El concurso de acreedores

La declaración judicial de concurso

El presupuesto subjetivo del concurso: la condición de persona del deudor

La declaración de concurso de acreedores tiene dos presupuestos legales: el presupuesto subjetivo, cifrado en la condición de persona del deudor (art. 1 LC), y el presupuesto objetivo, que es la insolvencia de ese deudor (art. 2 LC). La pluralidad de acreedores no es presupuesto de la declaración de concurso, salvo en aquellos supuestos excepcionales en que pudiera resultar manifiesta la inexistencia de otros acreedores resultantes incluso del propio procedimiento. La Ley tampoco considera la existencia de masa activa suficiente como presupuesto de admisibilidad de la declaración y, además, subordina la conclusión del concurso por inexistencia de bienes a la improcedencia de acciones de reintegración de la masa y de responsabilidad de terceros.

La sociedad en liquidación es "persona", por cuanto se establece expresamente que conserva su personalidad jurídica mientras la liquidación se realiza (art. 371 LSC), de modo que puede ser declarada en concurso.

El presupuesto objetivo del concurso: la insolvencia del deudor

El estado en que se encuentra el deudor que no puede cumplir regularmente sus obligaciones exigibles.

Hay que distinguir entre concurso voluntario y concurso necesario:

  • Concurso voluntario: La solicitud de concurso la presenta el deudor. El deudor tiene que justificar no solamente su estado de insolvencia sino también su endeudamiento. El estado de insolvencia no sólo puede ser actual, sino que también inminente.

  • Concurso necesario: Están específicamente enumerados en algunos de los hechos enumerados en la Ley (articulo 2.4). Existencia de un título por el cual se haya despachado ejecución o apremio sin que del embargo resultasen bienes libres bastantes para el pago. Sobreseimiento general en el pago corriente de las obligaciones del deudor. Existencia de embargos por ejecuciones pendientes que afecten de una manera general al patrimonio del deudor. Alzamiento o liquidación apresurada o ruinosa de sus bienes por el deudor Incumplimiento generalizado de obligaciones tales como tributarias de los tres últimos meses, cuotas seguridad social, laborales, etc. (sobreseimientos sectoriales).

La solicitud de concurso

Ha de ser instado por persona legitimada. No es posible su declaración de oficio por el juez. No está legitimado el Ministerio Fiscal.

Legitimados:

  • deudor y cualquiera de sus acreedores (salvo los que hubieran adquirido el crédito por actos inter vivos, a título singular, después de su vencimiento y dentro de los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud).

  • los socios ilimitadamente responsables de las deudas sociales, en algunas sociedades.

  • En caso de persona jurídica, el órgano de administración o de liquidación.

El deudor tiene el deber de solicitar su propio concurso dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que hubiera conocido o debido conocer su estado de insolvencia.

Si se forma la sección de calificación implica presunción de dolo o culpa grave, y ese concurso será culpable. En el caso de S.A. y de S.R.L. podrá llegar a determinar la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales.

Procedimiento:

En el escrito de solicitud deberá el deudor expresar si considera que su insolvencia es actual o inminente y acompañar una serie de documentos (inventario de bienes y derechos, relación de acreedores, propuesta de plan de liquidación, memoria expresiva de su historia económica y jurídica, actividades de los últimos tres años, establecimientos de los que sea titular, etc) En el caso de persona jurídica, debe indicarse también la identidad de los socios o asociados, de los administradores y liquidadores y del auditor de cuentas.

Si el deudor está obligado a llevar la contabilidad, debe acompañar las cuentas anuales, informes de gestión, auditorías de los últimos tres años, memoria de las alteraciones y estados financieros intermedios.

Concurso necesario.

Se declara a solicitud de un acreedor o de cualquier otro legitimado. El solicitante debe acreditar su condición por otro título, junto con el documento acreditativo y los medios de prueba.

Legitimados:

El juez de lo mercantil en cuyo territorio tenga el deudor el centro de sus intereses principales. También el del domicilio (siempre que el centro de intereses esté en España) concurso; para las acciones civiles con trascendencia patrimonial; las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo; ejecución frente a los bienes y derechos patrimoniales y para toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado.

Su jurisdicción se extenderá a todas las cuestiones prejudiciales relacionadas con el concurso. También le corresponde la tramitación del procedimiento.

La declaración de concurso

Se produce mediante auto que deberá dictar el juez del concurso.

Si la solicitud la presenta el deudor, el juez dictará auto declarando el concurso de acreedores si resulta acreditada la insolvencia alegada. Si el juez estima insuficiente la documentación, señala un plazo para completar la insolvencia.

Si la presenta otro legitimado, el juez debe dictar auto de admisión a trámite, ordenando el emplazamiento del deudor y adoptar medidas cautelares necesarias. El deudor puede oponerse, celebrándose una vista que terminará con el auto de declaración de concurso o con el de desestimación de la solicitud.

El auto de declaración produce efectos de inmediato; será ejecutivo aunque no sea firme.

Los concursos conexos

Tienen la consideración legal de concursos conexos aquellos de diferentes deudores que reúnan entre sí las condiciones establecidas legalmente, de modo que los diferentes concursos se tramitarán de forma coordinada ante el mismo juez. Los concursos pueden ser conexos originariamente, por haberse declarado de forma conjunta o de forma sobrevenida, porque, una vez declarados, sean acumulados, a petición de cualquiera de los deudores o de cualquiera de las administraciones concursales.

Los concursos conexos se tramitarán de forma coordinada, aunque sin consolidación de las masas. Excepcionalmente, sin embargo, se podrán consolidar inventarios y listas de acreedores a los efectos de elaborar el informe de la administración concursal cuando exista confusión de patrimonios y no sea posible deslindar la titularidad de activos y pasivos sin incurrir en un gasto o en una demora injustificados. Con el fin de facilitar la tramitación coordinada de los concursos, parece recomendable que la administración concursal sea única, aunque, en tal caso, el juez habrá de designar al menos un auxiliar delegado. Además, en los concursos conexos las propuestas de convenio de los concursados pueden someterse a la condición de la aprobación judicial del convenio en otro u otros de los concursos.

La declaración conjunta de concursos de varios deudores puede ser solicitada por los propios deudores o por algún acreedor cuando se trate de cónyuges y de quienes formen parte del mismo grupo de sociedades; pueden también solicitar la declaración conjunta de sus concursos los propios administradores, socios, miembros o integrantes personalmente responsables de las deudas de una misma persona jurídica, y pueden en fin solicitarla los acreedores respecto de aquellos de sus deudores entre los que exista confusión de patrimonios.

La acumulación de concursos

La declaración conjunta de dos o más concursos de acreedores sólo se contempla cuando un acreedor inste esa declaración respecto de varios de sus deudores (cuando exista confusión de patrimonios o cuando los deudores formen parte del mismo grupo).

La práctica admite declaración conjunta de concursos voluntarios (varios deudores en el mismo escrito).

El juez competente es el del lugar donde tenga el centro principal de intereses el deudor con mayor pasivo; si es un grupo de sociedades el del centro de sus intereses principales de la sociedad dominante.

En la acumulación de concursos la Ley admite tres supuestos:

  • El concurso de miembros ilimitadamente responsables podrá acumularse al concurso de la persona jurídica

  • El concurso de sociedades dominadas podrá acumularse al concurso de la sociedad dominante de un grupo.

  • El concurso de un cónyuge podrá acumularse al concurso del otro cónyuge.

En los concursos declarados conjuntamente y los acumulados, las propuestas de convenio de los concursados pueden someterse a la condición de la aprobación judicial del convenio en otro u otros de los concursos.

La publicidad del concurso

La apertura del concurso tiene que gozar de una amplia publicidad. Se informa la declaración al deudor y a los terceros relacionados.

Se dispone un doble sistema de publicidad: registral y extrarregistral.

La publicidad extraregistral

Además de utilizar todos los medios, se publicará por edictos en el BOE y en un diario de gran circulación en la provincia del domicilio del deudor o del centro de sus intereses.

El Registro Público Concursal

Tanto el auto de declaración de concurso como el resto de resoluciones concursales que deban ser objeto de publicidad, se insertarán en el RPC con arreglo al procedimiento que reglamentariamente se establezca. La gestión del portal de internet "Registro Público de Resoluciones Concursales" está encomendada al Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.

La publicidad registral

El auto se inscribe en los Registros de personas, tanto civil (deudor persona civil) como mercantil (deudor inscribible en el Registro Mercantil), y en los Registros de bienes.

La administración concursal

Concepto, naturaleza y funciones de la administración concursal

Existe en nuestro Derecho un órgano específico, la administración concursal, figura central del concurso; representa al concursado, le compete el ejercicio de acciones concursales y le corresponden tareas decisivas en todas las fases del procedimiento.

En el caso de convenio, ha de realizar una evaluación de su contenido. En el caso de la liquidación debe elaborar el plan de liquidación y realizar las operaciones de liquidación y el pago de los créditos. En la sección de calificación debe emitir un informe sobre los hechos relevantes para la calificación del concurso.

La naturaleza jurídica ha suscitado polémicas; su función no se limita a administrar la masa activa del concurso.

Puede recurrir a colaboradores externos de distintas formas, entre ellos los auxiliares delegados; el nombramiento se realiza por el juez, la remuneración debe ser satisfecha por la administración concursal, y quedan sometidos a las limitaciones de los administradores concursales.

Los expertos independientes pueden colaborar también, están encargados de estimar los valores de bienes y derechos de la masa activa y la viabilidad de las acciones de reintegración de la masa.

Nombramiento de la administración concursal

Atendiendo a los requisitos que han de reunir quienes integren la administración concursal, suelen identificarse tres modelos: el funcionarial, integrado por personas de la AAPP; el profesional, compuesto por especialistas en insolvencias o, al menos, en materias relacionadas con el consurso -abogados, economistas,...-, y el acreedor.

Con carácter general, se prevé el nombramiento de un solo administrador concursal, que podrá ser un abogado en ejercicio con 5 años de experiencia y formación en Derecho concursal; un economista con misma experiencia y formación; o una persona jurídica en la que se integre, al menos, un abogado y un economista.

En los decanatos de los juzgados competentes existirá una lista integrada por los profesionales y por las personas jurídicas que hayan puesto de manifiesto su disponibilidad para el desempeño de tal función.

El administrador concursal

Atendiendo a los requisitos de los miembros del órgano de administración del concurso suelen identificarse tres sistemas: el funcionarial (integrado por personas de la Administración pública), el profesional (compuesto por especialistas en insolvencias o materias relacionadas) y el acreedor (los miembros del órgano son acreedores del concursado).

La administración estará integrada por un abogado con experiencia profesional de al menos cinco años de ejercicio efectivo; un auditor de cuentas, economista o titulado mercantil colegiados y un acreedor titular de un crédito ordinario o con privilegio general no garantizado.

Cuando sea designado una persona jurídica que no sea de la Administración Pública para administrador concursal, deberá designar a su vez un profesional del ámbito económico.

Hay que destacar las prohibiciones legales o causas de inelegibilidad que constituyen motivo de recusación y, en su caso, de separación. (art. 28, art. 33 y art. 37).

El juez podrá, de oficio o a instancia de cualquier persona legitimada, separar del cargo a cualquiera de los miembros del órgano. Procederá a un nuevo nombramiento. La función de los administradores finaliza con la aprobación judicial del convenio y con la conclusión del concurso.

La remuneración de los administradores ha de ser dineraria, personal, proporcionada a la cuantía del activo y del pasivo y a la previsible complejidad del concurso; fijada por el juez.

La retribución de la administración concursal se reglamenta en un arancel, atiende a la cuantía del activo y del pasivo y a la complejidad del procedimiento.

El derecho a la retribución es un crédito contra la masa.

La Ley les impone responsabilidad por los daños que causen a la masa, al deudor, a los acreedores o a terceros. Responsabilidad solidaria, salvo que se hubiera opuesto expresamente al acuerdo lesivo o cuando pruebe que no intervino en la adopción del acuerdo y desconocía su existencia, o hizo todo lo posible para evitar el daño.

La acción de responsabilidad prescribirá a los cuatro años.

El informe de la administración concursal

Entre las funciones de la administración concursal está la elaboración del informe que da lugar o a la fase del convenio o a la de la liquidación. Su función es ofrecer al juez y a los acreedores una opinión valoración del estado patrimonial del deudor, de las razones y de la legalidad y viabilidad.

El plazo para la presentación es de dos meses, desde la fecha en que se produzca la aceptación de dos de ellos; podrá ser prorrogado por el juez por tiempo no superior a un mes, a solicitud del administrador concursal.

El informe contendrá:

  1. un análisis de los datos y circunstancias del concursado

  2. una valoración de si la documentación presentada por el deudor cumple la normativa contable general y específica

  3. una memoria de las principales decisiones y actuaciones de la administración concursal.

Irá acompañado de tres documentos básicos:

  1. inventario de la masa activa

  2. lista de acreedores

  3. escrito de evaluación de las propuestas de convenio presentadas.

Contendrá una exposición motivada de la situación económica del deudor y de datos y circunstancias relevantes.