Persona física en el Derecho internacional privado

El estatuto personal: consideraciones generales

Con la expresión "estatuto personal" se viene designando el conjunto de instituciones determinantes de la posición jurídica que la persona ocupe en una determinada sociedad, desde su nacimiento (por su nacionalidad, incapacidad o capacidad) hasta la extinción de la personalidad (por fallecimiento). Son cuestiones en las que la persona no solo está involucrada sino que está directamente afectada. Esta es la idea que designa la noción de "estatuto personal".

Etimológicamente se refiere desde luego al "estado civil" de la persona, que fue definido por el profesor DE CASTRO como “la cualidad jurídica de la persona por su especial situación (y consiguiente condición de miembro) en la organización jurídica, y que, como tal, caracteriza su capacidad de obrar y el ámbito propio de su poder y responsabilidad”.

Sobre el contenido podría arrojar luz la relación de los hechos inscribibles en el RC español: nacimiento, filiación, nombre y apellidos, sexo y cambio de sexo, nacionalidad y vecindad, emancipación, relaciones paterno-filiales, matrimonio, separación, nulidad y divorcio, regímenes económicos, tutela y otras medidas de protección, ausencia y fallecimiento. Estos actos y circunstancias inscribibles coinciden en lo esencial con la noción de estatuto personal.

De entre todas las circunstancias mencionadas, la condición de nacional o extranjero interesa prioritariamente al DIPr. Además, al RC español acceden los hechos que afecten a españoles y los referidos a extranjeros que hayan tenido lugar en territorio español.

Ante una determinada reclamación, litigiosa o no, sabemos que el esquema de razonamiento a seguir siempre será el mismo: ante qué autoridades cabe plantear la reclamación, qué derecho se ha de aplicar y, finalmente, si se trata de una resolución judicial o no judicial dictada fuera, cómo obtener la eficacia en España de dicha resolución.

Aspectos procesales

La mayoría de los problemas del estatuto personal colocan en un plano prioritario la intervención judicial y/o administrativa.

Las reglas de competencia judicial internacional muestran un proceso de especialización idéntico al que experimentan las reglas relativas a la determinación del derecho aplicable. Prestaremos atención únicamente a los foros de competencia judicial internacional correspondientes a los problemas que se examinan en este tema.

El punto de partida es el artículo 21.2 de la LOPJ que contiene, en primer término, una cláusula de apertura al Derecho convencional en la materia. En el momento actual tienen primacía los Reglamentos de la UE. La incidencia del Derecho extranacional es muy significativa en materia de protección de menores y de personas mayores. Así, el ámbito de la protección de menores está afectado por el Convenio de La Haya de 1996 de protección de menores, así como por el R2201/2003 en lo que respecta a esa misma materia. La protección de los mayores cuenta con reglas uniformes de competencia judicial internacional en el marco del Convenio de La Haya de 2000, de protección internacional de adultos.

En defecto de Convenio o Reglamento europeo intervienen las reglas internas de competencia judicial internacional. Al efecto parece útil distinguir según que la LOPJ asigne la competencia a los Órganos judiciales y Tribunales españoles con alcance exclusivo, general o con carácter facultativo.

Así, los Tribunales españoles conocerán con alcance exclusivo "en materia de validez o nulidad de las inscripciones practicadas en un Registro español" (art. 22.1 LOPJ). Una regla obvia por una razón de proximidad, pero también de competencia, pues nadie como el juez encargado del Registro puede conocer de tales acciones. Excluye por tanto la competencia de cualquier otra jurisdicción nacional.

Cabe también la sumisión a la Jurisdicción española, tanto si las partes lo manifiestan de modo expreso como tácito (art. 22.2 inciso primero). Teniendo en cuenta que buena parte de las cuestiones litigiosas que se suscitan en relación con las personas y relaciones personales pertenece al ámbito de la jurisdicción voluntaria, la autonomía de la voluntad fundamenta, en buen número de casos, la competencia de los Tribunales españoles.

Con alcance especial o concurrente con respecto de otras Jurisdicciones extranjeras, los Órganos judiciales y Tribunales españoles pueden entrar a conocer:

  • "En materia de declaración de ausencia o de fallecimiento cuando el desaparecido hubiere tenido su último domicilio en territorio español" (art. 22.3, inciso primero). Es el último domicilio en España y no la residencia lo que sirve de fundamento de la competencia de los Tribunales españoles; es decir, se requiere un grado más de vinculación que la mera presencia o residencia en nuestro país.

    • Este foro encaja con las previsiones del Convenio nº 10 de la CIEC relativo a la constatación de ciertas defunciones, hecho en Atenas el 14 de septiembre de 1996. Dicho Convenio establece las autoridades judiciales y administrativas que tienen competencia para declarar el fallecimiento bien porque la persona fuera nacional del Estado que lo declara, bien porque allí tuviera su último domicilio o residencia. Por otra parte, ofrece la ventaja de que la defunción inscrita en el Registro de la autoridad que la declara tiene plenos efectos en los demás Estados contratantes.

  • "En materia de incapacitación y de medidas de protección de la persona y de los bienes de los menores o incapacitados cuando éstos tuvieran su residencia habitual en España" (art. 22.3, inciso segundo). Esta regla de competencia se ha prácticamente sustituido por lo que se refiere a la protección de los menores y lo mismo ocurrirá en relación con los mayores, desde el momento en que España ratifique el Convenio de La Haya de protección de adultos de 2001. Nótese que respecto al criterio de asignación de la competencia judicial internacional, hay una total simetría entre la LOPJ y el Convenio de La Haya de protección de adultos de 2000. La distancia es mayor en cuanto al ámbito material de aplicación, así como por los mecanismos procesales complementarios introducidos por el instrumento convencional.

Finalmente, desde la perspectiva del reconocimiento o eficacia extraterritorial de las resoluciones judiciales y no judiciales extranjeras, este sector de problemas presenta ciertas especificidades. Destaca, sobre todas, la no exigencia de exequátur, afirmada por nuestro TS, porque se trata de decisiones que recaerán siempre en el marco de un proceso de jurisdicción voluntaria. La idea central es que, por tratarse de acciones declarativas, como son las de estado civil, el exequatur no es necesario, dado que las partes solo pretenden la eficacia en España del efecto constitutivo o, en general, de cosa juzgada.

La Ley aplicable a las cuestiones de estatuto personal: régimen general

La noción de estatuto personal retiene lo que la persona es, por una parte, en sus relaciones con el Estado (Ej. la condición de nacional o extranjero) y en sus relaciones familiares (Ej. filiación), aunque vamos a ver cómo no todas estas relaciones están comprendidas dentro del ámbito material del artículo 9.1 CC, norma de conflicto en la materia. Por otra parte, al tratarse de cuestiones personales, es la ley personal del interesado la que designará el derecho aplicable.

Ámbito material del artículo 9.1 del CC

Art. 9.1 CC: "La ley personal de las personas físicas es la determinada por su nacionalidad. Dicha ley regirá la capacidad y el estado civil, los derechos y deberes de familia y la sucesión por causa de muerte. El cambio de ley personal no afectará a la mayoría de edad adquirida de conformidad con la ley personal anterior".

El artículo 9.1 CC experimenta un fuerte proceso de especialización, de modo que si se prosigue la lectura de los artículos 9 y 10 CC se puede llegar a la conclusión de que los párrafos siguientes no hacen sino especializar el supuesto de hecho del artículo 9.1 CC, dotando de soluciones particulares a ciertas cuestiones pertenecientes al estado civil y a los derechos y deberes de familia. Ese proceso de especialización viene provocado también por la proliferación de leyes especiales.

De modo que el artículo 9.1 CC, aunque sea la regla general, es residual: solo se aplicará cuando el problema planteado no pueda reconducirse a ninguno de los otros párrafos del artículo 9 y al Derecho convencional o europeo. Cabe entender que el ámbito de aplicación de este apartado 1 se reduce prácticamente a los aspectos relativos al estado civil y capacidad de las personas físicas. En particular, entran dentro de su ámbito los hechos derivados del nacimiento y la extinción de la personalidad, los derechos de la personalidad y, entre éstos, el derecho al nombre, la capacidad y las incapacitaciones. Todas estas cuestiones quedan sujetas a la ley personal, esto es, la determinada por la nacionalidad (art. 9.1), con las modulaciones que se irán viendo.

El nacimiento no suscita un problema conflictual salvo en el momento a retener para asignar a ese hecho efectos jurídicos. Es una cuestión sujeta a la ley personal, que puede disponer una prescripción distinta a las condiciones establecidas en el OJ español para considerar que hay persona (arts. 29 y 30 CC).

El nacimiento determina la personalidad y, con ella, el reconocimiento de los bienes y derechos de la personalidad, inmanentes o atributos de la personalidad, por ejemplo, el derecho fundamental al honor o a la propia imagen, o el derecho al nombre. Aun cuando la ley personal sea la ley rectora de la atribución, la vulneración de tales derechos será constitutiva de un ilícito civil (Ej. por difamación) y, por consiguiente, sujeta al derecho de daños (art. 10.9 CC).

El nacimiento y la personalidad determinan la capacidad. El precepto se refiere genéricamente a la capacidad, si bien hay que entender que comprende tanto la capacidad jurídica como la capacidad de obrar.

La personalidad se extingue por el hecho físico de la muerte, o por la declaración de ausencia y fallecimiento. El fallecimiento de la persona o la declaración de fallecimiento extinguen la personalidad. La declaración de fallecimiento plantea, por una parte, la cuestión de la competencia judicial internacional en la materia. La autoridad judicial española competente tendrá que resolver conforme a la ley española aspectos tan relevantes como los medios de prueba por los que se acrediten una u otra circunstancia determinantes de la extinción de la personalidad. La ley aplicable es la ley personal, que regirá la determinación del momento o la solución de los supuestos de conmoriencia o premoriencia, con fuertes divergencias de una legislación a otra. En relación con estos aspectos, a falta de un régimen jurídico ad hoc, aunque una solución práctica sería su sumisión a la ley rectora de la sucesión, lo cierto es que el R 650/2012 sobre sucesiones los excluye de la ley rectora de la sucesión.

Junto al supuesto normal en el que la declaración de fallecimiento sigue al hecho físico de la muerte, puede ocurrir que ésta derive de un procedimiento judicial, a través del cual se califica a una persona desaparecida (o ausente) como fallecida. Ambos hechos solo producen efectos después de una declaración judicial, luego requieren un procedimiento judicial previo.

En lo que se refiere a la ausencia, el problema se plantea por la incertidumbre sobre la existencia de una persona. No es un estado civil, ni tampoco una circunstancia que modifique la capacidad de la persona. Es, ante todo, una situación que, mientras dure, exige adoptar medidas de protección del patrimonio. Luego, en los supuestos internacionales, suscita dos cuestiones centrales que deben resolver los Tribunales españoles, cuando el desaparecido hubiera tenido su último domicilio en territorio español (art. 22.3 LOPJ). En primer lugar, la adopción de medidas cautelares o provisionales; por su naturaleza procesal y por una razón de efectividad práctica, solo podrán adoptarse de conformidad con la ley española (lex fori). En cambio, la declaración de ausencia -los presupuestos y efectos-, estará sujeta a lo previsto por la ley nacional del desaparecido, dado que es una situación que afecta a la totalidad de los derechos y bienes de la persona. La situación de ausencia concluye con la declaración de fallecimiento.

Determinación del Derecho aplicable

Todas las cuestiones de estatuto personal quedan sujetas a conexiones personales. En el OJ español la ley personal viene determinada por la nacionalidad (art. 9.1 CC). Dicho mandato debe completarse con lo dispuesto en el apartado 10 de la misma norma: "se considerará como ley personal de los que carecieran de nacionalidad o la tuvieran indeterminada, la ley del lugar de residencia habitual". De modo que la conexión principal es la ley nacional y, subsidiariamente, la ley de la residencia habitual.

Derecho al nombre

El intenso proceso de inmigración experimentado por la sociedad española ha colocado en un primer plano de importancia la cuestión del derecho al nombre y apellidos de los hijos de extranjeros nacidos en España. Han incidido también como factor de cambio ciertas decisiones del TJUE.

Régimen jurídico general

El nombre de las personas físicas tiene dos facetas. Es, por una parte, un signo de identificación de la persona (art. 12 RRC) y, por tanto, un derecho de la personalidad. Al mismo tiempo, debe satisfacer el interés general en la correcta identificación de los ciudadanos, luego desempeña asimismo una función de "control público de la identidad del individuo". Desde la primera perspectiva, forma parte del estatuto personal y explica su sumisión a la ley personal. Desde la segunda, justifica una intensa intervención estatal, que en DIPr se traduce en un cierto juego de normas imperativas.

En el OJ español, el nombre y los apellidos de los españoles se hallan regulados en los artículos 109 CC y 55 LRC 1957 y concordantes del RRC 1958 (arts. 50-56 LRC 2000).

Regímenes particulares: la incidencia del Derecho de la UE sobre la regulación del derecho al nombre

En la medida en que se intensifica la libre circulación de personas en el interior del territorio de la UE, emergen dificultades adicionales derivadas del ejercicio del derecho al nombre de los ciudadanos.

Entre otras, son significativos los siguientes pronunciamientos del TJUE:

  • Se admite que el derecho al nombre es materia que entra dentro del ámbito de aplicación material del TUE.

  • El TJUE ha declarado contraria al principio de no discriminación y a la libertad de circulación, una práctica nacional (belga) por la que las autoridades trataban de impedir el cambio del orden de los apellidos de hijos menores que ostentaban doble nacionalidad (belga y española) para que dicho cambio pudiera efectuarse conforme a la ley española.

  • Es relevante la STJCE en el caso Grunkin-Paul, contra la negativa del RC alemán a reconocer el apellido con el que el hijo del matrimonio Grunkin-Paul, de nacionalidad alemana, había sido inscrito en Dinamarca, su lugar de nacimiento, por tratarse de un apellido compuesto, que no era admitido por el Derecho civil alemán.

Derecho al nombre en los supuestos de adquisición de la nacionalidad española: problemas particulares

La ley española rige la atribución del nombre a quienes adquieren la nacionalidad española:

  • Con independencia del número y orden de apellidos que conste en la certificación (extranjera) de filiación del interesado, la inscripción en el RC español ha de reflejar el primer apellido del padre y el primero de los de la madre.

  • Se admite la conservación de los apellidos del anterior estatuto personal, es decir, no se impone un cambio forzoso del número o del orden de los apellidos que hubiera venido ostentando el extranjero hasta el momento de la adquisición de la nacionalidad, sino que se establece un mecanismo de conservación, siempre que así lo declare el interesado, con dos limitaciones de orden público: una derivada del principio de la duplicidad de los apellidos, o lo que es igual, deben constar dos apellidos; otra, derivada del principio de la infungibilidad de las líneas o, lo que es igual, es contrario a nuestro orden público la transmisión exclusiva de los dos apellidos por una sola de las líneas.

Capacidad y protección de los incapaces

De la lectura del art. 9.1 CC cabe inferir dos características. En primer lugar, la intención de dar a la capacidad un tratamiento autónomo e independiente de las instituciones en las que proyecte. En segundo lugar, al hacer referencia a la capacidad, sin más, abarca tanto la capacidad jurídica como la de obrar.

La capacidad jurídica y la capacidad de obrar

Si la capacidad jurídica es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, el nacimiento determina la capacidad. La ley personal decidirá los modos de adquisición de la capacidad de obrar (mayoría de edad y emancipación), así como los motivos de pérdida de la misma.

Realmente en el OJ español la minoría de edad es el único supuesto de incapacidad en sentido estricto, por su carácter autónomo y no condicionado a declaración judicial. La incapacidad que se deriva de la minoría puede verse atemperada por instituciones como la emancipación y el beneficio de la mayor edad aplicables a los sometidos a patria potestad y a tutela, respectivamente. Son éstas situaciones intermedias entre la menor y la mayor edad.

En los supuestos de tráfico externo -tanto si se trata de establecer medidas de protección respecto de menores extranjeros establecidos en España como si es preciso reconocer aquí las medidas que hayan sido adoptadas fuera-, éstas y otras medidas están afectadas por distintos instrumentos internacionales; en particular, por el R2201/2003 y por el Convenio de La Haya de 1996 de protección de menores.

Modificaciones sobre la ley personal en cuanto a la capacidad de obrar

En relación con la capacidad de obrar, la ley personal puede ceder o venir modulada en ciertos supuestos. En primer lugar, en función de la naturaleza del acto (capacidades especiales). En segundo término, por una finalidad de protección de la seguridad del tráfico (teoría del interés nacional). Finalmente, cuando la situación de incapacidad de la persona exige la adopción de medidas tuitivas, con o sin previa declaración judicial.

Capacidades especiales

Dentro de la capacidad de obrar hay que identificar ciertas capacidades especiales. La mayoría de los OJ establecen capacidades, distintas a la prevista con carácter general para la realización de determinados actos jurídicos (p.ej., contraer matrimonio, adoptar y ser adoptado). La conexión nacionalidad se reitera o se modula en función del acto a realizar; son las denominadas capacidades especiales que se estudian en los temas correspondientes a tales instituciones.

La excepción del interés nacional

Una restricción a la aplicación de la ley personal pone de manifiesto el distanciamiento entre el derecho de la persona como tal y el de sus intereses patrimoniales. Cristaliza en la llamada excepción del interés nacional (art. 10.8 CC), por la que se impide que la incapacidad, establecida de acuerdo con la ley personal, pero no reconocida por la ley española, invalide los contratos onerosos concluidos en España. De modo que la conexión ley nacional, como ley rectora de la capacidad, se ve atemperada por la regla locus en la realización de determinados actos jurídicos. La legislación española la recogió por primera vez en la reforma del Título Preliminar del CC de 1974, en el artículo 10, párrafo 8º.

El principio de interés nacional propugna la prioridad de la ley del lugar de celebración de un acto sobre la ley personal extranjera de una de las partes, para decidir sobre la capacidad para concluirlo válidamente. No se admiten más causas de incapacidad que las previstas por la ley española como ley del lugar de celebración del contrato. Su razón de ser ha de buscarse, pues, en la protección del tráfico jurídico.

Protección de los adultos: régimen jurídico de las incapacitaciones

La incapacitación supone la pérdida de la capacidad de obrar por ciertos motivos. En principio, los motivos de pérdida de la capacidad, la representación legal del sujeto que no ostente la plana capacidad de obrar y los efectos de la incapacidad quedan sujetos a la ley personal. Presumiéndose la plena capacidad de obrar de los mayores de edad, el establecimiento de limitaciones a dicha capacidad requiere una declaración judicial que aprecia que en la persona en cuestión concurre alguna de las causas tipificadas legalmente. La incapacitación exige, pues, la concurrencia de una causa legalmente prevista, situando la cuestión en la órbita de la determinación del derecho aplicable; y, por otra parte, en ciertos supuestos será indispensable una declaración judicial, situando el problema en el ámbito de la intervención de las autoridades.