Derecho a la asistencia sanitaria. Introducción

Consideraciones generales

La Ley 33/2011 General de Salud Pública (LGSP) extiende el derecho al acceso a la asistencia sanitaria pública, a todos los españoles residentes en territorio nacional, a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del ordenamiento jurídico. Esta extensión tendrá como mínimo el alcance previsto en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Ello no obstante, el RD 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, ha profundizado en un esquema que es más propio de una consideración de la prestación sanitaria como prestación contributiva con cargo a cotizaciones sociales y que, por ello, puede ocasionar algunas disfunciones que se reflejan en determinados preceptos.

Las prestaciones sanitarias del Sistema de la Seguridad Social (SSS) estaban gestionadas por el INSALUD y el ISM. Las funciones y servicios de una y otra fueron sucesivamente traspasados a las CCAA en virtud del artículo 149 CE, Estatutos de Autonomía y decretos de transferencia, de tal forma que las instituciones sanitarias de la SS quedaron integradas en el SNS junto a las que tenían las CCAA.

Ahora bien, además de estas prestaciones sanitarias gestionadas por el antiguo INSALUD e ISM y por las CCAA, existen otras que, aún formando parte del SNS, son propias del SSS puesto que están gestionadas por:

  • Entidades Gestoras de la SS: La Mutualidad General de los Funcionarios Civiles del Estado (MUFACE), el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS) y la Mutualidad General Judicial (MGJ), caso del Régimen Especial de los funcionarios públicos, civiles y militares, que mantienen su régimen específico.

  • Entidades colaboradoras de la SS: Las MATEP y las empresas, caso de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen General y de los trabajadores por cuenta propia del RETA y del Régimen Especial de los Trabajadores del Mar.

Esto provoca que se hable de prestaciones sanitarias y de protección de la salud, unas veces competencia del Estado otras de las CCAA; que convivan el carácter profesional y el universal, esto es, la asistencia sanitaria de la SS y del SNS, añadiendo, además la complejidad del Derecho Comunitario en esta materia.

Antecedentes históricos

El aseguramiento de la salud tiene las siguientes características:
  1. Es muy costoso porque:

    • ocurre con frecuencia, además, afectando a la población activa de cuyos esfuerzos han de salir los bienes y servicios precisos para mantener a los que no se hallen dentro de la fuerza de trabajo;

    • los costos sanitarios son muy elevados más aún por los avances de la medicina y de la cirugía en los últimos tiempos y, el derecho a la salud, ha de garantizarse prestando la mejor de la asistencia sanitaria existente;

    • se trata de un riesgo que no incide solo sobre el asegurado sino que afecta a una comunidad de personas, el asegurado y su familia o quienes de él dependan económicamente.

  2. Su organización administrativa es muy compleja tanto en su estructura como por los profesionales que la prestan, siendo muy complicado su control en comparación con otros riesgos (muerte, nacimiento, vejez), tan difícil que en ocasiones depende de la educación social de los beneficiarios.

Desde sus orígenes, el riesgo por enfermedad comenzó asegurándose independientemente de los demás, en una doble vertiente:

  1. de asistencia sanitaria, y

  2. de subsidios sustitutivos del salario.

Y ello porque la enfermedad, como riesgo, como situación de necesidad, produce, de una parte, un exceso de gastos necesarios para la recuperación de la salud del enfermo, de otra, una disminución de ingresos por cuanto incapacita a la persona durante un período de tiempo de las rentas que tenga al trabajo como fuente.

La asistencia sanitaria tras la promulgación de la Constitución

Dentro de los principios rectores de la política social y económica de la CE1978, aparecen dos preceptos: el artículo 41 dedicado a la SS y el artículo 43 a la protección de la salud que, a efectos de distribución constitucional de competencias, tienen reflejo, en lo que respecta a la asistencia sanitaria del SSS en el artículo 149 CE.

La consecuencia de la distribución competencial en materia de Sanidad es que, tras la promulgación de la CE, la asistencia sanitaria se fue desgajando progresivamente del SSS.

Ahora bien, pese a su híbrida naturaleza jurídica, con independencia de su vía de financiación, en el presente capítulo las prestaciones sanitarias se consideran en general, ya del SSS, ya del SNS.

Principios sobre los que se asienta la asistencia sanitaria

Se parte del artículo 2 LGSS que establece que el SSS, configurado por su acción protectora, de la que forman parte las prestaciones sanitarias, "se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad".

Universalidad: derecho de acceso a la asistencia sanitaria pública a todos los españoles residentes en el territorio nacional a los que no pudiera serles reconocido en aplicación de otras normas del OJ.

Igualdad: el acceso y las prestaciones sanitarias se realizarán en condiciones de igualdad efectiva. Las políticas, estrategias y programas de salud integrarán activamente en sus objetivos y actuaciones el principio de igualdad entre mujeres y hombres, evitando que, por sus diferencias físicas o por los estereotipos sociales asociados, se produzcan discriminaciones entre ellos en los objetivos y actuaciones sanitarias.

Solidaridad: la política de salud estará orientada a la superación de los desequilibrios territoriales y sociales.

Unidad: los ciudadanos tienen derecho a recibir por parte del servicio de salud de la CCAA en la que se encuentre desplazado, la asistencia del catálogo de prestaciones del SNS que pudiera requerir, en las mismas condiciones e idénticas garantías que los ciudadanos residentes en esa CCAA.

A ellos hay que añadir los establecidos en el artículo 7 LGS "eficacia, celeridad, economía y flexibilidad".

Por su parte, la LGSP, en su artículo 3, establece una serie de principios generales de acción en salud pública:

Equidad: las políticas, planes y programas que tengan impacto en la salud de la población promoverán la disminución de las desigualdades sociales en salud e incorporarán acciones sobre sus condicionantes sociales, incluyendo objetivos específicos al respecto.

Salud en todas las políticas: las actuaciones de salud pública tendrán en cuenta las políticas de carácter no sanitario que influyen en la salud de la población, promoviendo las que favorezcan los entornos saludables.

De pertenencia: las actuaciones de salud pública atenderán a la magnitud de los problemas de salud que pretenden corregir, justificando su necesidad de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad.

De precaución: la existencia de indicios fundados de una posible afectación grave de la salud de la población, aun cuando hubiera incertidumbre científica sobre el carácter del riesgo, determinará la cesación, prohibición o limitación de la actividad sobre la que concurran.

De evaluación: las actuaciones de salud pública deben evaluarse en su funcionamiento y resultados, con una periodicidad acorde al carácter de la acción implantada.

De transparencia: las actuaciones de salud pública deberán ser transparentes. La información sobre las mismas deberá ser clara, sencilla y comprensible para el conjunto de los ciudadanos.

De integralidad: las actuaciones de salud pública deberán organizarse y desarrollarse dentro de la concepción integral del sistema sanitario.

De seguridad: las actuaciones en materia de salud pública se llevarán a cabo previa constatación de su seguridad en términos de salud.