Los efectos del concurso de acreedores

Los efectos del concurso sobre el deudor

Los efectos del concurso sobre el deudor

Hemos de distinguir entre los efectos que sobre el deudor produce la declaración de concurso y la de la solución que se alcance en su procedimiento.

La declaración de concurso limita (interviene o suspende) el ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado y le impone deberes de colaboración con los órganos concursales que pueden desembocar en una limitación de alguno de sus derechos fundamentales.

La declaración de concurso de la persona natural origina un especial derecho de alimentos con cargo a la masa activa, a favor tanto del concursado como de las personas sobre las que el propio concursado tuviera, en su caso, el deber legal de prestarlos y la facultad del cónyuge de solicitar la disolución de la sociedad legal de gananciales.

La declaración de concurso de la persona jurídica no es causa de disolución pero produce algunos efectos específicos sobre sus órganos y socios.

Con la aprobación judicial del convenio:

La limitación de las facultades patrimoniales derivada de la declaración será sustituida por las limitaciones o prohibiciones que establezcan el convenio y lo mismo sucederá con los efectos específicos sobre la persona natural y jurídica, aunque se mantienen los deberes de colaboración.

Si no se produjo antes, se suspenden las facultades patrimoniales del concursado. Se extingue el derecho de alimentos del concursado persona natural y la disolución de la persona jurídica concursada.

Cuando se forme la sección de calificación: La sentencia firme de concurso culpable determina la inhabilitación del concursado o de sus administradores o liquidadores y podrá determinar la responsabilidad de los administradores y liquidadores de las personas jurídicas por el déficit que resultara en caso de liquidación.

La limitación de las facultades patrimoniales

La declaración de concurso origina una limitación de las facultades de administración y disposición del concursado sobre los bienes de la masa activa, que se concreta en la intervención o en la suspensión de su ejercicio.

La ley ha optado por una configuración flexible de la materia, de modo que la declaración de concurso no siempre producirá los mismos efectos patrimoniales: en unos casos el concursado quedará sometido a intervención, mientras que en otros se producirá la suspensión del ejercicio de las facultades de administración y disposición de la masa activa.

Con la limitación de las facultades patrimoniales no se pretende sancionar al concursado ni constituye una incapacitación, sino que se orienta a proteger los intereses de los acreedores.

La decisión de suspender o intervenir se hace depender, en principio de la solicitud de declaración de concurso. Si el concurso es voluntario, el deudor queda sometido a intervención. Si el concurso es necesario queda suspendido en el ejercicio de esas facultades.

Ahora bien, el juez puede acordar la suspensión en caso de concurso voluntario y la mera intervención en caso de concurso necesario, ya sea en el propio auto de declaración, motivando los riesgos que se pretenda evitar y las ventajas a obtener, o después a solicitud de la administración concursal y oído el concursado.

En caso de intervención, el ejercicio de las facultades de administración y disposición sobre los bienes de la masa activa queda sometido a autorización o conformidad de la administración concursal y en caso de suspensión el deudor es sustituido por la administración concursal a quien corresponde el ejercicio de las facultades de administrar y de disponer de los bienes de la masa activa.

Cualquiera que sea la limitación, la declaración de concurso no interrumpe el ejercicio de la actividad profesional o empresarial del deudor aunque el juez puede acordar su cese o el cierre de los establecimientos, explotaciones u oficinas.

El ejercicio de la actividad corresponde durante el concurso a la administración concursal en caso de suspensión y al propio concursado en caso de intervención. En este último caso, la administración concursal puede conceder al concursado una autorización general para realizar aquellos actos u operaciones propios del giro y tráfico de la actividad que se determinen.

Cualquiera que sea la limitación, subsisten durante el concurso los deberes de formular cuentas anuales (permanece inalterable: las cuentas seguirán formulándose casos legalmente establecidos. La auditoria de las primeras cuentas que se formen tras la declaración se sustituye por el informe de la administración concursal en los concursos de sociedades que no coticen en Bolsa ni estén sometidas a supervisión pública.

Si el deudor realiza actos contraviniendo estas limitaciones patrimoniales serán anulables, es decir, pueden quedar sin efecto o confirmarse si resultan favorables.

Sólo pueden anularse a instancia de la administración concursal. Los acreedores y la contraparte del concursado sólo pueden requerir a la administración concursal que se pronuncie sobre el ejercicio de la acción correspondiente o de la convalidación o confirmación del acto. La acción de anulación caduca en un mes desde el requerimiento a la administración concursal sin que esta hubiera contestado y, en cualquier caso, con la conclusión del concurso.

La limitación de las facultades patrimoniales del concursado tiene un claro reflejo procesal:

En caso de suspensión, el concursado es sustituido en los procesos pendientes por la administración concursal que estará igualmente legitimada para ejercer las acciones patrimoniales del concursado durante el concurso.

Con la intervención, el concursado conserva su capacidad para actuar en los juicios declarativos pendientes pero necesita la conformidad de la administración concursal para interponer demandas o recursos que puedan afectar a su patrimonio.

Los deberes de colaboración y la limitación de los derechos y libertades fundamentales

Los efectos del concurso se completan con la imposición al concursado o a sus administradores si es una persona jurídica y a sus apoderados, de los deberes de comparecencia, colaboración e información con el juez del concurso y con la administración concursal.

Su incumplimiento se sanciona con la prohibición de presentar propuesta anticipada de convenio y, en caso de formación de la sección de calificación, con la presunción de dolo o culpa grave en la causación o agravación de la insolvencia, lo que determinará la calificación del concurso como culpable. Además, si no comparece, el juez puede decretar el arresto domiciliario previa audiencia del MF.

Además, el concursado tiene el deber de poner a disposición de la administración concursal los libros de contabilidad y los corporativos (libros de actas, de registro de acciones nominativas o de socios) así como los documentos de relevancia patrimonial relativos a su profesión o empresa.

Según la LO de Reforma Concursal, para asegurar el cumplimiento de estos deberes el juez puede limitar alguno de los derechos y libertades fundamentales del concursado, pero sólo cuando sea imprescindible para facilitar la satisfacción de los acreedores y dentro de los límites marcados por la doctrina del TC y teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los deberes de colaboración.

Pueden limitarse los derechos fundamentales de personas naturales o de las personas jurídicas aunque existen limitaciones que sólo pueden afectar a las primeras (arresto domiciliario). En caso de concurso de una persona jurídica, la limitación puede acordarse respecto de todos o algunos de sus administradores o liquidadores.

Estas medidas pueden ser:

Intervención de las comunicaciones: limita el derecho fundamental al secreto de las comunicaciones. La medida deberá garantizar el secreto de los contenidos que sean ajenos al concurso y no adoptarse con una finalidad puramente especulativa.

Deber de residencia que puede desembocar en un arresto domiciliario con el fin de mediante la utilización de los modernos medios de comunicación que permiten conseguir el mismo resultado sin obligar al concursado a permanecer en una determinada población.

Entrada y registro domiciliarios cuando los afectados nieguen su consentimiento.

La medida debe basarse en indicios racionales de que existen documentos de interés para el concurso que no han sido aportados.

Los efectos sobre la persona jurídica

La declaración de concurso de una persona jurídica no produce su extinción ni su disolución, mantiene la misma estructura orgánica que tenía antes del concurso, sin perjuicio de los efectos derivados de la intervención, los órganos de la sociedad necesitan de autorización o conformidad de la administración concursal, o suspensión, las facultades patrimoniales pasan a la administración concursal y los órganos de la persona jurídica realizan los actos y cumplen los deberes que la Ley atribuye e impone al concursado. Los administradores concursales tienen derecho de asistencia y de voz en las sesiones de los órganos colegiados.

La persona jurídica puede ejercer la acción de responsabilidad contra sus administradores, liquidadores y auditores por los daños causados a la misma, estando también legitimada la administración concursal.

Además, el juez del concurso puede ordenar el embargo de los bienes y derechos de los administradores y/o liquidadores de hecho o de derecho de la sociedad concursada.

Es una medida cautelar especial, relacionada con la condena que en caso de la formación de la sección de calificación como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, puede recaer sobre determinados administradores o liquidadores de la persona jurídica cuyo concurso se califique como culpable, que consiste en pagar a los acreedores concursales todo o parte del importe que de sus créditos no perciban en la liquidación de la masa activa. El embargo podrá afectar a todos o a algunos de los administradores o liquidadores, de derecho o de hecho, que lo sean en el momento de la declaración de concurso o que lo hubieren sido en los dos años anteriores. El juez del concurso será quien fije la cuantía bastante del embargo para la cobertura del eventual déficit que resulte de la liquidación.

La declaración de concurso de la persona jurídica tampoco modificará los derechos y obligaciones de los socios. Cuando estuviese pendiente la obligación de aportar, la competencia para reclamar la tiene en exclusiva la administración concursal que podrá realizarla cualquiera que fuera el plazo fijado en la escritura o en los estatutos y en el momento y cuantía que estime conveniente.

La misma solución se extiende a los créditos de la sociedad por prestaciones accesorias de los socios que estuviesen pendientes de cumplirse en el momento de declararse el concurso.

La Ley Concursal ha rechazado la figura de la “extensión del concurso” de manera , que el concurso de la sociedad colectiva o comanditaria o de la agrupación de interés económico no implica la de los socios que sean personal, ilimitada y solidariamente responsables de las deudas sociales, sin perjuicio de que, cuando concurran los presupuestos exigidos en cada caso, pueda declararse el concurso de uno o varios socios responsables de las deudas sociales e incluso la posibilidad de acumular los concursos de los socios al de la sociedad, desde el inicio o con posterioridad.

Ahora bien, durante el concurso se modifica el régimen de esa responsabilidad ya que la acción de reclamación por las deudas sociales:

Se ejerce por la administración concursal y sólo subsidiariamente por los acreedores sociales, quienes actuarán en interés de la masa.

La acción se ejerce en nombre de la colectividad de acreedores, de manera que la La acción sólo puede ejercitarse una vez que se haya aprobado judicialmente el convenio o que se haya abierto la fase de la liquidación, lo que constituye sencillamente la aplicación en el concurso de la regla de subsidiariedad que caracteriza a la responsabilidad de los socios por las deudas sociales.

Los efectos del concurso sobre los acreedores

Los efectos sobre las acciones declarativas

Estos efectos se centran en:

La formación de la masa de acreedores o masa pasiva, en la que se integran de derecho todos los acreedores anteriores a la declaración de concurso cualquiera que sea su nacionalidad y domicilio.

El principio igualdad o de la par condicio creditorum: se modifica el ejercicio de sus acciones individuales declarativas y se paralizan las ejecuciones, sustituidas por la agresión colectiva del patrimonio del deudor.

Los acreedores pueden ejercitar acciones individuales patrimoniales frente al concursado pero deben hacerlo ante el órgano jurisdiccional competente tras la declaración de concurso. Los jueces civiles ante quienes se interponga demanda de la que deba conocer el juez del concurso tienen el deber legal de abstenerse de conocer, salvo en el caso de jueces y tribunales de lo contencioso-administrativo y penal que siguen siendo competentes.

En el ámbito de la jurisdicción laboral: deben ejercitarse ante el juez del concurso las acciones colectivas de extinción, modificación y suspensión de contratos de trabajo y las acciones individuales sobre suspensión o extinción de contratos de alta dirección. Para el resto de las acciones sociales siguen siendo competentes los jueces de lo social.

Los efectos sobre las ejecuciones

Una vez declarado el concurso, no pueden iniciarse ejecuciones singulares ni seguirse apremios contra el patrimonio del deudor y quedarán en suspenso las que se hallaren en tramitación. Sí que podrán continuar las ejecuciones administrativas y laborales iniciadas antes de la declaración de concurso, siempre que los bienes afectados no resultasen necesarios para continuar la actividad.

Los acreedores con garantía real reciben un tratamiento especial, pueden iniciar o continuar la ejecución o realización forzosa de la garantía cuando ésta recaiga sobre bienes no afectos al ejercicio de la actividad profesional o empresarial.

Cuando recaiga sobre bienes afectos, la facultad de iniciar la ejecución se paraliza y la ejecución iniciada con anterioridad queda en suspenso hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a esa cuestión o pase un año desde la declaración de concurso sin que se hubiera abierto la liquidación.

Durante la paralización o suspensión, la administración concursal puede optar por satisfacer a dichos acreedores con cargo a la masa, evitando realizar los bienes y derechos afectos. Pasado ese periodo, el acreedor puede iniciar o continuar la ejecución ante el juez del concurso, salvo que se hubiera abierto la fase de liquidación, porque entonces el bien afecto queda sometido a la ejecución colectiva. Finalmente, cuando haya de procederse a la enajenación de bienes y derechos objeto de la garantía real, el juez podrá autorizar la enajenación con subsistencia del gravamen y con subrogación del adquirente en la obligación del deudor, de modo que ese crédito quedará excluido de la masa pasiva.

Los titulares de créditos privilegiados sobre buques o aeronaves pueden separar esos bienes de la masa activa del concurso ejercitando, por el procedimiento correspondiente, extraconcursal, las acciones que les reconozcan su legislación específica. Si de la ejecución extraconcursal resultare remanente a favor del concursado se integrará en la masa activa.

Efectos sobre los créditos en particular

La declaración de concurso produce también efectos específicos sobre los créditos contra el concursado. Por una parte, deja de operar la compensación, dejan de devengarse intereses y se suspende el ejercicio del derecho de retención sobre bienes y derechos integrados en la masa activa; por otra, se hace preciso establecer reglas de tratamiento de determinados créditos.

Reglas especiales de tratamiento de determinados créditos concursales

Una consideración especial merece la cuestión relativa a si los créditos contra el concursado se compensan o no con los créditos que pueda tener éste contra sus acreedores:

La Ley dice que declarado el concurso no procederá la compensación de los créditos y deudas del concursado, pero produce sus efectos la compensación cuyos requisitos hubieran existido antes de la declaración, sin perjuicio de lo que resulte en los concursos internacionales, de acuerdo con la norma que rija el crédito recíproco del concursado.

Esa prohibición de compensación en el concurso, que se base en la necesidad de mantener el principio de indisponibilidad de los bienes de la masa activa; respeto al principio de igualdad de trato y en las normas que rigen la compensación, cobra todo su sentido cuando el crédito y la deuda proceden de relaciones jurídicas distintas.

Por el contrario, cuando se trate de créditos y deudas nacidos de una misma relación jurídica, si cabe la compensación de modo que la parte in bonis no está obligada a realizar su prestación a favor de la masa.

Quedan fuera de este régimen prohibitivo los acuerdos de compensación concluidos en los mercados financieros, así como los sistemas de pagos y liquidación de valores.

Desde la declaración del concurso se suspende el devengo de los intereses, legales o convencionales, salvo en el caso de créditos con garantía real que siguen devengando intereses hasta donde alcance la garantía y salvo los créditos salariales que devengarán intereses según el interés legal del dinero, si bien esos intereses se consideran créditos subordinados).

La suspensión el devengo de intereses de los restantes créditos concursales, no es definitiva porque el deudor y acreedores pueden pactar su pago total o parcial en un convenio que no implique quita de los créditos y porque, en caso de liquidación, si resultare remanente después del pago de la totalidad de los créditos concursales, deberán satisfacerse los intereses suspendidos.

Como efecto de la declaración de concurso se interrumpe la prescripción de las acciones contra el deudor y contra socios, administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora. El cómputo del plazo vuelve a iniciarse de nuevo cuando concluya el concurso.

En el concurso de acreedores todos los créditos se computan en dinero y se expresarán en moneda de curso legal. Esta regla solo sirve para cuantificar el pasivo de modo que los créditos ni se convierten en dinero ni se modifican. La conversión en dinero y el vencimiento anticipado solo se producen si se abre la liquidación, pero las consecuencias de la regla del cómputo dinerario son importantes como medida de los derechos de los acreedores en el concurso:

Los créditos expresados en otra moneda se computan en la de curso legal según el tipo de cambio oficial a la fecha de declaración de concurso.

Los créditos de prestaciones no dinerarias o dinerarias determinadas por referencia a un bien distinto del dinero se computan por el valor de las prestaciones o del bien en la fecha de declaración de concurso.

Los créditos de prestaciones dinerarias futuras se computan por su valor a la fecha de Los créditos sometidos a condición resolutoria son tratados en el concurso como créditos puros o no condicionados. Pueden participar en el concurso y, por tanto, deben ser satisfechos, salvo que antes se cumpla la condición. Si la condición resolutoria se verificara después del pago, el acreedor debe devolver a la masa las cantidades cobradas, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiese podido incurrir frente a la masa o frente a los acreedores. Para asegurar la devolución de las cantidades percibidas, cuando el juez del concurso estime probable el cumplimiento de la condición puede, a petición de parte, acordar la constitución de una garantía.

Los créditos sometidos a condición suspensiva a los que se equiparan los créditos litigiosos, serán reconocidos como créditos contingentes sin cuantía propia y con la calificación que corresponda, admitiéndose a sus titulares como acreedores en el concurso, pero con los derechos concursales de adhesión, voto y cobro en suspenso. Por tanto, esos créditos no deben ser pagados, salvo que se verifique la condición. Cuando el juez estime probable ese cumplimiento, podrá, a petición del acreedor ordenar que se constituyan provisiones con cargo a la masa activa del concurso. Si el crédito contingente no llegase a confirmarse, esas provisiones se utilizarán para pagar a los restantes acreedores.

Los créditos que disfruten de garantía personal no se verán afectados por la declaración de concurso: sus titulares pueden ejercitar acción contra los fiadores y contra los obligados solidarios. Estos derechos subsistirán plenamente incluso en caso de convenio cuando los acreedores no votaran a favor de la propuesta que resultare aprobada.

Los efectos del concurso sobre los contratos

Los efectos sobre los contratos pendientes

El problema surge sólo en relación con aquellos contratos bilaterales que en el momento de la declaración de concurso se encuentren pendientes de cumplimiento total o parcial por las dos partes contratantes.

En otro caso serán de aplicación las reglas generales:

Si el concursado ya hubiera cumplido íntegramente su prestación, existirá un crédito en la masa activa que debe ser cobrado como cualquier otro.

Si es la contraparte la que cumplió: existirá un crédito concursal que debe reconocerse y satisfacerse dentro del concurso, ya sea en la fase de convenio o de liquidación. La misma regla rige en el caso de contratos unilaterales.

Determinados contratos bilaterales se rigen por su legislación específica, seguro, agencia, contratos administrativos celebrados con la Administración Pública y los denominados contratos de garantía financiera. Los contratos de trabajo se regulan de forma especial por la propia Ley Concursal.

Fuera de estas reglas especiales, la regla fundamental es la declaración de concurso no afecta a su vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas en los que ninguna de las partes hubiese cumplido íntegramente su prestación. Es más, se tienen por no puestas las cláusulas que establecen la facultad de resolución o de extinción del contrato por la declaración de concurso del contratante, a menos que una ley lo permita. Por tanto, los contratos continúan a pesar del concurso y las prestaciones a que estuviera obligado el concursado se realizarán con cargo a la masa. No obstante, la administración concursal en caso de suspensión y el concursado en el caso de intervención pueden solicitar al juez la resolución de esos contratos en interés del concurso, imputándose siempre a la masa la indemnización correspondiente.

Cuando el contrato continúe, las partes puedan resolverlo por incumplimiento de cualquiera de ellas durante el concurso, o incluso antes si se tratase de contratos de tracto sucesivo; pero en esos casos, el juez puede ordenar el cumplimiento de los contratos en interés del concurso considerándose como créditos contra la masa las prestaciones del concursado. La acción resolutoria se ejercita ante el juez del concurso y obligaciones pendientes de vencimiento y el crédito contra el concursado por las obligaciones vencidas, que además comprende el resarcimiento por daños y perjuicios, se calificará como concursal o contra la masa según que el incumplimiento fuese anterior o posterior a la declaración de concurso.

La rehabilitación de contratos

Respecto a los contratos que ya se encontrasen en vías de extinción cuando la declaración de concurso. La administración concursal puede rehabilitarlo en interés del concurso, asumiendo la masa todos los pagos que correspondan al concursado.

Pueden rehabilitarse:

Los contratos de crédito a favor del concursado, cuando vencieron anticipadamente por impago de cuotas o intereses dentro de los tres meses anteriores a la declaración de concurso y no se hubiesen iniciado ya acciones para reclamar el pago contra el deudor o contra algún garante.

Los contratos de adquisición de bienes con precio aplazado resueltos dentro de los tres meses anteriores a la declaración del concurso, a menos que el transmitente hubiese iniciado ya acciones de resolución o de restitución del bien transmitido o hubiese recuperado la posesión material del bien o hubiese realizado actos dispositivos sobre el mismo a favor de terceros.

Puede enervarse la acción de desahucio ejercitada antes de la declaración de concurso y rehabilitar el correspondiente contrato de arrendamiento hasta el momento de practicarse el efectivo lanzamiento.

La calificación del concurso

La calificación del concurso

La calificación del concurso es una operación eventual del procedimiento destinada a sancionar civilmente aquellas conductas del concursado, de sus representantes legales, de sus administradores o liquidadores e incluso de terceros que hubieran provocado o agravado el estado de la insolvencia. La calificación del concurso es totalmente independiente de las actuaciones penales que procedan por actuaciones del deudor que pudieran ser constitutivas de delito.

La formación de la sección de calificación no se produce en todo concurso, sino que dependerá de la solución que se adopte. El concurso deberá ser necesariamente calificado si se abre la fase de liquidación. En cambio, si la solución es el convenio, sólo se formará la sección de calificación cuando se establezca una quita superior a u tercio de los créditos o una espera superior a tres años (Art. 163.a LC).

Cuando proceda la formación de la referida sección de calificación, el concurso de acreedores se calificará como fortuito o como culpable (Art. 163.2 LC). El concurso fortuito no produce efecto alguno; pero el concurso culpable genera consecuencias importantes 13. El concurso culpable.

El concurso se calificará como culpable cuando en la generación o agravación del estado de insolvencia hubiere mediado dolo o culpa grave del deudor o de sus representantes legales o de sus administradores o liquidadores.

El concurso será calificado necesariamente como culpable cuando concurra cualquiera de los siguientes hechos (Art. 164.2 LC)

  • Incumplimiento sustancial del deber de contabilidad del deudor, incluyendo la doble contabilidad y la comisión de irregularidades relevantes para la comprensión de su situación patrimonial, concursado,

  • Alzamiento de bienes o realización de actos que obstaculicen la eficacia de un embargo

  • Salida fraudulenta de bienes o derechos del patrimonio del deudor en los dos años anteriores a la apertura del concurso

  • Realización antes del concurso de cualquier acto jurídico de simulación de su situación financiera.

El concurso será también calificado como culpable, salvo prueba en contrario, cuando concurra cualquiera de los siguientes incumplimientos de deberes (Art. 165 LC):

  • El de solicitar el concurso

  • El de colaborar con el juez del concurso y con la administración concursal

  • El de facilitar la información necesaria o conveniente para el interés del concurso

  • El de asistir a la junta de acreedores

  • Los se formular cuentas anuales, someterlas a auditoria o depositarlas en el Registro Mercantil respecto de alguno de los tres años anteriores a la declaración de concurso.

Tendrán la consideración de cómplices las personas que, con dolo o culpa grave, hubieran cooperado a la realización de cualquier acto que haya fundado la calificación del concurso como culpable (Art. 166 LC)

Los efectos de la calificación de concurso culpable

La calificación de concurso como culpable produce importantes efectos, que se recogerán en la correspondiente sentencia (Art. 172.2 LC):

  • La inhabilitación para el ejercicio de actividad empresarial

  • La inhabilitación de las personas afectadas para administrar los bienes ajenos durante un período de dos a quince años, así como para representar o administrar a cualquier persona durante el mismo periodo.

  • La pérdida de cualquier derecho que esas mismas personas o los declarados cómplices tuvieran como acreedores en el concurso, así como, en su caso, la devolución de los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente y la indemnización de los daños y perjuicios causados.

Además, si la sección de calificación se hubiera abierto como consecuencia de la apertura de la fase de liquidación, la sentencia podrá condenar a administradores y liquidadores, de hecho o de derecho, y a quienes hubieren tenido esa condición en los dos años anteriores a la apertura del concurso, a pagar a los acreedores concursales, total o parcialmente, el importe de sus créditos que no reciban en la liquidación.

Para hacer efectiva esa eventual responsabilidad concursal, el juez podrá acordar el embargo preventivo de bienes y derechos de administradores y liquidadores de la persona jurídica concursada (artículo 48.3).

Esta responsabilidad concursal de los administradores y liquidadores de la persona jurídica es independiente de las acciones de responsabilidad que pudieran haberse ejercitado contra ellos durante el concurso (artículo 48.2.III).