Contingencias profesionales

Introducción

Se entiende por contingencia la protección otorgada por el sistema de la SS caso de que el riesgo (social) se actualice, es decir acontezca. Contingencia profesional es la dispensada por el sistema cuando afecte específicamente a un trabajador por cuenta ajena, por razón del trabajo que ejecuta, y se deba a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que constituyen las contingencias profesionales, diferenciándose de las contingencias comunes que pueden padecerse por cualquier persona.

Se habla de trabajador por cuenta ajena porque este tema está incluido dentro del Régimen General de la Seg. Social, donde están incluidos estos trabajadores, y porque el concepto de accidente de trabajo, desde sus orígenes, ha estado siempre vinculado al trabajador por cuenta ajena. Desde el desarrollo del reglamento, los trabajadores por cuenta propia o autónomos pueden mejorar voluntariamente la acción protectora que les dispensa su Régimen Especial, incorporando la protección por las contingencias de accidente de trabajo y enfermedades profesionales, siempre que se haya optado por incluir la protección por incapacidad temporal derivada de contingencia comunes.

La diferencia entre accidente de trabajo y enfermedad profesional radica en dos cuestiones, una de carácter técnico pues el accidente de trabajo surge de la acción súbita de un agente exterior que se produce en un momento concreto y determinado, la enfermedad profesional supone un proceso lento y progresivo que deteriora la salud del trabajador; cuya manifestación externa, no es o no suele ser contemporánea con la causa de su producción. Otra, jurídica, pues sólo son calificadas como enfermedades profesionales las que están incluidas en una lista que sucedan en las actividades que también se incluyen en una lista capaces de producirlas, dado que si la enfermedad no se contiene en tales normas legalmente no se considera enfermedad profesional sino accidente de trabajo.

Accidente de trabajo

Concepto de accidente de trabajo

La LSS define que se entiende por accidente de trabajo como toda lesión corporal que el trabajador sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Se descubren tres elementos que lo conforman como son la lesión corporal, el trabajo por cuenta ajena y la conexión entre trabajo y lesión.

Lesión corporal

Para que un accidente se califique como de trabajo es preciso que exista una lesión producida por la de acción o irrupción súbita y violenta de un agente exterior, lesión que, aun siendo corporal, como expresa el precepto, no excluye las lesiones psicosomáticas.

También son accidentes de trabajo las siguientes enfermedades:

  • Las enfermedades, no calificadas como profesionales siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva la ejecución del mismo.

  • Las enfermedades o defectos, padecidos con anterioridad por el trabajador, que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente.

  • Las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su naturaleza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes, que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico determinado por el accidente mismo o tenga su origen en afecciones adquiridas en el medio en que se haya situado el paciente para su curación.

Por la jurisprudencia también se ha considerado como tal las enfermedades cardiacas si el infarto de miocardio se produce de forma súbita y rápida después de hacer un esfuerzo o tener alguna impresión durante la realización del trabajo.

Trabajo por cuenta ajena

La lesión corporal ha de ser la que sufra el trabajador con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena.

Conexión entre trabajo y lesión

Ha de existir una relación de causalidad entre el trabajo que el trabajador ejecuta ajena y la lesión producida, trabajo que no sólo es el acto de trabajo en sentido estricto, sino también todo suceso que tenga alguna conexión con el trabajo, por lo que se considera accidente de trabajo:

  • Los que sufra el trabajador al ir o volver del lugar de trabajo, denominados in itinere.

  • Los que sufra el trabajador con ocasión o como consecuencia del desempeño de cargos electivos de carácter sindical, así como los ocurridos al ir o volver del lugar donde se ejerciten.

  • Los ocurridos por consecuencia de tareas distintas a las de su categoría profesional, ejecutadas en cumplimiento de las órdenes del empresario o en interés del buen funcionamiento de la empresa.

  • Los sucedidos en actos de salvamento y en otros de naturaleza análoga, cuando unos y otros tengan conexión con el trabajo.

Existe la presunción, iuris tantum, de que son accidente de trabajo, rebatible con pruebas, todas las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de trabajo, rompiéndose la presunción en ciertos supuestos: como la fuerza mayor extraña al trabajo, entendida como la que no guarde ninguna relación con el trabajo que se ejecutaba al ocurrir el accidente, y en todo caso los debidos a fuerza mayor extraña tales como la insolación, el rayo y otros fenómenos análogos de la naturaleza, o como los debidos a dolo o a imprudencia temeraria del trabajador accidentado.

Pero no impedirá la calificación de un accidente como de trabajo la imprudencia profesional como consecuencia del ejercicio habitual de un trabajo y se derive de la confianza que éste inspire, o los supuestos de concurrencia de culpa, civil o criminal, del empresario, compañero de trabajo del accidentado o de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo.

Las resultas del accidente de trabajo: Los principios sobre los que se asienta. Las prestaciones

Llamamos resultas del accidente del trabajo las consecuencias que se derivan del mismo. El accidente de trabajo puede producir unas lesiones o la muerte del trabajador. En el primer caso, el accidente puede producir al trabajador una incapacidad o una lesión permanente no invalidante. En el segundo podrá llevar aparejada la necesidad de allegar medios para la subsistencia de determinadas personas que dependían del trabajador fallecido.

Las resultas serán la incapacidad temporal, la incapacidad permanente, las lesiones permanentes no invalidantes, y la muerte, desde la que surge la acción protectora del sistema de la SS a través de un cuadro de prestaciones. Pero existen una serie de principios que rigen en los casos de contingencias profesionales.

Los principios sobre los que se asienta la protección por contingencias profesionales

  1. Principio de alta de pleno derecho, pues los trabajadores se considerarán, de pleno derecho, en situación de alta a efectos de accidente de trabajo y enfermedades profesionales aunque su empresario haya incumplido con sus obligaciones.

  2. Principio de automaticidad absoluta de las prestaciones, consecuencia del anterior, debiendo la aseguradora, INSS o MATEP, deberá anticipar el pago de la prestación al beneficiario, subrogándose en los derechos y acciones del beneficiario frente al empresario, sin perjuicio de exigir responsabilidades al empresario incumplidor.

  3. No exigencia de periodos previos de cotización. No se exigirán períodos previos de cotización para el derecho a las prestaciones que se deriven de accidente, sea o no de trabajo o enfermedad profesional

  4. Cálculo de las respectivas bases reguladoras sobre los salarios realmente percibidos por el accidentado.

  5. Recargo de las prestaciones caso de que el accidente de trabajo o la enfermedad profesional sea debido a inobservancia de las normas sobre seguridad y salud laboral. Todas las prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 %, cuando la lesión se produzca por máquinas, artefactos o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de los dispositivos de precaución reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones o cuando no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad e higiene en el trabajo o las elementales de salubridad o las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo y demás condiciones del trabajador. La responsabilidad de pago por este recargo recae directamente sobre el empresario infractor, sin que pueda ser objeto de seguro alguno, siendo nulo de pleno derecho cualquier pacto o contrato que se realice para cubrirla, compensarla o transmitirla. Esta responsabilidad es independiente y compatible con la de todo orden, incluso penal, que puedan derivarse de la infracción.

Las prestaciones

Incapacidad temporal (IT)

De la LSS se desprende que la IT es la situación en la que se halla un trabajador que necesita de asistencia sanitaria por padecer una lesión, debida a un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, que le impide trabajar, con un duración máxima de 12 meses, prorrogables por otros 6, cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación.

Agotado el plazo de duración de 12 meses, el INSS, a través de los órganos competentes para evaluar, calificar y revisar la incapacidad permanente del trabajador, será el único competente para reconocer la situación de prórroga expresa con un límite de 6 meses más o bien para determinar la iniciación de un expediente de incapacidad permanente o para emitir el alta médica a los exclusivos efectos de la prestación económica por IT.

Se caracteriza por una alteración de la salud en proceso de curación, un impedimento temporal de carácter patológico que a través de la curación debe desaparecer y que se esté absolutamente impedido por el trabajo quedando el contrato suspendido.

Son beneficiarios del subsidio los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación del Régimen General de la SS que se encuentre en esa situación y estén afiliados y en alta en el momento de acontecer el accidente de trabajo, aunque se recuerda el principio de alta de pleno derecho y automaticidad absoluta de las prestaciones. No requiere ningún período previo de cotización.

La prestación, denominada subsidio por IT, consistente en un 75 % de la base reguladora, calculada sobre los salarios percibidos por el trabajador.

El subsidio por IT nace al día siguiente al de la baja médica del trabajador, el día del accidente el trabajador cobra su salario íntegro del empresario.

Se abona mientras el trabajador se halle en situación de IT con un plazo de 12 meses prorrogables por otros 6, en los que se computa los días de recaída o recidiva, durante los cuales subsiste la obligación de cotizar. No es necesario agotar el plazo máximo de 18 meses, pudiendo el beneficiario ser dado de alta bien por curación o por declaración de incapacidad permanente, es necesario para que proceda la prórroga de 6 meses, que se acompañe al parte de confirmación de la baja con informe médico describiendo las dolencias padecidas por el trabajador accidentado y las limitaciones de su capacidad funcional así como la presunción de que, dentro de este periodo semestral, el trabajador puede ser dado de alta por curación.

Se extingue por las causas relacionadas en el art. 131 LSS, transcurso del plazo máximo establecido, con sus prórrogas ordinaria y extraordinaria, alta médica del trabajador accidentado, con o sin declaración de incapacidad permanente, por reconocerse al beneficiario la pensión de jubilación, por incomparecencia injustificada a cualquiera de las convocatorias para los exámenes y reconocimientos establecidos por los médicos adscritos al INSS o a la Mutua de Accidente de trabajo o por fallecimiento.

Si la IT se extingue por el transcurso del plazo máximo y el trabajador es dado de alta médica sin declaración de incapacidad permanente, sólo podrá generarse un nuevo proceso de IT por la misma o similar patología, si media un periodo de actividad laboral superior a 6 meses o si el INSS, mediante sus órganos de calificación y revisión de la situación de incapacidad permanente del trabajador, emite la baja a los solos efectos de la prestación económica de IT.

Agotado el plazo de 12 o la prórroga de 6, 18 meses, se examinará al accidentado, en el plazo de 3 meses, a efectos de su calificación como incapacidad permanente.

Excepcionalmente cuando continúe necesitando de tratamiento médico, por no ser definitiva las resoluciones anatómicas o funcionales que presente el trabajador, se valorará y calificará la situación de incapacidad en el grado que corresponda, declarando revisable en el plazo de 6 meses.

El derecho al subsidio gira en torno a los partes de alta, confirmación y baja médica, siendo sus peculiaridades que cuando el aseguramiento se efectúe mediante MATEP todos los partes e informes médicos complementarios son expedios por los servicios médicos de la propia MATEP, y que los partes de confirmación se emiten siempre a los 7 días naturales siguientes al inicio de la IT y cada 7 días, a partir del primer parte de confirmación.

Se suspende el subsidio por IT, cuando el beneficiario haya actuado fraudulentamente para obtener o conservar la prestación, cuando el beneficiario trabaje por cuenta ajena o propia, cuando el beneficiario sin causa razonable, rechace o abandone el tratamiento médico que le fuere indicado.

El subsidio se abona desde el día siguiente al del parte de baja estando a cargo del empresario el salario íntegro correspondiente al día de la baja. El pago efectivo lo realiza delegadamente la propia empresa, en virtud del principio de colaboración obligatoria, ahora bien, corre a cargo o del INSS o de la MATEP, según con quien haya optado el empresario por formalizar la protección respecto a las contingencias profesionales.

Excepcionalmente el subsidio corre a cargo de la empresa en relación con su propio personal, en virtud del principio de colaboración voluntaria.

Respecto a la asistencia sanitaria, ésta ha de procurarla el empresario desde el momento en que se produzca el accidente durante el tiempo que el proceso patológico lo requiera.

Tanto la asistencia sanitaria como las prestaciones recuperadoras son hechas efectivas bien por el empresario, bien por la MATEP bien por el INSS dependiendo de con quien tenga el empresario concertado el aseguramiento por las contingencias profesionales.

Incapacidad permanente (IP)

Según la LSS es la situación del trabajador que, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y de haber sido dado de alta médicamente, presenta reducciones anatómicas o funcionales graves, susceptibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral. No obsta esta calificación, la posibilidad de la recuperación laboral del incapaz, si dicha posibilidad se estima médicamente como incierta o a largo plazo. Tiene la consideración, también, de IP la situación de incapacidad que subsiste después de extinguida la IT por el transcurso del plazo máximo de duración.

La regulación se realiza por RD 1300/1995.

Actualmente se clasifica en distintos grados relacionados con la incidencia que, para la profesión habitual o para todo trabajo, tiene las lesiones o dolencias producidas. Los grados IP son: parcial, total, total cualificada, absoluta y gran invalidez.

La IP parcial para la profesión habitual es la que sin alcanzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al 33 % en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realización de las tareas fundamentales de la misma .

La incapacidad total para la profesión habitual es la que inhabilita al trabajador para la realización de todas o de las fundamentales tareas de dicha profesión, siempre que pueda dedicarse a otra distinta.

La incapacidad total cualificada es igual a la anterior pero el accidentado sea por edad (al menos 55 años), falta de preparación general o especializada y circunstancias sociales y laborales del lugar de residencia, se presuma que difícilmente va a obtener nuevo empleo.

IP absoluta para todo trabajo es la que inhabilite por completo al trabajador para toda profesión u oficio.

Gran invalidez es la situación del trabajador afectado por una IP y que, por consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesita la asistencia de otra persona para los actos más esenciales de la vida, tales como vestirse, desplazarse, comer o análogos.

Como consecuencia de ello no existe una sola prestación de IP sino varias, en función del grado reconocido, siendo las mismas:

  • IP parcial.

  • Cantidad a tanto alzado de 24 mensualidades de la base reguladora.

  • IP total.

  • Pensión vitalicia del 55 % de la base reguladora, sustituible por una indemnización a tanto alzado si el beneficiario es menor de 60 años.

  • IP total cualificada.

  • Pensión vitalicia del 75 % de la base reguladora.

  • IP absoluta.

  • Pensión vitalicia del 100 % de la base reguladora.

  • Gran invalidez.

  • Incremento del 50 % de la pensión de IP de que se trate, previéndose su sustitución por el alojamiento y cuidado en régimen de internado en una institución pública.

Los beneficiarios son los accidentados incluidos en el Régimen General de la SS, declarados en alguna de las situaciones que originen una IP, que estén afiliados y en alta en el momento de acontecer el accidente de trabajo, aunque pueden considerarse en alta de pleno derecho y automaticidad de prestaciones. No requerirá periodo previo de cotización.

Si a la fecha del suceso el trabajador tiene la edad de 65 años, y reúne los requisitos para acceder a la pensión de jubilación en el sistema de la SS se le reconocerá dicha pensión. Pero si teniendo esa edad no reúne tales requisitos tendrá derecho a las prestaciones de IP. En cualquier caso, las pensiones de IP, cuando sus beneficiarios alcancen la edad de 65 años, se denominarán pensiones de jubilación lo que no implica modificación respecto de las condiciones de la prestación que viniesen percibiendo.

Es competencia del INSS reconocer el derecho a las prestaciones económicas por IP, en sus distintos grados, así como determinar la contingencia (común o profesional, que la causa. También lo es declarar la responsabilidad empresarial que proceda por la falta de alta, cotización o medidas de seguridad e higiene en el trabajo y determinar el recargo que proceda, incrementando la correspondiente prestación.

En el expediente figurará el correspondiente dictamen-propuesta de los equipos de valoración de incapacidades (EVI), órgano que valora si existe o no, anulación o disminución de la capacidad de trabajo del accidentado, a efectos de la declaración de IP, así como de calificar el grado de IP.

Las incapacidades permanentes son revisables por mejoría o agravación de las lesiones que produjeron el estado invalidante, así como por error de diagnóstico, hasta que el incapacitado no haya cumplido 65 años, siendo competencia del INSS.

Si la revisión es por mejoría o agravación, en la resolución que reconozca la IP, se debe fijar el plazo a partir del cual se podrá instar la revisión, en tanto que el incapacitado no haya cumplido la edad mínima para causar derecho a la pensión de jubilación, plazo que es vinculante para todos lo sujetos que puedan promover la revisión. Si el pensionista ejerce trabajo por cuenta ajena o propia, el INSS, de oficio o a instancia del propio interesado, podrá promover la revisión con independencia de que haya o no transcurrido el plazo señalado en la resolución.

Tratándose de revisión por error de diagnóstico, no existe plazo, pudiéndose llevar a cabo en cualquier momento, en tanto el interesado no haya cumplido la edad de jubilación.

Las prestaciones por IP nacen en el momento en que se produzca el hecho causante, que depende, a su vez, de la existencia o no de una previa IT y de cómo se halle la relación jurídica con la SS que mantenga el accidentado en el momento de suceder el accidente de trabajo:

  • Si deriva de una previa situación de IT, el hecho causante se entenderá producido en la fecha en que se extinga dicha IT.

  • Si no viniese precedida de IT o ésta no se ha extinguido, el hecho causante se considerará producido en la fecha de emisión del dictamen-propuesta del EVI.

  • Si el accidentado estuviese en situación de no alta, el hecho causante es la fecha de la presentación de la solicitud.

Las prestaciones por IP no tienen plazo especial de duración, perviviendo el derecho a las mismas hasta que se produzca una causa que la extinga, siendo ellas: la revisión de la IP, el reconocimiento de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva, y el fallecimiento del beneficiario.

El derecho a las prestaciones se suspenderá por:

  • Actuación fraudulenta del beneficiario para obtener o conservar el derecho a las mismas.

  • Actuación con imprudencia temeraria del beneficiario para causar o agravar la IP .

  • Rechazo o abandono, sin causa razonable, del tratamiento prescrito causando o agravando la IP .

  • Rechazo o abandono, sin causa razonable, del tratamiento o proceso de readaptación y rehabilitación procedente.

El pago de la prestación corre a cargo del INSS o de la MATEP, según quien tenga la protección de la IP. Tratándose de una pensión, el pago lo efectúa el INSS, previa constitución, por parte de la MATEP, del valor del capital coste de la pensión en la TGSS.

El régimen de incompatibilidades es:

  1. La pensión es compatible con el salario que pueda recibir el trabajador en la misma empresa o en otra distinta.

  2. Las pensiones de IP absoluta y gran invalidez no impedirán el ejercicio de aquellas actividades, sean o no lucrativas, compatibles con el estado del incapaz y que no representen un cambio en su capacidad de trabajo a efectos de revisión.

Lesiones permanentes no invalidantes

Conforme a la LSS son aquellas lesiones, mutilaciones o deformidades, de carácter definitivo, causadas únicamente por contingencias profesionales que, sin llegar a constituir una IP , supongan una disminución o alteración de la integridad física del accidentado y aparezcan recogidas en el baremo establecido al efecto.

Los beneficiarios son los trabajadores que hayan sido dados de alta médica y que estén integrados en el Régimen General, estén afiliados y en alta en el momento de acontecer el accidente de trabajo, aunque su situación podrá ser de alta de pleno derecho. No precisa de periodo previo de cotización.

Compete al INSS verificar la existencia de la lesión, mutilación o deformidad, así como reconocer el derecho a las indemnizaciones pertinentes previo dictamen- propuesta del EVI sobre la disminución o alteración de la integridad física del accidentado.

El plazo máximo de resolución y notificación en los procedimientos sobre lesiones permanentes no invalidantes es de 135 días.

La prestación económica consiste en una indemnización a tanto alzado que se concede por una sola vez y cuya cuantía viene fijada en el baremo. Su percepción es independiente del derecho del accidentado a continuar trabajando en la empresa.

El pago lo efectúa el INSS o la MATEP según con quién tenga concertado el empresario el aseguramiento del accidente de trabajo.

Muerte y supervivencia

La prestación se otorga en caso de que el accidentado fallezca por el accidente de trabajo. Están reguladas en la LSS y desarrolladas en el RD 1465/2001.

Tras proceder a la relación de las prestaciones por muerte y supervivencia, la LSS establece una serie de presunciones:

  1. Es iuris et de iure, se reputaran de derecho muertos a consecuencia de accidente de trabajo quienes tengan reconocida por esta contingencia una IP absoluta para todo trabajo o la condición de gran inválido.

  2. de iuris tantum, caso de no tratarse de una IP absoluta o de una gran invalidez será preciso probar que la muerte fue debida a accidente de trabajo, siempre que el fallecimiento haya ocurrido dentro de los 5 años siguientes a la fecha del accidente.

  3. Causarán estas prestaciones los trabajadores desaparecidos con ocasión de un accidente, sea o no de trabajo, en circunstancias que hagan presumible su muerte y sin que existan noticias del mismo durante los 90 días siguientes al del accidente.

Al igual que con la IP, al hablar de las prestaciones por muerte y supervivencia se trata de una pluralidad de prestaciones y no ante una única prestación: 1. El auxilio por defunción, 2. pensión de viudedad, 3. pensión de orfandad, 4. indemnización a tanto alzado, 5. pensión a favor de familiares, o subsidio temporal a favor de familiares.

El auxilio por defunción, de 30.05 euros, se concede para hacer frente a los gastos de sepelio a quien los haya soportado, que salvo prueba en contrario se satisfará al cónyuge, a los hijos o a los parientes del fallecido que conviviesen con él habitualmente.

La pensión de viudedad es del 52 % de la base reguladora, aunque cuando sea la principal o única fuente de ingreso del pensionista y éste tenga cargas familiares se ampliará al 70 %.

La pensión de orfandad es del 20 %.

La indemnización a tanto alzado es de 6 mensualidades caso de cónyuge sobreviviente y de 1 mensualidad caso de huérfano.

La pensión a favor de familiares también es del 20 %.

El subsidio a favor de familiares también es del 20 % pero con duración máxima de 12 mensualidades.

Dentro de estas prestaciones hay que distinguir entre sujeto causante y beneficiario: Sujeto causante es el accidentado que cumpla con las condiciones generales, o sea que esté afiliado y en alta en el momento de acontecer el accidente de trabajo, rige el principio de alta de pleno derecho y de automaticidad absoluta de las prestaciones, no requiere ningún período previo de cotización.

Los beneficiarios variarán según la clase de prestación:

  • Auxilio por defunción: Personas que se haya hecho cargo de los gastos de sepelio.

  • Pensión de viudedad: El cónyuge sobreviviente. Ya provenga de un matrimonio entre heterosexuales o entre homosexuales. En supuestos de separación o divorcio, el derecho a la pensión corresponde a quien sea o haya sido cónyuge legítimo, siempre que no hubiese contraído nuevas nupcias, en cuantía proporcional al tiempo de convivencia, con independencia de las causas que hubieran determinado la separación o el divorcio. En caso de nulidad matrimonial, el derecho a la pensión corresponderá al superviviente respecto del que no cupiera apreciar mala fe y siempre que no contrajera nuevas nupcias, en proporción al tiempo de convivencia.

  • Pensión de orfandad: Hijos del causante con independencia de la naturaleza de su filiación, siempre que al fallecer fueran menores de 18 años o estén incapacitados para el trabajo. Se amplia a los 22 y 24 (siendo huérfanos absolutos) si no trabajasen por cuenta ajena o propia, o trabajando los ingresos no superen en cómputo anual el 75 % del SMI. Son beneficiarios de la pensión de oforndad, los hijos del cónyuge sobreviviente aportados al matrimonio, siempre que éste se hubiese celebrado dos años antes del fallecimiento del causante, hubieran convivido a sus expensas y además no tengan derecho a otra pensión de la Seg. Social, ni queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos.

    • Se reconoce además de la viudedad, pero sumadas no podrán exceder el importe de la base reguladora. Si el causante no deja cónyuge supérstite, o éste falleciese existiendo todavía beneficiarios de la pensión de orfandad, el importe de la pensión de viudedad se distribuye entre los huérfanos por partes iguales.

  • Indemnización a tanto alzado:

    1. Viudo/a, beneficiario de la pensión de viudedad.

    2. Huérfanos de la pensión de orfandad.

    3. ascendientes que hayan estado a cargo del causante, siempre que no exista familiar con derecho a pensión de viudedad u orfandad y hayan estado a cargo del fallecido.

  • Pensión a favor de familiares:

    1. Nietos y hermanos, menores de 18 años o que tengan reducida su capacidad laboral en porcentaje valorado en el grado de IP absoluta o gran invalidez, y los menores de 22 años que no desempeñen trabajo por cuenta ajena o propia, o que realizándolo sus ingresos no superen en cómputo anual el 75 % del SMI.

    2. Madres y abuelas, viudas, solteras o casadas, cuyo marido sea mayor de 60 años o esté incapacitado para el trabajo, y las separadas judicialmente o divorciadas.

    3. Padres y abuelos con 60 años cumplidos o incapacitados para el trabajo.

  • Subsidio temporal a favor de familiares:

    •  Para hijos y hermanos mayores de 22 años, solteros o viudos que reúnan estas condiciones:

      • Hayan convivido con el causante y a sus expensas con 2 años de antelación al accidente.

      • No tengan derecho a pensión de Admón. Territorial o a prestaciones periódicas de la SS.

      • Carezcan de medios de subsistencia.

El derecho a las prestaciones por muerte y supervivencia nace desde la fecha en que se produzca el fallecimiento del sujeto causante, salvo la pensión de orfandad de hijo póstumo, en cuyo caso se entiende causada en la fecha de su nacimiento. Caso de trabajadores desaparecidos como consecuencia de un accidente de trabajo, en situación que haga presumible su muerte, la fecha del hecho causante será el accidente. El derecho al reconocimiento de las prestaciones por muerte y supervivencia es imprescriptible, sin perjuicio de que los efectos de tal reconocimiento se produzcan a partir de los 3 meses anteriores a la fecha en que se presente la correspondiente solicitud.

Respecto a la duración, dependerá de la prestación de que se trate, puesto que la pensión de viudedad es vitalicia, las de orfandad y a favor de familiares duran hasta que exista causa de extinción, y el subsidio tiene duración máxima de 12 meses.

Las causas de extinción, variarán según la prestación de que se trate:

  • Pensión de viudedad:

    • Por contraer nuevas nupcias. Si el cambio de estado tiene lugar antes de cumplir el beneficiario los 60 años, se le abonará por una sola vez 24 mensualidades de la pensión.

      • Podrá mantenerse el percibo de la pensión cuando se cumplan ciertos requisitos:

        • Ser mayor de 61 años o menor cuando se tenga reconocida también una pensión de IP absoluta o gran invalidez, o acrediten minusvalía igual o superior al 65 %.

        • Constituir la pensión o pensiones de viudedad la principal o única fuente de rendimientos.

        • Tener el matrimonio unos ingresos anuales de cualquier naturaleza, incluida la pensión o pensiones de viudedad que no superen 2 veces el importe en cómputo anual del SMI.

    • Por declaración en sentencia firme de culpabilidad en la muerte del causante.

    • Por fallecimiento.

    • Por comprobar que no falleció el trabajador desaparecido en accidente de trabajo, cuando se hubiese reconocido la prestación por muerte presunta del mismo.

  • Pensión de orfandad:

    • Por cumplir la edad máxima fijada en cada caso, salvo que se le reconozca una IP absoluta o gran invalidez.

    • Por cesar en la incapacidad que le otorgaba el derecho a la pensión.

    • Por adopción.

    • Por contraer matrimonio, salvo que estuviera afectado por una IP absoluta o gran invalidez.

    • Por fallecimiento.

    • Por comprobarse que no falleció el trabajador desaparecido en el accidente.

  • Pensión a favor de familiares:

    • La de nietos y hermanos, por las mismas causas que la de orfandad.

    • La de ascendientes por contraer matrimonio

    • por fallecimiento.

El pago de las prestaciones por muerte y supervivencia corre a cargo del INSS o de la MATEP, según con quien haya concertado el aseguramiento por contingencias profesionales el empresario. Tratándose de la pensión de viudedad, el pago lo efectúa el INSS previa constitución por la MATEP del valor capital coste de la pensión en la TGSS.

Enfermedad profesional

Indica la LSS que es la contraída a consecuencia del trabajo ejecutado por cuenta ajena en las actividades especificadas en el cuadro aprobado por las disposiciones de aplicación y desarrollo de la Ley, y que esté provocada por la acción de los elementos o sustancias que en dicho cuadro se indiquen para cada enfermedad profesional.

Por tanto solo la puede padecer el trabajador por cuenta ajena, y si se incluye en la lista de enfermedades de actividades incluidas en la lista.

La calificación de una enfermedad como profesional corresponde al INSS, sin perjuicio de su tramitación como tales por parte de las entidades colaboradoras que asuman la protección de las contingencias profesionales.

Las características son: Período de observación, traslado de puesto de trabajo o baja en la empresa, determinación de la fecha de enfermedad profesional, presunción en las prestaciones de muerte y supervivencia y prevención de riesgos laborales.

Periodo de observación

Dentro de la prestación por IT, se establece un periodo específico denominado de observación por enfermedad profesional en el que se prescribe la baja del trabajador con una duración máxima de 6 meses, prorrogables por otros 6, cuando se estime necesario para el estudio y diagnóstico de la enfermedad. A tales efectos se considera periodo de observación el tiempo necesario para el estudio médico de la enfermedad profesional cuando haya necesidad de aplazar el diagnóstico definitivo. La prórroga procederá o no según indicación del INSS previo dictamen-propuesta del EVI.

Traslado de puesto de trabajo o baja en la empresa

Otra peculiaridad es que le trabajador, recuperado ya de la enfermedad, no pueda retornar a su puesto de trabajo antiguo porque existe la posibilidad, probabilidad o certeza de que al hacerlo volverá a contraer la enfermedad, para lo cual se establecen estas medidas:

  1. Traslado de puesto de trabajo dentro de la misma empresa a otro exento de riesgo, conservando las remuneraciones del antiguo, si fueran inferiores las del nuevo, salvo las ligadas directamente a la producción.

  2. Si no existiese puesto sin riesgo, a juicio de la empresa, previa conformidad de la Inspección de Trabajo y SS, el trabajador causará baja en la empresa, percibiendo como subsidio su salario íntegro en periodos que se suceden sin solución de continuidad, de 12 meses a cargo de la empresa, de 6 meses a cargo del asegurador, y 12 meses a cargo del régimen de desempleo.

Especialidades de la incapacidad permanente (IP)

El problema de la enfermedad profesional, a fin de causar las prestaciones por IP, es la indeterminación de la fecha de la misma, frente al accidente de trabajo en que se sabe exactamente cuándo acontence. Para fijarla se establecen las siguientes reglas:

  1. Si el trabajador se hallaba en situación de activo laboral, la fecha de inicio es cuando se produce la baja de éste o la del posible cese por IT.

  2. Si el trabajador no se halla en servicio de ninguna empresa, la fecha de comienzo de la prestación por IP se retrotrae a la del reconocimiento médico oficial.

Presunciones en las prestaciones por muerte y supervivencia

Además de la presunción iuris et de iure, sin prueba de que la enfermedad es causa de la muerte del previamente declarado incapaz permanente absoluto y/o gran inválido, en la enfermedad profesional se amplia ésta presunción al supuesto del incapacitado total mayor de 54 años, con más de 5 años de disfrute de la pensión, al que médicamente se le haya dictaminado su irrecuperabilidad definitiva. En el resto de casos se admitirá mediante acreditación, aunque no se tendrá en cuenta el tiempo transcurrido.

Prevención de riesgos laborales

Indica la LSS que las empresas que tengan puestos de trabajo con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas:

  1. A practicar reconocimientos médicos previos a la admisión de trabajadores que vayan a ocupar tales puestos.

  2. A realizar reconocimientos periódicos que para cada tipo de enfermedad se establezcan en las normas dictadas por el MTAS.

Tales reconocimientos son a cargo de la empresa y de carácter obligatorios para el trabajador, a quién se le abonará, en su caso, los gastos de desplazamiento y la totalidad del salario que por tal causa pueda dejar de percibir. Los trabajadores que no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo, no podrán ser contratados, estableciéndose esta misma prohibición, respecto a la continuidad del trabajador en su puesto de trabajo, cuando no se mantenga la declaración de aptitud en los reconocimientos sucesivos.

Las Entidades Gestoras y las MATEP están obligadas, antes de tomar a su cargo la protección por accidente de trabajo y enfermedad profesional del personal con industrias con riesgos específicos, a conocer el certificado médico previo así como los resultados de los reconocimientos médicos periódicos. El incumplimiento de la obligación de practicar estos reconocimientos constituirá a la empresa en responsable directa de todas las prestaciones que puedan derivarse, caso de que acontezca la enfermedad profesional.