Los efectos del matrimonio y las capitulaciones matrimoniales

Introducción

La consecuencia esencial de la celebración del matrimonio es el nacimiento de una serie de “relaciones” o “efectos” entre los cónyuges. Doctrinalmente se discute sobre la conveniencia de uno u otro término, motivado por una diferente concepción del matrimonio:

  • Para la primera de ellas, el matrimonio no produce propiamente “efectos”, sino que son los cónyuges los que libremente deciden sus “relaciones, derechos y deberes”, de los que el Estado y el derecho han de estar prácticamente ausentes. Esta concepción es propia de los países más secularizados, más celosos de las libertades individuales, donde el individuo tiene primacía frente a las instituciones sociales, incluida la familia.

  • Para la segunda de las concepciones del matrimonio, éste y la familia a la que da lugar es una institución básica para el orden social, superior a los individuos que la componen y su celebración genera múltiples “efectos jurídicos” exhaustivamente regulados por el derecho.

En España, a partir de la reforma del CC de 1975, la vida familiar se organizó sobre bases menos rígidas que en el pasado a través, sobre todo de la implantación del principio de igualdad de sexos. Sin embargo, ello no ha acabado con la reglamentación de las relaciones matrimoniales; simplemente ésta ha cambiado su contenido sujetando la institución familiar a principios democráticos pero colocada bajo la tutela del Estado y sujeta a sus normas. Así, normas internacionales, por las que España está obligada, y la propia Constitución, en su Art. 39, protegen la institución familiar. El matrimonio, que precisa ser celebrado ante Autoridad y su inscripción en el Registro Civil, crea un vínculo relevante ante la sociedad y los terceros, y produce una serie de efectos entre los contrayentes que, aunque a veces son de difícil sanción, no por ello, pierden su condición jurídica.

Los efectos del matrimonio

Bajo distintas denominaciones (efectos del matrimonio en el CC y relaciones personales y patrimoniales entre los cónyuges en la LOPJ) se contienen materias similares: el conjunto de relaciones (o efectos), bien sean personales o patrimoniales, que surgen tras la celebración del matrimonio. En el CC se regulan, por una parte los efectos del matrimonio (art. 9.2) y, por otro, las capitulaciones matrimoniales (art. 9.3). En la LOPJ sin embargo ambas cuestiones tienen una regulación común. En relación a los regímenes matrimoniales existe una Propuesta de Reglamento del Consejo de la UE relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia de regímenes económicos matrimoniales.

Competencia judicial internacional

No hay regulación UE ni tampoco convencional, por lo que hay que acudir a la LOPJ para determinar cuando los tribunales españoles son competentes. Los foros de competencia judicial internacional recogidos en la LOPJ abarcan todas las relaciones entre los cónyuges, tanto las personales como las patrimoniales, y las capitulaciones matrimoniales. Además de los foros generales -domicilio del demandado en España y autonomía de la voluntad expresa o tácita (art. 22.2)- la LOPJ prevé un foro especial en su artículo 22.3, según el cual son también competentes los Tribunales españoles en materia de relaciones personales y patrimoniales entre cónyuges:

  1. Cuando ambos cónyuges tengan residencia habitual en España al tiempo de la demanda,

  2. o cuando el demandante sea español y tenga su residencia habitual en España,

  3. o cuando ambos cónyuges posean la nacionalidad española, cualquiera que sea su lugar de residencia, siempre que promuevan la petición de mutuo acuerdo o uno con el consentimiento del otro.

El artículo 22.5 LOPJ hace competentes a los Tribunales españoles en relación a las medidas provisionales cuando se trate de personas o bienes que se hallen en territorio español o deban cumplirse en España.

La ley aplicable a los efectos del matrimonio

La determinación del supuesto del art. 9.2 del CC

Artículo 9.2 CC: "Los efectos del matrimonio se regirán por la ley personal común de los cónyuges al tiempo de contraerlo; en defecto de esta ley, por la ley personal o de la residencia habitual de cualquiera de ellos, elegida por ambos en documento auténtico otorgado antes de la celebración del matrimonio; a falta de esta elección, por la ley de residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración y, a falta de dicha residencia, por la del lugar de celebración del matrimonio.

La nulidad, la separación y el divorcio se regirán por la ley que determina el art. 107".

Bajo la denominación de "efectos del matrimonio" se agrupan todas las relaciones matrimoniales (sean personales o patrimoniales) con la única excepción del régimen económico pactado, que es el supuesto del artículo 9.3. De tal modo que de todas las relaciones matrimoniales (o efectos del matrimonio) únicamente el régimen económico pactado entre los cónyuges se mantiene fuera del artículo 9.2.

Efectos del matrimonio que estarían englobados bajo el supuesto del art. 9.2 CC, en relación al art. 12.2 CC que nos impone realizar la calificación para determinar la norma de conflicto aplicable de acuerdo a nuestro propio Derecho:

En primer lugar, están todas aquellas relaciones matrimoniales sin contenido patrimonial alguno, como son las incluidas en los arts. 66 a 71 CC bajo la rúbrica “De los derechos y deberes de los cónyuges”, que en realidad configuran la concepción que tiene nuestro legislador del matrimonio. Respeto y ayuda mutua, fidelidad y socorro, etc. son los clásicos ejemplos de relaciones personales a los que se deben añadir todos los pactos sobre derechos y deberes de los cónyuges, puramente personales.

En segundo lugar, hay que incluir el sector de las relaciones conyugales básicamente patrimoniales. Las disposiciones que lo regulan son los art. 1315 a 1324 CC. El legislador refleja el mínimo de solidaridad e igualdad económica que debe existir en el matrimonio. Principios fundamentales que, junto a los anteriormente expuestos, configuran la concepción del matrimonio para una determinada sociedad.

En tercer lugar, hay que diferenciar entre aquellos contratos que están dentro del ámbito del régimen económico matrimonial y aquellos que están en el ámbito patrimonial de cada cónyuge. Respecto de los primeros, su inclusión en el supuesto del art 9.2 es indudable, ya que afectan al régimen económico. Respecto de los segundos, debe primar el principio de libertad fundamentado en este caso en el principio de igualdad de los cónyuges. Por tanto no se plantea la duda respecto al régimen de los mismos, claramente excluido del ámbito de aplicación de este artículo y sometido al derecho común de los contratos (R. Roma I sobre obligaciones contractuales o art. 10.5 CC).

Tampoco se incluirán en este artículo 9.2 las donaciones entre esposos, que quedarían sometidas al R. Roma I o al artículo 10.7 CC.

Finalmente, y quizás lo más relevante, se incluyen en este artículo todos los regímenes económicos matrimoniales, con excepción del pactado, es decir de las capitulaciones matrimoniales, que son objeto del art. 9.3 CC: “Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán validos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento”.

La ley aplicable a los efectos del matrimonio

Además del objetivo de no discriminación por razón de sexo, los dos objetivos principales del art. 9.2 CC son:

  • Conseguir que la misma ley sea aplicable a todos los efectos del matrimonio, evitando así cuestiones de difícil calificación.

  • La inmutabilidad de la ley aplicable a los efectos, de tal manera que antes de celebrado el matrimonio y una vez celebrado éste, los cónyuges sepan con certeza cuál es la ley aplicable a sus efectos.

El legislador ha primado el valor de “seguridad” frente al de “libertad” de los cónyuges, ya que no les permite, en ningún caso, una vez celebrado el matrimonio y sólo subsidiariamente antes de contraerlo (sólo en el caso de que no tengan ley personal común) elegir de mutuo acuerdo la ley que ha de regir sus relaciones.

Las conexiones del art. 9.2 son criterios tradicionales de carácter cerrado y la relación entre ellos es de subsidiariedad: es decir, sólo entra en juego el segundo cuando el primero no puede operar y así sucesivamente. La primera conexión es la ley personal común de los cónyuges al tiempo de la celebración. Si existe esta ley personal común, los efectos del matrimonio se regirán obligatoriamente por ella. Sólo en el caso de que ésta no existiera los cónyuges podrán elegir de mutuo acuerdo, en documento auténtico y antes de la celebración del matrimonio, la ley que debe serles aplicada: bien la ley nacional, bien la de residencia habitual de cualquiera de ellos, limitándose la elección a estas dos.

Sólo si los cónyuges no hubieran procedido a dicha elección, sus relaciones se regirán por la ley de la residencia habitual común inmediatamente posterior a la celebración del matrimonio y si no la hubiera, por la ley del lugar de celebración del mismo.

La conexión de cierre: el lugar de celebración del matrimonio, plantea el problema de su adecuación. Y esto por el carácter fortuito de esta conexión que puede conducir a la aplicación de una ley poco relacionada con los cónyuges. Por ello, la seguridad y certeza que esta conexión produce (los cónyuges saben desde un principio que puede ser aplicada a sus relaciones), puede que no compense la posibilidad de que las relaciones matrimoniales se vean sujetas a un régimen lejano a las vivencias de los cónyuges.

Efectos del matrimonio, sucesiones y conflictos internos

El apartado 8 del artículo 9 y el número 3 del artículo 16 afectan al artículo 9.2 CC. Así, el párrafo último del artículo 9.8 dispone: "(...) Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes".

Con esta norma se trata de solucionar el problema de inadaptación que podría plantearse si distintos ordenamientos fueran aplicables, respectivamente, al régimen sucesorio y al régimen económico matrimonial, pues generalmente se encuentran profundamente ligados entre sí, de manera que a un sistema sucesorio muy favorable para el cónyuge viudo se corresponde un régimen de separación de bienes y al contrario. La aplicación de distintas leyes a estos dos supuestos podría dar lugar a situaciones injustas para el cónyuge supérstite o los otros herederos.

El art. 16.3 trata de solucionar los problemas que podrían presentarse en los supuestos en que se interfieran problemas de conflicto interregional con los propiamente internacionales, disponiendo que: “Los efectos del matrimonio entre españoles se regularán por la ley española que resulte aplicable según los criterios del artículo 9, y en su defecto, por el Código Civil. En este último caso se aplicará el régimen de separación de bienes del CC si conforme a una y otra ley personal de los contrayentes hubiera de regir un sistema de separación”.

Así pues, los matrimonios entre españoles de distinta vecindad civil que residan en el extranjero y hayan celebrado el matrimonio fuera de España verán regir los efectos de éste, a falta de capitulaciones, por el CC (régimen de gananciales), a no ser que la vecindad civil distinta de uno y otro cónyuge prevea un sistema de separación, en cuyo caso el régimen económico aplicable al matrimonio será el de separación prevista en el Código.

Las capitulaciones matrimoniales

Las capitulaciones matrimoniales o régimen pactado, según dispone el art. 1325 del CC, son aquellos negocios jurídicos de derecho de familia en que los otorgantes pueden “estipular, modificar o sustituir el régimen económico de su matrimonio o cualesquiera otras disposiciones por razón del mismo”. El supuesto del art. 9.3 atiende únicamente al régimen económico matrimonial pactado, es decir, a las capitulaciones matrimoniales, único sector de los “efectos del matrimonio” que quedaba excluido del art. 9.2 en el que se incluían el resto de los regímenes económicos matrimoniales.

Art. 9.3 CC: "Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento".

El estudio del régimen pactado en DIPr ha de realizarse en torno a problemas similares a los que se plantean en cualquier contrato, de ahí que la referencia al tema de las obligaciones contractuales sea frecuente. Así, al igual que en el caso de los contratos, está históricamente consagrada la regulación independiente de la capacidad para otorgar capitulaciones, de la forma que ha de observarse y del fondo de las mismas. Y es en este último sector, el del fondo o contenido, donde entra en juego el art. 9.3 CC.

En cuanto a la capacidad para otorgar capitulaciones matrimoniales el art. 9.1 CC conduce a aplicar la ley personal de cada uno de los otorgantes. Ahora bien, si la ley nacional de alguno de los contratantes no conoce o no permite las capitulaciones y, sin embargo, esta posibilidad fuera admitida conforme a la ley designada por el art. 9.3, habría que estar a lo previsto en el ordenamiento reclamado por el art. 9.1 únicamente en lo que dispone respecto a la capacidad general para contratar. En el supuesto de que uno de los contratantes tenga una capacidad de obrar limitada y sea necesaria la intervención de terceras personas que suplan su incapacidad, el problema se resuelve en derecho español declarando aplicable la ley nacional del incapaz (art. 9.6 CC).

La forma del contrato de capitulaciones se encuentra sometida al art. 11 CC, tanto en su conexión principal locus regit actum, como en las alternativas que en él se contemplan (nacionalidad común y ley rectora del contenido). El apartado 2 del art. 11, establece que "si la ley reguladora del contenido de los actos o contratos exigiere para su validez una determinada forma o solemnidad, será siempre aplicada, incluso en el caso de otorgarse aquéllos en el extranjero".

Así pues, en el caso de ser la ley española la que rija el fondo del contrato sobre bienes con ocasión del matrimonio, será de aplicación el art. 1327 CC, que exige para la validez de las capitulaciones escritura pública.

La validez del contenido de las capitulaciones matrimoniales se regula en el art. 9.3 CC: "Los pactos o capitulaciones por los que se estipule, modifique o sustituya el régimen económico del matrimonio serán válidos cuando sean conformes bien a la ley que rija los efectos del matrimonio, bien a la ley de la nacionalidad o de la residencia habitual de cualquiera de las partes al tiempo del otorgamiento".

El legislador favorece, pues, la validez de las capitulaciones a través de la posibilidad de que las partes elijan -entre varias leyes- la ley a la que quieren someterlas.