La masa activa y pasiva del concurso de acreedores

La masa activa

La composición de la masa activa

Con la declaración de concurso, los bienes del deudor pasan a formar parte de un conjunto unitario “masa activa” destinado a satisfacer a los acreedores (masa pasiva).

La masa activa, según el principio de responsabilidad patrimonial universal se integra:

  • De todos los bienes y derechos del patrimonio del deudor en el momento de la declaración de concurso;

  • De todos los bienes que se reintegren a dicho patrimonio como consecuencia del ejercicio de acciones rescisorias o de impugnación, y

  • De todos los bienes que adquiera el deudor hasta concluirse el concurso.

En particular, integran la masa activa los saldos acreedores de las cuentas en las que el concursado figure como titular indistinto, a menos que se pruebe que no es su titular.

Sólo quedan fuera los bienes y derechos del concursado que no tienen carácter patrimonial y los que sean legalmente inembargables.

Si el concursado está casado, la composición de la masa activa será diferente en función del régimen económico matrimonial aplicable. Caso de sociedad de gananciales o cualquier otro de comunidad de bienes, también componen la masa activa los bienes gananciales o comunes cuando deban responder de obligaciones del concursado. Cuando el cónyuge del concursado solicite la disolución de la sociedad o comunidad, la liquidación se lleva a cabo de forma coordinada con el concurso. El cónyuge del concursado tiene derecho a que se incluya en su cuota de liquidación la vivienda habitual del matrimonio que tuviese carácter de ganancial, abonando en su caso el exceso de valor.

Cuando el régimen económico matrimonial sea el de separación de bienes se establecen dos presunciones basadas en la presunción muciana. Se presume, salvo prueba en contrario, que el concursado donó a su cónyuge la mitad. Si no se puede probar la procedencia de la contraprestación, se presume también salvo prueba en contrario, que la mitad de ella se donó por el concursado pero sólo cuando la adquisición del bien se realizó en el año anterior a la declaración del concurso.

Estas presunciones no rigen cuando los cónyuges estén separados judicialmente o de hecho.

Los bienes adquiridos por los cónyuges con el denominado pacto de supervivencia en el régimen de separación de bienes se consideran divisibles en el concurso, de modo, que la mitad de ellos integran la masa activa salvo que el cónyuge opte por la adquisición integra de los mismos satisfaciendo a la masa la mitad de su valor.

La administración concursal, con el posible asesoramiento de expertos independientes, debe elaborar un inventario con la relación de todos los bienes, indicando su naturaleza, características, lugar en que se encuentren y, en su caso, datos de identificación registral y gravámenes, mas una valoración de los mismos según su valor de mercado. El inventario de la masa activa se unirá al informe de la administración concursal y cualquier interesado puede impugnarlo, solicitando la inclusión o exclusión de de bienes o derechos o el aumento o disminución de valor de los incluidos.

Los bienes de la masa activa deben administrarse y disponerse del modo más conveniente para los intereses del concurso. Hasta la aprobación judicial del convenio o hasta la apertura de la liquidación, no se pueden enajenar ni gravar los bienes y derechos que la integran sin autorización del juez. Salvo que el concursado continúe la actividad profesional o empresarial, pues en ese caso el juez permita realizar todos los actos de disposición inherentes a la misma.

Por último también se pueden realizar durante el concurso operaciones de tipo inverso, llevar a la masa bienes que salieron indebidamente del patrimonio del concursado antes de declararse el concurso que se llaman acciones de reintegración de la masa o sacar de la masa bienes que no sean titularidad del concursado y que no pueden satisfacer a los acreedores, por lo que su verdadero titular disfruta de un derecho de separación de bienes de la masa.

La reintegración de la masa activa

La reintegración de la masa activa tiene su razón de ser en la normal falta de coincidencia entre el momento en que comienza la crisis del deudor y el momento en el que se produce la declaración judicial de concurso a fin de suprimir los actos del deudor que perjudiquen a los acreedores realizados durante este periodo.

Durante el concurso puede ejercitarse cualquier acción de impugnación contra actos del deudor que proceda conforme a Derecho.

Se articula una técnica especial de reintegración: las acciones rescisorias concursales. Son rescindibles los actos perjudiciales para la masa activa realizados por el deudor en los dos años anteriores a la declaración aunque no hubiese existido intención fraudulenta.

Para que el acto sea rescindible debe producir un perjuicio patrimonial. Hay casos en los que ese perjuicio es inherente al acto por lo que se presume su existencia sin posibilidad de prueba en contrario, así sucede en los actos de disposición a título gratuito y pagos anticipados y hay casos en los que para facilitar la reintegración de la masa se presume el perjuicio patrimonial, pero con posibilidad de prueba en contrario en todos los actos de disposición a título oneroso a favor de personas especialmente relacionadas con el concursado y actos de constitución de garantías reales a favor de obligaciones preexistentes. Fuera de estos casos, el perjuicio debe probarlo quien ejercite la acción rescisoria.

No pueden rescindirse las operaciones ordinarias del tráfico a que se dedicara el deudor realizadas en condiciones normales ni los actos realizados bajo leyes especiales. Las acciones de impugnación y rescisión, deben ejercitarse ante el juez del concurso vía incidente concursal. Están legitimados activamente la administración concursal y subsidiariamente los acreedores que previamente se dirigieron por escrito a la administración concursal solicitando el ejercicio de alguna acción.

Están legitimados pasivamente el deudor, y quienes hayan sido parte en el acto impugnado y los terceros adquirentes del bien.

El efecto de la sentencia que acoja la acción rescisoria y, por tanto, declare la ineficacia del acto impugnado, es restituir las prestaciones, sus frutos e intereses.

Así existirá:

  • Un crédito de restitución a favor de la masa: si los bienes y derechos salidos del patrimonio del deudor no pudieran reintegrarse por pertenecer a un tercero de quien no pueda reivindicarse, se condenará a quién hubiera sido parte en el acto rescindido a entregar el valor que tuvieran cuando salieron del patrimonio del deudor concursado más el interés legal, aunque en caso de mala fe se le condenará a indemnizar todos los daños y perjuicios causados a la masa activa.

  • Un crédito de restitución a favor de la contraparte o del tercero: se considerará como crédito contra la masa, salvo mala fe, en cuyo caso se considerará crédito concursal subordinado de último rango.

La separación de bienes de la masa

El derecho de separación es la facultad de los titulares de bienes o derechos que se encuentran en poder del deudor y sobre los cuales no existe un derecho de retención, de uso o de garantía que justifique esa posesión, de impedir que puedan servir a satisfacer a los acreedores bienes que no son propiedad del deudor y que, por tanto, no integran su patrimonio y, claro está, de tutelar a las personas cuyos bienes hubieran sido incluidos indebidamente en el concurso.

La separación está íntimamente relacionada con la acción reivindicatoria.

Requisitos:

  1. El separante debe identificar los bienes o derechos que pretende separar.

  2. Los bienes y derechos deben estar en “poder del concursado”.

  3. El separante debe ser propietario o tener mayor derecho que el concursado sobre los bienes o derechos objeto de reclamación.

Procedimiento de separación:

El titular debe dirigir una solicitud a la administración concursal y ésta procederá a entregar el bien o derecho o, al menos, a reconocer el mejor derecho.

Si la administración concursal rechaza la solicitud, puede plantearse incidente concursal.

Si los bienes o derechos susceptibles de separación se transmitieron antes de la declaración de concurso a un tercero de quien no pueden reivindicarse, el titular desposeído puede optar por reclamar la cesión del derecho a recibir la contraprestación, si todavía no se realizó o solicitar el reconocimiento en el concurso del crédito correspondiente al valor que tuviera el bien en el momento de la enajenación o en otro posterior, a elección del solicitante, mas el interés legal, crédito que tiene carácter concursal.

Los créditos contra la masa

Concepto y caracteres

Obligaciones que genera el concurso de acreedores, que han de satisfacerse inmediatamente o a su vencimiento y, en caso de liquidación, con preferencia (en prededucción) sobre los créditos concursales. Tienen esta consideración: los créditos nacidos durante el concurso y los créditos por salarios por los últimos treinta días de trabajo anteriores a la declaración y en cuantía no superior al doble del salario mínimo interprofesional.

Gastos de la masa: Se incluyen tanto los gastos de justicia como los gastos de administración.

Gastos de justicia no sólo los indispensables para el desarrollo del procedimiento sino también los derivados de incidentes, costas, asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la propia Ley Concursal.

Entre los gastos de administración, destaca la retribución de administradores concursales y expertos independientes.

Obligaciones de la masa: Puede ser de origen contractual, legal y responsabilidad civil.

Contractuales: las derivadas de nuevos contratos que se concluyan durante el concurso y de los contratos que el concursado hubiese realizado antes de la declaración de concurso.

Legales: prestación de alimentos al concursado persona natural y a las personas respecto de las que tenga deber de alimentos el propio concursado.

Las que resulten de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores.

El régimen jurídico de los créditos contra la masa se basa en su carácter extraconcursal:

  1. Los créditos contra la masa no deben ser comunicados,

  2. No sufren los efectos previstos para los singulares créditos del concursado y

  3. Deben satisfacerse inmediatamente o a su vencimiento.

  4. En caso de convenio los créditos contra la masa no se someten a sus quitas y esperas, si bien, los créditos que se concedan al concursado para financiar el plan de viabilidad se satisfarán en los términos fijados por el propio convenio.

  5. En caso de liquidación antes de distribuirlos entre los acreedores concursales deben separarse las cantidades necesarias para satisfacer los créditos contra la masa que aun estuviesen pendientes de pago, lo que constituye la denominada prededucción.

La tipología de los créditos contra la masa

La delimitación legal de los créditos contra la masa no constituye una lista cerrada. Dicha enumeración parte de la tradicional distinción entre gastos de la masa y obligaciones de la masa. Entre los gastos de la masa se incluyen tanto los gastos de justicia como los gastos de administración. Se consideran gastos de justicia imputables a la masa no sólo los indispensables para el desarrollo del procedimiento, sino también los derivados de incidentes, e incluso los de costas y gastos ocasionados por la asistencia y representación del deudor, de la administración concursal o de los acreedores en los juicios que, en interés de la masa, inicien o continúen de acuerdo con la propia Ley Concursal. Entre los gastos de administración, destaca la retribución de la administración concursal.

Las fuentes de las obligaciones de la masa son las mismas que las de las obligaciones en general, es decir, básicamente, el contrato, la ley y la responsabilidad civil. Constituyen obligaciones contractuales de la masa todas aquellas derivadas de los nuevos contratos que se concluyan durante el concurso y de aquellos contratos con obligaciones recíprocas que el concursado hubiera realizado con anterioridad a la declaración de concurso y que continúen en vigor tras la declaración de concurso, así como las derivadas de las consecuencias restitutorias e indemnizatorias en caso de resolución voluntaria o por incumplimiento del concursado de tales contratos. También constituyen obligaciones contractuales de la masa las derivadas del rescate de los bienes afectos a créditos con privilegio especial o de la rehabilitación de contratos de crédito y de adquisición de bienes con precio aplazado, o de los supuestos de enervación del desahucio en los arrendamientos urbanos, y las que correspondan al concursado en caso de rescisión concursal. Por último, habrá que incluir en esa categoría el 50% de los créditos que supongan nuevos ingresos de tesorería y hayan sido concedidos en el marco de un acuerdo de refinanciación.

Como obligación legal de la masa destaca la de prestación de alimentos al concursado persona natural, así como a aquellas personas respecto de las que tenga deber de alimentos el propio concursado. Constituyen también obligaciones de la masa las que resulten de responsabilidad extracontractual del concursado con posterioridad a la declaración del concurso de acreedores y hasta su conclusión.

El pago de los créditos contra la masa

Los créditos contra la masa gozan de prioridad respecto de los créditos concursales. La administración concursal deberá atender el pago de los créditos contra la masa de forma inmediata o a sus respectivos vencimientos. La regla del vencimiento se aplicará cualquiera que sea la naturaleza del crédito y en cualquier estado del concurso.

Puesto que no se ven afectados por las reglas concursales, tales créditos podrán compensarse y devengarán los correspondientes recargos e intereses en caso de impago. No obstante, la administración concursal podrá alterar esta regla. Sin embargo, esta alteración de la regla del pago al vencimiento no podrá afectar a los créditos de los trabajadores, a los créditos alimenticios, ni a los créditos tributarios y de la SS, lo que limita mucho la posibilidad de alteración de la regla.

Si el concurso concluyera por resultar la masa activa insuficiente para satisfacer todos los créditos contra la masa, la regla de pago inmediato o al vencimiento se sustituye por la del pago conforme a una específica graduación.

La masa pasiva

Comunicación y reconocimiento de créditos

La masa pasiva se integra por los créditos concursales, créditos contra el concursado existentes cuando se declara el concurso que se convierten en concurrentes cuando son reconocidos. La comunicación de créditos es la solicitud de los acreedores del reconocimiento de sus derechos, que debe realizarse, en un mes desde la última de las publicaciones del concurso acordadas en el propio auto de declaración, con las formalidades legalmente establecidas.

Se incluirán forzosamente en la lista de acreedores los créditos reconocidos por laudo o sentencia, los que consten en documento con fuerza ejecutiva, los reconocidos por certificación acreditativa, los que disfruten de garantía real inscrita y los de los trabajadores cuya existencia y cuantía resulten del concurso.

Los créditos provistos de una garantía personal se reconocerán por su importe, sin perjuicio de sustituirse el acreedor por el garante que pague y se optará por la calificación que resulte menos gravosa para el concurso entre las que corresponden al acreedor y al fiador.

Cuando el garante pague sólo parcialmente, el acreedor tiene derecho a que se incluya en la lista de acreedores tanto la parte del crédito garantizado que todavía no haya sido satisfecho como el crédito de reembolso del garante.

La clasificación de los créditos

Los créditos incluidos en la lista de acreedores habrán de calificarse en alguna de estas tres categorías: privilegiados, subordinados y ordinarios.

Sólo tendrán la consideración de créditos privilegiados los previstos en la Ley Concursal.

Determinados créditos tienen por imperativo legal la consideración de subordinados o postergados.

Todos aquellos créditos que no merezcan la calificación de privilegiados o subordinados tendrán la consideración de ordinarios.

Cuando la solución de concurso sea el convenio: los titulares de créditos privilegiados sólo quedan vinculados a su contenido si lo aceptaron expresamente con su voto o adhesión mientras que los titulares de créditos subordinados, que carecen de derecho de voto y adhesión, quedan afectados por las mismas quitas que se pacten para los créditos ordinarios y sufrirán una espera mayor.

En caso de liquidación serán satisfechos en primer lugar los créditos privilegiados por el orden legalmente establecido, después los ordinarios a prorrata y finalmente los subordinados por el orden legalmente establecido.

Los créditos privilegiados

Los créditos privilegiados pueden serlo con privilegio especial y con privilegio general.

Los créditos concursales con privilegio especial:

En su mayoría están dotados de garantía real y afectan a determinados bienes y derechos por lo que su pago se realizará en todo caso con cargo a los bienes y derechos afectos.

En algunos casos, sus titulares tienen el derecho de ejecutar separadamente su garantía. La administración concursal puede decidir el rescate del bien afecto asumiendo la masa la obligación.

En caso de convenio, los titulares de estos créditos sólo quedan afectados si hubieran votado a favor de la propuesta que resultare afectada.

En caso de liquidación, el bien afecto puede ser ejecutado colectivamente ya que, una vez abierta la liquidación, el acreedor pierde su derecho de ejecución separada.

Son créditos con privilegio especial los siguientes:

  • Créditos garantizados con hipoteca legal o voluntaria, inmobiliaria o mobiliaria o con prenda sin desplazamiento, cuyo privilegio recae sobre los bienes hipotecados o pignorados.

  • Créditos garantizados con anticresis, el privilegio recae sobre los frutos del inmueble que se incluyen los créditos refaccionarios de los trabajadores sobre los objetos que hubieran elaborado mientras sean propiedad o estén en posesión del concursado.

  • Créditos por cuotas de arrendamiento financiero o plazos de compraventa con precio aplazado de bienes muebles o inmuebles, a favor de los arrendadores o vendedores y, en su caso, de los financiadores, el privilegio recae sobre los bienes arrendados o vendidos con reserva de dominio, con prohibición de disponer o con condición resolutoria en caso de falta de pago.

  • Créditos con garantía de valores representados mediante anotaciones en cuenta el privilegio recae sobre los valores gravados.

Para que todos estos créditos se califiquen con privilegio especial: la garantía debe estar constituida con los requisitos y formalidades previstos en su legislación específica para su oponibilidad a terceros, salvo la hipoteca legal tácita y el privilegio refaccionario de los trabajadores.

Créditos garantizados con prenda, cuyo privilegio recae sobre los bienes o derechos pignorados que estén en posesión del acreedor o un tercero. La prenda debe constar en documento público, salvo que se trate de una prenda de créditos, entonces basta que conste en un documento con fecha fehaciente.

Los créditos concursales con privilegio general recaen sobre todo el patrimonio del deudor. En caso de convenio reciben el mismo tratamiento que los créditos con privilegio especial. En caso de liquidación se satisfacen con cargo a los bienes no afectos a privilegio especial, por el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. Son:

  • Créditos por salarios que no tengan reconocido privilegio especial ni constituyan créditos contra la masa, en la cuantía que resulte de multiplicar el triple del salario mínimo interprofesional por el número días de salario pendientes de pago, así como las indemnizaciones por despido o accidente de trabajo anteriores a la declaración judicial de concurso.

  • Cantidades correspondientes a retenciones tributarias y SS debidas por el concursado en cumplimiento de una obligación legal.

  • Créditos por trabajo personal no dependiente y los que correspondan al autor por la cesión de los derechos de explotación de una obra objeto de propiedad intelectual, devengados durante los seis meses anteriores a la declaración.

  • Créditos tributarios y de la SS que no gocen de privilegio especial ni general del número dos, pero solo hasta el 50% de su importe, y los créditos derivados de responsabilidad extracontractual por los daños personales no asegurados.

  • Resto de créditos por responsabilidad civil extracontractual.

  • Créditos de los que fuera titular el acreedor que instó el concurso pero sólo hasta la cuarta parte de su importe y siempre que no se califiquen como subordinados.

Los créditos subordinados

Son créditos antiprivilegiados. En caso de convenio carecen de derecho de adhesión y de voto, se someten a las mismas quitas que los ordinarios y sufren una espera mayor; en caso de liquidación no se pagan hasta que no se hayan satisfecho íntegramente los créditos ordinarios, y se llevarán a cabo por el orden legalmente establecido y, en su caso, a prorrata dentro de cada número. Son créditos subordinados:

  • Créditos reconocidos tardíamente, aunque la subordinación no afectará a los créditos cuya existencia resulte del propio concurso o de otro procedimiento judicial y a aquellos para cuya determinación sea precisa la actuación inspectora de las Administraciones Públicas.

  • Créditos postergados respecto de todos los demás mediante un contrato.

  • Créditos por intereses devengados antes de declararse el concurso, salvo los correspondientes a créditos con garantía real hasta donde alcance la misma. Se incluyen los intereses devengados por los créditos salariales tras la declaración de concurso.

  • Créditos por multas y demás sanciones pecuniarias.

  • Créditos de los que fuera titular alguna de las personas relacionadas especialmente con el deudor, siempre que no sean créditos salariales con privilegio general y que el concursado sea persona natural.

  • Créditos que, como consecuencia de una acción de reintegración de la masa, resulten a favor de quien haya sido declarado parte de mala fe en el acto impugnado.

¿Quiénes son personas especialmente relacionadas con el deudor?

Si el deudor es persona natural:

  • El cónyuge del concursado, la persona que conviva con el concursado con análoga relación de afectividad y quienes tuvieron esa condición durante dos años anteriores al concurso.

  • Ascendientes, descendientes y hermano tanto del concursado como de su cónyuge o asimilado.

  • Cónyuges de los ascendientes, de los descendientes y de los hermanos del concursado.

Si el deudor es persona jurídica:

  • Los socios ilimitadamente responsables de las deudas sociales.

  • Los socios titulares de un 5% o 10% del capital social, según la sociedad cotice o no en Bolsa.

  • Los administradores, liquidadores y apoderados generales, actuales o que lo hubieran sido dos años antes del concurso y sus socios.

Salvo prueba en contrario se consideran personas especialmente relacionadas: cesionarios o adjudicatarios de créditos pertenecientes a cualquiera de las personas referidas siempre que la adquisición se hubiera producido en los dos años anteriores a la declaración de concurso.