Sucesiones internacionales

Introducción

En el ámbito europeo se ha dictado el Reglamento 650/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (R 650/2012), relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones, y a la aceptación y ejecución de documentos públicos en materia de sucesiones mortis causa y a la creación de un certificado sucesorio europeo. El R 650/2012 abarca la competencia judicial internacional, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de decisiones. La normativa se aplicará a la sucesión de las personas que fallezcan a partir del 17 de agosto de 2015, si bien, cuando el causante hubiera elegido, antes de esa fecha, la ley aplicable a la sucesión, esa elección será válida si las condiciones previstas en el Capítulo III se hubieran cumplido.

Ámbito de aplicación material. El R 650/2012 será aplicable en general a las sucesiones mortis causa (art. 1).

Ámbito de aplicación espacial. El R 650/2012 no será aplicable, ni a Dinamarca ni al Reino Unido ni a Irlanda.

La normativa de fuente interna -art. 9.8 CC- seguirá vigente, incluso después de la fecha de aplicación del instrumento europeo, dado que resolverá los supuestos de conflictos internos a menos que las autoridades españolas decidan la aplicación del texto a los conflictos interregionales.

Competencia de las autoridades españolas en el fenómeno sucesorio

El régimen de competencia judicial internacional está recogido en los artículos 4 al 10 del R 650/2012.

El foro de la residencia habitual del causante en el momento del fallecimiento se acoge como criterio principal de conexión para resolver sobre la totalidad de la sucesión (art. 4), salvo que el causante hubiera elegido su ley nacional para regir la sucesión; por lo tanto se acoge el criterio del forum legis que consiste en hacer que dependa la competencia judicial internacional del OJ por el que se regule la situación en cuestión.

La cláusula de elección de foro, para tener validez, tiene que concluirse conforme a una serie de condiciones, a fin de que todas las partes interesadas participen en el acuerdo. Su otorgamiento de forma escrita, fechada y firmada por los interesados, son las condiciones de forma a las que queda sometida. Se considerará hecha por escrito toda comunicación efectuada por medios electrónicos.

La electio fori no tendrá virtualidad cuando se ponga de manifiesto que no todas las partes del procedimiento son parte del acuerdo, salvo que todas comparezcan en el procedimiento, sin impugnar la competencia, momento en el que quedarán vinculadas por la elección del foro.

La competencia de las autoridades de la nacionalidad del causante, debido a la elección de su Derecho como ley aplicable, no sólo es posible porque las partes interesadas finalizaran un acuerdo de sumisión; en efecto, a falta de electio fori el tribunal normalmente competente podrá abstenerse de conocer, a instancia de una de las partes, si considera que los tribunales, cuya ley fue elegida están en mejor situación para pronunciarse sobre la sucesión, teniendo para ello en cuenta tanto la ubicación de los bienes, como la residencia habitual de las partes.

En definitiva, la competencia de las autoridades de la nacionalidad se producirá si existe un acuerdo de sumisión (expresa o tácita) por todas las partes interesadas, o bien por la transferencia de la competencia del tribunal que, en principio, era competente.

El sobreseimiento de la causa es posible si, abierto un proceso sucesorio por el tribunal de oficio, las partes deciden resolver el asunto extrajudicialmente ante las autoridades del Estado de la nacionalidad del causante.

En el artículo 10 del R 650/2012 se incluye la denominada competencia subsidiaria, con la que se posibilita atraer el conocimiento del asunto a las autoridades del Estado UE de situación de los bienes, aunque el causante no tuviera en el momento del fallecimiento su residencia habitual en un Estado UE. El ejercicio de esta competencia puede extenderse a toda la masa hereditaria o sólo a los bienes situados en el territorio del Estado en cuestión.

El Capítulo II finaliza estableciendo las normas de funcionamiento de las reglas de competencia: inicio del procedimiento (art. 14); comprobación de la competencia (art. 15); comprobación de la admisibilidad (art. 16); litispendencia (art. 17); conexidad (art. 18).

Ley aplicable a las sucesiones internacionales

La determinación de la ley aplicable es uno de los sectores contenidos en el R 650/2012, si bien respecto de los testamentos otorgados antes de 2015 todavía se rigen por el artículo 9.8 CC, así como su continuidad para los supuestos de conflictos internos, hace necesario tratar las soluciones aportadas por ambas fuentes.

Artículo 9.8 CC: "La sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento del fallecimiento cualesquiera que sean los bienes y el lugar donde se encuentren. Sin embargo las disposiciones hechas en testamento y los pactos sucesorios ordenados conforme a la ley nacional del testador en el momento de su otorgamiento conservarán su validez, aunque sea otra la ley que rija la sucesión, si bien las legítimas se ajustarán, en todo caso, a esta última. Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes".

Ámbito de aplicación material: la ley nacional del causante tiene una aplicación muy extensa regulando un buen número de cuestiones; entre otras: la apertura de la sucesión, la determinación de las personas llamadas a suceder, su orden, las consecuencias de la premoriencia y conmoriencia, las causas de desheredación y de indignidad; se incluye, también, el régimen de legítimas, los aspectos relativos a la administración de la herencia, la aceptación de la propiedad de los bienes que conforman la herencia, la partición de la herencia, etc.

Aspectos particulares de la sucesión testada

Art. 658 Cc: “La sucesión se defiere por la voluntad del hombre manifestada en testamento, y, a falta de éste, por disposición de la ley .La primera se llama testamentaria, y la segunda legítima.” Ahora bien, pese al tenor literal del precepto trascrito se deduce que en el Derecho común español el testamento es el único medio apto para manifestar la voluntad del causante, la redacción actual de la norma de conflicto en la materia nos inclina a incluir, como un subepígrafe de este apartado, el estudio de la sucesión contractual.

Admisibilidad y validez material de las disposiciones mortis causa

Tanto la admisibilidad como la validez material de las disposiciones mortis causa quedan sujetas, conforme a las previsiones del R 650/2012, a la ley de la residencia habitual del causante en el momento de otorgarlas, salvo que hubiera elegido como ley aplicable a la sucesión su ley nacional, en cuyo caso este OJ se aplicará a ambas cuestiones.

Los aspectos relativos a la validez material de las disposiciones testamentarias, y que en consecuencia quedan sujetos a la ley prevista por el artículo 24, son:

  • la capacidad del disponente para realizar la disposición mortis causa;

  • la admisibilidad de la representación a efectos de realizar una disposición mortis causa;

  • la interpretación de la disposición mortis causa;

  • el fraude, la coacción, el error, o cualquier otra cuestión, relativa al consentimiento o a la voluntad del disponente;

  • las causas específicas que impidan al disponente disponer en favor de determinadas personas o que impidan a una persona recibir bienes sucesorios de aquel.

Validez formal de las disposiciones mortis causa

El tratamiento jurídico de la forma de las disposiciones testamentarias ha cambiado en España trás la ratificación del Convenio de La Haya de 1961 (aplicable cuando el testador haya fallecido después de su entrada en vigor: para España 10-6-1988). Es un convenio de carácter abierto porque la aplicación de sus normas de conflicto será independiente de toda condición de reciprocidad y tendrá lugar aunque la nacionalidad de los interesados o la ley que resulte aplicable conforme a las normas no sean un Estado contratante.

Por lo tanto, lo dispuesto en la materia en el art. 11.1 del CC queda sustituido por el Convenio, que será de aplicación en todos los casos en que el testador haya fallecido después de su entrada en vigor.

Conforme al artículo 1 del CLH1961, “Una disposición testamentaria será válida en cuanto a la forma si esta responde a alguna de las siguientes leyes internas:

  • la ley del lugar en que el testador hizo la disposición;

  • la ley de la nacionalidad poseída por el testador, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento;

  • la ley del lugar en el cual el testador tenía su domicilio, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento;

  • la ley del lugar en el cual el testador tenía su residencia habitual, sea en el momento en que dispuso, sea en el momento de su fallecimiento;

  • respecto a los inmuebles, la ley del lugar en que estén situados”.

Art. 2 “El artículo primero será aplicable a las disposiciones testamentarias que revoquen una disposición testamentaria anterior. La revocación también será válida en cuanto a la forma si responde a una de las leyes en virtud de la cual, de conformidad con el artículo primero, la disposición testamentaria revocada era válida”.

Art. 3 “El presente Convenio no se opone a las normas actuales o futuras de los Estados contratantes que reconozcan disposiciones testamentarias hechas en forma de una ley no prevista en los artículos precedentes” (así, p.e., los testamentos autorizados por funcionarios diplomáticos o consulares de España en el extranjero (art. 11.3 CC)

Art. 4 “El presente Convenio se aplicará igualmente a la forma de las disposiciones testamentarias otorgadas en un mismo documento por dos o más personas”.

Art. 5 “A los efectos del presente Convenio, las prescripciones que limiten las formas admitidas de disposiciones testamentarias y que se refieren a la edad, la nacionalidad u otras circunstancias personales del testador, se considerarán como cuestiones de forma. Tendrán la misma consideración las circunstancias que deban poseer los testigos requeridos para la validez de una disposición testamentaria”.

La utilización de diferentes conexiones alternativas posibilita una amplia consideración de las variadas formas testamentarias. Las conexiones alternativas propuestas se refieren a su respectiva ley interna para evitar los problemas de remisión a otros ordenamientos jurídicos (reenvío). Los elementos para la concreción temporal de los criterios de conexión pretenden solucionar los posibles problemas de conflicto móvil. Las normas sobre edad, nacionalidad y circunstancias personales de testador y testigos se consideran pertenecientes al ámbito de la forma. La expresa regulación de la Convención reduce considerablemente la posibilidad de recurrir al fraude.

El art. 7 establece que la aplicación de las leyes establecidas en el Convenio “no podrá rechazarse más que cuando sea manifiestamente incompatible con el orden público”. Puesto que España no ha formulado ninguna reserva, se ha modificado el tratamiento jurídico de la forma del testamento ológrafo y del testamento mancomunado: El art. 732.3 CC permite a los españoles otorgar testamento ológrafo en el extranjero, incluso en países cuyas leyes no lo admitan.

Aspectos particulares de la sucesión intestada

La ausencia de manifestación expresa de la voluntad del causante, y su eventual sujeción a una ley personal alterada con el transcurso del tiempo, determinan que la relevancia de la ley personal del causante tempori mortis sea absolutamente decisiva. Hay que determinar si tiene carácter procesal o sustantivo. Si se consideran normas sustantivas, serán de aplicación las disposiciones de la ley sucesoria. Si se consideran normas procesales, es excluido del ámbito de la ley aplicable a la sucesión.

En el Derecho español no existe solución legal o jurisprudencial al respecto, pero parece más adecuado entender que se aplica la norma del art. 33 CC como integrante de la ley sucesoria.

En otro plano, la sucesión intestada, en ausencia de herederos legítimos, plantea el interrogante de cuál deba ser la suerte futura de los bienes de de cujus. La mayoría de las legislaciones reconocen al Estado el derecho de apropiarse de los mismos, aunque el título sobre el que tal derecho se basa varía sustancialmente de unos ordenamientos o otros: mientras que para unos el Estado aparece como auténtico heredero, para otros actuaría en cuanto ente soberano, ocupando unos bona vacantieae.

El problema de toda la temática de la sucesión del Estado puede ser reconducido a una cuestión de calificaciones que según el art. 12.1 del CC, debe ser resuelto de acuerdo con el Derecho español, ya que en él, la naturaleza puramente sucesoria de la vocación del Estado resulta incuestionable.

Pero cabe preguntarse cuál sería la actitud de nuestro ordenamiento a las pretensiones de un Estado extranjero de ocupar, en ejercicio de un ius regale, bienes inmuebles sitos en territorio español, aunque le correspondiera como “heredero” en la sucesión ab intestato de uno de sus nacionales. En principio, según MIAJA DE LA MUELA, podría atribuirse al Estado español un derecho de ocupación sobre los mismos, si se estimara en vigor la antigua Ley de mostrencos (16-05-1835), pero “no sólo por lo dudoso de la vigencia de esta Ley, sino por una razón de reciprocidad, resulta más equitativo poner estos bienes a la disposición del Estado del que el difunto era nacional”.

La sucesión pactada

Junto a la sucesión testada, la actual redacción del art. 9.8 CC, al equiparar las disposiciones hechas en testamento con los pactos sucesorios, confirma en nuestro Derecho la posición defendida por el profesor GONZÁLEZ CAMPOS, de que le problema de la sucesión contractual entra en el ámbito de la ley sucesoria, debiendo estimarse como una alternativa de la sucesión testamentaria.

La inclusión de los pactos sucesorios en el Titulo Preliminar tuvo su origen en el deseo de proporcionar una respuesta a problemas planteados por el carácter plurilegislativo del Estado español.

Pero, con independencia de su origen, resulta evidente que la interpretación de la norma de conflicto en vigor ha de hacerse atendiendo a su naturaleza de norma de remisión. De hecho, lo único que en ella se resuelve afirmativamente es, como dice MIAJA DE LA MUELA, “el problema que planteaba la regla de conflicto sucesoria anterior respecto a la posibilidad de incluir en ella la sucesión contractual de un extranjero ordenada conforme a su ley nacional”.

De forma mediata, además, el reconocimiento de la sucesión contractual como un posible tipo de sucesión enerva toda posible invocación frente a la misma del orden público español.

Por el contrario, la norma de conflicto no afecta al español con vecindad civil común que sigue estando sujeto a la prohibición de concluir pactos sucesorios, aunque la Ley sobre la explotación familiar agraria permite instituir sucesor de la explotación a quien fuera colaborador de la misma.

En términos generales, la validez de los pactos sucesorios, en cuanto a la forma, se regirá por las normas, ya estudiadas, sobre la forma de los testamentos.

En cuanto al momento en que deba apreciarse la ley nacional del causante para determinar si permite o no la sucesión contractual, es aplicable el art. 9.8 CC según el cual el momento determinante será el de la conclusión del pacto sucesorio, aunque en su ejecución hay que respetarse las legítimas establecidas por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento.

Eficacia en España de decisiones extranjeras en materia de sucesiones

El conflicto de autoridades

Por la competencia judicial internacional, según lo dispuesto en el art. 22 LOPJ, los Tribunales españoles podrán conocer de las cuestiones sucesorias en virtud de los criterios generales de competencia (cuando el demandado tenga su domicilio en España o exista prórroga de jurisdicción por sumisión expresa o tácita), así como por los foros especiales previstos, cuando el causante haya tenido su último domicilio en territorio español o posea bienes inmuebles en España.

La competencia de los cónsules españoles en el extranjero en materia sucesoria (notarial, informativa y representativa), sólo podrá ejercerse respecto de las sucesiones causadas por nacionales del Estado que acredita al cónsul, y siempre que concurra una de estas dos circunstancias:

  • Que en el territorio de la jurisdicción consular existan bienes del causante.

  • Que el fallecimiento se haya producido en ese territorio.

La función notarial resulta fundamental en relación con el otorgamiento por españoles de testamentos en el extranjero. La función informativa la ejercen los cónsules tanto respecto de las autoridades locales del Estado de recepción, como respecto de las del Estado enviante.

Por la función representativa, el cónsul habrá de formar inventario de los bienes relictos y administrar transitoriamente la herencia, pudiendo adjudicarla cuando sea de pequeña cuantía Los cónsules “tienen el deber de respetar las leyes y reglamentos del Estado de residencia” (Convenio de Viena sobre relaciones consulares), y su actuación como notario y encargado del registro Civil sólo es posible en la medida en que “las leyes y reglamentos del Estado de residencia no se opongan”. Las funciones notarial e informativa no plantean problemas en cuanto a la ley aplicable, pero la función representativa suscita difíciles interrogantes, que quizá pudiesen solucionarse distinguiendo entre las acciones consulares que podrían ser asimiladas a meras gestiones humanitarias o protectoras del patrimonio del causante y aquellas que implican una adjudicación de la herencia.

La intervención consular inevitablemente sujeta a la regla auctor, habrá de articularse con lo establecido en la ley local. Cuando los tratados admitan la posibilidad de que el cónsul proceda a la adjudicación de la herencia, parece indudable que la misma deberá sujetarse a lo dispuesto en la ley sucesoria que, tratándose de la sucesión de nacionales españoles, coincidirá necesariamente con la ley española sobre la que el cónsul basa su competencia.

La capacidad para suceder

La capacidad para suceder de las personas físicas se encuentra regulada por su ley nacional.

En España se aplica el art. 9.1 CC junto con los párrafos 9º y 10º respecto de la situación de doble nacionalidad, apatridia y estatuto jurídico de los refugiados. En el caso de las capacidades específicas o relativas, cabría una aplicación copulativa de la ley sucesoria y la ley personal del último). Por razones de defensa nacional y protección de la economía, el acceso de extranjeros mortis causa a bienes sitos en territorio español se encuentra sujeto a unos requisitos y/o obtención de las autorizaciones administrativas exigidas.

Los derechos sucesorios de personas jurídicas y sólo pueden articularse por la vía de la sucesión testamentaria sujeta a su ley personal (Art. 9.11 Cc), una vez probada su personalidad jurídica a tenor de la ley nacional, así como que tal personalidad le permite ser designada heredera legataria. Cada vez que la normativa vigente sobre el control de cambios impida que el incremento del patrimonio social, adquirido mortis causa, pueda ser sacado del país, la decisión de destinarlo a la propia actividad de la asociación o sociedad pondrá en marcha toda la reglamentación sobre inversiones extranjeras en España, exigiendo la inscripción de la personas jurídicas extranjeras en los Registros españoles.

El Estado puede suceder como heredero de nacionales muertos ab intestato y sin herederos legítimos. También puede suceder como heredero o legatario testamentario, pero no asume la posición del causante respecto del caudal hereditario. Según la Ley y Reglamento del Patrimonio del Estado, la aceptación de las herencias por parte del Estado español “se entenderá hecha siempre a beneficio de inventario”.

Las fases del iter sucesorio

Cada sistema jurídico organiza la transmisión de la herencia de acuerdo con sus peculiares concepciones del fenómeno sucesorio. En el Derecho español, la sucesión tiene carácter universalista y la ley sucesoria tiene una vocación general para regir todo el proceso en su conjunto. Entre la apertura de la sucesión y la adquisición de la herencia hay dos etapas: la administración y la partición del caudal relicto.

La administración de la herencia. La norma de conflicto la incluye en el ámbito de la ley sucesoria. La intervención consular cobra sus perfiles más característicos, en atención precisamente a la nacionalidad del causante. Pero el que la actividad consular se articule en gran medida sobre la base de convenios bilaterales de distinto alcance ha conducido a la búsqueda de soluciones más amplias en el seno de la Conferencia de la Haya de DIP en el Convenio sobre la administración internacional de las sucesiones.

La partición del caudal relicto, aunque incluida en la ley sucesoria, puede verse afectada por disposiciones de la lex fori, “tanto respecto de las particiones judiciales como porque cualquier heredero pueda exigir la partición”, norma aplicable a toda sucesión abierta en España.

Adquisición de la herencia, los múltiples aspectos que encierra (modalidades de aceptación y repudiación de la herencia) se hayan sujetos a la ley sucesoria; no obstante, del ámbito de aplicación de la misma escapa tanto la capacidad del heredero para aceptar o repudiar la herencia (ley personal) como los problemas atinentes a la forma que debe revestir tal manifestación de voluntad.

La forma de la aceptación o repudio de la herencia, (art. 9.11º Cc): será válida tanto si se realizó respetando las formalidades previstas en la ley sucesoria (ley rectora del contenido del acto), como si la forma corresponde a la ley personal del heredero o pertenece a la lex loci. Las pretensiones de universalidad del sistema sucesorio español puede verse limitado por la ley del lugar donde estén situados los bienes, especialmente en materia posesoria.