Derecho a los servicios sociales. Introducción

El SEREM y el SAP, de la época franquista, fueron extinguidos por el RD 36/1978 quedando integrados sus servicios en una de las Entidades Gestoras creadas, el INSERSO, "para la gestión de servicios complementarios de las prestaciones del SSS". El actual IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), Entidad Gestora de la SS a la que se encomienda "la gestión de las pensiones de invalidez y jubilación, en sus modalidades no contributiva, así como los servicios complementarios del SSS".

Y se le atribuye sichas funciones porque la LGSS contempla en su acción protectora "las prestaciones de servicios sociales que puedan establecerse en materia de reeducación y rehabilitación de inválidos y de asistencia a la tercera edad, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente".

Las prestaciones de servicios sociales están en pleno proceso de revisión, tanto que se ha aprobado un nuevo Catálogo de Referencia de Servicios Sociales por Resolución de 23 de abril de 2013 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad.

Autonomía del SAAD

El SAAD es independiente del SSS, pues su regulación lo configura "como una nueva modalidad de protección social que amplía y complementa la acción protectora del Estado y del SSS". Es, pues, un sistema paralelo al de SS, dejando claro que, ni la dependencia es una contingencia protegida por la SS... ni son de SS las prestaciones de dependencia que en la ley se contemplan.

Situaciones que conforman la dependencia. Definición de persona en situación de dependencia

El SAAD es un sistema diseñado para proteger distintas situaciones que conforman la dependencia, en concreto, la edad (envejecimiento), la enfermedad y la discapacidad, pues el artículo 2 de la Ley 39/2006 de Dependencia (LD) define dependencia como "el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal".

El concepto se fundamento en dos condiciones:

  1. tener reconocido tal situación por un órgano público a través de la pertinente resolución administrativa ya de la AGE ya de la CCAA; y

  2. que dicho reconocimiento se basa en la aplicación de un baremo establecido por el legislador estatal.