ley de Bases RL regula el régimen de las sesiones, acuerdos, aprobación de Ordenanzas, conflictos y responsabilidad. Que fue desarrollado por el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades locales, siendo aprobado por Real Decreto.

Sesiones

Las sesiones que celebran los órganos colegiados de la Entidades locales (Pleno, Juntas de Gobierno y órganos complementarios que pudieran crearse), pueden ser de 2 clases:

SESIÓN ORDINARIA: con periodicidad establecida, dependiendo de la importancia del Municipio.

  • El Pleno celebra sesión como mínimo cada mes, cuando el Municpio es de más de 20.000 habitantes y en las Diputaciones Provinciales.

  • Cada 2 meses cuando la población es entre 5001-20.000 habitantes.

  • Cada 3 meses con poblaciones hasta 5.000 habitantes.

SESIÓN EXTRAORDINARIA: el Pleno la celebra cuando

  1. Lo decida el Presidente.

  2. O la cuarta parte, al menos, del nº legal de miembros, sin que ningún concejal pueda solicitar más tres en un año.

    • En éste último caso, la celebración no podrá demorarse por más de 15 días hábiles desde su solicitud, no pudiendo incorporarse el asunto al orden del día de un Pleno ordinario, o de otro extraordinario con más asuntos si no lo autorizan expresamente los solicitantes en la convocatoria.

Si el Presidente no convocase el Pleno extraordinario solicitado por los concejales dentro del plazo, quedará automáticamente convocado para el 10º día hábil (siguiente a la finalización del plazo) a las 12:00h. Será notificado a todos por el Secretario al día siguiente a la finalización del plazo. En ausencia del Presidente o sustituto, el Pleno quedará válidamente constituido, siempre que concurra 1/3 (nunca inferior a 3) manteniéndose en toda la sesión, presidiéndolo el miembro de mayor edad.

Lugar de las celebraciones, salvo casos de fuerza mayor, en la Casa Consistorial, debidamente notificadas, siendo públicas, salvo el debate y votación en los asuntos que puedan al Dº fundamental de los ciudadanos. Las sesiones de las Juntas de Gobierno son secretas.

Convocatoria, debe hacerse, al menos, con 2 días hábiles de antelación, salvo las extraordinarias con carácter urgente, cuya convocatoria deberá ser ratificada por el Pleno, y desde el mismo día los miembros deberán disponer de la documentación íntegra de los asuntos incluidos en orden del día objeto de debate.

Orden del día, fijado por el Alcalde, solo podrán incluir aquellos asuntos previamente dictaminados, informados o sometidos a consulta de la Comisión informativa, salvo razón de urgencia y ratificado por el Pleno. En las sesiones ordinarias se incluirá “ruegos y preguntas”. Serán nulos los acuerdos adoptados en sesiones extraordinarias no comprendidos en el orden del día, así como los adoptados en las ordinarias salvo declaración previa de urgencia con el voto favorable de la mayoría absoluta del nº legal de miembros de la Corporación.

Debates de los asuntos serán ordenados por el Alcalde, que concederá/retirará la palabra, así como los turnos y cerrará el debate. Podrá emplearse indistintamente la lengua castellana o la cooficial de la CCA respectiva.

Votación, procede cuando finaliza el debate. El voto de Concejales es personal e indelegable. Pueden ser:

  1. Ordinarias: manifestadas por signos convencionales de asentimiento, disentimiento o abstención.

  2. Nominales: llamamiento por orden alfabético, respondiendo: sí, no, me abstengo

  3. Secreta: por papeletas; solo utilizadas para elección y destitución de personas.

Grupos Políticos

Los miembros de las Corporaciones locales se constituirán en grupos políticos, en la forma, y con Dº y obligaciones que se establezcan, excepto aquéllos que no se integren en el grupo político que constituya la formación electoral por la que fueron elegidos o abandonen su grupo de procedencia, teniendo la consideración de miembro no adscrito.

El Pleno, con cargo a los Presupuestos anuales, podrá asignar a los grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para todos los grupos y otro variable, en función de su nº de miembros. Los Dº económicos y políticos de los miembros no adscritos no podrán ser superiores a los que les hubieren correspondidos de permanecer en el grupo de procedencia, y se ejercerán en la forma que determine el reglamento orgánico de cada Corporación.

Régimen de Acuerdos, de Actos y de Ordenanzas

Como actos advos que son, a los acuerdos de los órganos de las Corporaciones son aplicables las reglas generales de funcionamiento de los órganos colegiados y de procedimiento previstas en la Ley 30/1992, y además, y prioritariamente las siguientes de la Ley de Bases de Régimen Local de 1985:

Constitución: el Pleno se constituye válidamente con la asistencia de 1/3 del nº legal de sus miembros (nunca inferior a 3). Con este quórum deberá mantenerse durante toda la sesión, siendo necesaria la asistencia del Presidente y del Secretario o de quienes les sustituyan legalmente.

Acuerdos: Como regla general, se adoptaran mediante votación ordinaria, y por mayoría simple de los presentes (más votos afirmativos que negativos). En caso de empate, nueva votación, si persiste decidirá el voto de calidad del Presidente.

Mayoría Absoluta: se requiere cuando así lo disponga una ley y, además, cuando se trata asuntos territoriales como:

  • La creación y supresión de Municipios, entidades locales menores y alteración de términos municipales.

  • Delimitación del territorio municipal, alteración del nombre y de la capitalidad del Municipio y adopción o modificación de su bandera, enseña o escudo.

  • Aprobación y modificación del reglamento orgánico propio.

  • Creación, modificación o disolución de mancomunidades u otras organizaciones asociativas, así como la adhesión a las mismas y la aprobación y modificación de sus estatutos.

  • Transferencias de funciones o actividades a otras Ad.P. o aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión.

  • Cesión del aprovechamiento de los bienes comunales.

  • Concesión de bienes o servicios por más de 5 años, siempre que su cuantía exceda del 20% de los recursos ordinarios del presupuesto.

  • Municipalización o provincialización de actividades en régimen de monopolio y aprobación de la forma concreta de gestión del servicio.

  • Aprobación de operaciones financieras o de crédito y concesiones de quitas o esperas, cuando el importe exceda 10% de los recursos ordinarios de su presupuesto, así como las operaciones de crédito previstas art 158.5 Ley Reguladora de Haciendas Locales (1988).

  • Acuerdos sobre tramitación de los instrumentos de planteamiento general.

  • Enajenación de bienes, en cuantía que excedan 20% de los recursos ordinarios de su presupuesto.

  • Alteración de la calificación jurídica de los bienes demaniales o comunales.

  • Cesión gratuita de bienes a otras Admón. o instituciones públicas.

Para Municipios de Gran Población, la Ley de Medidas para la Modernización del Gobierno Local (2003), reduce el régimen de la mayoría absoluta del nº legal de miembros del Pleno, a los acuerdos relativos:

  • La aprobación y modificación de los reglamentos orgánicos.

  • Delimitación y alteración del término municipal.

  • Creación o supresión de entidades locales menores.

  • El cambio de la capitalidad del municipio, su denominación, bandera, enseña o escudo.

  • Participación en organizaciones supranacionales.

  • Transferencias de funciones o actividades a otras Ad.P.

  • Aceptación de delegaciones o encomiendas de gestión.

  • Para los acuerdos que corresponda adoptar al Pleno, en la tramitación de los instrumentos de planteamiento general previstos en la legislación urbanística.

Acta: la extenderá el Secretario de cada sesión, deberá constar:
  • Lugar de la reunión, nombre del Municipio y local donde se celebra.

  • Día, mes y año, y la hora de comienzo.

  • Nombre y apellidos de los miembros presentes, los ausentes que se hubiesen excusado y de los que falten sin excusa.

  • Carácter ordinario o extraordinario, y si es en 1ª o en 2ª convocatoria.

  • Asistencia del Secretario o quien legalmente le sustituya-

  • Asuntos que se examinen, opiniones sintetizadas e incidencias de éstas.

  • Votaciones que se verifiquen, y en caso de ser nominales el sentido de sus votos; en las ordinarias constará el nº de votos afirmativos, de los negativos y las abstenciones.

  • Constará nominalmente el sentido del voto cuando así lo pidan los interesados.

  • La parte dispositiva de los acuerdos que se adopten.

  • Hora en que se levanta la sesión.

  • Aprobada por el Pleno, el acta se transcribirá en el Libro de Actas, autorizándola con la firma del Alcalde o Presidente y del Secretario.

Publicación: los acuerdos adoptados se publican o notifican. Las Ordenanzas, incluidos el articulado de las normas de los planes urbanísticos, así como acuerdos correspondientes a éstos, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia. Los ciudadanos tienen Dº a obtener copias y certificaciones acreditativas de los acuerdos y sus antecedentes, así como a consultar los archivos y registros en los términos que disponga la legislación, que desarrolla el art. 105.b de la CE “la Ley regulará… el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros advos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas”.

ORDENANZAS: de los Entes Locales son verdaderos reglamentos, normas jurídicas y fuentes del Dº. El procedimiento de elaboración se inicia con la aprobación inicial por el Pleno, le sigue un trámite de información pública y audiencia de los interesados por el plazo mínimo de 30 días para presentar reclamaciones y sugerencias, terminando con la resolución de éstas y aprobación definitiva por el Pleno (art 49).

En los conflictos de atribuciones, la regla es que los que surjan entre órganos y Entidades dependientes de una misma Corporación, se resolverán

  1. Por el Pleno: si son conflictos entre órganos colegiados miembros de éstos o de Entidades inframunicipales.

  2. Por el Alcalde, Presidente de la Corporación: en el resto de los supuestos.

  3. Por la Admón. de la CCA o por la del Estado (caso de pertenecer a distintas CCAA): los conflictos de competencia entre diferentes Entidades locales., sin perjuicio de la impugnación posterior contencioso-adva.

Impugnación de Actos, Acuerdos y Ejercicio de Acciones

Las reglas tradicionales y comunes a las restantes Ad. Públicas (inmediata ejecutividad de los actos y acuerdos, revisión de oficio de los actos, responsabilidad por daños a los particulares en sus bienes o Dº, y recursos) son aplicables a los actos y actividad de las Corporaciones Locales. La Ley de Bases de RL las completa, como en lo relativo a definir las resoluciones que ponen fin a la vía adva para su ulterior impugnación contencioso-adva, como son:

  • Resoluciones del Pleno, Alcaldes o Presidente y las Juntas de Gobierno, salvo en los casos excepcionales en que una ley sectorial requiera la aprobación ulterior de la Admón. del Estado o de la CCA, o cuando proceda recurso ante éstas en los casos de delegación.

  • Las de autoridades y órganos inferiores en los casos que resuelvan por delegación del Alcalde, del Presidente u otro órgano cuyas resoluciones pongan fin a la vía adva.

  • Las resoluciones de cualquier autoridad u órgano cuando así lo establezca una disposición legal.

Legitimación procesal: además de las personas legitimadas en el régimen general del proceso contencioso-advo, podrán impugnar los actos y acuerdos:

  • El Estado y las CCAA, gozando del privilegio de solicitar ampliación de la información, que deberán remitirse en plazo máximo de 20 días hábiles con interrupción del plazo para formular el requerimiento previo a la interposición del recurso.

  • Los miembros de la Corporación (y esto es una novedad importante) que hubieran votado en contra de tales actos y acuerdos. Esta regla supone una excepción al principio de que las minorías deben acatar los acuerdos de las mayorías, pudiendo originar numerosos conflictos judiciales, sobre todo si se llegase a admitir que las costas judiciales, al margen del resultado, sean siempre sufragados por la Corporación.

  • Acción Pública: la Ley de Bases RL, en favor de los vecinos, les permite ejercer en nombre de la Entidad local las acciones precisas en defensa de los bienes y Dº de ésta cuando, previo el oportuno requerimiento, la Corporación no las hubieren ejercitado. (art 68).